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Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

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El aumento de los distintos tipos de tasas locales que cobran los municipios bonaerenses para aumentar sus recursos, ante la caída de la coparticipación primaria (de Nación a la Provincia) y secundaria (del Ejecutivo provincia a los municipios) se instaló en el debate público.

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La discusión llegó a los concejos deliberantes de toda la Provincia, con una ofensiva encabezada por La Libertad Avanza (LLA) para comenzar a reducir el peso que les imponen los estados municipales a los ciudadanos bonaerenses. Impulsada por el presidente de LLA PBA, Sebastian Pareja, la iniciativa busca avanzar en la eliminación de 138 tasas, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11 en los 116 municipios donde tiene representación.

Desde el gobierno a cargo de Axel Kicillof las defienden y sostienen que los problemas de empleo, competitividad y cierre de empresas no están vinculados con las tasas municipales ni con impuestos provinciales, sino con las políticas económicas del Gobierno nacional.

Hace ya unos meses, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense argumentó que el peso de las tasas municipales sobre la actividad productiva es marginal en comparación con los impuestos nacionales. También mencionó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que indica que las tasas municipales representan apenas el 0,9% en las cadenas productivas.

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Más allá de la discusión sobre su impacto, la carga tributaria local fue adoptada como eje de debate por LLA como parte de la promesa de Javier Milei de bajar impuestos. El presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, y el diputado Pablo Morillo presentaron proyectos para que los municipios bonaerenses estén obligados por ley a brindar una contraprestación a cada tasa municipal que cobran. “Seguimos avanzando en quitarle el peso del Estado a los bonaerenses. En la mayoría de los municipios las tasas no tienen contraprestaciones y terminan siendo cajas encubiertas de la casta política. Dimos grandes pasos, pero queda mucho por hacer”, sostuvo Pareja al referirse al tema.

Para transparentar los números en la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, Diego Valenzuela, un ex PRO hoy legislador provincial por la LLA, puso en línea un sitio llamado Menos Impuestos con el detalle desglosado de la presión impositiva municipal en el mayor distrito del país.

El senador bonaerense lo presentó esta semana en la Cámara alta de la Provincia.

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Valenzuela presentó Menos Impuestos en el Senado bonaerense el miércoles pasado

Según le dijo a Infobae, ya le pidieron la tecnología en Córdoba y Mendoza. “Quieren implementarla a nivel municipal como herramienta de transparencia tributaria para atraer inversiones. Mi objetivo de máxima es que cada provincia tenga su propio semáforo fiscal”, sostuvo el senador de LLA.

Cuando estaba al frente de Tres de Febrero, el propio Valenzuela promovió la baja de tasas a nivel local para atraer la instalación de empresas y Pymes en su distrito. Así logró que Mercado Libre invirtiera USD 65 millones para abrir un centro de almacenamiento en el Parque Logístico Buen Ayre que actualmente emplea a 440 trabajadores, de los cuales la mitad reside en ese partido.

A su vez, el Banco Nación cerró en febrero de 2025 una sucursal ubicada en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, por las elevadas tasas municipales que cobra su intendente, Fernando Espinoza, y se mudó a Ciudadela, también en Tres de Febrero.

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En el sitio Menos Impuestos se detallan las tasas que cobran 52 municipios bonaerenses – 37 del Conurbano – de más de 60.000 habitantes, a partir de relevar sus ordenanzas fiscales.

La plataforma muestra un indicador de la Presión fiscal que es un promedio de 5 tasas representativas que se cobran en cada municipio (Banca Minorista, Hipermercado, Industria, Comercio, Comercio Mayorista), y dos tributos complementarios (Tasa Vial y Habilitación). El promedio arroja 1,46%.

Para visualizar esa carga tributaria, se identifica a los distritos con los colores de un semáforo: en rojo los de mayor carga tributaria y en verde, los de menos. Una herramienta del sitio permite comparar municipios.

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Los que están en rojo

De la comparación de los 52 municipios, surge que 18 tienen una calificación desfavorable con relación a la presión fiscal, con porcentajes por arriba de ese promedio, que van desde 1,83% a 3,16%.

Todos tienen intendentes de Unión por la Patria (UP), salvo uno – General Pueyrredón-, cuyo intendente es Guillermo Montenegro, del PRO, quien el viernes anunció que dejaba la banca provincial y reasumía al frente del municipio cuyo epicentro es Mar del Plata. En esta ciudad cabecera, Mercado Libre tiene un centro logístico que está evaluando mudarse a otro municipio cercano.

Los de mayor presión fiscal son Hurlingham (3,16%), seguido por Lanús (3,07%) y Marcos Paz (2,88%). Los dos primeros están gobernados por La Cámpora (Damián Celsi y Julián Álvarez, respectivamente); el último tiene como jefe comunal a Ricardo Curutchet, alineado con el gobernador Axel Kicillof.

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Damián Celsi, Julián Álvarez y Ricardo Curutchet

“Si bien los de La Cámpora suelen ser los más caros porque ideológicamente están a favor de cobrarle más a los privados para aumentar el gasto del Estado, el cobro de tasas más elevadas no es lineal según el color político, ya que hay casos en todos los sectores”, advirtió Valenzuela ante Infobae.

También aparecen en el top five de presión fiscal Bahía Blanca (2,77%), cuyo intendente es Federico Susbielles, con orígenes en el kirchnerismo pero que se sumó recientemente a la Liga de Intendentes del peronismo bonaerense; y Morón (2,65%), gobernado por Lucas Ghi, de Nuevo Encuentro, hoy entre los aliados de Kicillof.

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Los mejor calificados

En el otro extremo, hay 15 municipios con valores de presión fiscal entre 0,52% y 1,25%. Diez están gobernados por UP; 2 por partidos vecinales, uno por la UCR, y uno por LLA.

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Al tope de los mejor calificados, aparecen San Pedro (0,52%), Tres de Febrero (0,56%) y Chivilcoy (0,75%). El intendente sanpedrino es Cecilio Salazar, hoy en las filas de Kicillof; el de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, que reemplaza en forma interina a Valenzuela; y de Chivilcoy, el vecinalista Guillermo Britos, que en la última elección se integró a Somos Buenos Aires, una suerte de “tercera fuerza” provincial.

Cecilio Salazar, Rodrigo Aybar y Guillermo Britos

Entre los de menor presión fiscal figuran, a su vez, distritos de distinto signo político como Presidente Perón (0,76%), conducido por Blanca Cantero, del Frente Renovador, dentro de UP; y Necochea (0,92%), por el vecinalista Arturo Rojas.

En este grupo también está Ensenada (0,95%), municipio conducido por Mario Secco, integrante del Movimiento Derecho al Futuro del gobernador bonaerense.

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Del PRO, figura Zárate (0,98%), cuyo intendente, Marcelo Matzkin, responde a Cristian Ritondo, titular del partido en la Provincia. Con una baja presión impositiva, alberga a empresas de relevancia como Toyota y Heineken.

En tanto, Tandil, gobernado por el radical Miguel Angel Lunghi, registra una presión fiscal del 0,99%.

Del Conurbano, también aparece con color verde Esteban Echeverría (1,13%), donde Fernando Gray, un peronista enfrentado a Máximo Kirchner, viene tomando medidas para favorecer las inversiones en su distrito. En la reciente apertura de las sesiones en el Concejo Deliberante, anunció la eliminación de 4 tasas municipales a partir de 2027 (Servicios Especiales de Limpieza, Venta en la Vía Pública, Explotación de los Recursos del Suelo, Servicios de Regularización Dominial) y la exención impositiva total para mayores de 75 años que vivan en el partido.

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Fernando Gray, intendente de Tres de Febrero (Diario Conurbano)

Otros municipios de GBA pertenecientes a UP que figuran entre los de menor carga tributaria son Merlo (1,22%), gobernado por Gustavo Menéndez, quien se ubica dentro del kirchnerismo; Almirante Brown (1,24%), cuyo intendente interino es Juan José Fabiani en reemplazo del hoy diputado provincial Mariano Cascallares, que integra el espacio de Kicillof; y Malvinas Argentinas (1,24%), conducido por Leonardo Nardini, ligado al kirchnerismo.

Los que están en amarillo

Hay 19 municipios en los que la presión tributaria es catalogada como intermedia, con indicadores que se ubican entre 1,29% y 1,74%, de los cuales 12 están gobernados por UP. Sin embargo, dentro del mismo peronismo, sus intendentes responden a distintos sectores.

La Costa, conducido por Juan de Jesús, registra el valor más alto en la franja de los catalogados con color amarillo, con 1,74%. Del Conurbano aparecen Tigre, con 1,63%, gobernado por el ex miembro del Frente Renovador Julio Zamora; Berazategui, con 1,56%, a cargo de Carlos Balor que reemplaza al fallecido Juan José Mussi; Avellaneda, con 1,47%, gobernado por Magdalena Sierra, quien reemplazó a Jorge Ferraresi tras su renuncia; San Fernando, con 1,46%, a cargo del massista Juan Andreotti; José C. Paz, con 1,35%, a cargo de Roberto Caggiano en reemplazo de Mario Ishii; San Vicente, con 1,34%, municipio gobernado por Nicolás Mantegazza; Ezeiza, también con 1,34%, a cargo de Gastón Granados; General Rodríguez, con 1,30%, conducido por Mauro García; y Florencio Varela, con 1,29%, a cargo de Andrés Watson.

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En el segmento de presión fiscal intermedia figuran otros 5 intendentes del PRO: Pergamino, gobernado por Javier Martínez, con 1,52%; seguido por Vicente López, gobernado por Soledad Martínez, con 1,5%; Campana, bajo la gestión de Sebastián Abella, con 1,48%; y Junín, gobernado por Juan Carlos Fiorini -en reemplazo del ahora senador provincial Pablo Petrecca-, con 1,29%; y San Isidro con 1,36%, aunque su jefe comunal, Ramón Lanús, hoy está más cerca de La Libertad Avanza.

En otro municipio de los identificados con el color amarillo del semáforo su intendente es de un partido vecinal, Jaime Méndez, que conduce San Miguel, que registró 1,34% de presión fiscal. También San Nicolás (1,42%), de Santiago Passaglia, del partido local Hechos.

Otras tasas

La mitad de los municipios – 26 – relevados tienen tasa vial, que pagan los vecinos cuando cargan combustible en el distrito; los otros 26, no. Y solo 9 no cobran tasa de habilitación por abrir un comercio, industria, empresa o Pyme en el distrito.

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Otros 34 distritos tienen tasas extras ocultas en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y otras adicionales específicas.

Lideran el ranking San Vicente, con 7 tasa adicionales; Campana con 6; Hurlingham y Luján con 5 cada uno; y Almirante Brown, Florencio Varela, Pilar y San Martín, con 4.

En San Vicente se paga una tasa específica por certificado de aptitud o impacto ambiental. Además, sobre la TISH se cobra un 40% extra para seguridad y bomberos, otro 40% para el sistema de salud pública, 50% para generadores de residuos especiales, de entre 20% y 60% para industrias categorizadas, y del 25% para grandes superficies comerciales. Además, el municipio cobra una contribución fija de $4.144 por mes para la gestión de residuos sólidos urbanos.

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En Campana, gobernada por Sebastián Abella (PRO), sobre la TISH se cobra un 10% extra para prevención ciudadana, un 15% para salud pública, un 20% para la gestión de residuos de grandes generadores y un 10% destinado al Fondo Educativo. Además, el municipio aplica una tasa por servicios de protección ambiental y otra por la comercialización de envases no retornables.

En Hurlingham, no se aplican tasas adicionales sobre la TISH, aunque sí existen otros cargos. Entre ellos, uno sobre la facturación para el Fondo de Fortalecimiento Ambiental con una contribución del 3% y otra del 1% para la asistencia a comedores y merenderos. Además, el municipio cobra dos montos fijos, uno de $435.000 mensuales por seguridad adicional en entidades bancarias, y una contribución por Protección Ciudadana que va entre $2.831 y $8.492 por mes. Y por último una tasa específica de control de impacto ambiental para industrias.

En Luján, municipio gobernado por Leonardo Boto (UP), se suman 4 tasas adicionales de protección ambiental a bancos, supermercados y hoteles, sobre su facturación, y otra quinta por la emisión de gases, por litro de combustible cargado.

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En Almirante Brown, se cobran tres tasas adicionales: una por fiscalización del riesgo ambiental, otra por comercialización de envases no retornables, y otra ambiental, además de un pago fijo por mes de entre $2.000 y $16.600 por mes como Contribución SAME (Emergencias y Salud).

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El cruce con otros indicadores

El sitio Menos Impuestos cruza la carga fiscal con otros indicadores de los municipios, como el resultado fiscal, el desarrollo en infraestructura, el gasto en capital y empleo público.

Así, es posible visualizar qué municipios terminaron el 2025 con déficit o si tuvieron superávit, y ver cuánto invierten en obra pública, o cuál es su gasto en personal, y cruzar estos datos con el nivel de presión fiscal que registran.

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“Las tasas bajas por sí solas no son necesariamente buenas. Es importante cruzar la presión tributaria con, por ejemplo, lo destinado a obra pública. Un nivel esperable de gasto de capital es entre el 10% y 15%. Pero por ejemplo hay distritos como La Matanza, que pese a tener superávit, no baja las tasas ni invierte suficientemente en obras, y elige poner la plata restante de lo que recauda en un plazo fijo”, advirtió Valenzuela.

La Matanza tiene una presión fiscal alta del 2,57% y tuvo ingresos totales por $709.334 millones, con un resultado fiscal positivo al cierre de 2025 de $143.590 millones. Destinó a gastos de capital el 11% de sus ingresos.

En la pestaña Tamaño del Estado del sitio, se compara el gasto en sueldos del personal de 42 municipios en relación a sus ingresos totales. La fuente es el RAFAM, una herramienta informática provista por la Provincia para estandarizar las operaciones de los municipios bonaerenses. “La idea es ver si un distrito cobra tasas altas y, a la vez, gasta mucho en empleados públicos, ya sea por la cantidad de agentes o por tener sueldos altos”, explicó Valenzuela.

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En Infraestructura, se detalla el porcentaje de cobertura de servicios –agua, gas y cloacas– según el Censo 2022, un dato que puede considerarse clave a la hora de que una empresa tiene que considerar invertir en el distrito.

Por último, en la pestaña de Empleo se detalla cuántos puestos de trabajo privado registrado tiene cada municipio bonaerense y cuántos generó —o perdió— entre 2023 y 2025, usando como base el SIPA. Del análisis surge que solo 18 distritos crearon empleo en los últimos dos años. El resto perdió puestos de trabajo en números absolutos y en porcentaje.

El ranking de los que más empleos privados generaron lo lideran General Pueyrredón (+2.208 puestos, equivalentes a un aumento del 1,9%); Ezeiza (+1.199, un 3,8% más); Tres de Febrero (+1.190, un 2,1% más); Vicente López (+912 puestos, el 0,8%); y Tandil (+726, un 3,4% más).

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“Herramienta para replicar”

Según le dijo a Infobae, ya le pidieron la tecnología en Córdoba y Mendoza para replicarla a nivel municipal. “Quieren implementarla como herramienta de transparencia tributaria para atraer inversiones. Mi objetivo de máxima es que cada provincia tenga su propio semáforo fiscal”, concluyó el senador de LLA.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

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Damián Celsi,Julián Álvarez,Ricardo Curutchet,Hurlingham,Lanús

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La contundente definición de Mauricio Macri sobre las negociaciones con La Libertad Avanza por un acuerdo electoral

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Mauricio Macri reapareció en el evento anual de la Fundación Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo, y fue contundente sobre las negociaciones con La Libertad Avanza en busca de un acuerdo electoral: “No se avanzó nada”.

El líder del PRO respondió a los cronistas mientras subía a un ascensor y ratificó que no hubo progresos en las conversaciones con el oficialismo. La declaración fue respaldada por el diputado nacional Fernando de Andreis, quien encabeza la representación del PRO en las reuniones con funcionarios del Gobierno.

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Macri evitó opinar sobre la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil, argumentando que no estaba al tanto del tema. Sin embargo, se diferenció de Javier Milei y felicitó a Lula da Silva por su reciente triunfo electoral. Además, el PRO reclamó mayor diplomacia al Gobierno y pidió que se fomente el diálogo con quienes piensan distinto.

En su discurso, Macri celebró la convocatoria y destacó la importancia de seguir apostando por los proyectos educativos del PRO. “Es importante porque eso significa que seguimos creyendo”, remarcó ante empresarios, referentes sociales y donantes.

El expresidente criticó el debate político actual en la Argentina y lo contrastó con lo que observó en el exterior: “Vengo de donde están las petroleras más grandes del mundo, los bancos más grandes del mundo y allí se discute seriamente cómo mejorar la educación y sobre la implementación de la Inteligencia Artificial”.

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Macri lamentó que en el país “seguimos discutiendo si el déficit fiscal sí o no, y que el presupuesto, que tendría que ser el lugar de unión de los argentinos porque no sobran los recursos, es una guerra, una batalla. Ni siquiera el presupuesto destinado a educación se puede evaluar. Realmente todo esto es política de la mala”, se quejó.

También resaltó la necesidad de apostar a los programas educativos: “El mundo está cambiando muy rápido y cada uno de estos chicos que pasa por el programa tiene que tener una oportunidad. Hoy, la información es universal. Ya no se necesitan grandes sumas de dinero para saber qué está pasando. Tenemos que apostar a este programa”.

Mauricio Macri, La Libertad Avanza, PRO

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Caso $LIBRA: dos ONG denuncian irregularidades en el proceso y piden que se anulen los sobreseimientos de Milei y su hermana

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Tras reclamar la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para evitar el cierre definitivo del expediente, dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en el caso $LIBRA como amicus curiae solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y los otros diez imputados. Argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentaron un escrito en el que denunciaron el incumplimiento de una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN) y reclamaron que, por tanto, se anule la resolución del 23 de octubre que desvinculó a los once investigados del expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA.

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Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostuvieron que ni las querellas —cuya exclusión del expediente se encuentra recurrida ante la Casación Penal— ni las propias organizaciones fueron notificadas, siquiera informalmente, de que Taiano promovería los sobreseimientos. Tampoco, afirmaron, tuvieron oportunidad de expresar su posición antes de que el fiscal se pronunciara a favor del cierre de la causa.

Mauricio Novelli, junto al presidente Javier Mileiinstagram

La actuación del fiscal Taiano, advirtieron Inecip y Cipce, contradice el inciso k del artículo 5 de la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y las pautas de la resolución 41/23 de la PGN, que establece un mecanismo para que las víctimas puedan pedir que un fiscal superior revise la decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal de solicitar un sobreseimiento.

El planteo apunta a que Agüero Iturbe garantice ese mecanismo de revisión, que contempla un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada al pedido de sobreseimiento. En ese sentido, Inecip y Cipce remarcaron que Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera previamente ese trámite ni interviniera el fiscal general para examinar las objeciones que pudieran formularse.

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“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero”, indicaron Alfie y Biscay, “quien deberá ordenar -sin más- la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”.

La presentación remarca, además, que la resolución de la PGN 41/23 no constituye una mera formalidad, sino una garantía destinada a evitar que una decisión fiscal que implique abandonar la persecución penal quede firme sin que las víctimas puedan cuestionarla ante una instancia superior.

Las organizaciones solicitaron, por eso, que el fiscal general no se limite a escuchar ahora sus argumentos, una vez dictados los sobreseimientos, sino que promueva la nulidad de la resolución judicial para restablecer el procedimiento que, según denunciaron, fue omitido. También pidieron que se ejerza el denominado control de convencionalidad, es decir, que se examine la compatibilidad de las decisiones y normas aplicables con las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos.

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Marcelo Martínez de Giorgi (brazo en alto), durante una jura de camaristas federales en Comodoro PyRicardo Pristupluk

En respaldo de su planteo, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a la protección judicial efectiva, y jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Entre otros antecedentes, invocaron un fallo que consideró procedente anular una decisión judicial adoptada después de que un fiscal pidiera desestimar una denuncia sin que el damnificado hubiera sido notificado y pudiera recurrir a la revisión de su superior jerárquico.

Las ONG sostuvieron, además, que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional por el daño que esos delitos ocasionan al funcionamiento del Estado y a las oportunidades que este debe garantizar. Para respaldar esa interpretación, citaron un antecedente judicial que reconoce los perjuicios colectivos derivados de la corrupción y la relevancia de la participación de la sociedad civil en su prevención y persecución.

En ese contexto, Inecip y Cipce sostuvieron que el análisis de una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias, sus conexiones y los elementos pendientes de producción, en lugar de considerar cada indicio por separado. Afirmaron que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva.

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El pedido quedó ahora dirigido a Agüero Iturbe, quien deberá evaluar el planteo dentro de sus atribuciones. Las ONG solicitaron que impulse la nulidad de la resolución del 23 de octubre y que se restablezcan las garantías que, según denunciaron, fueron vulneradas. La presentación también fue remitida al procurador general, Eduardo Casal.

Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.



los sobreseimientos,lo acogió al día siguiente,Hugo Alconada Mon,Conforme a

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La Justicia ordenó devolverle $9.377 millones a Enrique Piñeyro por el impuesto a la riqueza que le cobró Alberto Fernández: los donará al Garrahan

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La sentencia definitiva sobre el aporte solidario, creado durante el gobierno de Alberto Fernández y conocido como impuesto a la riqueza, abrió el camino para que una suma de $9.377 millones vuelva a manos de quien la había abonado.

La resolución judicial ordenó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que sucedió a la AFIP, reintegrar el dinero luego de una apelación; el beneficiario calculó que representa “el 99% del pago” que realizó, aunque advirtió que la devaluación redujo su valor en términos reales.

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A partir de esa devolución, Enrique Piñeyro, piloto de avión, actor y empresario, decidió que los fondos tendrán como destino la Fundación Garrahan.

Su plan no consiste en retener el reintegro, sino en transferirlo a la entidad vinculada al Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, una vez que el dinero ingrese en la cuenta que debe utilizar para completar el circuito formal. “El dinero tiene que pasar por una cuenta mía e ir al Garrahan”, explicó en Infobae Al Amanecer.

La devolución judicial tendrá como destino la Fundación Garrahan

La decisión de donar no quedó en una promesa posterior al fallo. Piñeyro afirmó que dejó documentada la operación ante escribano público y que la fundación ya aceptó el instrumento, por lo que considera que existe un compromiso establecido entre las partes.

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“Yo ya hice la escritura de donación para el Garrahan”, sostuvo el piloto, quien remarcó que el paso por su cuenta personal responde a los requisitos administrativos para recibir y enviar los recursos.

La causa se originó en una discusión sobre el alcance temporal del aporte solidario. Piñeyro presentó una acción declarativa de certeza para que la Justicia definiera la validez de una porción del tributo que, según su planteo, alcanzaba situaciones anteriores a la sanción de la ley.

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Dijo que pagó el impuesto, incluidos los punitorios derivados de la demora, y que el desembolso previo modificó luego el objeto del expediente, que pasó a incorporar el pedido de devolución. Al cuestionar la norma, afirmó: “No puede ser que estén pegando manotazo de ahogado”.

El piloto insistió en que su reclamo no tuvo como finalidad evitar el pago ni conservar los fondos para sí. Por el contrario, sostuvo que el caso buscó poner en discusión criterios de la política tributaria y que el reintegro puede volcarse a una institución de salud pública.

“Yo creo que hay que pagar impuestos”, planteó, y agregó que las personas con patrimonios más altos deberían realizar una contribución mayor.

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Falta de continuidad en la política tributaria

En ese marco, vinculó el debate con las devaluaciones, la inflación y las sucesivas regularizaciones de activos. Mencionó los blanqueos dispuestos durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, y los describió como parte de un problema que excede a una administración en particular.

Los sucesivos blanqueos de capitales en distintas administraciones desalientan el cumplimiento fiscal según el testimonio de Piñeyro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Piñeyro, esas herramientas desalientan a quienes cumplen sus obligaciones porque instalan la expectativa de una futura regularización, mientras algunos trabajadores de ingresos bajos —como docentes, según señaló— pueden quedar alcanzados por Ganancias.

Su mirada sobre los impuestos se conecta con una definición más amplia sobre las responsabilidades estatales. Piñeyro sostuvo que el Estado debería funcionar como un “ecualizador” social, con capacidad para garantizar vivienda, educación, salud y nutrición. “Toda persona, por el solo hecho de nacer, tiene derecho” a esos servicios, afirmó al referirse a la necesidad de una base de protección para cada niño.

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Desde esa perspectiva, mencionó los subsidios a los servicios públicos que reciben sectores de altos ingresos y citó casos de San Isidro como ejemplo de una asignación que, a su entender, debería revisarse.

También habló de hospitales públicos con necesidades de inversión y mantenimiento, y ubicó al Garrahan entre las instituciones que requieren más recursos. “El Estado tiene que ser un ecualizador”, insistió, al sostener que la devolución del aporte puede dirigirse a áreas como la salud y la universidad pública, que considera desfinanciadas.

El debate sobre patrimonio, poder político y empresas tecnológicas

Piñeyro propuso además discutir límites a la acumulación de riqueza, una posición que, según explicó, va más allá de elevar la carga tributaria sobre los grandes patrimonios. Relacionó la concentración económica con recursos que podrían faltar en otros sectores y con la posibilidad de adquirir bienes cada vez más costosos sin que ello resuelva vínculos familiares o problemas de salud. “No puede ser que uno pueda acumular indefinidamente”, expresó.

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La preocupación se extiende, según dijo, al peso político de los empresarios con capacidad para financiar campañas o incidir en decisiones públicas.

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