POLITICA
Milei celebró que Netanyahu haya ordenado a los diplomáticos israelíes apoyar a la Argentina en el reclamo por Malvinas
El presidente Javier Milei celebró este sábado en sus redes sociales las revelaciones periodísticas de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó respaldar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Lo hizo dos veces en su cuenta de X. Primero citó un posteo de The Jerusalem Post que decía: “Informe: el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a los diplomáticos cambiar la posición oficial de Israel sobre la soberanía de las Malvinas y sumarse a la Argentina en el pedido de conversaciones directas entre ese país y el Reino Unido”. Horas después compartió la nota original de The Telegraph, titulada “Netanyahu autoriza el apoyo a la Argentina por las Malvinas”, con una foto de los dos sonrientes y con los pulgares hacia arriba.
En los dos casos, el único comentario de Milei fue “MAGA!”, la sigla de “Make Argentina Great Again” que copia a “Make America Great Again”, el lema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según el diario británico, Netanyahu les habría pedido a los diplomáticos israelíes que cambien la posición oficial del país y acompañen el llamado argentino a abrir conversaciones con Londres sobre el futuro de las islas. Hasta ahora, Israel había mantenido una postura neutral en la disputa.
The Telegraph aclaró que ese eventual respaldo no implica un reconocimiento formal de la soberanía argentina sobre las Malvinas, sino un apoyo a que los dos países se sienten a negociar. “En teoría, ha llegado el momento oportuno para que Israel se incline a apoyar a Argentina”, señaló el artículo.
El diario vinculó el posible cambio de postura con la relación estrecha entre Netanyahu y Milei, pero también con las tensiones entre Israel y el Reino Unido por las sanciones británicas a los asentamientos israelíes en Cisjordania.
El tema ya había aparecido en la agenda israelí. A fines de septiembre, el ministro Itamar Ben-Gvir le pidió a Netanyahu que reconozca el reclamo argentino. “Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió en X.
Además, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, pidió negociaciones directas entre el Reino Unido y la Argentina. “Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, dijo ante las Naciones Unidas. También sostuvo que, para avanzar en el reclamo, hay que considerar “todos los aspectos históricos, jurídicos y humanos pertinentes”.
El 24 de septiembre pasado, Milei se reunió con Netanyahu en Nueva York. En esa reunión hablaron sobre Malvinas y avanzaron en un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad.
El reclamo argentino por las Malvinas se profundizó en las últimas semanas y llegó incluso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El organismo multilateral ya convocó a audiencias para el 10 y el 11 de noviembre tras la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas cercanas a las islas.
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POLITICA
Obras sociales: luego de tres reuniones secretas y fallidas entre el Gobierno y la CGT, alertan que la crisis del sistema es “casi terminal”
En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.
“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.
El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.
Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.
Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.
“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.
Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.
La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.
La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.
Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.
La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.
Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.
La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.
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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti respaldó este sábado la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que “no hay personas proscriptas” en la Argentina. El magistrado señaló que esa sanción tiene antecedentes y diferenció sus consecuencias electorales del propósito de la intervención judicial.
Ante la consulta acerca de si actualmente hay personas proscriptas en el país, Lorenzetti lo negó y reconoció la legitimidad de las discusiones políticas. “Creo que en la sociedad cada sector tenga sus argumentos y los use para luchar por lo que cree que es bueno. Eso está bien en democracia”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos, y agregó que esas posiciones no deben ser censuradas.
Sin embargo, respecto de las diferencias entre el debate político y la actuación judicial, Lorenzetti afirmó: “Jurídicamente es otra cuestión, nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho y la Constitución. La Corte ya dijo lo que tenía que decir”.
En respuesta a los cuestionamientos del kirchnerismo sobre la condena de la exmandataria, remarcó que la inhabilitación “es una medida que está prevista hace muchos años en el Código”.
Lorenzetti explicó que la Corte recibió una causa penal en la que el TOF 2 había impuesto penas de prisión e inhabilitación, y no una solicitud para definir si la expresidenta podía participar en elecciones. La resolución que firmó junto con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en junio de 2025 dejó firme la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta.
Al detallar qué evaluaron los integrantes del máximo tribunal, el magistrado recordó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y la Cámara Federal de Casación Penal ya habían resuelto sobre el expediente. Según indicó, esas decisiones habían cumplido con el requisito del doble ntes de que la defensa acudiera a la Corte mediante un recurso de queja.
“Por eso no analizamos el fondo, sino que analizamos y resolvimos sobre la falta de fundamentación. Es decir, no estaba bien fundado”, aseguró sobre la presentación con la que se buscaba revisar la condena.
El magistrado también distinguió la aplicación de la inhabilitación de los cuestionamientos sobre su carácter perpetuo. Señaló que existen planteos de inconstitucionalidad que proponen una sanción de duración limitada, aunque evitó pronunciarse sobre esa discusión. “Ese es un tema pero la Corte no se trató, entonces no podemos opinar sobre eso”, aclaró.
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El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se pronunció en defensa de la libertad de prensa y reclamó un debate público sin agravios ni descalificaciones, después de los ataques del presidente Javier Milei contra . A través de un comunicado, la organización puso el foco en la “responsabilidad de quienes fueron elegidos para gobernar”.
Bajo la consigna de “promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”, el instituto expresó: “La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática. Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”.
Luego, la entidad marcó el deber de los funcionarios frente a las diferencias en la discusión pública. “Quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso. Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, sostuvo.
También vinculó ese planteo con la situación del país: “En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.
El pronunciamiento se conoció después de que Milei cuestionara este viernes la cobertura periodística del caso $LIBRA, tras el sobreseimiento del Presidente en la investigación. Durante su discurso en la cena de la Fundación Faro, el mandatario acusó a de utilizar la causa para “extorsionar al Gobierno y evadir impuestos”.
En ese tramo de su exposición, nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes cubrieron el caso, y los calificó de “ensobrados y corruptos”. Poco después, afirmó: “Se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Las declaraciones provocaron rechazos de entidades periodísticas y dirigentes de distintos espacios políticos, incluidos sectores aliados del oficialismo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó la reacción del Presidente ante el sobreseimiento en la causa $LIBRA y advirtió sobre una escalada de los agravios contra la prensa. “La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio”, indicó.
Por su parte, la Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado en el que cuestionó los reiterados insultos de Milei a periodistas y señaló que se realizaron amenazas de muerte. La institución alertó sobre las consecuencias de la violencia institucional para la democracia. El repudio también alcanzó a referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Pro, que expresaron su solidaridad con los periodistas señalados por el mandatario.
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