POLITICA
Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.
Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.
El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.
En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.
De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.
Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.
Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.
Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.
La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.
Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.
La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.
El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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POLITICA
La indefinición sobre Adorni agrava la parálisis de La Libertad Avanza y erosiona su agenda en el Congreso

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.
En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.
La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.
“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.
“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.
La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.
“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.
“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.
“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.
En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.
POLITICA
Elecciones internas en el PJ Salta: se presentaron 24 listas y ninguna estaría vinculada al kirchnerismo

Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.
Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.
Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.
De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.

Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.
Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.
El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.
A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.

En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.
Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.
En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.
A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.
En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.
POLITICA
Magario frena el avance libertario en el Senado, pero asoma una puja en el PJ por el Consejo de la Magistratura

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, convocó a sesionar en la Cámara alta provincial en lo que será la primera sesión ordinaria del 2026. La dilación en las reuniones se da como producto de la compleja convivencia dentro del peronismo que aún persiste por las designaciones en las vicepresidencias del cuerpo, la integración de las comisiones y ahora los futuros representantes del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense. Pese a ello, con la jornada del próximo miércoles, la presidencia de Cámara logró posponer el pedido de sesión especial que pergeña realizar La Libertad Avanza en acuerdo con otros bloques, tal como sucedió -y se llevó adelante- semanas atrás en la Cámara de Diputados bonaerense, cuando la oposición buscó sesionar para votar proyectos referidos al funcionamiento de IOMA.
El bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta provincial tiene quórum propio. Sin embargo, las diferencias entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, también se trasladan a la dinámica legislativa, al punto que el presidente de la bancada, Sergio Berni, exterioriza sus diferencias con Magario en cada oportunidad que considera pertinente. “Estamos ante una situación inédita, hace sesis meses que no sesionamos”, decía la semana pasada ante periodistas en un desayuno al que convocó por el Día del Periodista. La línea argumentativa fue ratificada esta semana por el senador libertario Diego Valenzuela. El intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, asumió la presidencia de la comisión de Asuntos Municipales el miércoles último. Su designación como presidente fue cuestionada por la senadora cristinista, María Inés Laurini, al considerar que Valenzuela había sido puesto al frente de esa comisión mientras estaba en licencia como senador -ya que el dirigente libertario también se había pedido reserva de cargo en la Cámara alta para asumir un rol dentro del gobierno nacional, en Migraciones, aunque finalmente nunca fue designado y entonces regresó al Senado-. También sugirió que la comisión debía ser presidida por alguien del peronismo, pues el PJ gobierna la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires. En la reunión de comisión, Valenzuela, planteó que debía ser hacer el reclamo ante las autoridades de la Cámara.

Luego del encuentro, enfatizó que “si bien hoy pusimos en marcha la comisión y hay algunas que ya arrancaron, estamos muy demorados. Estamos peor que en la pandemia. Así que estamos considerando desde el lugar nuestro, que somos 10 senadores de La Libertad Avanza, quizá en diálogo con otros bloques que tienen afinidades con lo que hay que hacer con la Provincia, poder avanzar con algún pedido de sesión especial o, bueno, mover la rueda”. Ese día, la vicepresidenta de la Cámara convocó a sesionar para el miércoles próximo. También regresará la apertura de los palcos de prensa en el recinto.
Sin embargo, hay un tema que ronda en el marco de acuerdos no resueltos en la Cámara alta. Son los representantes del Poder Legislativo para el Consejo de la Magistratura provincial. El Senado debe designar siete representantes, de los cuales cuatro serían para el bloque de Fuerza Patria. Hay un problema: en la bancada solo cuentan con tres abogados, condición excluyente para ser parte del órgano que define las ternas para cargos judiciales a cubrir en la Provincia. Los tres abogados son los senadores Sergio Berni —presidente del bloque y referente del cristinismo—, Fernando Coronel —del MDF— y Marcelo Feliú —que se mueve de manera autónoma—. A finales del año pasado, a sabiendas de esta situación, la Legislatura modificó la ley que ordena el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí dispuso que la representación fuera por órgano, más allá de si se tratase de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores.
Entonces, lo que se pergeñó semanas atrás para cubrir la cuarta vacante del Senado es que la Cámara de Diputados vote la designación del diputado Mariano Cascallares (cercano a la estructura política de Kicillof). El tema se puso en consideración en la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión en Diputados y estaba avanzado que así sería; sin embargo, en medio de la sesión se decidió posponer esa votación, producto de la presión que se ejerció desde el Senado para retener su representatividad. Desde Diputados, las miradas apuntaron al Poder Ejecutivo por haber frenado el preacuerdo alcanzado, en particular a la Secretaría General de Gobierno, Agustina Vila, quien se ocupa de las negociaciones con la Legislatura en nombre del Ejecutivo.

“No creo que los lugares para el Consejo de la Magistratura se vayan a resolver en la sesión de este miércoles. No queda claro cómo es el procedimiento en estos casos. El Senado debería designar a sus representantes y, si falta uno, comunicarlo a Diputados para que cubra la vacante”, planteó un senador de la oposición ante la consulta de este medio.
Diputados sesionó la semana pasada, pero la designación de Cascallares quedó frenada por el momento. Aparece otro tema: “La verdad es que no se sabe cuándo vamos a volver a sesionar en Diputados, cuando tengamos sesión insistiremos de nuevo para votar al representante de la Magistratura, salvo que el gobernador tenga otra idea”, remarcó un diputado del peronismo. El mismo legislador, cercano a Cristina Kirchner, consideró: “Es un problema del MDF, de hecho nosotros que somos La Cámpora íbamos a votar a un diputado del gobernador, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo”. Por lo pronto, el miércoles hay sesión en el Senado bonaerense. Fue convocada a las 13 horas y se pautó como hora de finalización las 23:59, con lo cual nadie descarta que -de mínima- se solicite una prórroga sin hora al momento de dar inicio al encuentro legislativo.
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