POLITICA
Las razones detrás de la réplica de Santilli contra Villarruel y la tesitura del Gobierno sobre la vicepresidenta

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”. La frase la pronunció el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue un dardo directo a Victoria Villarruel. Esto luego de que la vicepresidenta asegurara que Javier Milei -su excompañero de fórmula- replica “persecuciones imaginarias” y de que se mostrara preocupada por su “estado” de salud mental.
La arremetida de Santilli generó dudas sobre si se podía estar gestando una escalada más grande en la Casa Rosada contra la titular del Senado. Sin embargo, este viernes en la sede del Ejecutivo aclararon que, si hay una tesitura respecto de Villarruel, es no darle entidad. Ella, tras los planteos del jefe de Gabinete, le exigió que sea “democrático” y que “respete el voto popular”.
“No hay intención de nada con Villarruel. No es tema. Llama la atención cuando se pone en contra, por eso lo hace. Es irrelevante”, sentenció una alta fuente del mundo libertario.
¿Entonces por qué respondió Santilli de esa forma? Esta es la primera vez que un integrante de la mesa chica del Gobierno le pide a Villarruel que renuncie en caso de no estar conforme con su rol de vicepresidenta de esta gestión. En lo práctico, la jefa del Senado está totalmente excluida de la diaria de la administración Milei.
Los que conocen a “El Colo” dicen que su respuesta no fue orquestada como parte de la línea discursiva de la Casa Rosada, sino que emanó como una contestación espontánea cuando le preguntaron por el tema en Radio Mitre.
“Nadie se lo pidió. Fue una reacción genuina. A él siempre que le tocó acompañar o ser segundo, bancó hasta el final, puso los pies en el plato”, explicó una fuente al tanto de los movimientos del jefe de Gabinete y resumió: “Vio la actitud de Villarruel, le jodió y la salió a cruzar”.
Otra voz, también de llegada a Santilli, afirmó en el mismo sentido: “No está en el ADN de Diego llegar con alguien y querer desplazarlo desde adentro. Respondió realmente lo que siente. No comparte ni le gustan estas cosas [que hace Villarruel]. Dijo lo que realmente siente, lo que le salió”.
Distintas fuentes consultadas por aseguraron que en Balcarce 50 no hubo ninguna recriminación contra Santilli por haber dicho no solo que la vice debería dar un paso al costado, sino que sus críticas a Milei fueron “un disparate”.
Las declaraciones de Villarruel que encendieron la polémica se produjeron en X, cuando salió al cruce de acusaciones que le hizo la diputada nacional Lilia Lemoine -y que fueron repostadas por Milei-, sobre un supuesto vínculo suyo con la también diputada nacional Marcela Pagano como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al Presidente. Tanto Villarruel como Pagano integraron La Libertad Avanza y ahora son fervientes críticas de esta gestión, pero nunca se exhibieron juntas.
Villarruel tildó los dichos de Lemoine de “delirio” y, en eso, le respondió a un usuario que le planteaba que Milei no era capaz de decirle “las cosas de frente” y que mencionaba a Lemoine como “paciente fugitiva del Borda”.
“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación publique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y en el exterior”, dijo Villarruel, como parte de esa conversación en X. Estos comentarios fueron los que motivaron el pedido de corrimiento que le hizo hoy Santilli.
En todas las terminales de la Casa Rosada insistieron este viernes con que el pronunciamiento del jefe de Gabinete fue “coyuntural” y no como parte de un guion que emane de Balcarce 50 para atacar a Villarruel.
Parte de esto se explica porque en las referencias políticas del Gobierno hay un entendimiento de que no es conveniente subir a Villarruel al ring para -dicen- no darle protagonismo. “Los dichos generaron mucha bronca y salió el Colo a contestarle”, resumió una fuente libertaria.
En la Casa Rosada saben que el mejor escenario de cara a la elección presidencial de 2027 es dividir el voto de centroizquierda (donde se ubica el kirchnerismo) y evitar la multiplicidad de candidaturas de centroderecha (donde se posiciona Milei), para no afectar el desempeño electoral del Presidente y, en un escenario ideal, evitar el balotaje.
En el Gobierno intuyen que Villarruel puede intentar una candidatura junto a sectores del peronismo conservador. La vicepresidenta de momento da indicios de querer mantenerse activa en la vida política, pero públicamente evitó siempre exponer sus aspiraciones de cara a 2027.
Por la tardecita de este viernes, Villarruel publicó en X un fuerte comunicado contra Santilli.
“Uno de los exponentes de la casta política, a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular», marcó la vicepresidenta.
Hasta ahora, Villarruel negó en cada oportunidad haber intentado socavar al Presidente, y denunció una animosidad en su contra de parte de los hermanos Milei y su gente. Alegó, asimismo, que se aboca a su actividad como titular del Senado y que por eso recorre las provincias.
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POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas

El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.

La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Bullrich se mostró preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

La senadora nacional Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, volvió a mostrar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.
Las definiciones de la exministra de Seguridad se dieron en una charla en la Universidad de San Andrés y fueron en línea con otros comentarios que Bullrich hizo en ocasiones anteriores.
Bullrich es hasta ahora la única referente del oficialismo que se animó a mostrar diferencias en público y en privado, al marcar su preocupación por distintos parámetros de la economía. Los manifestó tanto en público como puertas adentro del Gobierno de Javier Milei, en distintas reuniones de gabinete y en la mesa política.
“A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en uno de los tramos de su exposición.
En otra parte de su exposición, ante una consulta, sostuvo: “En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.
Ambos comentarios fueron en línea con expresiones que la excandidata presidencial de Pro tuvo en agosto pasado. Como en su paso por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bullrich expresó: “Sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil”.
Las expresiones de la senadora fueron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.
En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica de la administración libertaria, pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen de manera más clara en la vida cotidiana de la población.
Bullrich se preguntó: “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”.
Por esos días, en un encuentro con empresarios pyme, Bullrich también marcó a través de un tuit que se necesita “más velocidad en los resultados” de la gestión para que la gente los perciba en su economía familiar.
También valoró en esa publicación en las redes sociales el modelo económico impulsado por el mandatario: “El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo”.
Tras ello, planteó: “Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana”. Y sobre el final reconoció que “no es fácil”, aunque se trata de un “esfuerzo” necesario para “construir un país normal y con futuro”.
Previamente, en la Bolsa de Comercio de Córdoba admitió las dificultades económicas. “Los planes de estabilización tienen momentos difíciles, pero hay que seguir este camino; si nos desviamos nos caemos”, dijo.
Bullrich es la dirigente del oficialismo que más diferencias marcó con algunos de los casos más controvertidos del gobierno. Como la situación del ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su demora presentar sus declaraciones juradas, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Y también cuando el Gobierno intentó retirar el pliego de María Verónica Michelli, entonces candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, y cuya postulación Milei impugnaba por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, de .
en un encuentro con empresarios pyme,Conforme a
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