POLITICA
Las razones detrás de la réplica de Santilli contra Villarruel y la tesitura del Gobierno sobre la vicepresidenta
“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”. La frase la pronunció el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue un dardo directo a Victoria Villarruel. Esto luego de que la vicepresidenta asegurara que Javier Milei -su excompañero de fórmula- replica “persecuciones imaginarias” y de que se mostrara preocupada por su “estado” de salud mental.
La arremetida de Santilli generó dudas sobre si se podía estar gestando una escalada más grande en la Casa Rosada contra la titular del Senado. Sin embargo, este viernes en la sede del Ejecutivo aclararon que, si hay una tesitura respecto de Villarruel, es no darle entidad. Ella, tras los planteos del jefe de Gabinete, le exigió que sea “democrático” y que “respete el voto popular”.
“No hay intención de nada con Villarruel. No es tema. Llama la atención cuando se pone en contra, por eso lo hace. Es irrelevante”, sentenció una alta fuente del mundo libertario.
¿Entonces por qué respondió Santilli de esa forma? Esta es la primera vez que un integrante de la mesa chica del Gobierno le pide a Villarruel que renuncie en caso de no estar conforme con su rol de vicepresidenta de esta gestión. En lo práctico, la jefa del Senado está totalmente excluida de la diaria de la administración Milei.
Los que conocen a “El Colo” dicen que su respuesta no fue orquestada como parte de la línea discursiva de la Casa Rosada, sino que emanó como una contestación espontánea cuando le preguntaron por el tema en Radio Mitre.
“Nadie se lo pidió. Fue una reacción genuina. A él siempre que le tocó acompañar o ser segundo, bancó hasta el final, puso los pies en el plato”, explicó una fuente al tanto de los movimientos del jefe de Gabinete y resumió: “Vio la actitud de Villarruel, le jodió y la salió a cruzar”.
Otra voz, también de llegada a Santilli, afirmó en el mismo sentido: “No está en el ADN de Diego llegar con alguien y querer desplazarlo desde adentro. Respondió realmente lo que siente. No comparte ni le gustan estas cosas [que hace Villarruel]. Dijo lo que realmente siente, lo que le salió”.
Distintas fuentes consultadas por aseguraron que en Balcarce 50 no hubo ninguna recriminación contra Santilli por haber dicho no solo que la vice debería dar un paso al costado, sino que sus críticas a Milei fueron “un disparate”.
Las declaraciones de Villarruel que encendieron la polémica se produjeron en X, cuando salió al cruce de acusaciones que le hizo la diputada nacional Lilia Lemoine -y que fueron repostadas por Milei-, sobre un supuesto vínculo suyo con la también diputada nacional Marcela Pagano como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al Presidente. Tanto Villarruel como Pagano integraron La Libertad Avanza y ahora son fervientes críticas de esta gestión, pero nunca se exhibieron juntas.
Villarruel tildó los dichos de Lemoine de “delirio” y, en eso, le respondió a un usuario que le planteaba que Milei no era capaz de decirle “las cosas de frente” y que mencionaba a Lemoine como “paciente fugitiva del Borda”.
“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación publique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y en el exterior”, dijo Villarruel, como parte de esa conversación en X. Estos comentarios fueron los que motivaron el pedido de corrimiento que le hizo hoy Santilli.
En todas las terminales de la Casa Rosada insistieron este viernes con que el pronunciamiento del jefe de Gabinete fue “coyuntural” y no como parte de un guion que emane de Balcarce 50 para atacar a Villarruel.
Parte de esto se explica porque en las referencias políticas del Gobierno hay un entendimiento de que no es conveniente subir a Villarruel al ring para -dicen- no darle protagonismo. “Los dichos generaron mucha bronca y salió el Colo a contestarle”, resumió una fuente libertaria.
En la Casa Rosada saben que el mejor escenario de cara a la elección presidencial de 2027 es dividir el voto de centroizquierda (donde se ubica el kirchnerismo) y evitar la multiplicidad de candidaturas de centroderecha (donde se posiciona Milei), para no afectar el desempeño electoral del Presidente y, en un escenario ideal, evitar el balotaje.
En el Gobierno intuyen que Villarruel puede intentar una candidatura junto a sectores del peronismo conservador. La vicepresidenta de momento da indicios de querer mantenerse activa en la vida política, pero públicamente evitó siempre exponer sus aspiraciones de cara a 2027.
Por la tardecita de este viernes, Villarruel publicó en X un fuerte comunicado contra Santilli.
“Uno de los exponentes de la casta política, a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular», marcó la vicepresidenta.
Hasta ahora, Villarruel negó en cada oportunidad haber intentado socavar al Presidente, y denunció una animosidad en su contra de parte de los hermanos Milei y su gente. Alegó, asimismo, que se aboca a su actividad como titular del Senado y que por eso recorre las provincias.
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POLITICA
Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”
En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.
“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.
El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.
Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.
Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.
“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.
Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.
La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.
La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.
Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.
La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.
Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.
La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.
Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.
Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.
En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.
Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.
“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.
El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.
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POLITICA
Milei celebró que Netanyahu haya ordenado a los diplomáticos israelíes apoyar a la Argentina en el reclamo por Malvinas
El presidente Javier Milei celebró este sábado en sus redes sociales las revelaciones periodísticas de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó respaldar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Lo hizo dos veces en su cuenta de X. Primero citó un posteo de The Jerusalem Post que decía: “Informe: el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a los diplomáticos cambiar la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las Malvinas y sumarse a la Argentina en el pedido de conversaciones directas entre ese país y el Reino Unido”. Horas después compartió la nota original de The Telegraph, titulada “Netanyahu autoriza el apoyo a la Argentina por las Malvinas”, con una foto de los dos sonrientes y con los pulgares hacia arriba.
En los dos casos, el único comentario de Milei fue “MAGA!”, la sigla de “Make Argentina Great Again” que copia a “Make America Great Again”, el lema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según el diario británico, Netanyahu les habría pedido a los diplomáticos israelíes que cambien la posición oficial del país y acompañen el llamado argentino a abrir conversaciones con Londres sobre el futuro de las islas. Hasta ahora, Israel había mantenido una postura neutral en la disputa.
The Telegraph aclaró que ese eventual respaldo no implica un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre las Malvinas, sino un apoyo a que los dos países se sienten a negociar. “En teoría, ha llegado el momento oportuno para que Israel se incline a apoyar a Argentina”, señaló el artículo.
El diario vinculó el posible cambio de postura con la relación estrecha entre Netanyahu y Milei, pero también con las tensiones entre Israel y el Reino Unido por las sanciones británicas a los asentamientos israelíes en Cisjordania.
El tema ya había aparecido en la agenda israelí. A fines de septiembre, el ministro Itamar Ben-Gvir le pidió a Netanyahu que reconozca el reclamo argentino. “Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió en X.
Además, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, pidió negociaciones directas entre el Reino Unido y la Argentina. “Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, dijo ante las Naciones Unidas. También sostuvo que, para avanzar en el reclamo, hay que considerar “todos los aspectos históricos, jurídicos y humanos pertinentes”.
El 24 de septiembre pasado, Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York. En esa reunión hablaron sobre Malvinas y avanzaron en un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad.
El reclamo argentino por las Malvinas se profundizó en las últimas semanas y llegó incluso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El organismo multilateral ya convocó a audiencias para el 10 y el 11 de noviembre tras la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas cercanas a las islas.
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