El juez federal Ariel Lijo citó a declarar en indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.

Lijo ordenó estas indagatorias a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que había presentado un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnudó una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.

Sigman fue citado para el 19 de mayo próximo; Cahn, para el 26 de mayo, y Vizziotti, para el 2 de junio. Junto a ellos fueron citadas otras doce personas.

En su dictamen, de 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.

La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.

Según el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.

De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.

Sin embargo, el Gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.

Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.

“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.

Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”

“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.

Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.

De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.

El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.

Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.

El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.

La fiscalía dio por probado, por ejemplo, que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.