El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El juez federal Luis Armella tomó declaración indagatoria al ex presidente del Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa, a su hermano Federico José Spinosa —quien fue secretario del club— y al ex vicepresidente 1° Oscar Fabián Tucker, y recibió los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categórica todas las acusaciones en la causa N° FLP 29.107/2025.

Días antes declaró Vallejo quien también negó las acusaciones que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos.

La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte mediante la cual, se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

La causa también incluyó indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y una segunda declaración de Vallejo como imputado.

La defensa de Eduardo y Federico Spinosa

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego María Olmedo y Hernán Guaita, Spinosa opuso un argumento central: la acusación no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la acusación fiscal no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales.

El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

El descargo judicial –Federico Spinosa incorporó en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado públicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto económico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisación y transferencias de jugadores.

Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA —por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente—, la defensa señala que ambos contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva —Actas N° 5819 y N° 5826—, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducción del club renegoció la deuda con Sur Finanzas, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gestión de Mariotto firmó un nuevo contrato con Sur Finanzas. Para la defensa esto desacreditaría la hipótesis de que se trató de una cobertura ficticia diseñada por la gestión anterior.

La defensa de Tucker

Tucker está vinculado a la institución deportiva hace 27 años. Según le relató a la Justicia, se involucró en la vida del club “colaborando desde la oposición a la gestión de Carlos Portell, ocupando el cargo de revisor de cuentas». “Luego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del área de Relaciones Públicas del Club (siempre desde la oposición). Todas las funciones que cumplí en el club fueron ad honorem. En el año 2012, la lista que integraba ganó las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa. Allí ocupé el cargo de vicepresidente 2°, finalizando mi mandato a los dos años y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (año 2014). Renuncié también a la agrupación que integraba. No fui dirigente ni participé de la vida política del club desde el año 2014 hasta el año 2018. Con la conducción de Lucía Barbuto, a fines de 2018, ocupé el cargo de vicepresidente 1° como socio independiente. Finalizado el mandato de Lucía Barbuto, (los mandatos son por tres años), asume Eduardo Spinosa como presidente en el año 2021 y yo asumo como vicepresidente 1°, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Matías Mariotto“, relató.

La fiscalía sostiene que, desde ese cargo, “garantizó la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente”.

Tucker rechazó la fuerte acusación en su propio escrito -al que accedió Infobae– y precisó que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisión Directiva. “Nunca manejé dinero del club ni puse dinero propio en el club”, afirmó, y aclaró que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfileños SA fue únicamente “director suplente”, función sin injerencia en la administración de esas entidades.

Sus abogados, Miguel Ángel Arce Aggeo y Marcos Tosato, señalaron ante el juez Armella una inconsistencia en la teoría fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociación ilícita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. “Es cuanto menos tremendamente extraño que, tratándose de una asociación para cometer delitos en un ámbito determinado, Oscar Tucker haya participado en esa asociación para cometer delitos, también en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados”, afirma el escrito.

Sobre su relación con Ariel Vallejo, Tucker fue categórico: lo conoce por ser el dueño de Sur Finanzas y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambió llamadas con él.

La defensa solicitó al tribunal que se analicen los teléfonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle desde hace más de 35 años, sus vehículos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.

La acusación fiscal: una red que usó al fútbol para reciclar capitales

La fiscalía reconstruyó la operatoria con una cronología precisa. Los vínculos entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA por $4.583.333 más IVA mensuales, al que siguió otro con Roma Inversiones SA por $12.000.000 más IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos debían acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

La empresa “PagoTic”, encargada del cobro de cuotas sociales, informó que en febrero de 2019 Federico Spinosa, como secretario, y Barbuto, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran también en las cuentas del fideicomiso. Ese desvío de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusación señala además que la maniobra culminó con la concesión del estadio a través de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.

Para la fiscalía, el Club Atlético Banfield constituyó el ejemplo paradigmático de un modus operandi más amplio: el holding diseñó una estrategia de penetración en el fútbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como vehículos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado “Tucker, Óscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, en referencia al artículo del Código Penal que tipifica el lavado de activos.

Una misma línea argumental

Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental común. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusación convirtió en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los órganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa recordó que el derecho penal no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos.

Las defensas solicitaron extensas baterías de prueba. Spinosa acompañó al escrito más de 25 anexos documentales —contratos, actas de Comisión Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables— y pidió una pericia contable integral.

Tucker solicitó informes al club, al Banco Supervielle y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) definió las primeras cuatro medidas del plan de lucha escalonado que anunció contra el Gobierno de Javier Milei y la reforma laboral, y acordó junto a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) un primer cronograma de movilizaciones para las próximas semanas. Aunque también reapareció la posibilidad de convocar a un nuevo paro general, por ahora, esa opción quedó postergada.

El acuerdo se alcanzó en el primer encuentro de la comisión organizativa creada por la CGT para coordinar la ejecución del plan de lucha con otras organizaciones sindicales y sociales. Tuvo como objetivo definir las primeras acciones de un esquema de protestas que pretende sostener durante el segundo semestre.

Las primeras medidas

La primera movilización quedó fijada para el 22 de julio, cuando la CGT se sumará a la protesta que todos los miércoles realizan frente al Congreso los jubilados. A esa convocatoria se incorporarán también la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la UTEP, en el marco de la estrategia de unificar las acciones de los distintos espacios sindicales para darle mayor profundidad al plan de lucha.

El cronograma continuará el 7 de agosto con la tradicional peregrinación de San Cayetano junto a los movimientos sociales. Además, las organizaciones resolvieron movilizarse cuando el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La cuarta medida acordada será una movilización al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto, en rechazo al rumbo económico del Gobierno. De esa manera, la CGT comenzó a darle fechas concretas al plan de lucha que hasta ahora solo había sido anunciado en términos generales.

El paro general sigue sin fecha

Durante la reunión volvió a aparecer el debate sobre la posibilidad de convocar a un nuevo paro general. El tema fue planteado por las organizaciones participantes, que coincidieron en mantener esa alternativa dentro del plan de lucha, aunque evitaron fijar una fecha o establecer condiciones para su realización.

La decisión mantiene la estrategia que la conducción cegetista había definido a fines de junio. En lugar de iniciar el conflicto con una huelga nacional, optó por un esquema de medidas escalonadas que le permita sostener la presión sobre el Gobierno y ampliar la coordinación con otros sectores.

Además del calendario de protestas, la reunión ratificó la decisión de acompañar los conflictos gremiales que se desarrollan en distintas provincias mediante plenarios, asambleas y acciones conjuntas. La CGT también acordó participar de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en Córdoba y dar continuidad al plan de lucha durante la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

En paralelo, como anticipó TN, la CGT analiza pedirle una reunión al jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los funcionarios del Gobierno con el que mantuvo vínculos subterráneos desde que se conoció el proyecto de reforma laboral.

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Esta vez no hubo excusas. Por primera vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a un acto de vigilia por el 9 de Julio frente a la Casa de Tucumán.

La titular del Senado se sentó en la primera fila, en diagonal al estrado desde donde Javier Milei pronunció su discurso del 210.° aniversario de la Independencia. Había sido invitada al acto por el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo.

Tras los 20 minutos de discurso del mandatario y el cierre —“Que Dios bendiga a las provincias, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la patria!”—, el grueso de los presentes se retiró del lugar. Milei y su equipo se dirigieron al interior de la Casa Histórica, mientras que la número dos del Ejecutivo optó por permanecer en el exterior.

Desde allí, habló con la prensa y brindó su perspectiva acerca de las palabras del mandatario. “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, dijo y añadió: “El discurso del presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

Ante la sorpresiva presencia, Villarruel se mostró contenta de estar en la vigilia “acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos, a los gobernadores”, enumeró y reiteró su compromiso de “servir a la Argentina desde donde me encuentre”.

“Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, reflexionó. Asimismo, destacó sus intenciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que le “gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha”.

Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios: llegó en un vuelo separado al del presidente Javier Milei y el Gabinete nacional. El avión de la titular del Senado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo poco después de las 22, donde la recibió el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del traslado oficial hacia la capital tucumana volvió a poner en evidencia la distancia política entre ambos. La llegada de Villarruel se produjo horas antes del inicio de los actos centrales, y demostró una vez más la tensión que desde hace meses marca su vínculo con el primer mandatario.

Cada acto oficial evidencia la ruptura entre ambos. El 20 de junio, en el último evento al que concurrieron, volvieron a ubicarse por separado. Villarruel confirmó su presencia al acto pese a que el Presidente no la incluyó entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado lo anunció ella misma a través de sus redes sociales: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió en respuesta a un mensaje de una usuaria.

La decisión de la compañera de fórmula de asistir de todas formas había sido anticipada por Infobae días antes, cuando fuentes de su entorno señalaron que tenía resuelto viajar al margen de la convocatoria oficial. La invitación de la Casa Rosada nunca llegó. Desde su círculo trascendió que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, sí la habrían convocado, una versión que las autoridades provinciales desmintieron. Una voz oficial santafesina aclaró que, dada su investidura, Villarruel tendría lugar en el acto: “Será cuestión de lo que se hable con las áreas de protocolo”.

“Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos”, acusaron. Para el 25 de mayo, tampoco fue convocada por la gestión libertaria para asistir al tedeum en la Catedral Metropolitana.