El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, se vio obligado a ofrecer disculpas públicas tras calificar de “loco” al presidente argentino Javier Milei durante un foro empresarial en Santiago. El exabrupto generó un rápido repudio dentro de la propia coalición gobernante y llevó al presidente José Antonio Kast —que se encontraba de visita oficial en Bolivia— a intervenir con un mensaje directo: “Esto no se va a volver a repetir”.

La polémica se originó ayer, viernes, en un ciclo organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y en un contexto de tensión latente por declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países a raíz de la reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas.

Allí, Poduje fue consultado sobre las fórmulas para reactivar el sector de la construcción. Al defender la inversión estatal en infraestructura como herramienta para reducir costos productivos, el secretario de Estado apuntó contra la postura de Milei.

“La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública”, expresó el funcionario, e imitó incluso el tono del presidente argentino: “‘¡¿Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco».

Esta declaración provocó una rápida reacción dentro del oficialismo. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó los dichos como “muy imprudentes” y advirtió que “hay cosas que no se pueden decir” en un contexto de tensiones diplomáticas con Buenos Aires.

“Nadie sabe cómo reaccionará Milei por su temperamento y lo demás que todos conocemos. Prudencia es lo necesario en estos tiempos difíciles en política exterior”, escribió Moreira en X, donde además señaló que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, el episodio “puede terminar en cambio de gabinete”.

Desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder Johannes Kaiser mantiene una relación cercana con el mandatario argentino, también hubo cuestionamientos. El diputado y vicepresidente de esa fuerza, Hans Marowski, sostuvo que “un ministro de Estado debe estar a la altura de su cargo” y que las descalificaciones personales “no aportan en nada”. Su compañera de bancada, la diputada Paulina Muñoz, fue más allá y emplazó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, lo que tiene que hacer es alinearlos”.

Horas después de su intervención en el foro, Poduje publicó un mensaje en su cuenta de X para retractarse. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, escribió.

El vicepresidente en ejercicio (a raíz del viaje de Kast a Bolivia), Claudio Alvarado, dio por superado el incidente. “Lo importante es que el propio ministro Poduje corrigió sus dichos, pidió las excusas correspondientes, y con eso el tema lo damos nosotros por cerrado”, afirmó.

Desde La Paz, donde encabezó la primera visita oficial de un presidente chileno a Bolivia en 71 años, Kast también se pronunció. “Lamentamos las expresiones. El ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir”, declaró el mandatario.

Un exabrupto y tensión bilateral

Las declaraciones de Poduje no ocurrieron en el vacío. La relación entre Santiago y Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, marcado por la disputa en torno a la reactivación de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El buque chileno Danstar, de la naviera Easter Island Naviera, prevé zarpar hacia Puerto Argentino a más tardar en noviembre para restablecer un servicio de abastecimiento que funcionó durante más de un siglo pero dejó de operar a comienzos de los 2000. El recorrido de unos 900 kilómetros atravesaría el Estrecho de Magallanes y ofrecería una alternativa al trayecto actual desde Montevideo, que implica una travesía de casi 2.000 kilómetros.

Argentina ha expresado su preocupación por la iniciativa. El canciller Pablo Quirno advirtió que el gobierno monitorea la situación y pidió respetar los acuerdos vigentes, aunque descartó una interceptación del navío. Desde el lado chileno, el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, defendió el derecho a la libre navegación y sostuvo que “todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”. También descartó la necesidad de escoltar al Danstar.

“Si la alternancia es por ahí, sirve”, planteó a Infobae una fuente de la mesa política que sigue de cerca los movimientos de la oposición, en particular los últimos pasos que le atribuyen a Sergio Massa. La frase resume la apuesta del Gobierno: capitalizar la crisis interna del peronismo y encarar la carrera hacia 2027 con una polarización renovada.

Con un programa económico inflexible y el relato “anti casta” desgastado, en Casa Rosada apuestan a confrontar con un peronismo atravesado por las disputas internas por el liderazgo y a agitar el temor a un eventual retorno del kirchnerismo en su versión más radicalizada.

Esa estrategia se refleja en los últimos discursos del presidente Javier Milei, ya enfocado en la búsqueda de la reelección, quien repite como mantra que la sociedad no volverá a votar a sus antecesores. “Los argentinos van a decidir en octubre del año que viene por continuar con este cambio porque el 70% ha decidido que no quiere volver atrás”, insistió el mandatario el pasado jueves durante su discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Pero también quedó visiblemente materializada en la sesión del jueves, cuando el oficialismo consiguió una victoria en Diputados –varios se encargaron de aclarar que fue circunstancial, pero victoria al fin- al hacer caer la sesión opositora para derogar el DNU 70/2023. Los bandos fueron muy marcados: el peronismo y la izquierda en el recinto y en la calle con la Marcha Universitaria, y los libertarios festejando gracias a que un grupo de gobernadores decidió, por ahora, extender el apoyo a la Casa Rosada solamente para ver qué ofrecen de acá a diciembre.

Tras un 2026 marcado por polémicas y alejado de la promesa de ser “el año más reformista de la historia”, el Gobierno enfoca la mira en las elecciones presidenciales de 2027, aunque con resultados limitados para exhibir. En ese escenario, los problemas económicas representan un desafío para la estrategia electoral libertaria.

Según un relevamiento nacional de Aresco, una de las consultoras que supervisa el Ejecutivo, las cuestiones vinculados al trabajo y la actividad económica encabezan las preocupaciones de los argentinos, con el 40,8%, seguidos por la inflación, con el 16,4%. Con los datos sobre la mesa, en Casa Rosada descartan recurrir a un “plan platita” para incentivar a los votantes y apuestan a contraponer modelos con el peronismo.

Ante este panorama, el oficialismo busca desplazar la discusión hacia la arena política y capitalizar la fragmentación del Partido Justicialista. Para eso, recurren a la estrategia que tanto le cuestionaron a Massa antes del balotaje de noviembre de 2023: una versión propia de la campaña del miedo.

“Si se instala que el candidato es (Axel) Kicillof el Riesgo País se va a cinco mil puntos”, expresó a este medio una fuente con acceso al despacho presidencial. “Si a la oposición le estuviese yendo bien, significaría que en materia económica estaríamos mal. Cómo está el peronismo que Massa quiere volver a ser candidato”, ironizó otro integrante del Gabinete.

Las advertencias también alcanzaron a los gobernadores aliados. En medio de las negociaciones con las provincias, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, les envió un mensaje: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof”. Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había recurrido a una retórica similar al calificar al gobernador bonaerense como “el anticristo” y al kirchnerismo como “el infierno”.

Aunque existen diferencias sobre la conveniencia de polarizar con nombres propios, en el oficialismo coinciden en que la confrontación con el peronismo puede contribuir a sostener las expectativas electorales camino a las próximas elecciones presidenciales. Como supo plantear Sartre, pelearse también es una forma de convivir.

La apuesta es que los cortocircuitos entre sus principales dirigentes se prolonguen durante el año electoral y dificulten la construcción de una estrategia común. En ese escenario, la reforma electoral adquiere una importancia particular dado que la eliminación de las PASO privaría al peronismo de uno de los mecanismos institucionales para dirimir sus candidaturas.

Sin embargo, la estrategia tiene un límite: en Balcarce 50 reconocen que la continuidad de Milei también dependerá de que se concreten algunos de los planes de inversión que, aseguran, están en curso, y de que las principales iniciativas legislativas tengan impacto en la vida de la sociedad.

El salvavidas de los aliados y el desorden interno

La apuesta a explotar las diferencias opositoras convive con una limitación más inmediata: sin mayoría propia en el Congreso, el Gobierno necesita acelerar los tiempos legislativos y sostener los acuerdos con los gobernadores aliados para avanzar con su agenda.

Con el calendario marcando el ritmo, la administración libertaria, que atraviesa un fluctuante escenario de apoyos, intenta ordenar el tratamiento de las iniciativas pendientes antes del cierre de año, dado que descuenta que la negociación parlamentaria se tornará más compleja. “A mayor cercanía de las elecciones, más difícil se pone el Parlamento”, alertó un legislador ante este medio.

Con Milei abocado al plano internacional, la mesa política discute -casi en loop- las prioridades y, al menos por ahora, no logra fijar fecha para el tratamiento de la reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos iniciativas clave para el Ejecutivo. Al listado deben agregarse otros proyectos como la Ley de Salud Mental, la de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma del Banco Central, los cambios en el régimen de Zonas Frías, entre otros.

“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, invocó a Perón uno de sus integrantes para graficar la quietud de la instancia que el pasado martes retomó las reuniones tras 15 días sin verse.

En medio de las dificultades para ordenar su agenda, el Gobierno consiguió dos resultados favorables. Por un lado, la Justicia suspendió el pago de las multas vinculadas con la actualización de los salarios docentes. Por otro, varios gobernadores que participaron de la Argentina Week en París contribuyeron a frustrar una sesión clave.

Con el auxilio de varios aliados, el oficialismo evitó una nueva derrota categórica en Diputados y logró resistir los embates opositores contra el DNU 70/2023. En medio de llamados y mensajes, los ocho legisladores que impidieron el quórum para habilitar el debate surgieron del respaldo de Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

“Fue una demostración clara de los acuerdos: no bajaron los que no tenían que bajar”, admitió uno de los funcionarios que trabajó para desarticular la sesión. “Arrancamos con 8 senadores y 35 diputados, aún hoy no tenemos mayoría, pero logramos construirla. Es destacable. Aprendimos a hacer política”, admitió un funcionario ante este medio.

La negociación, que tuvo lugar incluso con los diputados en el recinto, no se limitó al giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ni a las respuestas a pedidos concretos de algunas provincias. También contribuyó a destrabar las conversaciones la decisión de los Milei, en una nueva demostración de pragmatismo, de restituir los límites a la venta de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará el próximo miércoles 21 en Diputados. El temario incluirá además el debate por las normativas “superadoras” de discapacidad y morosidad.

Abocados a la tarea estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La gestión se dio en medio de los matices internos sobre los criterios y los plazos para cerrar acuerdos con los gobernadores aliados en función del objetivo por la reelección del libertario en 2027.

Cómodos en el conflicto

Desde hace varias semanas, en Balcarce 50 postergan las definiciones sobre los plazos y los alcances de los acuerdos con los gobernadores, mientras aprovechan la fragmentación opositora para intentar reunir los votos necesarios en el Congreso. La demora deja al descubierto las rispideces internas que persisten pese a que los distintos sectores comparten el objetivo por otros cuatro años de gestión.

Mientras Luis Caputo insiste en la necesidad de cerrar cuanto antes los acuerdos para dotar de estabilidad al programa económico, desde el karinismo sostienen que la definición final la tiene Karina Milei. Hay quienes interpretan que la demora refleja el predominio de la postura de los primos Menem, partidarios de manejar plazos más laxos para las negociaciones.

“No hay nada que resolver. En materia de acuerdo político hay una sola postura y es la de Karina”, sostuvieron por los pasillos de Casa Rosada, en una señal de respaldo a la conducción política de la secretaria general de la Presidencia. “Una foto ahora no garantiza nada. Plantear que hace falta cerrar cuanto antes solo da una señal de debilidad errada”, postuló una fuente oficial ante este medio.

Ante cada desafío, las diferencias reaparecen, aunque desde el círculo íntimo del Presidente intentan reducirlas y sostienen que aprendieron a convivir con ellas. “La interna va a seguir acompañando al Gobierno hasta el final de los días. Es algo normal”, blanqueó un integrante del ala política.

Con el Presidente dedicado a apuntalar a la derecha en España, lo que resta del Gabinete buscará ordenar el cronograma legislativo y profundizar las negociaciones con los gobernadores para cerrar el año con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral aprobados. “Todavía estamos en octubre. Estamos dentro del plazo establecido. Primero la reforma electoral y después el Presupuesto”, se escudan.

Pese a las disputas de criterios, la mesa política reconoce la dependencia con los aliados y reivindica la capacidad de negociación construida desde el inicio de la gestión. “Desde siempre dependimos de ellos. Eso quedó claro cuando intentaron hacernos daño después de la elección bonaerense de septiembre, pero el pueblo en octubre puso las cosas en su lugar. Nosotros tuvimos la firmeza de sostenernos”, planteó un funcionario ante este medio.

En plena tarea por llegar a 2027 con un escenario favorable, la gestión enfrenta el complejo desafío de sostener sus expectativas electorales y, al mismo tiempo, construir los acuerdos necesarios para avanzar con su agenda. Entre la polarización con el peronismo y la negociación con los aliados, el Gobierno vuelve a enfrentarse a una de las premisas clásicas de la política: el arte de lo posible.

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Finalmente, como anticipó TN, se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados impulsada por la oposición dura, el kirchnerismo y aliados, en la que iban a tratar de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, de desregulación de la economía, considerado estratégico para el Gobierno. No lograron sentar a los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.

Con negociaciones, los libertarios lograron blindar el DNU, al bloquear un debate en que la oposición además apuntaba a tratar dos temas muy incómodos para el Gobierno, como los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró el titular de la cámara baja, Martín Menem, tras la caída de la sesión. El propio Javier Milei hizo eco de sus palabras y festejó en sus redes con las siglas “MAGA” y “VLLC!”, en alusión a “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez” (en inglés) y “Viva La Libertad Carajo”.

Además de los 95 legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Gabriel Bornoroni; no bajaron al recinto para bloquear la sesión los 12 del PRO de Cristian Ritondo; y los seis de la UCR de Pamela Verasay. Tampoco asistieron los dos del MID de Oscar Zago; los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego -que tiene esta tarde una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli-; Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa); y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Tras la caída de la sesión, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que habilitaran el sistema para ver quiénes son los diputados presentes en el recinto y quiénes decidieron acompañar al oficialismo.

La convocatoria había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. No hubo firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.

En los días previos, Martín Menem ideó una estrategia para bloquear la sesión que incluyó el llamado a otra sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, donde el oficialismo incluyó en el temario sus propias iniciativas en materia de discapacidad y endeudamiento familiar.