POLITICA
Los intentos del Peronismo para salir de su laberinto: los dos caminos de Kicillof, el silencio clave en la interna y las distintas formas de la unidad
Desde hace algunas semanas el peronismo puso en pausa su interna, con mayor volumen en Buenos Aires, pero también diversificada en algunas provincias como Salta, Jujuy o San Luis, y logró empezar a moldear un clima de mayor calma para discutir el destino del espacio político. Ese paso ya es positivo. Sobre todo teniendo en cuenta que los enfrentamientos entre las tribus hundieron al PJ en una dinámica sinsentido, donde todos perdían un poco de credibilidad frente a la sociedad cada vez que ingresaban en un circuito de peleas irritantes.
“Las fieras se calmaron”, expresó, con ironía, un intendente del conurbano haciendo alusión a los nombres propios que alimentaron la interna, de los dos lados de la vida kirchnerista, durante los últimos años. Esa paz discursiva empezó a tener, con el correr de los días, un sostén en la acumulación de reuniones y gestos políticos vinculados a la unidad. Los encuentros, al mismo tiempo, tuvieron un efecto pacificador. Nadie, hasta el momento, se atreve a correrse de esa lógica.
Para que la interna entre en una pausa contribuyó el pedido de Axel Kicillof a los suyos para que no respondan a las críticas sobre su decisión de no reunirse con Cristina Kirchner o de su plan de acción para ser candidato a presidente. Del lado del cristinismo no hubo pedidos concretos para frenar la avanzada discursiva. Por momentos las críticas aparecen diluidas en un doble sentido. Pero ya no tienen la carga ni la precisión de los meses pasados.
En lo que sí contribuyó el sector de la ex presidenta es en participar de encuentros vinculados a forjar un clima de unidad, como el que tuvo lugar en La Rioja el mes pasado. Kicillof, en cambio, ha decidido avanzar con su estrategia de darle forma al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sin forzar fotos de unidad que no siente ni cree convenientes en este momento del calendario político.
El gobernador bonaerense tiene una estrategia dividida en dos. La primer parte de ese camino tiene que ver con construir cercanía con la gente, más que con la dirigencia. Por eso no está en el orden de prioridades acercarse a los principales dirigentes de las provincias. “Este año Axel tiene que ser el candidato de la gente. Ni el candidato de la rosca política, ni el candidato individual que busca solo su objetivo”, explicó un funcionario de estrecha relación con él.
Probablemente por eso Kicillof se despegó con cierta rapidez de la dinámica que sembró la reunión de los líderes peronistas en hotel Emperador. A las pocas horas dejó saber que iba a seguir trabajando en el mismo rumbo que tenía trazado y que mantenía cierta desconfianza sobre el cristinismo, sector con el que sigue enfrentado, más allá de que haya bajado el ruido de la interna.
Para ser el candidato de la gente, el Gobernador se aferra a las recorridas de gestión, a los plenarios militantes y al discurso ultra crítico de Milei. Este año está dedicado a instalar la idea en la sociedad de que él es el candidato opositor que tiene posibilidades de cambiar el rumbo impuesto por la Casa Rosada. Es el que puede romper el formato político actual y el que lo puede hacer desde el corazón del peronismo, principal bastión opositor.
El segundo tramo del camino tendrá lugar el año que viene, cuando llegue el momento de las definiciones electorales. Para ese entonces Kicillof tiene en claro que deberá buscar consenso político hacia adentro del espacio. Ya sea para ser el mejor posicionado dentro de una eventual PASO o para ser el candidato de la unidad. Sea cual sea, necesita espalda política y números, traducido en votos, impresos en las encuestas.
La espalda la empezó a construir el día que puso el primer ladrillo del MDF. Para el Gobernador la corriente interna que conduce es clave para sostener el proyecto político que quiere encarnar. Para cuando llegue el momento de poner los números sobre la mesa, que son los que terminan inclinando la balanza en la decisión final, Kicillof tiene pensado mostrar el caudal político y popular obtenido en todo este tiempo.
En esa mesa seguramente estén Máximo Kirchner, Sergio Massa y los gobernadores de Fuerza Patria. A esa instancia el mandatario bonaerense tiene que llegar con los suficientes argumentos como para tener un peso específico predominante en la recta final. Por eso en La Plata insisten en la idea de que la rosca política y los acuerdos de unidad que sostengan a la alternativa opositora recién llegarán el año que viene.
El Gobernador va a tratar de imponer condiciones el año que viene. Tiene una carta que, por ahora, nadie le logró quitar: es el que más mide. El que no lo quiera a él, tendrá que buscar un candidato que mida lo mismo o más, o pagar el costo político de aceptar que no bancaron al más competitivo. De eso se trata.
Los más cristinistas juegan en su cabeza con la idea de que la ex presidenta también tiene una carta importante para jugar: avalar públicamente a un candidato y hacerlo subir unos cuántos puntos en intención de voto. Tal vez 10, 15, 20 o 25 puntos. Nadie sabe cuántos realmente, pero en el peronismo aceptan que esa es una opción viable.
Los que conocen a CFK también admiten que ella nunca juega a perder. Y que no cometería el error de respaldar a un candidato que sabe que no puede ganar, solo por no darle su aval a la candidatura de Kicillof. Sobre ese tablero aparecerá Sergio Massa, que quiere ser una pieza clave en la unidad, como lo fue también en el 2019, donde terminó contenido dentro de un gran esquema peronista que llegó el poder tras la temporada macrista.
Llegando a septiembre, la unidad es una opción posible. Todos dentro de un mismo espacio delimitado. Nadie jugando por afuera. Las formas de la unidad son otro tema a resolver. Puede ser una PASO con múltiples candidatos, una PASO con dos candidatos, una mesa extensa de negociación que busque el consenso, una mesa integrada por los dirigentes de la cúpula, similar a la del hotel Emperador o una interna partidaria abierta. Hay opciones. Pero el primer paso es aceptar que el juego tiene un alambrado que nadie puede saltar. Ese acuerdo básico parece estar saldado.
Hay distintas formas de conservar el formato de unidad. Lo que importa en el peronismo es que todos los que son parte de la identidad partidaria, de los extremos hacia el centro, estén dentro de los límites. No puede haber votos perdidos en el camino porque la discusión electoral será grande y pareja. No puede haber dos o tres listas en la cancha. Todos adentro y a discutir. Pero todos adentro.
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El presidente Javier Milei desembarcó este viernes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y recorrió la planta industrial de Compañía Mega en el marco de un tour a tres empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Super RIGI. Por la tarde habrá un encuentro con la militancia libertaria.
Según la información oficial compartida por Presidencia, el titular del Ejecutivo se interiorizó sobre las proyecciones de la firma a través del RIGI. También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.
Durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei habló con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$365 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.
El proyecto, con impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, contempla la generación de 770 empleos directos e indirectos.
Además, antes de la visita, Milei sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de US$2700 millones.
El Presidente viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.
La comitiva oficial además visitará Louis Dreyfus Company, que realizará una inversión de US$400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que estará entre las más grandes del mundo.
Bahía es una ciudad gobernada por el peronismo, en el que los libertarios tienen varios nombres que miran con atención de cara a 2027. Entre ellos el del legislador Oscar Liberman; los libertarios también se entusiasman con el de Pepe Sánchez, el basquetbolista, exmiembro de la generación “dorada”, que se consagró en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
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POLITICA
Allanamiento a la casa de Cristina Kirchner: por qué la puerta blindada del placard sería una prueba clave en la causa Cuadernos
La declaración del policía que encabezó el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018 puso el foco sobre un detalle que puede resultar relevante para la causa Cuadernos: dentro de la propiedad había más de una puerta blindada y una de ellas protegía el acceso a un vestidor ubicado detrás de la cama del dormitorio.
El dato surgió durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal, mientras se exhibían por primera vez los videos del procedimiento realizado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio.
“Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la expresidenta y de Néstor Kirchner”, contó Barrales durante su declaración.
La fiscal Fabiana León le preguntó entonces si había más de una puerta blindada en el departamento. El testigo respondió: “Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta la volvió abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó”.
El proyecto de ley que promueve el Gobierno para sancionar a las empresas que explotan ilegalmente el petróleo de Malvinas esconde iniciativas que chocan con la Constitución Nacional, que restringen la libertad de expresión y derechos civiles con la declamada intención de actuar en defensa de la seguridad nacional.
Así crea el delito de desinformación, una figura difusa que permite encarcelar a quienes publiquen informaciones críticas, considera terroristas a ciudadanos ante la simple sospecha, prevé la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad y dota de superpoderes al Poder Ejecutivo para decomisar bienes.
Al amparo del loable objetivo de defender la soberanía nacional, el proyecto de ley choca con la Constitución Nacional.
El mensaje que acompaña al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.
Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.
Amenaza a la libertad de prensa
El artículo 111 del proyecto incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Castiga con prisión 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Una descripción difusa y amplia que hace que un periodista pueda ser detenido ante una información que el Gobierno considere falsa, cuando su programa o medio sea auspiciado, por ejemplo, por un ente de promoción turística de un país vecino.
Ya la Corte Interamericana condenó en el pasado a la Argentina porque los tipos penales de calumnias e injurias, tal como estaban redactados, eran imprecisos para aplicarse a un periodista sin afectar su libertad de expresión, y ordenó reformar la legislación.
Ahora las figuras de “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” son igual de vagas y ambiguas, agravadas porque ahora la pena es mayor y no exige probar que el autor supiera que la información era falsa.
Además, la Constitución Nacional prevé en el artículo 32 que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y el artículo 14 incluye el derecho de los ciudadanos de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.
El artículo 88 del título IV del proyecto sanciona administrativamente “interferir mediante medios engañosos” en el “proceso decisorio de las autoridades constituidas” cuando hay financiamiento extranjero.
Así redactados, plantean una figura amplia que puede abarcar la manera en que determinados medios cubren un asunto. Por ejemplo, periodistas de un consorcio internacional dedicado a la investigación, con financiamiento externo, que publiquen una información que el Gobierno considere falsa, pueden ser acusados de incurrir en este delito y terminar presos con penas graves.
Cuando castiga a quien “procure” alterar procesos electorales, pareciera que castiga la tentativa; no exige que el proceso electoral se haya alterado ni que la opinión pública se haya “manipulado” efectivamente.
La idea de “manipular” o “desinformación” no está definida ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Es un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad. Una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión sobre el mismo tema o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, pueden considerarse así como parte de una campaña de “manipulación”.
Cualquier cobertura periodística coordinada entre varias redacciones, como ocurrió con los Panama Papers, cumple ese requisito y los periodistas podrían ser encarcelados.
El título IV crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo, que abre el sumario, congela fondos, restringe operaciones y decide la sanción.
La justicia no interviene sino de manera posterior, pero ese recurso de apelación no suspende las sanciones y las medidas urgentes pueden renovarse indefinidamente. La afectación patrimonial ocurre y se sostiene en el tiempo antes de que un juez la revise.
El secretario de Inteligencia de Estado es miembro permanente del Consejo y sus integrantes quedan sujetos al régimen de confidencialidad. El organismo que sanciona puede operar bajo secreto de inteligencia. Así, este organismo a cargo del Presidente puede investigar, sancionar y actuar sin dar cuentas, ni informar.
Lo componen el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No hay integrantes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la oposición.
El mismo órgano legisla, ejecuta, investiga y sanciona, pues en la práctica es juez y parte y actúa en secreto. Antes incluso de abrir el sumario, el Consejo puede congelar fondos, restringir operaciones de cambio, bloquear permisos y habilitaciones.
La ley, además, incorpora el juicio en ausencia a delitos de recursos naturales cuando hasta ahora está reservado para los supuestos excepcionales de delitos de lesa humanidad o terrorismo, como en la causa AMIA. El uso de esta figura busca alcanzar a las empresas petroleras radicadas en el extranjero, inalcanzables para la justicia local.
El rol de las FFAA y la delegación de superpoderes
La ley hace desaparecer la división entre asuntos de defensa nacional y seguridad interior; los primeros, referidos a las amenazas de agresores extranjeros, y los otros, a las situaciones domésticas. Esa división se realizó luego de la dictadura militar con la llegada de la democracia y colocó a las Fuerzas Armadas lejos de intervenir en problemas de seguridad interna.
Ahora el título V reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas “de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”.
Establece la norma que basta para incluir en un registro de actividades terroristas a un ciudadano ante la “sospecha razonable” de estar incurso en esas actividades, y aplicar una inmovilización patrimonial, su exclusión del sistema económico y financiero, la exposición pública como “vinculado al terrorismo”.
No es necesaria una sospecha judicial ni una causa penal. Así se avanza sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, donde dice que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.
Es decir que bastan “motivos razonables para sospechar”; no es necesaria una imputación formal, no un procesamiento, ni una condena, y la norma aclara que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”.
El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo materias ajenas a la administración o a la emergencia pública, y exige que el Congreso fije las bases de cualquier delegación. Así redactada, la norma prevé la delegación de superpoderes al Poder Ejecutivo, al contrario de lo que dice la Constitución Nacional.
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