POLITICA
Momento clave para Adorni: cómo pasa los días antes de presentar su declaración jurada y qué espera el Gobierno

Quienes hablan con Javier Milei todos los días repiten prácticamente lo mismo. “No razona como un político tradicional, a esta altura cualquiera le hubiera pedido la renuncia al jefe de Gabinete. Pero lo va a sostener sin ningún tipo de dudas”, afirman en Casa Rosada, descartando las versiones de que Manuel Adorni podría irse mientras se dispute el Mundial 2026.
En el Gobierno esperan que en un lapso menor a una semana se presente la tan ansiada declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Ese será el primer elemento para conocer cómo se produjo el incremento patrimonial reciente del funcionario, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en Comodoro Py.
El Presidente ya hizo su análisis del caso y enfatizó que cree en la inocencia de su ministro coordinador. Ya han pasado más de dos meses desde la controversia que comenzó en los albores del Argentina Week, cuando el caso solamente se limitaba a la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial. Los que rodean al Presidente creen que ya se pagó el costo mayor de ese hecho. Además consideran que ahora se arribó a una relativa tranquilidad porque el tema cansó en la agenda pública debido a que no surgieron mayores novedades.

“Gracias Rufus”, era una de las frases que se escuchaba la semana pasada entre quienes festejaban que la masividad del caso Adorni había bajado. La referencia es a la cuenta @RufusPeriodista, disparadora del nuevo episodio de la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem, que hace unos días fue la comidilla de todos los programas políticos.
“Estas dos semanas tuvimos una tranquilidad como no sucedió desde marzo”, confirman quienes hablan con el jefe de Gabinete. Esto podría ser momentáneo, admiten. El asunto es que la presentación de la declaración jurada configurará un hecho que será noticia en la previa, durante el mismo día e incluso en las jornadas sucesivas. “Creo que estamos viviendo una tensa calma, muchos están tomando impulso para volver a arrancar. Si me preguntás a mí, yo no soy optimista de que eso se mantenga. Van a querer hacer de esto una carnicería mediática”, vaticina un colaborador oficial del Gobierno en diálogo con Infobae.
Una persona que estuvo con Adorni en la reunión de mesa política de ayer lo vio con ánimos, pero confiesa que hay días en los que el desgaste de estos meses “se le nota”.
“No entiendo por qué se habla sobre mis estados de ánimo. No niego que al principio haya podido pegar, pero estoy bien. Es una pelotudez que se hable de esos temas”, le ha dicho el ministro coordinador a un interlocutor recientemente. Los fines de semana busca relajarse con su nueva afición al tenis, mientras espera los próximos pasos de su estrategia.

Adorni podría haber presentado su declaración jurada hace tiempo, pero su equipo judicial marcó que los tiempos debían ser otros. “Depende de la marcha de la Justicia, no es tan lineal”, explicaba sobre la demora una fuente inobjetable para un artículo publicado por Infobae una semana atrás. Horas después de haber salido la nota, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentaba su declaración jurada como una forma de presión implícita. “No le vamos a dar el gusto de presentarlo cuando ella quiere”, marcaban en el Gobierno durante esas horas.
Ante la inminencia de que Adorni haga públicos sus números patrimoniales, en los últimos días surgieron versiones periodísticas de que el juez que lleva la causa, Ariel Lijo, podría llamarlo a indagatoria.
Esto no es lo que creen en las entrañas del oficialismo: la lectura libertaria es que habrá un revival mediático del caso a partir de la declaración jurada, pero estiman que a nivel judicial no se producirá ningún llamado en el corto plazo; y mucho menos antes del Mundial.
“Realmente no creo que eso ocurra. Me parece que no tiene ningún sustento jurídico pensar que lo van a citar por estas semanas”, afirma una fuente libertaria con amplio conocimiento del desarrollo de la investigación. Lo mismo opinaban dos funcionarios que dialogaron con este medio previamente. Esto, claro está, no implica que eso se vaya a sostener en la realidad.
En lo que refiere a la causa por presunto enriquecimiento ilícito, consideran que “para hacer una imputación debería tener período por período cuál habría sido el delito, los montos, entre otras cosas; tiene que existir algún peritaje contable previo”. “Creo que lo que estuvimos viendo en los medios por estos días tiene más que ver con el periodismo metiendo presión para que ocurra más que los propios actores del proceso alentando eso. Es el fiscal quien tiene delegada la investigación, con lo cual él trabaja independiente del juez para pedir o no la indagatoria”, fundamentan.
La declaración patrimonial será revisada por peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF), quienes cotejarán los datos presentados con la evidencia reunida en la causa judicial. En la fiscalía de Gerardo Pollicita -quien lleva la investigación de la causa- es que la prioridad de Adorni es que los números cierren desde el punto de vista legal, independientemente de la percepción pública sobre el volumen y destino de sus gastos.
Entre las especulaciones está que Lijo pueda llamarlo a indagatoria en la causa por el vuelo a Punta del Este, en la cual se lo acusa de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El juez espera una última medida de prueba: el entrecruzamiento de llamados entre Adorni, Marcelo Grandio y un directivo de la empresa vinculada a la productora que obtuvo contratos con la TV Pública. En la causa por enriquecimiento ilícito, la Justicia inició la semana pasada la extracción del contenido del teléfono de Matías Tabar, el contratista que fue elegido por Adorni para demoler y reconstruir la casa del country Indio Cua. Según publicó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, los peritos informáticos habrían sido capaces de recuperar el contenido de los audios temporales enviados por el funcionario.
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POLITICA
Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reclamó una reforma política con el mayor consenso posible para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se pronunció a favor del diálogo con el Gobierno nacional sin resignar su identidad peronista y dejó un mensaje hacia la interna del PJ.
Jalil es uno de los gobernadores peronistas con mayor fluidez de trato con el presidente Javier Milei. En el programa dejó en claro que ese vínculo no implica adhesión total. “No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar”, dijo, y mencionó a Gustavo Sáenz y a Osvaldo Jaldo como parte del grupo de mandatarios con los que articula posiciones frente al Ejecutivo nacional. El gobernador también citó a Alberto Weretilneck entre los que acompañan “algunos procesos”, siempre con la premisa de defender los intereses de sus provincias. “La gente quiere que uno defienda su provincia, pero también dialogar con el Gobierno nacional”, resumió
Esa postura tiene un correlato concreto en el Congreso. Los legisladores nacionales que responden a Jalil votaron a favor del RIGI y del presupuesto 2026, entre otras iniciativas del oficialismo. El gobernador lo enmarcó en una lectura electoral que, según él, ya no distingue entre partidos: “La gente valora la gestión, valora el diálogo, el consenso; a la hora de decidir, corta el voto”. Recordó que en las últimas elecciones provinciales ganó en distritos donde Milei también se impuso, con boleta única, lo que implica que una parte del electorado los eligió a ambos en la misma papeleta. “La gente hoy es mucho más inteligente de lo que nosotros pensábamos”, afirmó durante una entrevista con Lorena Maciel en el programa Futuro Imperfecto de Radio Con Vos.
Sobre los aspectos que rescata del Gobierno nacional, apuntó al equilibrio fiscal y al control de la inflación. “El contrato social es la inflación; la inflación es el impuesto a la pobreza, al que más afecta a la pobreza”, afirmó, y señaló que Catamarca ya venía cumpliendo ese objetivo hace años: la deuda provincial representa hoy el 3% del presupuesto, contra el 30% que heredó su antecesora, Lucía Corpacci. Habló desde su perspectiva de economista y también respaldó la idea de reformar el Banco Central para que custodie el valor de la moneda. “Creo que nos debemos una reforma del Banco Central a donde, como es en Estados Unidos y en otros países, esté cuidando la moneda; creo que nos faltó el cuidado de la moneda, que es el contrato social que tiene la sociedad con el Gobierno nacional”, planteó.

De todas formas, Jalil reconoció que la baja de la inflación tiene costos. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, señaló ante la pregunta de Maciel sobre los recortes en educación, salud y obra pública. Y agregó que la mejora en la relación con los gobernadores es perceptible: “En lo que es la gestión y la relación con los gobernadores, creo que estamos mejor que hace seis meses. Creo que sí, también escuchan un poco más”.
La reforma política y las PASO
Jalil ratificó su posición a favor de eliminar las PASO, aunque con una condición que reiteró en más de una oportunidad: que el cambio cuente con el respaldo más amplio posible. “Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos”, sostuvo, y planteó que esa discusión debería incluir a Axel Kicillof, a Diego Santilli y al propio presidente.
El gobernador argumentó que el sistema de primarias abiertas no fortaleció a los partidos políticos y que las candidaturas deberían volver a resolverse en el interior de cada fuerza, a través de internas o acuerdos entre frentes. Señaló que hoy solo cuatro provincias —Catamarca, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— mantienen ese mecanismo, mientras el resto ya reformó su legislación electoral. “Cuando fue medio una moda las PASO, hoy solamente cuatro provincias lo tienen”, graficó.
Para Jalil, la reforma electoral es también una señal hacia el exterior. “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”, advirtió. Fijó marzo o abril de 2027 como el momento adecuado para que los gobernadores y el Gobierno nacional cierren un acuerdo sobre el nuevo esquema, y pidió que ese consenso “dure varios años, más allá de la coyuntura”. Fue preciso sobre su posición personal: “Yo pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, aunque aclaró que esa es “una opinión personal” y que lo que importa es el acuerdo colectivo.
“Yo personalmente creo que tenemos que ir a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos y que se resuelva a través de una interna, consenso o a través de los frentes políticos que se tienen que dar. Pero eso es una opinión personal. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que Axel, Santilli, el presidente, todos los gobernadores logremos un consenso en una reforma política”, aseveró.
El peronismo y su momento
Al ser consultado sobre el estado del peronismo, Jalil evitó los diagnósticos tajantes. Reafirmó su pertenencia al justicialismo desde 1983, pero reconoció que los partidos políticos atraviesan una transformación que excede a la Argentina. Citó al senador ítalo-argentino Mario Borghese para ilustrar que las etiquetas partidarias pesan cada vez menos: “La gente vota lo que interpreta de izquierda, lo que interpreta de derecha, más allá de los partidos políticos”.
En ese marco, descartó de plano afiliarse a La Libertad Avanza. “Yo estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, respondió cuando la conductora le planteó la pregunta en forma directa. Pero tampoco ofreció una lectura sobre si el kirchnerismo cumplió su ciclo. “En política no se puede decir cumplió una etapa o no cumplió una etapa; la política es muy dinámica ante el escenario”, esquivó.
Sobre las intervenciones partidarias en provincias, fue más preciso. Señaló que las que se aplicaron en Salta, Misiones y Jujuy terminaron con derrotas electorales y reclamó apertura interna. “No crean que el partido es de uno; el partido es de todos”, afirmó. También advirtió que la discusión política en Buenos Aires tiene sus propios tiempos: “Buenos Aires tiene que resolver sus problemas de interna y después conversará con los gobernadores”.
POLITICA
Reforma electoral: crece el optimismo en el Gobierno y Santilli retoma la ronda de reuniones con gobernadores.

El Gobierno aumenta su optimismo por los votos de la reforma electoral y prepara una nueva ronda de Diego Santilli con gobernadores para acelerar acuerdos políticos y tratativas de cara a 2027. El jefe de Gabinete recibirá el lunes en la Casa Rosada al puntano Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza cerró un entendimiento en 2025 y que ahora busca replicar para la próxima elección presidencial.
El Ejecutivo toma el caso de San Luis como un antecedente de negociación posible: Poggi cedió el plano nacional y conservó el armado local. En Nación creen que ese formato puede servir como referencia para otros distritos donde el oficialismo necesita votos para eliminar o suspender las PASO, pero no quiere resignar el control de la boleta presidencial de Javier Milei.
La Casa Rosada sostiene que Santilli también activará reuniones con otros gobernadores a los que todavía no recibió desde que asumió como jefe de Gabinete, más allá de la foto compartida en Tucumán durante los actos del 9 de Julio. El objetivo es ordenar acuerdos por reformas, votos legislativos y eventuales entendimientos electorales antes de que la agenda quede absorbida por el Presupuesto 2027.
En Balcarce 50 buscan mostrar una señal de avance pese a los cuestionamientos de aliados y opositores al esquema de colectoras o adhesiones. En varios despachos oficiales creen que la reforma electoral “sale sí o sí” y ya trabajan sobre los preparativos de campaña para después de esa votación. La prioridad es llegar a agosto con acuerdos encaminados y fijar como deadline la primera mitad de septiembre para votar en Diputados.
En la mesa política del oficialismo quieren evitar que la discusión electoral choque con el tratamiento del Presupuesto 2027, que será enviado antes del 15 de septiembre.
Ese proyecto incluirá cambios sobre las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, además de la reforma presupuestaria inspirada en el shutdown estadounidense y modificaciones a la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno también mira el Senado. En Nación aseguran que tienen los votos para impulsar el paquete de propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que se votará el jueves. En ese marco, no descartan que la mesa política se traslade al Congreso para seguir de cerca la negociación legislativa y ordenar a los bloques aliados.
El Ejecutivo diseña en paralelo la hoja de ruta de la campaña, con visitas a provincias, ejes discursivos y una narrativa apoyada en reformas. El oficialismo quiere hacer campaña con las leyes ya sancionadas -como la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la Ley Bases y los cambios sobre Glaciares- y con las iniciativas que todavía enviará al Congreso.
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La Casa Rosada incluirá en ese segundo grupo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo Código Penal, el paquete de desregulación y la reforma de seguridad. La intención es presentar esa agenda como una continuidad de gestión y no como promesas aisladas de campaña.
En el Ejecutivo buscan combinar ese mensaje con resultados macroeconómicos. En la mesa chica quieren que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización financiera sean el centro de la oferta electoral, junto con indicadores de inseguridad que permitan contrastar la gestión nacional con la oposición.
El entorno del jefe de Estado planea volver a polarizar con “el modelo” del kirchnerismo y ubicar a Axel Kicillof como figura de choque.
En el oficialismo creen que el gobernador bonaerense puede funcionar como el principal contraste político para ordenar la campaña en la provincia de Buenos Aires y nacionalizar la discusión contra el peronismo.
En el Gobierno reconocen que Milei se moderará mientras sigan las negociaciones por la reforma electoral. En su entorno explican que el tono más dialoguista forma parte de un proceso para mostrar apertura con gobernadores y sectores moderados, pero aclaran que “no tiene nada que ver con el cierre de listas”.
El Ejecutivo insiste en que La Libertad Avanza planea competir con candidatos propios en varias provincias y que los acuerdos se definirán “distrito por distrito”. La idea es distinguir entre gobernabilidad y armado electoral: se puede negociar apoyo legislativo con mandatarios provinciales sin entregarles automáticamente el control de las candidaturas locales.
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La Casa Rosada sabe que el frente más sensible sigue siendo el Senado, donde distintos bloques aliados resisten la eliminación de las PASO y miran con reparos las colectoras. Aun así, en Nación creen que el incentivo electoral, los acuerdos provinciales y la necesidad de ordenar el calendario antes del Presupuesto pueden terminar inclinando la negociación.
En Balcarec 50 también buscarán apoyarse en los antecedentes de 2025 para ordenar los nuevos acuerdos territoriales. La lectura oficial es que los entendimientos más viables serán aquellos en los que los gobernadores conserven margen local y el mileísmo preserve el armado nacional, sin repetir un esquema único para todas las provincias.
Milei quiere llegar a septiembre con una secuencia política cerrada: reforma electoral encaminada, acuerdos con gobernadores, paquete legislativo en marcha y campaña en preparación. El cálculo oficial es que, si Santilli logra convertir la foto de Tucumán en votos concretos, Milei podrá entrar en la etapa electoral con reglas más favorables y una agenda centrada en reformas, economía y seguridad.
Gobierno, reforma electoral, Diego Santilli, Elecciones
POLITICA
Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

El gobierno de la provincia de Santa Cruz mantiene desde hace más de un mes negociaciones con representantes de la Policía provincial, quienes sostienen protestas y acampes en reclamo de mejoras salariales. El conflicto continúa sin resolución.
Este viernes se realizó la octava reunión ordinaria del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad, donde las propuestas oficiales no fueron aceptadas. Participaron del encuentro representantes del Gobierno provincial, del Servicio Penitenciario y personal policial.
Según medios locales, se presentaron dos alternativas. La primera contempla los siguientes valores punto: julio $2.310,20; agosto $2.337,92; septiembre $2.365,98; octubre $2.394,37; noviembre $2.423,18 y diciembre $2.452,18, con revisión en octubre.
El valor punto es la cifra utilizada para calcular el sueldo del personal de la Policía de Santa Cruz. Multiplicando ese valor por los puntos asignados a cada cargo se determina el salario de cada efectivo.

La segunda alternativa propone llevar el valor punto en junio a $2.116,78 y luego: julio $2.142,19; agosto $2.167,89; septiembre $2.193,91; octubre $2.220,23; noviembre $2.246,88 y diciembre $2.273,84, con revisión en octubre.
En la primera alternativa, un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, que hoy percibe $1.182.351 en los haberes de junio, pasaría a recibir aproximadamente $1.713.034 según la propuesta. Un cabo con base 4 en antigüedad, que hoy recibe $1.318.664, pasaría a percibir aproximadamente $1.773.810.
La segunda alternativa establece que un agente o subayudante con base 0 de antigüedad, actualmente con un haber de $1.182.351, pasaría a cobrar aproximadamente $1.608.049. Un cabo con base 4, que percibe $1.318.664, pasaría a recibir aproximadamente $1.703.170.
Sin embargo, las propuestas presentadas no lograron satisfacer las demandas del sector policial. Según informó el diario La Opinión Austral, la expectativa de los representantes es que un agente inicie su salario en $2.200.000 y que el valor punto, actualmente fijado en $2.084, alcance una cifra cercana a los $4.000.
Al concluir la reunión, el personal policial decidió intensificar las protestas. Instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno, ocuparon parte del jardín del palacio gubernamental y realizaron un corte de calle en la zona donde se ubica la Jefatura de Policía. Medios locales reportaron que también se montaron carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en el sector donde habitualmente pernocta Claudio Vidal durante su estadía en Río Gallegos.

El comunicado de la Provincia
Tras la fallida reunión del Consejo del Salario, el Gobierno provincial emitió un comunicado en el que denunció “hechos de violencia” y daños en las instalaciones de la Escuela de Policía, situaciones que, según indicó, precipitaron el cierre del encuentro.
En el documento, el Ejecutivo detalló que las propuestas salariales presentadas eran superiores a las ofrecidas en la reunión anterior y sostuvo que permitirían que un agente recién iniciado en la carrera percibiera un haber de bolsillo por encima de la Canasta Básica Total.
“Sin embargo, una vez más, prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa, sin que pudiera alcanzarse un acuerdo”, detallaron en el texto.
Asimismo, el Gobierno Provincial repudió los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Escuela de Policía. Según señalaron, se produjeron agresiones y roturas de vidrios del edificio, y adjuntaron las imágenes que ilustran esta nota.

“Pese al nuevo rechazo, el Poder Ejecutivo dejó expresamente asentada su voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo para seguir trabajando en una solución que contemple las posibilidades financieras de la Provincia y reconozca el esfuerzo cotidiano del personal policial y penitenciario”, expresaron.
Finalmente, reafirmaron que continuarán realizando “todos los esfuerzos responsables” para mejorar las condiciones salariales del sector y remarcaron: “Resulta indispensable que las negociaciones se desarrollen con responsabilidad, buena fe y dentro del marco del respeto institucional, dejando de lado posiciones inflexibles que impiden avanzar hacia acuerdos en beneficio de todos“, cerraron.
Santa Cruz,Policia
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