Connect with us

POLITICA

Investigan vínculos de Luis D’Elía con la Guardia Revolucionaria: Stornelli pidió su indagatoria – Nexofin

Published

on


El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que Luis D’Elía sea citado a indagatoria en una investigación que busca determinar si el dirigente tuvo contactos con la Guardia Revolucionaria iraní y si actuó como intermediario para difundir comunicaciones de esa organización en la Argentina y el Mercosur.

El planteo judicial apunta a esclarecer la naturaleza de esos vínculos, a partir de una publicación que D’Elía realizó en la red social X el 17 de noviembre. Allí afirmó que había recibido un encargo de la fuerza iraní para transmitir un mensaje a nivel regional.

Advertisement

Para avanzar en la investigación, Stornelli propuso verificar la autenticidad de las publicaciones, identificar quién administra la cuenta y analizar distintas vías de contacto del dirigente. Entre las medidas solicitadas figuran el relevamiento de sus redes sociales, registros telefónicos y migratorios, además de la búsqueda de antecedentes judiciales relacionados con Irán.

El fiscal pretende determinar si los hechos podrían tener relevancia penal y si eventualmente encuadrarían en figuras como amenazas, intimidación pública, terrorismo o traición a la patria.

Las advertencias que difundió el dirigente

El mensaje que dio origen a la presentación judicial hacía referencia a una posible reanudación de la guerra en Medio Oriente y advertía sobre ataques contra distintos países europeos.

Advertisement

“En 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”, escribió D’Elía.

En la misma publicación, el dirigente habló de una eventual “fase definitiva” del conflicto y mencionó una posible escalada militar contra Estados Unidos e Israel.

Advertisement

La fiscalía considera relevante que el mensaje haya sido presentado como una comunicación recibida por encargo de integrantes de la Guardia Revolucionaria, y no simplemente como una opinión o una interpretación del escenario internacional. Por eso, busca determinar si existió una relación concreta con esa organización, qué tipo de contactos habría mantenido y si desempeñó algún papel dentro de su estructura.

El pronunciamiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) expresó su rechazo a las declaraciones de D’Elía y reclamó que la Justicia intervenga para esclarecer la situación.

La organización cuestionó que el dirigente se presentara como transmisor de mensajes de la Guardia Revolucionaria iraní, fuerza que figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT), en el que la Argentina la identifica como organización terrorista.

Advertisement

En su pronunciamiento, el Foro también hizo referencia a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel y vinculó esos hechos con las investigaciones judiciales que atribuyeron responsabilidades a funcionarios iraníes y miembros de la Guardia Revolucionaria.

El FACA reclamó una intervención urgente del Poder Judicial y manifestó su preocupación por la eventual actuación en el país de alguien que pudiera representar a esa organización.

El dirigente también está procesado junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán.

Advertisement

La entrada Investigan vínculos de Luis D’Elía con la Guardia Revolucionaria: Stornelli pidió su indagatoria se publicó primero en Nexofin.

Carlos Stornelli,Guardia Revolucionaria iraní,Luis D’Elía,Terrorismo

Advertisement

POLITICA

La Corte declaró inconstitucional la decisión de Milei de permitir que las prepagas fijen libremente el valor de sus cuotas

Published

on



La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70, de Javier Milei, que permitían a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de sus cuotas.

Por unanimidad, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU que habían barrido con el control estatal respecto de los valores de los planes prestacionales de servicios de salud.

Advertisement

La Corte resolvió el caso de una mujer que afirmó que la cuota de su plan de salud había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 cuando, de haberse aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%.

La causa llegó a la Corte por los recursos interpuestos por la empresa de medicina prepaga y por el Estado Nacional. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó parcialmente la sentencia. Mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, pero revocó lo dispuesto por la cámara en cuanto ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El efecto de la sentencia de la Corte de hoy es que la Superintendencia de Salud deberá reasumir sus competencias en cuanto a la revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones y al deber de fiscalizar y garantizar la razonabilidad de los aumentos, que tienen que estar fundados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.

Advertisement

En su fallo, la Corte recordó los límites que tienen las facultades legislativas que ejerce el Poder Ejecutivo, que son excepcionales. Dijo que en este caso, de los considerandos del decreto no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones al sistema. Sostuvieron que no es suficiente la mera afirmación de que existe una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema”, para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.

Esas consideraciones genéricas, según la Corte, no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley. A juicio del máximo tribunal, tampoco se acreditó que existiera una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.

Noticia en desarrollo

Advertisement



Conforme a

Continue Reading

POLITICA

¿Bebidas alcohólicas y eventos durante la veda electoral? Qué cambiaría si se aprueba la reforma política

Published

on



La reforma política que impulsa el Gobierno incluye modificaciones a las restricciones que rigen durante las jornadas de votación. El dictamen firmado en el Congreso propone derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, que establecen prohibiciones para la realización de espectáculos y reuniones públicas, así como para el expendio de bebidas alcohólicas.

La iniciativa modifica así las condiciones que rigen durante los comicios. Si el proyecto se convierte en ley, dejarán de aplicarse esas restricciones y podrán desarrollarse actividades comerciales, culturales y sociales que actualmente están alcanzadas por las prohibiciones.

Advertisement

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicó los motivos de la propuesta y sostuvo que esas limitaciones responden a una dinámica social que perdió vigencia. “Lo que proponemos es derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales”, señaló.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La senadora consideró que las prohibiciones ya no se corresponden con las prácticas actuales. “Nos parece importante que la vida comercial siga, es una pérdida de un día de los comercios, los espectáculos que ya no tiene sentido”, afirmó al explicar el alcance de los cambios.

El artículo 16 del dictamen establece puntualmente: “Deróganse los artículos 64 sexies, 64 septies, 64 octies, 64 nonies, 64 decies, 64 undecies, 64 duodecies y los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945”. La modificación alcanza, por lo tanto, las restricciones vinculadas con los espectáculos, las reuniones públicas y la venta de bebidas alcohólicas.

Advertisement

Sin embargo, el texto no elimina el inciso a) del mismo artículo, que establece la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo durante las 48 horas previas a la elección y hasta el cierre de los comicios. Esa diferencia es relevante frente a otro de los planteos que Bullrich formuló al presentar los cambios.

En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo que también busca avanzar con el fin de la veda electoral en materia de campaña. “Para mí es importante porque se me ocurrió introducirlo en el dictamen, que hace tiempo que lo vengo pensando, que es el fin de la veda electoral”, expresó.

Bullrich cuestionó la aplicación de esa restricción y planteó que existe una contradicción entre la prohibición formal de hacer campaña y la actividad que continúa en las plataformas digitales. “En los días de veda electoral parecemos todos diciendo cosas, vamos con la paz en esta elección, hablamos como si no habláramos. Es como una hipocresía y realmente las redes siguen funcionando como si nada pasara”, sostuvo.

Advertisement

La senadora también se refirió a una reducción del 50% en la publicidad oficial, otro de los puntos que mencionó entre los temas que se discutirán en el Congreso. “Así que son todos temas importantes que se discutirán el jueves que viene, pero que ayer sacamos un dictamen”, dijo.

Los cambios para la veda electoral forman parte de la Reforma Política. Ayer el oficialismo logró dictamen de comisión en el Senado. En el mismo proyecto logró encaminar la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

veda electoral,venta de alcohol,bebidas alcohólicas,elecciones,supermercados

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El puerto de Ushuaia seguirá intervenido por la Nación por tiempo indeterminado y se tensa la relación con la provincia

Published

on



USHUAIA. La intervención nacional del puerto de Ushuaia, dispuesta en enero por doce meses, ya no tiene fecha de vencimiento. Por la Resolución 69/2026, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, el organismo la prorrogó dos meses antes de que venciera. Su vigencia queda sujeta, ahora, al “cumplimiento del Plan de Obras” aprobado en el mismo acto.

Ese plan, al que tuvo acceso LA NACIÓN, enumera quince obras. Según su propio cronograma, la última, la reparación del frente del sitio 1 del muelle comercial, terminaría en diciembre de 2028. Al momento de la firma, solo dos tenían fecha de inicio real.

Advertisement

La resolución inicial del 20 de enero fijaba un término concreto. Suspendía la habilitación del puerto e intervenía su administración “por un término de DOCE (12) meses, prorrogables por acto fundado”. La suspensión de la habilitación quedó sin efecto para no afectar la temporada de cruceros. La intervención se ejecutó en la medianoche del 21, cuando el personal nacional entró a la terminal con apoyo de la fuerza pública.

La nueva norma no reemplaza ese plazo por otro. El artículo 2 prorroga “las medidas” de enero y deja su vigencia “sujeta” al cumplimiento del plan. En los considerandos, la continuidad se extiende “hasta tanto se verifique el cumplimiento de los objetivos establecidos y la superación de las circunstancias que justificaron su adopción”.

Puerto de UshuaiaFabián Marelli_Enviado Especial

La propia resolución cita la norma que habilita la medida: el artículo 23 del decreto 769/1993. Esa norma permite intervenir un puerto cuando se le suspende la habilitación “por tiempo determinado” o se la declara caduca. En el caso de Ushuaia, la habilitación no fue declarada caduca, y la nueva resolución tampoco fija un tiempo determinado. Tampoco aclara si la suspensión de la habilitación sigue diferida.

Advertisement

Para justificar la prórroga, la ANPyN reconoce que “el plazo originalmente previsto ha resultado insuficiente”. Atribuye la demora a estudios técnicos pendientes y a licitaciones de la Administración General de Puertos (AGP) cuya finalización está prevista “para futuros ejercicios”.

Un plan de obras que llega a 2028

De las quince obras del plan, trece terminan después de enero de 2027, cuando vencía la intervención original. La última está prevista para diciembre de 2028.

Advertisement

Solo dos obras tienen inicio informado: el recambio de las defensas del muelle comercial, desde septiembre, y la reparación del pontón de catamaranes, desde noviembre. Las reparaciones de fondo que se invocaron en enero empiezan mucho después: los pilotes de los sitios 3 y 5, en abril de 2027, y el tablestacado del sitio 1, en enero de 2028. Las dos tareas que la ANPyN da por concluidas son un relevamiento de la infraestructura y un servicio de mantenimiento del respaldo eléctrico.

El cronograma tampoco es firme. El plan no informa montos y aclara que todos sus plazos quedan “sujetos a la disponibilidad presupuestaria”, al avance de las licitaciones, a la operatoria del puerto, al clima y a “otras contingencias de ejecución”. Si las obras se demoran, la intervención se extiende con ellas.

La resolución también enumera pendientes de seguridad que no figuran en el cronograma. Entre ellos, la auditoría de protección ante la Prefectura, la convalidación del PLANACON (el plan de contingencia ante derrames), los dispositivos de salvamento, las cámaras de seguridad y la potabilidad del agua.

Advertisement
El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió hoy al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

El final de la intervención queda en manos del mismo organismo que la ejecuta. La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN, como Unidad Ejecutora, elaboró el plan, conduce las obras junto con la AGP y es la encargada de evaluar “los resultados obtenidos y las decisiones pendientes”. La resolución no prevé informes periódicos a la Provincia ni un control externo de ese avance.

Mientras tanto, la recaudación sigue en manos de Nación. Según la resolución, las obras se pagan con las tarifas que cobra el puerto, y la prórroga busca “preservar adecuadamente el direccionamiento del erario público”. Según la Dirección Provincial de Puertos (DPP), desde el 22 de enero los usuarios le pagan los servicios directamente a la ANPyN. Esos ingresos representaban el 94% de su presupuesto y la DPP estimó que, sin esos ingresos, cerraría 2026 con un déficit de $10.005 millones y agregó que, usando sus ahorros para obras, solo podría cubrir gastos mínimos hasta noviembre.

Según el Tribunal de Cuentas, la DPP sigue pagando los sueldos de su personal con fondos previos a la intervención: en febrero intimó a la ANPyN a reintegrar $1057 millones de la masa salarial de enero.

Advertisement

La batalla judicial

Desde el inicio del conflicto, la provincia de Tierra del Fuego pidió a la Justicia Federal que declare inconstitucional la intervención. El 10 de febrero pasado el juez federal Federico Calvete concluyó que el caso correspondía a la Corte Suprema, adonde llegó el 18 de ese mes. Hasta hoy no hubo fallo y la resolución nacional sigue vigente.

La demanda inicial la presentó el gobernador Gustavo Melella con patrocinio letrado, sin la Fiscalía de Estado. Después, tras una investigación, la Fiscalía presentó su propia demanda con un enfoque más amplio citando y protegiendo el convenio de transferencia firmado en 1991 por la Nación y la Provincia. También se referencia la gestión del puerto desde ese año en adelante por parte de la provincia sin problemas operativos mayores. Esa demanda se presentó ante la Corte y el gobernador adhirió a la misma.

Advertisement

“Es un puerto transferido, eso se consolidó con la reforma de 1994, dando una protección aún mayor a la titularidad del puerto por parte de la provincia. Lo que se hizo es completamente arbitrario e injustificado”, afirman fuentes cercanas a la causa.

Para la Fiscalía, la intervención fue arbitraria y debió tratarse como una intervención federal, que exige decisión legislativa, porque la ANPyN no intervino un órgano propio, sino que reemplazó a una autoridad provincial. Dice que no encuentra antecedentes de una entrada nocturna con fuerza pública sobre un organismo de la administración. Su planteo apunta al convenio de 1992: el puerto fue transferido y es provincial, no una concesión, y ese acuerdo interfederal tiene protección especial. Sostiene que se busca “construir una historia falaz de la gestión portuaria para quitarle la administración”.

En el Juzgado Federal de Ushuaia queda una sola causa: la de dos sindicalistas que no pueden ingresar al puerto (expediente FCR 9499/2026, amparo sindical). Hay además un frente penal: la Fiscalía de Estado denunció a Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la ANPyN, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización de tareas oficiales, luego de que inspectores ambientales provinciales no pudieran ingresar al puerto para una auditoría.

Advertisement

Lo que la resolución no menciona

El texto no se refiere a los trabajadores provinciales desplazados ni a los expedientes judiciales. Los gremios portuarios sostienen que 140 trabajadores no pueden volver a sus puestos desde el 21 de enero. Con un plazo abierto, tampoco hay una fecha en la que esa situación deba revisarse. Mientras tanto, los trabajadores sostienen reclamos y cortes de calle esporádicos frente al muelle de la ciudad.

Del lado provincial, el gobernador Melella sostiene que el problema nunca fue la gestión sino el avasallamiento de facultades. Además, Melella reaccionó en la red X: dijo que la ANPyN prorroga la intervención para seguir haciendo caja con lo que genera el puerto y que el gobierno nacional pretende quedarse con los recursos de los fueguinos

Advertisement



Sol Agusti,Conforme a

Continue Reading

Tendencias