El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la inflación de mayo fue del 2,1 por ciento. Sin embargo, con la versión actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación se postergó indefinidamente a comienzos de año, ese porcentaje habría resultado más alto.

El Gobierno había anunciado la actualización del índice, pero resolvió no aplicarla en febrero, cuando se difundieron los datos correspondientes a enero, lo que motivó la renuncia de Marco Lavagna, el entonces director del organismo estadístico. La nueva metodología otorga mayor peso dentro del IPC a los servicios públicos y al transporte, cuyos valores aún deben ser ajustados para corregir distorsiones de períodos anteriores.

“Si midiéramos el IPC con la canasta actualizada de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de mayo habría sido 2,3% en lugar del 2,1% oficial, acumulando 15,6% en los primeros cinco meses del año contra el 14,7% que muestra Indec”, indicaron desde la consultora Equilibra. “Esta métrica se realiza con la mayor apertura a nivel rubros posibles y con base 100=2025, mientras que si se construye a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,2%”, agregaron.

En tal sentido, un informe de LCG estimó la misma cifra para el mes pasado con el índice que la administración libertaria postergó. “Corrigiendo por la estructura de la canasta que surge de la ENGHo 2017/18 (más peso de servicios), la inflación minorista habría sido 2,3% en mayo, y 1 pp más alta en el acumulado del año, es decir cerca de 16 por ciento”, explicaron desde la firma de análisis macroeconómico.

La actualización postergada implicaba reemplazar la canasta de consumo basada en el relevamiento de 2004 por una construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018. El cambio no suponía una nueva medición desde cero, sino incorporar una fotografía más actualizada de en qué gastan su dinero los argentinos.

Las modificaciones más relevantes afectaban la ponderación de varios rubros dentro del índice. El rubro «Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles» habría pasado de representar el 9,4% de la canasta al 14,5%. Transporte habría escalado del 11% al 14,3%, con mayor peso de los combustibles y los boletos de pasajeros. Comunicaciones también habría crecido, del 2,8% al 5,1%, reflejando la mayor incidencia del gasto en telefonía e internet en los hogares. En contrapartida, «Alimentos y Bebidas» habría reducido su participación del 26,9% al 22,7%.

La razón por la que la canasta actualizada arroja una inflación más alta en el contexto actual tiene una explicación directa: los rubros que habrían ganado peso en el nuevo índice fueron precisamente los que más subieron en mayo. Según el informe del Indec, los precios regulados avanzaron 2,4% en el mes, con los combustibles, la electricidad y el agua entre los principales impulsores. La división Comunicación encabezó los aumentos con un 3,4% mensual. El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, subió 1,9 por ciento.

Esa dinámica explica la brecha entre ambas mediciones. Al asignarle mayor protagonismo a los servicios dentro de la canasta, el índice captura con más intensidad los aumentos que se registraron en esos rubros durante el mes. La inversa también es válida: en un escenario donde los alimentos suban más que los servicios, la nueva metodología podría mostrar una inflación más moderada que la actual.

Más allá del dato puntual de mayo, lo que subrayan los analistas es el impacto acumulado de haber mantenido la canasta desactualizada durante los primeros cinco meses del año. Mientras el Indec muestra una suba del 14,7% entre enero y mayo, las estimaciones con la canasta actualizada elevan esa cifra a entre 15,6% y 16%, según Equilibra y LCG respectivamente. La diferencia oscila entre 0,9 y 1,3 puntos porcentuales.

La brecha se explica porque la nueva canasta habría pesado más en los meses en que los servicios registraron mayores aumentos, que es exactamente el período posterior al proceso de corrección tarifaria que llevó adelante la administración de Javier Milei. Al ampliar la representación de esos rubros, el índice actualizado habría capturado con mayor intensidad esas subas a lo largo del año.

El dato cobra relevancia también en términos de política económica: el IPC oficial es la referencia que el Gobierno utiliza para fijar el ritmo de ajuste mensual de las bandas cambiarias. Una inflación medida más alta habría generado presiones distintas sobre esa variable y, en última instancia, sobre las proyecciones de desinflación que el equipo económico comunica al mercado.

El momento crítico que atraviesan las empresas lácteas en la Argentina parece no encontrar fondo y no dejan de acumularse los nombres comerciales que transitan una instancia de abismo operativo y comercial. El duro presente que padecen compañías como Lácteos Verónica, SanCor y Nuevo Amanecer es ejemplo de las dificultades que golpean a un sector clave de la economía nacional. Los números en rojo que viene mostrando La Serenísima añaden dramatismo a un contexto marcado por las bajas ventas, el «sobrestock» de materia prima y un horizonte por demás acotado para la exportación. En el mapa de crisis que vienen delimitando las lácteas argentinas la única excepción parece ser La Suipachense, que se encamina a retomar la producción. Ahora, otra compañía con historia sobre todo en la lechería cordobesa parece encaminarse al derrumbe total: se trata de La Lácteo, que acumula 94 años de historia y hoy es presa de un declive por demás preocupante.

Con base de operaciones en Ferreyra, La Lácteo acumula semanas sin producción y su plantel de trabajadores afirma que se multiplican los retrasos en cuanto al pago de salarios. Si bien la firma, propiedad de la familia Filippi, pareció tomar algo de oxígeno con la venta en agosto de 2025 de su planta en Villa del Rosario (Córdoba) a La Ramada, previo pago de 12 millones de dólares, lo cierto es que la situación general de la firma no ha hecho más que empeorar con el transcurrir de los meses.

La Lácteo y una crisis con corte de servicios

Ya el año pasado las instalaciones en Ferreyra habían padecido el corte del servicio de gas, y eso luego se sumó la interrupción de la energía eléctrica. En declaraciones a medios cordobeses, Marcelo Matos, representante de los empleados de La Lácteo, dijo que la firma atraviesa un escenario de dificultades económicas, conflictos gremiales y caída de la producción que se acentuó a partir de finales de 2023.

«Hace ya dos años y medio que venimos en un estado donde La Lácteo viene sufriendo un déficit debido a una guerra que empezó con el gremio«, precisó, en referencia al rol de ATILRA.

Según los empleados de la firma, el conflicto con los titulares de La Lácteo se agudizó luego de que la empresa comenzó a demorar el pago de los salarios. Tras los cruces con el sindicato, «la productividad de La Lácteo cayó y no se pudo levantar».

«Hoy está la luz cortada. No tenemos producción. No tenemos aportes, no tenemos obra social porque la crisis es grande. Hemos sufrido el abandono del gobierno y del gremio, porque nadie nos ha ayudado. De parte del gobierno no tuvimos ninguna ayuda», detalló Matos.

El representante de los empleados de La Lácteo enfatizó que ATILRA «desapareció» tras el conflicto que agravó la crisis de la lechera. «Al día de hoy, y después de dos años y medio, solamente se ha presentado a la fábrica a pegar panfletos para la votación», aseguró.

Vandalizan las instalaciones de La Lácteo en Córdoba

En cuanto al estado de las instalaciones en Ferreyra, medios cordobeses afirman que los propios empleados de La Lácteo «realizan tareas de vigilancia antes hechos de vandalismo». En línea con eso, Matos precisó que «somos los empleados los que estamos haciendo de guardia para que no nos roben, porque nos han vandalizado todo lo que es la parte generadora, eléctrica, luces y cables«.

«Gracias a Dios no hay una deuda financiera en cuanto a préstamos. Creo que hoy La Lácteo tiene posibilidad de salir, tiene una posibilidad de resucitar de todo esto. Esto no es un reclamo de la empresa. Es un reclamo como trabajador. Mis compañeros tampoco están cobrando y no queremos una empresa cerrada, queremos seguir trabajando. Todos tenemos familia, hay gente con 40 años en la fábrica», dijo.

Para luego concluir: «Estamos hablando de una empresa de 94 años en Córdoba que hoy puede cerrar. Lo único que pedimos es ayuda para poder salir adelante».

Si bien la situación en cada empresa posee características que varían, lo cierto es que el estado de crisis que viene atravesando al sector lácteo en general sigue sin acercarles oxígeno a las compañías del rubro que, como en el caso de Lácteos Verónica, Nuevo Amanecer y SanCor, por mencionar algunos casos, y ahora La Lácteo, llegan a la mitad de este año con la incertidumbre de no tener asegurada la continuidad operativa y comercial.

«Las dos caras de la verdad», anunciaba un noticiero televisivo de Canal 9 que rompía ratings hace décadas. El slogan bien podría trasladarse al sector informático, con un cruce entre la conducción de la Asociación Gremial de Computación (AGC) y las autoridades de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en torno al salario promedio para el sector y la dinámica de expansión tanto de firmas como de puestos de trabajo, a lo que le podría agregar la disputa entre precarización y calidad laboral.

El disparador de la confrontación fue un informe del Observatorio Permanente del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que depende de las patronales, donde se estimó que los ingresos promedios rondan los $3.300.000, con una recomposición anual del 42,5% que le permitió ganar a la inflación.

El sindicato contradice los números oficiales de la cámara empresarial

Frente a estos datos, la organización el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) del sindicato -basados en los registros oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la ARCA- reveló que, en un universo de 171.316 informáticos, el salario promedio está en $1.512.473 para el segmento de software y en $1.249.397 en el de hardware. Con estos números, la masa salarial global en dólares se consolida en u$s2.644 millones, encajando con el volumen de ventas al exterior y los márgenes de ganancia comercial del mercado interno.

El secretario General de la AGC, Ezequiel Tosco, fue más duro aún, afirmando que el documento empresarial «no representa la situación que están atravesando los trabajadores, con una pronunciada caída de sus haberes», al tiempo que subrayó que «la supuesta escasez de talento de las patronales es una excusa para bloquear el convenio colectivo en el sector». En este punto, voceros gremiales advirtieron que la cámara aprovechará la Ley de Modernización Laboral no solo para no poner en funcionamiento el convenio, sino para alentar la creación de sindicatos por empresas.

Según el gremio, el análisis de la CESSI no es real, ya que se basa en una encuesta voluntaria a solo 235 empresas asociadas, que emplean a 40.170 personas, sobre un universo real que supera los 155.000 registrados en todo el país. Al respecto, explicaron que «al calcular un promedio y no una mediana, la cifra se desplaza artificialmente hacia arriba por los jugosos sueldos de directores, gerentes y personal jerárquico fuera de convenio».

Advierten que los despidos crecieron 67% en el último año

El observatorio de los trabajadores señaló que «tomando los datos de la CESSI (155.545 puestos de trabajo formales a un promedio bruto de $3.300.000) y se proyecta la masa salarial anualizada (incluyendo los doce meses más el aguinaldo) convertida al tipo de cambio MEP de $1.274 que cita la propia cámara, el costo laboral del software llegaría a los u$s5.233 millones anuales«, agregando que «la contradicción salta sola, ya que el mismo documento de la CESSI declara que las exportaciones totales del sector representaron apenas u$s2.651 millones«.

Tosco indicó: «Si la masa salarial duplica esas exportaciones, no quedaría margen para mercado interno, infraestructura, impuestos, alquileres ni ganancias. El sector estaría operativamente quebrado».

Acto seguido, advirtió que las cesantías crecieron un 67%. En realidad, los empresarios intentaron suavizar la situación mostrando una tasa de rotación general estable del 21%. Sin embargo, al desagregar el indicador, la tasa de despidos directos saltó del 3% al 5% en un año«. El dirigente indicó: «El año pasado, las empresas despidieron más, y los trabajadores, enfrentando un mercado contractivo, renunciaron menos».

La clave del convenio colectivo que las empresas rechazan

Sobre la escasez de programadores, el informe gremial sostuvo que, durante una década, las patronales argumentaron que la «falta de talento» y personal calificado les impedía atarse a las pautas de un convenio colectivo. «El propio informe empresarial desestima esa versión, ya que la disponibilidad de recursos calificados cayó al quinto lugar de las preocupaciones de los gerentes, siendo desplazada al primer puesto por el ítem de los costos salariales», manifestó, destacando que «el problema no es la falta de personal, sino la negativa a pagar lo que el personal requiere para no perder poder de compra».

Ante este panorama, el sindicato resaltó la importancia de la negociación paritaria. Graficó que mientras la mediana general del software libre quedó estancada en $1.500.000, la mediana salarial bajo el convenio colectivo de trabajo (CCT) de la AGC se ubicó un 81% encima, alcanzando los $2.735.910.

Durante el período analizado, los informáticos amparados bajo el convenio recibieron cuatro actualizaciones paritarias trimestrales consecutivas:

• 11,8% en el primer trimestre
• 9% en el segundo
• 6% en el tercero
• 6% en el cuarto

«Con un acumulado anual compuesto del 36,9%, logrando ganarle de forma neta a la inflación general (que promedió el 31,5%) por 5,4 puntos porcentuales«, explicaron.

Por otra parte, confirmó que ya acordó para el segundo trimestre un incremento del 9,4%, blindando una vez más las planillas salariales frente al 7,1% de inflación proyectada por el Banco Central para el mismo período.