POLITICA
Karina Milei se resigna con Patricia Bullrich, pero en el Gobierno hay señales de hartazgo y marcan cuál será el límite
La frecuencia con la que Patricia Bullrich marca distancia del Gobierno aumenta ostensiblemente a medida que se acerca el año electoral, pero en la Casa Rosada, complicados en el frente económico y social, están inmovilizados frente a sus coletazos y se muestran hasta resignados.
Tras la última seguidilla de desaires de la socia, dicen que hasta tanto no ejecute un corte formal seguirán considerando sus desmarques como una forma de “aportar”. Y harán oídos sordos a las advertencias sobre las intenciones de la ex PRO de desafiar a Milei en unas PASO.
Es que, en paralelo a la aceleración de la máquina de chocar de Bullrich, para los Milei la necesidad de respaldo de la rebelde senadora crece. El jefe de Estado y su tropa están en un momento delicado, entre la inminencia de una recesión técnica de la economía, la suba de la pobreza, la caída de la actividad, los cierres de industrias, la caída del desempleo. En paralelo, o como consecuencia, observan con inquietud el estancamiento en la imagen del jefe de Estado -o caída, en el caso de algunos estudios de opinión pública-.
Mientras, Bullrich se fortalece en términos de consideración. En tanto “outsider” dentro del Gobierno, no sufre en la misma medida los costos que sí tienen que enfrentar el Ejecutivo y el Ministerio de Economía.
¿Cuántos contrapuntos con Patricia están dispuestos a tolerar los libertarios? Cerca de Karina Milei dicen, hoy, que los que sean necesarios. “Se viene diferenciando desde el día cero. Ella considera que es su manera de aportarle valor al espacio. Es tómálo o déjalo. No te queda mucho ahí. Se zanjaron las diferencias. Ella tiene sus posturas. Y se las respeta, si no… “, dijo un importante funcionario de diálogo diario con la hermana del Presidente.
Por ahora, el límite para la Secretaria General sería un quiebre formal por parte de la senadora. “No rompió ni hizo su bloque ni monobloque. Todo lo que se dice es en off. Podemos estar con esta situación hasta el día de la elección”, dijeron en Balcarce 50, aunque con cierto grado de hartazgo.
Esa es la posición de Karina Milei, pero sus satélites deslizan que el jefe de Estado empezó a perder la paciencia con “la doctora Bullrich”. Le hizo ruido que “rayara” a su rockstar, Luis Caputo, por la falta de preaviso sobre el recorte en el presupuesto para el área de Discapacidad en 2027. Y en la entrevista que le dio a un periodista de la Bloomberg, sin nombrarla, aseguró que sus propios votantes no considerarían apoyar a un “sustituto de segunda calidad”. En el ámbito político todos leyeron el nombre de Bullrich en esa oración. Pero en Gobierno juraron que no se refería a la senadora sino a los otros “outsiders” que analizan postularse.
Hasta ahora, el titular del Ejecutivo aceptó sin chistar sus numerosos cuestionamientos. El año pasado, con el proceso electoral en marcha, por el caso de José Luis Espert; en el verano, con el giro de la reforma electoral; luego, con Manuel Adorni (con éxito, porque lo terminaron echando), y después con la ley de Propiedad Privada. Más recientemente llegó el recorte en Discapacidad. Y esta semana el quiebre pasó por el Poder Judicial: la senadora se opuso a que se someta a juicio político y a jury a las juezas Marta Pascual y Laura De Marinis por sus fallos contra el Régimen Penal Juvenil. Todo esto en medio de las dificultades para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (que al final tuvo media sanción en la Cámara alta) y las dudas sobre las voluntades para la reforma política.
El patrón entre los distintos episodios es el de un ritmo cada vez más acelerado: si antes pasaban varios meses entre un cuestionamiento y otro, entre el planteo por Discapacidad y el impulso al juicio político contra las juezas no llegó a pasar una semana.
Las huestes de Santiago Caputo en redes evitan, cuidadosamente, descargar bombas contra Bullrich. Y, aún en off the record, sus alfiles siempre se encargan de defenderla. De hecho, aclararon a este medio que el faltazo del asesor a la mesa política el martes no se debió a un enojo con ella sino a una reunión que le había encargado Milei, sobre la cual había avisado a Santilli con antelación.
En el círculo karinista están convencidos de que Caputo y Bullrich mantienen un “back channel” aceitado. En el Senado admiten que “se llevan bien”, pero también señalan que “se desconfían”.
Pero, luego del cónclave de sushi el lunes pasado por la noche con Martín Menem y legisladores libertarios, en Balcarce 50 negaron la posibilidad de sumarla a las instancias de discusión electoral que Karina Milei tiene con los Menem y Santilli. Esto, a pesar de los reclamos de Bullrich sobre que “no se decide nada” en la mesa política.
En el Senado, quienes dialogan con ella a diario y la conocen hace décadas aseguran que “no tiene nada decidido”, que recibe ofertas del círculo rojo. Pero reconocen que no descarta “nada”, inclusive ser candidata a Presidenta en una PASO si Milei “no llega bien” en las encuestas. En caso contrario, estaría dispuesta a acompañarlo en una fórmula presidencial, con vistas a ser “todo menos una Michetti o una Villarruel”, las vices de Mauricio Macri y del propio Milei que tuvieron roles menores o de extrema tensión con sus presidentes.
Patricia Bullrich,Lali Espósito,Javier Milei,Karina Milei
POLITICA
Tras la marcha universitaria, Yacobitti afirmó: “El Gobierno tiene que cumplir una ley que ya votó el Congreso en dos instancias”
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó hoy al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en dos instancias, una de las cuales revirtió el veto presidencial con una mayoría especial. Además, y tras la la quinta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que existen fallos judiciales firmes que el Ejecutivo tampoco cumple.
“Lo único que tiene que hacer el Gobierno es cumplir una ley que ya votó el Congreso”, insistió Yacobitti en diálogo con Radio Continental, y agregó que lo único en instancia de apelación es una multa, no las medidas cautelares que ordenan el pago de salarios y becas. “A nosotros no nos interesa la multa. Lo que nos interesa es que el presidente cumpla la ley entera y que los profesores universitarios y los estudiantes reciban los sueldos y las becas que tienen que recibir”, afirmó.
El reclamo de fondo tiene dos ejes, según explicó el vicerrector: los salarios de docentes y trabajadores de las universidades, y el valor de las becas Progresar, que por el incumplimiento de la norma se ubican en $35.000 mensuales por alumno. “Con eso no llegan ni al 15 del mes con los viáticos”, señaló, y agregó que las becas perdieron el 80% de su poder adquisitivo en los últimos tres años.
Por otro lado, Yacobitti le respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que “nadie está por encima de la ley” tras los incidentes frente al Congreso. “El primero que no está por encima de la ley es el presidente”, replicó el vicerrector. “Si nadie está por encima de la ley, el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente de la nación”, concluyó.
Una marcha “muy genuina” que se replicó en todo el país
El vicerrector de la UBA separó la jornada en dos capítulos: la movilización pacífica y masiva que se replicó a lo largo del país, y los hechos de violencia que la empañaron sobre el final. “En ninguna de las cuatro anteriores hubo ningún incidente”, remarcó, y describió la concentración como “muy genuina” y representativa de un reclamo social por la calidad del sistema universitario.
Sin embargo, mientras el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) tomaba la palabra en el escenario montado frente al Palacio Legislativo, el gas lacrimógeno ya resultaba insoportable. “Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes”, describió Yacobitti.
A pocos metros del acto central, sobre la avenida Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, un grupo de personas con el rostro cubierto rompía bancos de la plaza y veredas para arrojar piedras contra el vallado que protegía el Congreso. Las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. El saldo incluyó al menos ocho efectivos heridos y 31 detenidos, entre ellos un menor de 14 años.
El vicerrector cuestionó la actuación policial y pidió que las fuerzas se concentren en identificar a quienes generaron los disturbios. “La Policía tiene que identificar uno por uno a los que rompían los bancos de la plaza para tirar piedras”, sostuvo, y señaló que la ciudad cuenta con tecnología de vigilancia suficiente para hacerlo.
“Lo primero que hacían era ser funcionales al Gobierno que no cumple la ley y atentar contra la movilización pacífica”, afirmó sobre los responsables de los incidentes. Descartó vincularlos con los partidos de izquierda que participaron de la marcha y apuntó que se trató de “algo que fue preparado”. “Si no, pasa a ser como los que ayer se dedicaron a tirar piedras en la plaza en vez de manifestarse en paz”, cerró.
POLITICA
La Sociedad Rural se sumó al masivo repudio contra el fallo que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
La Sociedad Rural Argentina se sumó a las múltiples expresiones de preocupación y repudio por el fallo judicial que esta semana absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo, acusado de haber bloqueado las instalaciones de la empresa Rey Distribución SRL y exigido dinero a sus propietarios.
“Ante las decisiones judiciales que se tomaron en la semana, la Sociedad Rural Argentina expresa su preocupación frente a fallos que pueden debilitar el respeto por la ley y los derechos fundamentales. La libre circulación, la libertad de trabajo y el ejercicio de toda actividad lícita son pilares de una sociedad democrática y de una economía que busca desarrollarse. Ningún reclamo puede justificar la violencia, las amenazas, la extorsión ni los bloqueos que impidan el normal funcionamiento de una actividad productiva”, sostuvo la entidad agropecuaria.
La Sociedad Rural Argentina agregó que “la defensa de la propiedad privada, garantizada por nuestra Constitución Nacional, es una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la generación de empleo. El derecho a huelga y la libertad sindical deben ser respetados, pero no pueden utilizarse como argumento para avasallar los derechos de terceros ni para legitimar acciones que vulneren la ley. El ejercicio de los derechos debe darse en un marco de respeto por las libertades individuales y por los bienes y el trabajo de los demás”.
“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que el respeto por la ley y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la convivencia, fortalecer las instituciones y promover el crecimiento del país. La Argentina necesita reglas claras y justas, una Justicia que garantice los derechos de todos y el rechazo a cualquier forma de violencia o coerción. Defender la libre circulación, la propiedad privada y la libertad de trabajar es defender la producción, el empleo y el futuro de todos los argentinos”, concluyó.
Otras entidades manifestaron su inquietud por el precedente que podría sentar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al sindicalista vinculado al gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano de los cargos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
El juez Alejandro López argumentó que el accionar del sindicalista se enmarcó en el ejercicio del derecho de huelga, a pesar de que la fiscalía había pedido condenarlo a diez años de prisión por varios delitos.
Sin embargo, los propietarios de Rey Distribución SRL, una firma de San Pedro dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, denunciaron bloqueos ocurridos en 2021 y aseguraron haber sufrido extorsiones por parte del dirigente y otros referentes camioneros desde 2017.
“Constituye un preocupante retroceso en materia de seguridad jurídica y respeto por los derechos de quienes producen y trabajan en la Argentina”, consideraron desde la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado difundido este viernes.
Desde el sector advirtieron que, aunque la sentencia del juez López “reconoce la existencia de medidas que impidieron el normal funcionamiento de la empresa”, finalmente se ampara en el derecho a huelga para eximir al sindicalista camionero.
En su sentencia, López argumentó que “no existe la posibilidad de que esos eventos [por los bloqueos] sean considerados típicos de los delitos acusados”.
Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. Todos ellos acusados de turbación de la posesión.
En relación a ello, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) sostuvo que avalar estas prácticas “representa un grave retroceso para la seguridad jurídica, pilar esencial para la inversión, el empleo formal y el desarrollo del país”.
La entidad se encargó de reafirmar su “pleno respeto a los derechos laborales y a la huelga”, para luego enfatizar que “ningún reclamo puede justificar impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo”.
Así, instaron a la Justicia a “aplicar la ley con equidad y revisar esta resolución, resguardando la convivencia, el diálogo y las garantías constitucionales de todas las partes”.
La UIA también ahondó en la importancia de la seguridad jurídica para sostener la actividad empresarial, promover inversiones y generar empleo formal. Y en ese marco, reclamó que “las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances de esta sentencia, con pleno respeto por los procedimientos legales y las garantías de todas las partes”.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “más honda consternación” por la absolución del dirigente camionero y los otros seis sindicalistas acusados de bloquear la pyme en 2021, y cuestionó duramente la decisión de los magistrados.
“La impunidad es siempre lamentable y lo es aún más cuando, teniendo los magistrados los elementos correspondientes para hacer justicia, optan por avalar el delito”, sentenció la entidad.
“La CAC reconoce el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Esto en modo alguno implica aceptar que, bajo una interpretación absolutamente deformada, se acepten accionares a todas luces contrarios a la ley y al sentido común”, advirtieron luego.
Pese a que la CAC admitió que revertir problemas estructurales como la elevada carga impositiva y las deficiencias de infraestructura requiere tiempo, aclaró que “la recuperación del imperio de la ley” no admite demora.
absolvió al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro,,Rey Distribución SRL,Conforme a
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En el Día de la Lealtad, el PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón: “No se trata de justicia, se trata de proscripción”
El Partido Justicialista presentó a Cristina Fernández de Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según afirmó en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el posteo previo al comunicado, que definió a la lealtad peronista como una obligación y no como una efeméride.
En un comunicado, sostuvo que la inhabilitación perpetua de la expresidenta para ejercer cargos políticos, en el marco de la condena en la causa Vialidad, busca impedir que la oposición vuelva a llevarla al poder.
Para ello, la fuerza peronista convocó a su militancia, a los trabajadores, a sus organizaciones y a los sectores democráticos a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para obtener la libertad de Fernández de Kirchner y el fin de la medida que define como proscriptiva. El llamado planteó la movilización y la unidad como una obligación política de los peronistas.
El texto posteado en las redes oficiales partidarias cuestionó también el régimen de visitas que se le aplica a la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. El PJ sostuvo que esas restricciones no alcanzan, según su planteo, “a narcotraficantes ni a condenados por delitos de lesa humanidad”.
Sobre el fallo contra la dirigente, el partido afirmó que se dictó “sin pruebas” y acusó al tribunal de haber torcido el derecho y falsificado los hechos. También señaló que el presidente del tribunal “juega al fútbol en la quinta de Mauricio Macri con el fiscal de la acusación”.
El Partido Justicialista afirmó que el objetivo central de la condena no es la pena principal. “No se trata de justicia, se trata de proscripción”, expresó el PJ en su declaración.
La organización definió a Fernández de Kirchner como “la dirigente política más importante de la oposición” y sostuvo que su persecución forma parte de un modelo económico que busca disciplinar a quienes defienden los derechos de las mayorías, la industria nacional, el trabajo y la soberanía. “Cuando no pueden vencer en las urnas, recurren a la proscripción”, afirmó.
Para fundamentar esa comparación, el PJ recordó los hechos que rodearon al 17 de octubre de 1945. Según el comunicado, Perón había sido obligado a renunciar el 9 de octubre por un sector de las Fuerzas Armadas y luego fue detenido y trasladado a la isla Martín García.
La declaración reconstruyó que trabajadores de Berisso, Ensenada, Avellaneda, Lanús y otros puntos del conurbano caminaron hacia Plaza de Mayo para exigir su liberación. “Exigían la libertad de Perón y no se fueron hasta conseguirla”, señaló el texto sobre la movilización que precedió al discurso del entonces coronel desde los balcones de la Casa Rosada.
El partido también mencionó la proscripción que atravesó el movimiento tras el golpe de 1955, período en el que, según indicó, Perón estuvo exiliado y hasta su nombre fue prohibido durante 18 años. Para el PJ, la organización popular permitió el regreso del expresidente a la Argentina.
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