POLITICA
Cuenta regresiva para Víctor Pesino, el juez que salvó la reforma laboral de Milei
Con el reloj como amenaza, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encarará este mediodía el desafío de convencer a sus pares de la oposición dialoguista para que la Cámara alta sesione el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.
Luego de dar vuelta la página del caso Adorni, el oficialismo intenta reforzar su agenda legislativa y Bullrich más de un objetivo, pero también una urgencia. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales son las metas que la exministra busca encauzar este mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado. La urgencia es la situación del camarista Víctor Arturo Pesino: el juez que salvó la reforma laboral del Gobierno.
Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló en favor de la administración de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El 23 de abril, Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvió dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo pasado había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.
Horas después del fallo favorable, el Ministerio de Justicia comunicó en el Boletín Oficial que iniciaba el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio. Es decir, tiene por delante apenas 19 días para que el Senado sesione y apruebe la continuidad en su cargo. O 18, si se toma el antecedente que fijó la Corte Suprema en el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa.
Esa es la urgencia de Bullrich. Cerca de la exministra creen que el jueves 16 habrá sesión y que el pliego de Pesino será tratado. Pero el calendario les aporta otra dificultad: hay senadores aliados que provienen de provincias donde ya comenzaron las vacaciones de invierno.
Los camaristas Pesino y González gozan de buena reputación en la Casa Rosada, donde prima la idea de que el peronismo y la CGT moldearon y tienen una amplia influencia sobre el fuero laboral.
En ese fuero, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por . De hecho, Pesino y González se desmarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.
El 9 de junio, Pesino acudió al Senado para defender el pliego que busca extender su magistratura y quedó en el centro de los cuestionamientos del PJ por dos decisiones: el fallo que reinstaló la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y terminó con una encendida defensa de Bullrich.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
El antecedente Figueroa
La Corte Suprema fijó un claro precedente para los jueces que alcanzan los 75 años al tratar el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa, una magistrada que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. El 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.
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Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.
La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.
Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.
Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.
No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.
“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.
Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.
celeste salguero/comunicaciòn
POLITICA
Senado: se demoran las firmas para dictaminar la ley de salud mental y hay disidencias de los aliados
Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.
En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.
Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.
En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.
Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.
Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.
El presidente Javier Milei se refirió a las multitudinarias protestas que tienen lugar en Francia y que convocaron a chalecos amarillos, estudiantes de secundaria, universitarios, agricultores y sindicalistas este sábado 17 de octubre para protestar contra el costo de vida. El primer mandatario argentino criticó la situación en Europa y lo comparó con sus palabras durante el Foro de Davos de 2024.
“Pensar que luego de dicho discurso en Davos 2024, los analistas políticos, la política y los periodistas salieron a criticar brutalmente. Nada que debiera sorprender ante el déficit de IQ severo combinado con ignorancia y ceguera ideológica”, escribió este domingo Milei en su cuenta de X.
Y añadió: “¿Reconocerán que otra vez acerté y que ellos erraron fuerte? Lo dudo, carecen de honestidad intelectual, de conocimiento y autocrítica, al margen de la cuestionable calidad humana que muestran a diario. ¡CIAO!“.
Junto a sus palabras, Milei compartió un fragmento de su discurso en ese evento. En esa oportunidad, el jefe de Estado argentino comenzó diciendo que occidente estaba “en peligro”.
“Aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”, expresó Milei.
“Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca soluciona los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa”, señaló en ese entonces.
Protestas en París
Las nuevas palabras de Milei llegaron mientras Francia enfrenta graves problemas por los manifestantes, no sólo en París. Los reportes también hablaron de alcaldías asaltadas en Marsella, Lille y Limoges, la oficina de turismo incendiada en Lyon, y una manifestación espontánea que logró acercarse a escasos 150 metros del Elíseo y ocupar los Campos Elíseos.
La Policía anunció 855 detenidos, una cifra “récord”. Y 60 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos. “Aquellos que rompieron, atacaron prefecturas y comercios, pillaron hasta nuestras alcaldías, serán perseguidos y castigados”, prometió el presidente Emmanuel Macron.
Nacido en septiembre en las redes sociales por iniciativa de una nueva generación de chalecos amarillos, el llamamiento del 17 de octubre consiguió generar un efecto “bola de nieve”, arrastrando detrás suyo al sindicato de orientación comunista CGT, Solidaires y la Confederación Agrícola, las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, la Coordinación Rural, las marchas por el clima e incluso la intersindical de conductores de VTC, y contando con el apoyo del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI) y el Partido Comunista (PCF).
Las reivindicaciones son un catálogo de la exasperación social: el precio de la nafta, las facturas de la luz, la canasta básica, el rechazo al proyecto de presupuesto 2027, así como la falta de recursos para la escuela y los hospitales.
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