INTERNACIONAL
Una región desintegrada de países desintegrados
En la región latinoamericana, el término “integración” ha sido prácticamente sinónimo de proyectos inviables, o incluso de verdaderos fracasos. Estos fracasos, a veces difíciles de explicar, tienen su origen en una razón fundamental: es imposible alcanzar un nivel de integración adecuado sin contar, previamente, con un nivel de desarrollo suficiente. La estructura sistémica que debería derivarse de la integración exige niveles de industrialización y de desarrollo científico y tecnológico que los países latinoamericanos aún no han logrado alcanzar. Las dificultades radican en problemas de diferenciación: para que la complementariedad necesaria en todo proceso de integración funcione correctamente, los países deben integrar capacidades en diversos ámbitos. A falta de capacidades diversificadas acompañadas de niveles tecnológicos elevados, las dinámicas de integración no pueden operar; del mismo modo, tampoco pueden funcionar en un contexto donde las realidades nacionales se limitan a niveles elementales. Este carácter elemental genera una precariedad que impide a los países alcanzar los grados de diferenciación requeridos para una integración sistémica, la cual exige, por definición, niveles de especialización distintos.
Por otra parte, la convergencia y la armonización de los intereses nacionales dependen del nivel de conocimientos compartidos. La insuficiencia de capacidades científicas y tecnológicas provoca una desintegración en ámbitos donde, en realidad, los niveles de conocimiento podrían reforzarse mutuamente. Lamentablemente, nuestra región adolece de graves carencias a este respecto: registra, a escala mundial, una de las cifras más bajas de patentes presentadas y uno de los índices más reducidos en materia de propiedad intelectual dentro del sector científico y tecnológico.
Un tercer aspecto fundamental reside en el hecho de que nuestras democracias no han logrado superar sus carencias ni su funcionamiento irregular. Se han visto constantemente afectadas por su propia ineficacia, por la corrupción y por excesos burocráticos que han golpeado duramente los procesos en curso, debilitando las instituciones hasta el punto de que su disfunción se ha convertido, en sí misma, en un problema mayor. En nuestra región, cuanto mejor funciona la democracia, mejores son las condiciones de acceso a los derechos y a la equidad, la seguridad y el desarrollo de los países. Existen, por supuesto, formas extremas de ausencia de democracia, como las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela; estas constituyen los ejemplos más profundos y graves de disfunciones sistémicas. Encarnan a la perfección el fracaso de la gobernanza, traduciéndose en las crisis humanitarias, migratorias y de derechos humanos más graves que ha conocido la región —tal como ocurrió, en el pasado, con los regímenes autoritarios del Cono Sur.
Por otra parte, existe un grave error conceptual, derivado de diversas ideologías, que reduce la libertad a un bien puramente individual. Sin embargo, la libertad es, por esencia, un bien colectivo que nos permite a todos actuar de manera concertada en el seno de la sociedad, e interactuar como individuos y grupos humanos. Constituye un bien colectivo indispensable para el buen funcionamiento sistémico, y no una herramienta sujeta a una lógica puramente individual y privativa, en la que las decisiones y acciones carecerían de cualquier objetivo común. La democracia es el sistema que mejor permite el ejercicio de las libertades fundamentales; a cambio, exige condiciones propicias para la plena realización de los derechos humanos.
En este sentido, nuestros países siguen presentando carencias en materia de derechos humanos. Las formas de discriminación —basadas en el género, la raza, la orientación sexual o la religión— persisten; las sociedades latinoamericanas parecen, de manera recurrente, propensas a la discriminación. En realidad, para que un sistema funcione, debe ser capaz de garantizar el ejercicio sistémico de los derechos humanos, favoreciendo así el desarrollo y los logros de los individuos y los grupos. El fracaso del sistema cubano es un ejemplo elocuente de ello: hoy en día, cerca del 98% de la población de Cuba vive en la pobreza extrema, careciendo de agua potable, energía y una alimentación suficiente; en resumen, privada del disfrute de los derechos humanos más elementales. La gente se pregunta por qué el sistema no funciona en el plano económico, por qué el país no es productivo; esto se debe, fundamentalmente, a que cuando los individuos no tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere.
Cabe preguntarse por qué el sistema no funciona en el plano económico; el hecho de que el país no sea productivo tiene mucho que ver con ello. Cuando los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere. Del mismo modo, si la población no puede ejercer plenamente sus derechos sociales, el sistema social no puede ser eficaz ni generar resultados positivos. Cuba ha convertido lo que no es más que un “medio problema” —el embargo— en una realidad arraigada en esta lógica, y lo ha hecho mediante sus propias acciones: persecución política, menoscabo de la soberanía popular, violación de las libertades fundamentales, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Todos estos elementos constituyen, en sí mismos, los cimientos de su fracaso. Se habla de “medio problema” porque, dado que la economía estadounidense representa solo el 25% de la economía mundial, debería ser sencillo integrarse en el 75% restante; eso sí, siempre y cuando se produzcan bienes o servicios que resulten de interés para el mercado global.
En cuanto a los sistemas democráticos de la región —ya sean relativamente funcionales o, por el contrario, altamente disfuncionales—, todos tienen dificultades para articular políticas de derechos humanos adecuadas que sean transversales a todas las dinámicas sociales, económicas y políticas. Cuanto mejor sea la situación de los derechos humanos en un país, mejores serán las condiciones en los ámbitos de la educación, la salud, la producción económica, la seguridad y el funcionamiento del sistema político.
Por regla general, los países de la región cuentan con instituciones frágiles; intentar integrarlas con otras instituciones igualmente frágiles no hace más que perpetuar dichas debilidades. El día en que las instituciones de los países latinoamericanos sean capaces de resolver los problemas propios de su región, su integración mutua permitirá multiplicar los resultados concretos y las soluciones.
Las polarizaciones ideológicas, la transformación del adversario político en enemigo, así como las oscilaciones pendulares que caracterizan la vida política regional, constituyen también un obstáculo importante para la integración. Lamentablemente, en la actualidad no es posible una alternancia normal en el poder; por el contrario, asistimos a una sucesión permanente de procesos “fundacionales” acompañados de retrocesos institucionales duraderos. Las instituciones supranacionales han sufrido especialmente por ello.
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la integración reside en las desigualdades estructurales —y socialmente violentas— que afectan a nuestros países. La integración regional es imposible entre países que están, a su vez, desintegrados y caracterizados por modelos sistémicos fragmentados. No ha sido posible constituir una inteligencia colectiva, ya que las inteligencias individuales —que, sin duda, existen en la región— no logran integrarse lo suficiente como para permitir un funcionamiento sistémico adecuado. La culpa de los fracasos de la integración están más en los países que en los procesos en sí mismos, más que en el Mercosur o en el SICA o en la Comunidad Andina.
La región cuenta con diversos mecanismos subregionales que pueden servir como catalizadores técnicos para la gobernanza y fortalecer las capacidades de elaboración de estrategias. Compartimos un idioma (el español y el portugués son lo suficientemente cercanos como para funcionar, a escala regional, como un conjunto único), así como un profundo legado social e histórico común; sin embargo, nada de esto dará frutos si no resolvemos los problemas mencionados anteriormente.
Luis Almagro / Instituto CASLA
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La llegada de León XIV a Uruguay está programada para las 16:30 de este viernes. El Pontífice estadounidense será el segundo papa que visite el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II, y abrirá una gira de doce días que también abarcará Argentina y Perú.
El tumor pulmonar que padeció pocas semanas antes del viaje despertó preocupación en la Iglesia Católica uruguaya, que incluso evaluó la posibilidad de aplazar la visita hasta después de enero. Finalmente, celebró que no fueran necesarios cambios en la agenda.
Primeras fotos de León XIV a bordo del avión
El servicio de prensa del Vaticano distribuyó las imágenes de la comparescencia del Papa en el vuelo AZ04000 de Ita Airways ante la prensa que acompaña al Pontífice rumbo a Montevideo.
El vuelo está sobre la costa de Brasil y se espera que arribe a la terminal aérea de Carrasco después de las 16:00, hora de Montevideo.
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Montevideo se prepara
La capital uruguaya amanece con los últimos ajustes para la recepción al papa León XIV.
Tras la llegada al aeropuerto de Carrasco, el líder católico tiene prevista la siguiente agenda:
Desde la terminal, un recorrido por la rambla de Montevideo lo conducirá hasta la Plaza Independencia, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital. Allí tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, con la presencia de autoridades de los distintos partidos políticos, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Pasadas las 17:45, el Papa pronunciará un discurso.
La agenda continuará en la misma zona de la ciudad. A las 18:15 sostendrá una reunión privada con Orsi, tras la cual se dirigirá al Cabildo de Montevideo para recibir las llaves de la ciudad.
A las 19:05, León XIV se trasladará unas cuadras hasta la Catedral Metropolitana, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Una homilía pronunciada en ese encuentro pondrá fin a su primera jornada en el país.
El avión del papa León XIV sobre el Atlántico
El vuelo AZ04000 de Ita Airways que partió desde Fiumicino atravesó el mar Mediterráneo y la región noroccidental de África, desde Argelia hasta Senegal, pasando por Mauritania.
La aeronave prevé recorrer los 10.975 kilómetros en algo más de 13 horas. El tiempo en Montevideo está nublado, con un 30% de probabilidades de lluvia a la hora en que está previsto el arribo del avión, las 16:30 de este viernes.
A bordo
Las imágenes del enviado especial de Infobae, Román Lejtman, en el avión de Ita Aiaways que traslada al papa León XIV a su primer destino en Sudámerica, Montevideo.
El avión partió desde Roma en la madrugada italiana y se aguarda su llegada a Carrasco en la tarde de este viernes. Será recibido por el presidente yamandú Orsi y tiene una agenda inicial que prevé una recepción con figuras políticas y religiosas.
En ambos casos se espera que haya discursos del Pontífice, que luego de cumplir estos compromisos descansará para madrugar el sábado y partir rumbo a Paysandú, en la costa del río Uruguay.
Así fue la partida del avión de León XIV rumbo a Montevideo
El enviado especial de Infobae en el avión papal, Román Lejtman, está a bordo del vuelo AZ 04000 de Ita que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Carrasco a las 16:30, hora local.
Antes de la partida, el clima en el avión era de celebración y alta expectativa por el viaje, el primero a Sudamérica de este papa que tiene en alta estima a la región, donde desarrolló su tarea pastoral durante varios años en Perú.
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INTERNACIONAL
‘Money out of politics’ ballot measure sparks First Amendment fight in battleground state
Michigan voters approved a ballot initiative called Proposal 2, pitched to them as a way to curb pay-to-play donations and get money out of politics. But the measure has also triggered a federal First Amendment lawsuit alleging its separate speech and disclosure provisions could ensnare journalists, nonprofits and policy researchers who discuss elected officials.
Michiganders for Money Out of Politics, also known as MOP UP Michigan, said the lawsuit was expected after voters approved Proposal 2. Campaign manager Maura Cowley said the group is «confident Proposal 2 will withstand legal scrutiny» after organizers said they submitted more than 560,000 signatures to place the measure on the ballot.
The Mackinac Center for Public Policy, which filed the lawsuit, says it is not challenging the initiative’s central pay-to-play restrictions on political contributions from utility companies and government contractors. Its lawsuit instead targets provisions imposing reporting and disclosure requirements on certain communications that refer to candidates or «promote, support, attack or oppose» candidates or ballot questions, even without expressly urging voters to support or oppose them.
«Michigan voters deserve the freedom to research, debate, and report on the policies that shape their lives. But Proposal 2 is a Trojan horse: while it claims to target corruption, it would expose the Mackinac Center, its supporters, and ordinary Michiganders to criminal penalties and harassment simply for discussing public policy,» Patrick Wright, the Mackinac Center’s vice president of legal affairs, said in a statement provided to Digital.
SURVEY REVEALS COLLEGE STUDENTS’ GROWING INTOLERANCE FOR FREE SPEECH
Under Proposal 2, any person — not just a campaign or political committee — who makes «electioneering communications» aggregating at least $5,000 in a calendar year would have to file a report within 10 days. Additional reports would be required after each additional $5,000 in covered communications. The reports would include the dates and costs of the communications, candidates mentioned, vendors paid and information about donors who contributed more than $100 for the purpose of making the communications.
Proposal 2 defines «electioneering communications» as public messages — including broadcasts, print publications, mailings, telephone calls, internet communications and other forms of general public communication — that reference a clearly identifiable candidate, regardless of whether they contain express advocacy, within 100 days of a general election or 30 days before a primary or special election. The communication must also be targeted to the relevant electorate where the candidate appears on the ballot, according to the provision.
Mackinac argues the measure leaves important questions unanswered, including which expenses count toward the $5,000 threshold, what it means for a donor to contribute «for making electioneering communications,» and how the state will determine whether a communication is targeted to the relevant electorate.
SUPREME COURT STRIKES DOWN LIMIT ON PARTY CAMPAIGN SPENDING IN COORDINATION WITH CANDIDATES
The Mackinac Center’s lawsuit also challenges Proposal 2’s expansion of the definition of an election-related «expenditure.» The amended definition includes public communications that «promote, support, attack, or oppose» a candidate or ballot question, regardless of whether they expressly advocate for or against the outcome. Under the proposal’s revised committee definition, an organization that spends at least $500 on such expenditures could be treated as a political committee if the state determines the spending was intended to influence voters.
Brett Nolan, an Institute for Free Speech attorney representing Mackinac, told Digital that the new electioneering-communications reporting provision contains no express exception for neutral reporting, legislative voting records or policy research. Proposal 2 does retain an existing exemption for certain news stories, commentary and editorials from being treated as campaign spending, but Mackinac argues that exemption does not resolve the reporting requirements for electioneering communications.
Mackinac’s complaint points specifically to its MichiganVotes project, policy scorecards, a neutral policy brief about Proposal 2, magazines, radio programs, podcasts and public-policy events as examples of speech that could be swept up in the new requirements because those materials sometimes discuss elected officials or candidates.
GOP LAWMAKERS URGE SUPREME COURT TO STRENGTHEN FIRST AMENDMENT PROTECTIONS FOR STREET PREACHERS
«The Supreme Court has said several times in recent years that disclosure mandates like this create an ‘inevitable’ chilling effect on free speech because the risk of political harassment (or worse) is so significant. The more costs we impose on those who want to exchange ideas and discuss public policy, the fewer of those people we will have,» Nolan said.
«This law goes much further than addressing any interest the state may have in transparency about those who are funding campaigns and election advocacy,» he continued. «The notion that the government has an interest in monitoring people who talk about public policy if they dare mention an elected official is antithetical to the First Amendment.»
The lawsuit against Proposal 2 seeks to block the electioneering-communications reporting requirement and the political-committee rules as applied to Mackinac — not to overturn Proposal 2 in its entirety. The measure is set to take effect 10 days after the official declaration of the vote, and no later than Dec. 3, according to the lawsuit.
«This lawsuit is no surprise,» Cowley said in a statement to Digital. «The corporations bankrolling our opposition have been gearing up for this lawsuit since Proposal 2 first qualified for the ballot, if not before.»
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According to MOP UP Michigan, besides curbing pay-to-play political donations, Proposal 2 is designed to close what the group calls an «issue-ad loophole» — the ability to discuss candidates or ballot questions without expressly urging voters to support or oppose them in order to avoid certain disclosure rules.
«Last night, Michiganders spoke loud and clear, voting to pass Proposal 2 with an overwhelming majority and delivering a resounding mandate to end pay-to-play politics and put power back where it belongs – with the people,» Cowley continued. «The bottom line is that we are confident Proposal 2 will withstand legal scrutiny, and we were fully expecting and are prepared to take on this challenge.»
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INTERNACIONAL
“No pudimos sacar nada”: fundadora del Teatro Justo Rufino Garay cuenta cómo el régimen nicaragüense tomó la histórica sala
El Teatro Justo Rufino Garay, una sala histórica de Managua, fue tomado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en marzo de 2026, según denunció su fundadora, Lucero Millán, afirmando que se apoderaron del inmueble sin orden judicial ni aviso previo. La directora, actriz y dramaturga nicaragüense-mexicana reconstruye ahora el proyecto desde la Ciudad de México.
Millán dedicó más de cuatro décadas al teatro en Nicaragua. Fundó junto a Enrique Polo el Teatro Justo Rufino Garay en noviembre de 1979 tras llegar al país. Desde entonces, la sala se convirtió en un espacio de formación artística, producción escénica y debate sobre la realidad política y social nicaragüense.
La institución mantuvo una programación de fin de semana desde 1986 hasta marzo de 2026. Según la información publicada por el medio nicaragüense confidencial.digital, el teatro cerró de manera abrupta el 13 de marzo de ese año, después de que la dictadura tomó el edificio ubicado junto al parque Las Palmas, en Managua.
El cierre interrumpió cuatro décadas de actividad escénica
La dramaturga relató en una entrevista con Casa Centroamérica que el grupo no pudo retirar equipos, archivos ni materiales de trabajo antes de perder el acceso a la sala.
“El espacio físico nos lo confiscaron sin ninguna orden judicial, sin ningún previo aviso. No pudimos sacar absolutamente nada y se quedaron con él”, afirmó Millán.
La directora explicó que el teatro había montado más de 55 obras a lo largo de su trayectoria. Cada producción respondió al momento político y social que atravesaba Nicaragua, con la intención de aportar a una sociedad “más justa, más democrática y equitativa”.
El caso se inscribe en una ofensiva más amplia contra organizaciones independientes en Nicaragua. El Teatro Justo Rufino Garay había perdido su personalidad jurídica en agosto de 2022, cuando la Asamblea Nacional aprobó su cancelación a petición del entonces Ministerio de Gobernación. Pese a esa decisión, la sala y la escuela de actuación que funcionaba en el mismo inmueble mantuvieron sus actividades hasta 2026.
El medio confidencial.digital informó que, meses después del cierre, autoridades vinculadas a la Cinemateca Nacional presentaron el lugar como un espacio bajo control estatal. El edificio fue repintado y las instalaciones, que incluían una sala con 126 butacas, quedaron incorporadas a la programación cultural oficial.
Para Millán, la pérdida de la sede no supone el fin del proyecto. “También se apoderaron de nuestro nombre, pero el Teatro Justo Rufino Garay somos nosotros”, dijo.
Desde México, donde nació, la directora busca reactivar el trabajo artístico sin el equipo técnico y humano con el que trabajó durante 46 años en Nicaragua. Su primera experiencia en esta etapa fue la presentación de “Francisca” en Casa Centroamérica, una obra centrada en una mujer mexicano-nicaragüense que, durante el Día de Muertos, evoca a sus antepasados y sus vínculos con ambos países.
La pieza recoge una experiencia personal. Millán vivió durante décadas entre dos pertenencias: en Nicaragua era vista como mexicana y, al regresar a México, sentía que parte de su vida había quedado del otro lado de la frontera. “Asumí que soy de los dos lados”, expresó.
“Un pueblo sin teatro es un pueblo que no tiene alma”
Millán sostiene que el valor del teatro excede la función de una sala o la propiedad de un edificio. Lo considera un arte vivo, capaz de mostrar aspectos que suelen permanecer fuera de la discusión pública y de abrir preguntas sobre experiencias íntimas y políticas.
“Un pueblo sin teatro es un pueblo que no tiene alma”, afirmó durante la citada entrevista. “El teatro es una ventana que nos permite ver aquello que es invisible”.
También aseguró que mantiene su vínculo con Nicaragua pese a la confiscación de la sede. “Tengo el paisaje de Nicaragua en mi mirada, la comida nicaragüense, la cultura nicaragüense. Amo a los nicaragüenses, amo ese país”, dijo.
El Teatro Justo Rufino Garay continuará su actividad desde Ciudad de México, con la intención de preservar una labor iniciada en 1979 y sostenida durante más de cuatro décadas en Managua.
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