La Casa Rosada buscó este jueves una nueva foto política con gobernadores aliados durante una ronda de negocios en Rosario, mientras continúa al frente de las negociaciones para destrabar en el Congreso proyectos clave como el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO. Sin embargo, pese a la buena sintonía, las negociaciones políticas siguen en curso y diferentes actores en juego reconocen que la discusión por el futuro de las primarias podría postergarse para el próximo año.

Tras el primer acercamiento exitoso que implicó el viaje con 13 mandatarios provinciales a París por la Argentina Week, el Gobierno aseguraba que se acelerarían las conversaciones por la reforma electoral para lograr llevar la iniciativa al recinto a fines de octubre. Llegado el plazo, fuentes de la bancada libertaria en el Senado reconocieron a TN que el proyecto continúa congelado.

En ese contexto, figuras de la plana mayor del Gabinete como Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem -todos con incidencia en las negociaciones electorales con las provincias- coincidieron este jueves con una docena de gobernadores dialoguistas en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Además del anfitrión, Maximiliano Pullaro, participaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Pese a los gestos de cercanía, un funcionario que participó del evento sostuvo que las conversaciones entre los representantes nacionales y provinciales giró principalmente alrededor de la articulación de las empresas mineras con Pymes y proveedoras de servicios. “Sí se habló de RIGI y super-RIGI”, señalaron, mientras que cerca de uno de los mandatarios presentes aseguraron que “de la suspensión de las PASO no se habló nada”.

“La verdad que no creo que se trate en el corto plazo. No veo que haya acuerdo”, se sinceró en diálogo con este medio uno de los gobernadores que está en plenas negociaciones con La Libertad Avanza.

Cerca de uno de los integrantes de la mesa política del Gobierno coincidieron con esta mirada, e incluso no descartaron que la suspensión de las PASO -la eliminación ya no aparece dentro de las posibilidades- termine por definirse en febrero de 2027. Ese plazo iría en contra de los planteos de la Justicia Electoral, que ha advertido en varias oportunidades que no se realicen los cambios en el sistema de votación tan próximos a los comicios. “Sería desprolijo, pero posible. Fue lo que pasó en 2025″, señalaron a TN desde el oficialismo, en referencia a la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas del año pasado.

“Eso fue una excepción que no estuvo bien y fue muy criticado”, sostienen desde otros sectores del Gobierno, que ponen en duda ese escenario y remarcan que el objetivo es apurar el tratamiento para antes de fin de año. “Hay un código implícito de que las reglas no se cambian durante el año electoral”, agregaron.

La demora detrás del proyecto radica principalmente en el pedido de los gobernadores a Diego Santilli para que se respeten sus territorios y su representación en el Congreso en las negociaciones electorales. Esto genera diferencias internas en la mesa política del Ejecutivo, con un grupo integrado por Luis Caputo, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Diego Santilli que puja por llegar a un acuerdo político lo antes posible con las provincias y los bloques aliados; y los primos Eduardo y Martín Menem, que se resisten a resignar el armado político para no perder poder de presión a la hora de cerrar eventualmente esas alianzas.

“Algunos gobernadores dicen de ir a febrero, otros que no. Todo pasa por los acuerdos electorales. Si el Gobierno avanza y cierra los acuerdos, las PASO las puede sacar. Mientras más los postergue, más se complica la cancha. Porque esa idea de que van a negociar con mayor fortaleza en febrero es optimista. Y en esto tenés que ser realista, si tenés los votos ahora, tenés que sacarla ahora”, enfatizó por su parte otra fuente ligada al Gabinete al tanto de las negociaciones.

Quienes tienen esa mirada en el Gobierno, no descartan que pueda avanzarse sobre las primarias entre noviembre y diciembre, en un próximo llamado a sesiones extraordinarias que también contemplaría el Presupuesto 2027, entre otras iniciativas. “Si no sale en estas próximas semanas, no sale directamente”, sentenció otro integrante de la mesa política a TN, que remarcó el pedido de la CNE y el inicio del calendario electoral en algunas provincias como principales impedimentos.

Para modificar una ley electoral, el oficialismo necesita reunir 37 voluntades en la Cámara alta. Con sus 20 bancas, si logra incorporar al radicalismo (que cuenta con diez) y al PRO (que tiene tres), estaría a cuatro votos de los bloques provinciales para lograr la media sanción. “El resto está”, afirmaron.

Sin embargo, la Casa Rosada se resiste a cerrar acuerdos que contemplen todas las variables -candidatos, lugares en los gabinetes locales, listas legislativas, entre otros puntos- a falta de tanto tiempo para las elecciones. “No se van a definir nombres propios ahora, sí el paraguas electoral, los trazos gruesos con cada uno”, explicaron. Esa propuesta no satisface a los gobernadores, especialmente a algunos radicales, que quieren tener todas las garantías sobre la mesa antes de acompañar un cambio en las reglas de juego.

Mientras ella deja saber que está cada vez más cansada, que en la mesa política no se decide nada y que en el Gobierno están todos más atentos a pelear las internas que a ganar el año que viene, un sector de la administración vinculado con Santiago Caputo empezó a diferenciarse por primera vez, y de manera abierta, de las posiciones de Patricia Bullrich. Del otro lado, el entorno de Karina Milei insiste en dar la otra mejilla.

Los caputistas están convencidos de que la senadora estuvo detrás del pedido de los aliados para incluir al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad Nacional, en el dictamen del proyecto sobre Malvinas. Es un tema clave para Santiago Caputo, que quería que el organismo quedara integrado solo por el área de Inteligencia, algo que dejó explícito en su cuenta de X. También hubo sospechas de que Martín Menem tenía interés en sumar legisladores al Consejo, algo que finalmente no ocurrió en el dictamen aprobado y que en la Cámara de Diputados lo negaron tajantemente.

El enojo con Bullrich, sin embargo, empezó por otro lado: haber reconocido de manera explícita la derrota de Flávio Bolsonaro y el triunfo de Lula da Silva, a contramano de Javier Milei, que optó por un silencio total y ni siquiera se expresó por la vía de su canciller. Para el sector que se referencia en “Las Fuerzas del Cielo”, esa diferenciación fue una afrenta política.

El detonante

El detonante fue un posteo del legislador bonaerense Agustín Romo, que responde al ala de Santiago Caputo. En X, Romo escribió: “Este es un gobierno de derecha. No de centro ni de centro derecha. Las tibiezas déjenlas en sus casas. Córranse que la libertad avanza”. El mensaje, confirmaron en la Casa Rosada, estaba dirigido a la senadora. Y en el Senado también lo entendieron así, aunque le restaron relevancia. Fue la primera vez que esa parte del oficialismo, hasta ahora estaba muy alineada con Bullrich en su cruzada contra Karina Milei, mostró malestar con ella.

En el sector de Bullrich dicen que la modificación de la integración del Consejo de Seguridad Nacional en el dictamen no fue su “culpa”. Y creen que, más que arremeter en su contra a través del X, ese sector en realidad estaba “defendiendo” a Caputo en su cruzada por ayudar a Bolsonaro a salir de Brasil.

En el bullrichismo, de todas formas, sintieron irritación por el episodio. “Se creen 007, son ridículos”, sostuvo un alfil sobre quienes cuestionaron la inclusión del Ministerio de Seguridad. Y agregaron que, en todo caso, la presencia de esa cartera tuvo como objetivo darle “legalidad” al organismo. Los defensores del proyecto original calificaron mal esa consideración. “En Estados Unidos no funciona así. El asesor de seguridad nacional no está condicionado por homeland security. Es más estratégico el rol. No es que vas a mandar a la cana a hacer un allanamiento menor, minucias”, dijeron.

En el entorno de Bullrich sostienen que la inclusión de Seguridad fue una concesión a los aliados en la negociación por el proyecto. Y sumaron, para legitimar el planteo, que Santiago Caputo estaba al tanto de que estaba en pie ese pedido de los aliados.

De todas formas, en Balcarce 50 no creyeron que se tratara de un pedido de los aliados. Pensaron en cambio que era un plan de Menem integrar a miembros del Poder Legislativo. Desde su entorno aclararon que no se metió en el tema: solo trasladó el planteo.

Fuentes del bloque de Diputados que participaron del debate, consultadas en off the record, van en la misma línea y negaron que Bullrich haya tenido algo que ver. Aseguran que la inclusión de Seguridad se resolvió a pedido de “varios diputados”, sin precisar de qué bloques, y que fue aceptada por Menem. Agregan que en los temas de la Cámara baja no hay contacto con la senadora, ni ella lo tiene con ellos en los asuntos del Senado.

La ministra de Seguridad también es eje de las críticas, pero de antaño. No la consideran apta para el puesto y no le perdonan haber “estropeado” el proyecto de agencia de migraciones que Caputo había planificado. La idea era emular una especie de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el organismo encargado de ejecutar las deportaciones y que provoca serias controversias en ese país. “No compartimos criterios con Monteoliva”, dijeron en las Fuerzas del Cielo.

La otra mejilla de Karina

Por el otro lado, Karina Milei sigue decidida a no responder. Hasta ayer, en su entorno sostenían que el planteo de Bullrich por el tema de Brasil, es decir, su diferenciación de la postura oficial del Presidente de no reconocer ni mencionar, y mucho menos felicitar, el triunfo de Lula, “fue correcto”. Y hacían silencio respecto del posicionamiento más belicoso de la otra facción.

Como en todas las últimas diferenciaciones de la senadora, en el área de la secretaria general omiten todo cuestionamiento. Dicen que es “más de lo mismo” y le restan importancia. Aseguran, incluso, que Bullrich “pierde efecto” político por lo repetitivo de esos desmarques. Y nuevamente no tienen planeado escalar, aseguran, al menos por ahora.

Dos lecturas, una misma interna

La situación deja a la senadora en una posición incómoda. Por un lado, recibe fuego de Las Fuerzas del Cielo, que la acusan de operar contra Caputo y de correrse de la línea oficial en política exterior. Por el otro, el karinismo la ignora, una estrategia que en el círculo de Bullrich leen como una forma de desgaste.

Cada una de estas diferenciaciones, sea por Brasil, por Malvinas o por cualquier otro tema, funciona como un termómetro de la interna en el Gobierno..

La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y ordenó una serie de medidas preliminares para investigar si el Gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina. La causa busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño.

La magistrada dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.

Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.

El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.