POLITICA
Los empleados bancarios recibirán otro aumento en marzo: la cifra récord que alcanzará el sueldo inicial

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.
Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.
El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.
En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.
De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.
Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.
Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.
Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.
La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.
Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.
La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.
El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
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POLITICA
ARCA amplió su denuncia contra la AFA: habla de facturas truchas, una evasión de casi $300 millones, y acusa a Tapia y Toviggino de asociación ilícita

Como es la nueva maniobra de facturas truchas que denuncia ARCA
Otro informe repleto de irregularidades y sospechas contra AFA
POLITICA
Los audios y los chats por el SIRA entre los involucrados en la causa: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12%”

El peritaje sobre uno de los teléfonos secuestrados a Martín Migueles, ex socio y amigo de Elías Piccirillo, reveló un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Migueles actuaba junto a otras personas, según surge de la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo.
En las conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono de Migueles hay chats con una persona agendada como “Ariel Viken”, que en realidad se trata de Ariel Germán Saponara, un abogado que cumplía funciones en el Gobierno de la Ciudad. Según registros comerciales, ingresó en 2013 con un cargo en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
El 2 de marzo de 2023, en plena vigencia del cepo cambiario, Saponora le escribe: “Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas”.
Migueles le contesta: “Creo que tengo uno al 12″. La conversación avanza y Saponora agrega más datos: “Las SIRA son de 100 mil y del 150 mil. Tiene como 4. Esta gente está con máquinas. Y tengo varios !!! Se pueden sumar unos mangos ahi si las sacan bastante rapido en lo posible”.
El ex socio de Piccirillo luego manda un audio: “Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien”.
En unos de los intercambios de 2023, Saponora asegura que está en el “ministerio”, sin dar precisiones. Llamativamente, en su sitio de Linkedin vigente figura como personal de Presidencia de la Nación.
“¿Qué haces Martín? ¿cómo andas? Sisi, quédate tranquilo. Pasa que estoy laburando acá en el Ministerio. Ya lo llamé y arreglamos. Ellos lo tienen que chequear con el despachante. No es que voy a salir corriendo. Que se queden tranquilos. Es Neme, boludo, Neme Sociedad Anónima. Son un monstruo, no se van a escapar, es un día más. Si no, prefiero no hacer nada. Si va a ser un rompedero de huevos tan grande prefiero no hacer nada y chau”, se escucha en un audio enviado el 14 de marzo.
La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y en la que se detectaron irregularidades con el (SIRA). Antes de tomar esa decisión, Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero.
Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Migueles.
“A lo largo del intercambio ambos interlocutores delinean con mayor precisión el esquema económico de la operatoria. Migueles explica que la aprobación de la SIRA podía obtenerse en un plazo aproximado de una semana o diez días como máximo, y propone estructurar la operación de modo tal que a la empresa importadora se le cobrará un 13% calculado sobre el valor del dólar informal (“al blue”), quedando para ellos un margen aproximado del 2% a dividir entre ambos, luego de afrontar el pago de las sumas necesarias para obtener la aprobación», dice el expediente que estaba bajo secreto de sumario hasta hoy.

En una conversación del 3 de marzo, Saponara le manda a Migueles los datos de la empresa interesada en realizar la operación, Nemes S H De Fuentes N y Mazza (CUIT 30-68529714-7), y le indica que el monto de la importación involucrada ascendía a US$54.600. Más adelante agrega que ya había hecho gestiones similares para esa empresa, e incluso refiere que también había intervenido en operaciones de este tipo junto con un amigo suyo, propietario de la firma TEFASA.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
La Justicia rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares tras una demanda de La Pampa y organizaciones ambientalistas

La Justicia federal rechazó este viernes el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. También acompañaban la iniciativa la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas.
La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, que pese a rechazar la cautelar, sí habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional.
Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”. Además, argumentaron que la reforma vulnera el “federalismo ambiental” previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.
En su presentación, pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva. También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas.
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Entre los puntos cuestionados, señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas.
Según la demanda, eso implicaría “un retroceso normativo” respecto del régimen anterior, ya que “el estándar uniforme de tutela cede ante un esquema en el cual la determinación efectiva de qué se protege y bajo qué condiciones depende, en aspectos sustanciales, de decisiones jurisdiccionales locales”.
También advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas, como la minería, en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.

Sin embargo, el magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso.
Baric sostuvo que los actores no demostraron “con el grado de probabilidad suficiente” la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada “en abstracto”. “El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, afirmó el juez en el fallo.
En otro tramo de la resolución, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”.
Además, señaló que los demandantes “no plantean ninguna actividad concreta de daño actual” ni identificaron proyectos específicos o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislación.
Para el magistrado, tampoco quedó acreditado el “peligro en la demora” ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo.
Pese al rechazo de la cautelar, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional, que deberá responder en un plazo de cinco días.
La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existían otros expedientes similares en trámite.
ley de glaciares, La Pampa, Justicia
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