La Legislatura porteña convocó a las 11 a una a sesión con un temario que incluye proyectos de fuerte impacto para la vida cotidiana de los vecinos, tanto en el ámbito social como en lo económico.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, envió dos proyectos concretos: el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la Ley Antitrapitos.

La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos, la primera obra que se buscará realizar en la red subterránea en 25 años.

El proyecto contempla la posibilidad de acceder hasta 1.350 millones de dólares mediante financiamiento de organismos multilaterales, entidades financieras y la emisión de títulos de deuda. El objetivo es avanzar con una de las obras de infraestructura más relevantes para la Ciudad de Buenos Aires, orientada a mejorar la conectividad del sistema de transporte, facilitar la movilidad urbana y ampliar la red de subterráneos. La futura línea tendrá como objetivo unir los barrios de Palermo con el de Barracas, para permitir que haya una conexión con el sur de la ciudad más allá de Constitución.

La línea F se extenderá a lo largo de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones:

• Brandsen
• Constitución
• Cochabamba
• Chile
• Congreso
• Corrientes
• Santa Fe/Pizzurno
• Recoleta
• Pueyrredón/Hospital Rivadavia
• Parque Las Heras/Coronel Díaz
• Plaza Italia/Ecoparque
• Pacífico

Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes —A, B, C, D, E y H—, así como con los ferrocarriles Roca (en Plaza Constitución) y San Martín (en Palermo).

Otro proyecto del oficialismo es la Ley Antitrapitos, que plantea aumentar las sanciones para quienes realicen en el espacio público actividades no autorizadas de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios, prácticas conocidas como “trapitos” o “cuidacoches”.

Propuesto por el radicalismo y a través de la legisladora Manuela Thourte, en el temario también surge la iniciativa para la regulación del uso de vapeadores. En específico, la norma busca regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco y nicotina, con el objetivo de limitar su acceso a menores de 18 años.

“Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”, apuntó ayer la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires) desde Infobae a la Tarde.

La agenda de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza también incluyó dos proyectos en el temario de la jornada, ambos con autoría de María del Pilar Ramírez. El primero refiere a una reforma profunda a la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). El proyecto propone desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y ajustar los requisitos técnicos de acuerdo con los avances tecnológicos y la normativa nacional.

Entre los principales cambios, la iniciativa establece que los vehículos particulares 0 kilómetro realizarán la primera VTO a los cinco años del patentamiento, mientras que la frecuencia de las revisiones será cada dos años para unidades de hasta diez años de antigüedad y anual para las más antiguas. El control se organizará mensualmente según el último número de la patente para evitar congestiones. Además, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller, concesionario o importador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.

El proyecto también modifica el régimen de grabado de autopartes, haciéndolo obligatorio en seis partes de la carrocería, con la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo normas técnicas. El precio del grabado deja de estar regulado y los talleres habilitados deben constatar su cumplimiento antes de aprobar la VTO.

La reforma argumenta que un sistema cerrado y regulado eleva los costos sin garantizar mayor seguridad, por lo que el Estado mantendrá funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operatoria comercial.

El otro proyecto del partido violeta es la denominada Ley Hojarasca, que contempla la derogación de más de 20 normas que quedaron desactualizadas, sin aplicación efectiva o resultan redundantes en la gestión administrativa. Además, dispone que las partidas presupuestarias asociadas a estas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el fin de centralizar los recursos y promover una mayor eficiencia en su utilización.

La propuesta también instruye al Poder Ejecutivo a adecuar y armonizar toda la normativa reglamentaria y administrativa que se vea afectada por las derogaciones.

La propuesta del peronismo

Por último, Fuerza por Buenos Aires propone la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad de Buenos Aires, orientado a enfrentar el problema del sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Con autoría del diputado porteño Leandro Santoro, el plan busca restablecer la capacidad de pago de los hogares mediante líneas de crédito especiales con condiciones accesibles. Y que prioriza a quienes presentan mayor vulnerabilidad social, sin comprometer la sostenibilidad financiera del banco ni del presupuesto local.

La medida central es la implementación de una línea de crédito especial exenta de impuestos, destinada exclusivamente a cancelar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Podrán acceder quienes tengan deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, excluyendo a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores a la deuda u operaciones recientes de compra de divisas.

A su vez, el proyecto excluye deudas alimentarias, sanciones personales, obligaciones tributarias, hipotecarias y prendarias, así como las contraídas para la adquisición de vehículos o bienes registrados y aquellas posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El proceso establece la transferencia directa de fondos a los acreedores, la apertura de una ventanilla única física y digital, y una campaña de difusión para facilitar el acceso a la herramienta.

Por último, se prevé un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. Además, se contempla la eventual participación de otras entidades financieras públicas o privadas bajo los mismos estándares del programa.

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