POLITICA
Paro docente: el Gobierno dijo que los gremios deben garantizar el 75% de actividad por la reforma laboral
El próximo lunes 3 de agosto, las escuelas de todo el país enfrentarán un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un nuevo conflicto entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional. La protesta fue definida por el congreso de CTERA como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, estancando el sueldo mínimo en 500 mil pesos durante el último año y profundizando un escenario de tensión que se había atenuado durante la tregua impuesta por el Mundial de Fútbol.
En paralelo, los gremios educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT) iniciarán ese mismo lunes un plan de lucha que no incluirá huelgas, sino medidas como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa para los alumnos, y una movilización final ante el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación. Las acciones de la CGT serán detalladas oficialmente en una conferencia de prensa el lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802.
El Gobierno exige el cumplimiento del 75% de la actividad escolar
Ante la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recordó que se encuentra plenamente vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial. Según el artículo 101 de la norma, durante medidas de acción directa como huelgas, los gremios tienen la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.
En un comunicado oficial, la cartera encabezada por Capital Humano subrayó que la normativa asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y los porcentajes de operatividad, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando “el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles”. El texto advierte que el incumplimiento de esta obligación por parte de las entidades sindicales será sancionado “por los medios legales aplicables”.
La Ley 27.802, que forma parte de la reforma laboral aprobada por el Congreso, fue mencionada como argumento central por el Gobierno para exigir que los sindicatos garanticen la continuidad del servicio educativo, aun durante las medidas de fuerza. Esta exigencia se fundamenta en el objetivo de proteger la educación como un derecho esencial para los estudiantes.
Reclamos de los sindicatos docentes y contexto del conflicto
La decisión de CTERA de realizar un paro nacional de 24 horas surge de la denuncia de un “ajuste en la educación que impulsa el gobierno nacional”, según comunicó el sindicato. Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la paritaria, un aumento salarial, la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, la entidad rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno, y exige mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
El conflicto sindical docente no es reciente, pero se intensificó tras la negativa oficial a reabrir la discusión salarial que, según CTERA, es el “ámbito previsto por la legislación vigente para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”. La organización también denuncia el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y el incumplimiento en la restitución de fondos nacionales destinados a la educación, como el FONID.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (Unión Docentes Argentinos, UDA), optó por un plan de lucha sin paros, evaluando que el actual marco legal representa un riesgo para los docentes que adhieran a una huelga total. Entre las acciones previstas se encuentran “semaforazos” en esquinas, volanteadas en distintos puntos del país y una movilización de cierre. Las razones de la protesta serán expuestas el lunes por Romero en conferencia de prensa.
Debate judicial sobre la esencialidad del servicio educativo
Aunque la disposición que obliga a mantener el 75% de las actividades mínimas fue objetada judicialmente por los sindicatos, una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74 suspendió temporalmente la declaración de esencialidad de la educación mientras se tramita la demanda sindical. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, el límite a la extensión del derecho de huelga se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En este contexto, los sindicatos agrupados en la CGT evaluaron que desobedecer la norma podría exponer a los docentes a “duras sanciones” por parte de las autoridades. La vigencia de la Ley 27.802 fue uno de los motivos por los que la CGT optó por protestas alternativas al paro.
Perspectivas y acciones previstas para agosto
Durante agosto, el plan de lucha de los sindicatos docentes incluirá una serie de medidas que buscan visibilizar el reclamo salarial y la defensa de la educación pública. Además del paro nacional de CTERA del lunes 3 de agosto, se prevén jornadas de trabajo a reglamento, clases informativas, actividades en la vía pública y una movilización central frente a las autoridades nacionales.
Entre los objetivos sindicales se destacan la recuperación del salario docente, la restitución de fondos nacionales y la defensa de derechos laborales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. El Ministerio de Capital Humano reiteró su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación vigente, promoviendo que se pueda acceder a la educación aun durante las medidas de fuerza.
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La Cámara Federal de Casación Penal definirá en los próximos días cómo se desarrollarán los juicios orales de Los Sauces y Hotesur, dos expedientes en los que están acusados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. El tribunal convocó a una audiencia para el 15 de octubre, en la que deberá analizar el pedido de la Fiscalía para que ambos procesos vuelvan a tramitar de manera conjunta.
La definición tendrá lugar apenas ocho días antes de la fecha establecida por el Tribunal Oral Federal N°5 para el comienzo del juicio por Los Sauces, previsto para el 23 de octubre. Por eso, la resolución de Casación podría modificar el esquema definido hasta ahora por el tribunal oral y también genera incertidumbre sobre el inicio del debate.
El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, había resuelto avanzar con los expedientes por separado. El juicio por Los Sauces comenzaría el 23 de octubre, mientras que el correspondiente a Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.
La discusión llegó a Casación a partir de un planteo del fiscal federal Diego Velasco, quien se opuso a la decisión de dividir los debates y pidió que ambas causas sean juzgadas en conjunto.
POLITICA
Del cambio de intendente a la “crisis de seguridad”: la otra Mar del Plata que rodea al Coloquio de IDEA
MAR DEL PLATA.– Mientras dentro del Sheraton los empresarios discutieron durante tres días reformas, competitividad y cómo debería ser la Argentina dentro de veinte años, afuera hubo una preocupación bastante más inmediata. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, advirtió Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA, que terminó este viernes. La inseguridad ya no es solamente una conversación entre vecinos: empezó a modificar negocios y a mover la política.
El jueves por la noche, el Coloquio se había corrido unos kilómetros hacia el puerto. Lo de Fran, sobre la avenida de los Trabajadores, estaba lleno. En las mesas había un CEO de una minera y ejecutivos de distintas compañías que habían llegado a Mar del Plata por IDEA. Afuera, la escena era otra: poca luz y trapitos entre los autos estacionados. La inseguridad también había empezado a colarse en las conversaciones.
Un empresario local contó a que tomó una decisión que hasta hace poco no contemplaba: cerrar antes su laboratorio. Nunca lo habían asaltado. Los instrumentos son específicos, casi no tienen mercado de reventa y el establecimiento maneja poco efectivo. El problema eran sus empleados y la salida de noche. “Uno va viendo el deterioro, el aumento de la inseguridad, el temor de los vecinos”, explicó. “Por la seguridad personal de la gente que trabaja decidimos cerrar más temprano”.
Cinco homicidios en un mes; tres entraderas denunciadas en menos de 72 horas en la zona sur; vecinos golpeados dentro de sus casas. En agosto, tres asesinatos en menos de 24 horas habían provocado protestas y cacerolazos. En septiembre volvió a cambiar la conducción de la Policía Departamental: fue el cuarto jefe en dos años. Según los informes oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), en el primer semestre hubo 25 homicidios dolosos, frente a 17 en igual período de 2025, un aumento cercano al 47%. En el segundo trimestre hubo además 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, 31% más que en los tres meses anteriores.
La reacción del poder económico local fue inusual. Más de 30 cámaras empresarias, sindicatos y colegios profesionales reclamaron respuestas y cuestionaron el “silencio de gran parte de la dirigencia política”. Después, empresarios y referentes de la ciudad hicieron una pregunta bastante más incómoda: “¿Quién gobierna hoy Mar del Plata?”.
El documento llevaba, entre otras, las firmas de Florencio Aldrey Iglesias, Marcos Cabrales, Claudia Álvarez Argüelles, Antonio Solimeno, Patricio Gerbi, Blas Taladrid, Luis Terry Artusa y Carlos Rottemberg. No reclamaba solamente seguridad: hablaba también de transparencia y reglas claras. Si Agustín Neme gobierna, sostenían, debía tener autoridad y autonomía; si Guillermo Montenegro conservaba influencia sobre las decisiones, eso también debía quedar claro.
Montenegro fue reelegido intendente en 2023, pero pidió licencia para asumir como senador bonaerense por la Quinta Sección. No renunció. Neme quedó al frente y buscó imprimirle una conducción propia. Lo hizo sobre unas cuentas complicadas: los últimos tres ejercicios de la administración de Montenegro terminaron con déficit. Sólo en 2025, el rojo financiero consolidado alcanzó los $16.268 millones. El primer presupuesto de Neme, por casi $522.000 millones, fue aprobado después de cuatro prórrogas.
La inseguridad terminó de enredar esa transición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó a Montenegro de haber dejado “el municipio en banda” y lanzó una frase que se parecía demasiado a la pregunta de los empresarios: “No hay gobierno en Mar del Plata”.
Bullrich introdujo durante el Coloquio otra pieza. Contó que habló del problema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y dio por hecho un “desembarco” de fuerzas federales en Mar del Plata de cara al verano. No quiso formalizar ella misma el anuncio. “No lo quiero anunciar yo porque no me corresponde”, dijo.
La definición coincidió con movimientos menos visibles. Según pudo saber , en las últimas semanas ganó fuerza la posibilidad de que Montenegro vuelva a hacerse cargo personalmente del municipio. Hay quienes consideran que su regreso podría ser inminente. La inseguridad aceleró esas conversaciones y en ellas aparece también un fuerte acompañamiento del Gobierno nacional.
El verano pone un plazo. Mar del Plata está a pocos meses de multiplicar su población, su actividad económica y su exposición nacional. Llegar a la temporada con una sucesión de hechos violentos y una discusión abierta sobre quién ejerce el poder tiene otro costo.
Y mientras todos hablan de él, Montenegro no habla. No confirma que vaya a regresar ni lo descarta. Tampoco necesita recuperar un cargo que haya abandonado: se fue al Senado con licencia y conserva la posibilidad de volver a ejercer la intendencia.
Neme intenta afirmar su autoridad. Los empresarios preguntaron quién gobierna. La Provincia dijo que no gobierna nadie. Bullrich anticipó la llegada de fuerzas federales.
Montenegro guarda silencio.
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Como parte de una “restructuración administrativa”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, y designó en su lugar al abogado Mariano Sartoris, un abogado de su confianza que ya se desempeñaba en el área laboral.
“La gente en la que más confía la ministra es la que va a ocupar los cargos”, afirmaron a Infobae fuentes oficiales tras confirmar el alejamiento de la funcionaria, aunque aclararon que la decisión de Pettovello no implica un cuestionamiento a Testa sino que responde a “un proceso de reestructuración de todo el ministerio”.
Testa fue designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área, y hasta entonces era directora general de Relaciones Laborales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, adonde había sido ascendida por el ex secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, aunque no era reconocida como un cuadro técnico del PRO.
Noticia en desarrollo
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