POLITICA
Cuenta regresiva para Víctor Pesino, el juez que salvó la reforma laboral de Milei
Con el reloj como amenaza, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encarará este mediodía el desafío de convencer a sus pares de la oposición dialoguista para que la Cámara alta sesione el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.
Luego de dar vuelta la página del caso Adorni, el oficialismo intenta reforzar su agenda legislativa y Bullrich más de un objetivo, pero también una urgencia. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales son las metas que la exministra busca encauzar este mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado. La urgencia es la situación del camarista Víctor Arturo Pesino: el juez que salvó la reforma laboral del Gobierno.
Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló en favor de la administración de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El 23 de abril, Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvió dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo pasado había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.
Horas después del fallo favorable, el Ministerio de Justicia comunicó en el Boletín Oficial que iniciaba el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio. Es decir, tiene por delante apenas 19 días para que el Senado sesione y apruebe la continuidad en su cargo. O 18, si se toma el antecedente que fijó la Corte Suprema en el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa.
Esa es la urgencia de Bullrich. Cerca de la exministra creen que el jueves 16 habrá sesión y que el pliego de Pesino será tratado. Pero el calendario les aporta otra dificultad: hay senadores aliados que provienen de provincias donde ya comenzaron las vacaciones de invierno.
Los camaristas Pesino y González gozan de buena reputación en la Casa Rosada, donde prima la idea de que el peronismo y la CGT moldearon y tienen una amplia influencia sobre el fuero laboral.
En ese fuero, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por . De hecho, Pesino y González se desmarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.
El 9 de junio, Pesino acudió al Senado para defender el pliego que busca extender su magistratura y quedó en el centro de los cuestionamientos del PJ por dos decisiones: el fallo que reinstaló la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y terminó con una encendida defensa de Bullrich.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
El antecedente Figueroa
La Corte Suprema fijó un claro precedente para los jueces que alcanzan los 75 años al tratar el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa, una magistrada que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. El 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.
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POLITICA
Insólito: un hotel de más de 40 años en Salta podría cerrar por pagar $100 millones en juicios laborales
Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.
Al mismo tiempo, el abogado tendrá este miércoles una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, donde planteará la situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.
También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario «no tiene margen para pagarlo”.
Por eso Torres Barth reclamó que se fije cuanto antes la fecha de juicio oral para “dar por terminado esto” y poder contar con una sentencia que, enfatizó, defina que el bloqueo “no es un derecho a huelga sino un delito”.
El abogado sostuvo que, a valores actualizados por inflación, ya se pagaron 68 millones de pesos en indemnizaciones, monto que corresponde a acuerdos o resoluciones de juicios laborales promovidos por personas que, al mismo tiempo, están imputadas en el proceso penal por el conflicto en el hotel.
Resaltó que el problema de fondo es la distinta velocidad y el distinto criterio con que actúan ambos fueros. “La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra velocidad”, dijo, antes de señalar una “descoordinación” entre ambos tribunales.
Su argumento es que el fuero laboral viene ordenando indemnizaciones bajo una lógica incompatible con la acusación penal. “El fuero laboral dice una cosa, dice: ‘No, están mal hechas, hay que indemnizar’, y el fuero penal dice: ‘Acá cometieron un delito’”, sostuvo.
En ese punto, recordó una definición previa del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, según la cual el derecho constitucional de huelga no ampara “actos como daños materiales ni turbación de la posesión” y que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por ese derecho. Sin embargo, el abogado puntualizó: “La justicia laboral está diciendo lo contrario”.
Torres Barth también explicó que la defensa del empresario intentó frenar el avance de las causas laborales hasta que se resolviera la causa penal, pero ese pedido fue rechazado. “Issa pidió que se suspendan los juicios laborales hasta tanto falle la justicia penal, pero no le hicieron lugar. Entonces, los juicios laborales siguen cayendo y lo siguen perjudicando”, señaló.
Según su interpretación, la definición penal debería ordenar el resto del expediente judicial. “La prejudicialidad indica que lo que decide la justicia penal es obligatoria para todos los demás fueros”, dijo. Y lo sintetizó así: “Si la justicia penal dice: ‘Acá hay un delito’, el juez laboral no puede decir: ‘Acá no hay delito’”.
Añadió que el caso puede derivar en una situación que consideró contradictoria: una condena penal y, al mismo tiempo, una carga económica todavía mayor para el dueño del hotel. “Puede ser que se dicte una sentencia a tres años de prisión en suspenso a los que bloquearon, pero así y todo haya que pagar 100 millones de pesos a esas mismas personas que fueron condenadas”, afirmó.
El representante legal del MEAB destacó que la entidad sigue “de cerca” este caso porque lo considera “un precedente importante en el norte del país”.
Por su parte, el abogado Nicolás Corregidor, que representa a 15 de los 17 empleados del hotel que fueron despedidos, sostuvo a Infobae que en la audiencia judicial de este miércoles buscará el sobreseimiento de esos imputados en la causa: sostuvo que la investigación fue mal conducida, que parte de los acusados no estuvo en el lugar de los hechos y que el caso se inscribe en un conflicto salarial y laboral que ya tuvo resoluciones favorables para los empleados.
El abogado dijo que existe un exceso en las imputaciones formuladas por la fiscalía. Aseguró, además, que hubo un requerimiento previo de elevación a juicio que no se ajustó a lo ordenado por el juez y que, aun así, se avanzó con nuevas imputaciones contra trabajadores.
Uno de los ejes de la defensa es que sus representados no participaron de los hechos en los términos señalados por la acusación. Según su versión, las filmaciones del hotel muestran que estaban en la vereda y en la calle, no en la puerta del establecimiento.
Para Corregidor, esa ubicación descarta la hipótesis de un bloqueo por parte de los trabajadores a los que representa. Distinguió esa situación de la conducta que eventualmente haya podido tener durante la protesta el Sindicato de Gastronómicos de Salta, asunto que consideró ajeno a su estrategia defensiva.
En la sentencia del Juzgado de Garantías N° 4 de Salta, a cargo de Rodríguez Pipino, dictada en noviembre pasado, se da por probado a partir de declaraciones testimoniales, informes policiales, inspecciones oculares, fotos y filmaciones que entre el 10 y el 27 de abril de 2021 el Hotel Provincial sufrió “el bloqueo de las puertas principales, la imposibilidad de ingreso y egreso de empleados, huéspedes y alumnos de la escuela hotelera, así como daños con pintadas en puertas y muros”.
Además, el juez Rodríguez Pipino sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoce la protesta gremial, pero delimita que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.
Según Issa, todo comenzó en plena pandemia con una marcha por reclamos salariales de empleados y de dirigentes del sindicato UTHGRA ante el hotel, que incluso intentaron entrar a las instalaciones, pero no pudieron gracias a que lo impidió el personal de guardia.
“Regía la conciliación obligatoria dictada por Trabajo por las supuestas diferencias salariales -resaltó Issa-, lo que implicaba que las partes no podían tomar medidas de acción directa, pero el gremio violó la conciliación obligatoria, intentó tomar al hotel y, como no pudieron, bloquearon los accesos, dañaron la propiedad, pintaron todos los mármoles, todos los vidrios y vinieron con la hinchada de un club de fútbol de Salta a tirar bombas de estruendo. De hecho, tenemos una filmación en donde les están pagando a los que venían con los bombos y tambores”.
“Desde ese momento, y durante unos 18 días, todas las mañanas bloqueaban el hotel -recordó-. Llegaba una camioneta de la UTHGRA, bajaban sillas, mesas, sandwiches de milanesa, bebidas y muñecos disfrazados y se instalaban frente a la puerta del hotel, sin dejar entrar ni salir a nadie del lugar”.
“¿Cuándo se desarmó el bloqueo? -siguió Issa- Cuando todos los trabajadores recibieron la carta documento de despido con causa. Simultáneamente, hicimos las denuncias penales correspondientes».
Cuatro años después de producidos los hechos, el juez Rodríguez Pipino elevó a juicio la causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por el bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión. Pero avanzaron los juicios laborales por montos multimillonarios como si no existiera la acusación penal contra quienes bloquearon y ahora Issa no descarta cerrar la empresa que fundó su familia en 1971.
gustavo sáenz
POLITICA
Los Macri se reunieron en medio de la tensión en Pro por la estrategia para retener la Capital en 2027
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió esta mañana con el expresidente Mauricio Macri, en medio de las tensiones que provoca en Pro la disputa de poder entre los primos y sus diferencias en torno a la estrategia para retener la Capital en 2027.
Los Macri se vieron las caras esta mañana en el predio de Ecoparque, en el barrio de Palermo. Fue un encuentro de seguimiento de gestión, en el que se abordaron asuntos vinculados a la agenda de desregulación de la administración porteña. El líder de Pro, quien regresó al país la semana pasada después de que finalizara el Mundial de fútbol en los Estados Unidos, México y Canadá organizado por la FIFA, asistió acompañado por su mano derecha: Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido.
El jefe porteño, en tanto, estuvo escoltado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo. En la sede gubernamental de Uspallata minimizan los últimos cortocircuitos entre los primos y afirman que el vínculo entre Jorge Macri y el expresidente goza de buena salud. No obstante, Mauricio Macri no oculta su disgusto con el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en el bastión de Pro. Por caso, le molestó que haya confirmado que aspira a renovar su mandato en los próximos comicios. Macri dejó trascender que no avala aún el plan reeleccionista de su primo. Es decir, que aún no definió si lo apoyará como candidato a jefe de gobierno en 2027. Esa definición llegó a oídos de altos mandos del partido e, incluso, ministros porteños, que no ocultan su incomodidad por el enfrentamiento familiar. “Se pelearon mamá y papá”, grafican.
Tras el encuentro en Ecoparque, los macristas aclararon que en la charla solo se tocaron temas vinculados a los avances de la gestión en materia de desregulación. Afirmaron que la agenda ya había sido pactada de antemano y que no abordaron asuntos vinculados al futuro de la Capital. “No es una reunión política”, anticipaban cerca de Macri durante el último fin de semana. Interlocutores habituales del expresidente admiten que el vínculo entre los primos está desgastado. Los primeros desencuentros surgieron después de que Pro sufriera una dura derrota frente a La Libertad Avanza en las legislativas porteñas de mayo del año pasado. El exmandatario responsabilizó al alcalde por el diseño de la estrategia -desdobló los comicios y apostó a confrontar con Javier Milei– y le reclamó cambios drásticos en el Gabinete. “Mauricio lo hostiga por la gestión; esto ya pasó con Horacio”, rememora un histórico operador de Pro.
Quienes conocen a Macri afirman que las diferencias con su primo giran en torno a la política y el manejo de la gestión. “No descarto que se arreglen, pero hoy no están bien”, aseguran desde el macrismo.
La semana pasada, Jorge Macri ratificó su intención de lograr un entendimiento electoral con La Libertad Avanza (LLA) para competir en 2027.
Desde la caída de mayo pasado, intenta acercar posiciones con la Casa Rosada. De hecho, logró armonizar la relación con Milei, quien pasó de negarle el saludo a dedicarle sonrisas y caricias a Vito, el hijo del jefe porteño, durante el Tedeum por el 9 de Julio o el acto inaugural de la exposición de La Rural en Palermo.
Pese a los gestos de simpatía del Presidente o el clima de cooperación que se instaló en la Legislatura entre libertarios y Pro, los lugartenientes de los Milei en Buenos Aires insisten en que por ahora no prevén evaluar un acuerdo con Jorge Macri. En el entorno del líder de Pro presumen que los libertarios solo estarían dispuestos a negociar si el interlocutor es Mauricio Macri.
Es que, justifican, Macri es quien controla los destinos del partido amarillo a nivel nacional. Desde hace meses recorre el país para revitalizar a Pro y amaga con construir una candidatura presidencial. Una construcción alternativa de la derecha republicana, conjeturan en la Casa Rosada, sería un escollo para el plan de Milei de ganar en primera vuelta en 2027. A sabiendas de que necesitan fortalecerse para una eventual negociación con el oficialismo, los colaboradores más estrechos de Macri dicen que no descarta jugar. En los próximos días prevé retomar su agenda de campaña con la gira “El próximo paso”: podría visitar ciudades del Sur del país y del noroeste.
En la cúpula de Pro y en el círculo rojo dudan de que tenga intenciones de volver a ser candidato. “Dicen que no tiene ganas, pero no vamos a regalar los 8 o 10 puntos a nivel nacional que puede medir Pro en 2027. Falta mucho; no hay nada concreto y no tenemos apuro”, repiten en las oficinas del expresidente.
En el macrismo reconocen que el jefe de Pro no avala hasta el momento la intención de su primo de competir por la reelección en la Capital. En ese contexto, surgieron versiones de que el exmandatario podría habilitar un candidato propio en el distrito, como De Andreis o Guillermo Dietrich.
En la mesa ejecutiva de Pro están preocupados por el enfrentamiento entre los primos. La mayoría de los jerarcas cree que la interna los debilita para negociar con la Casa Rosada. Cristian Ritondo, jefe de Pro en Buenos Aires, tiene encaminadas sus charlas con Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Sebastián Pareja, titular de LLA en el territorio bonaerense, para reeditar el año próximo la alianza electoral que sellaron macristas y libertarios en 2025.
En Pro exigen garantías de que los violetas respetarán a sus once intendentes y que habilitarán a sus candidatos a jefe comunal en los distritos donde Pro es más competitivo que LLA. Además, aspiran a renovar la cantidad de legisladores provinciales que ponen en juego. Los karinistas admiten que en Buenos Aires la mejor alternativa para enfrentar al peronismo en 2027 es aunar fuerzas con macristas y radicales. Pretenden replicar el modelo que utilizó Santilli en 2021 y 2023 cuando integraba las filas de Horacio Rodríguez Larreta.
El expresidente no desconoce que los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) también exploran un pacto con la Casa Rosada para converger en sus distritos. El problema está en la Capital. “A Jorge los libertarios no le atienden el teléfono. ¿Cuál es el incentivo que tienen para acordar con él?”, expresan cerca de Macri.
Quienes aconsejan al alcalde remarcan que él será quién defina si acepta o no las condiciones para pactar con LLA. En la Ciudad se jactan de que los sondeos de opinión muestran un repunte de la valoración de la gestión porteña. “Jorge levantó en las encuestas y los libertarios no tienen candidatos”, especula un referente del partido que gobierna la Capital desde hace casi veinte años.
En un sector de Pro intuyen que los dos Macri buscan acordar con LLA en la Ciudad de Buenos Aires, pero difieren en la estrategia. El jefe porteño le abre los brazos a los Milei y podría negociar una fórmula compartida –mencionan a Pilar Ramírez, soldado de Karina Milei-, como eventual prenda de unidad-. ¿Estaría dispuesto a hacer más concesiones que su primo? “Jorge es más pragmático”, apunta un hombre que dialoga con frecuencia con el jefe porteño.
En cambio, los macristas calculan que LLA querrá competir en las PASO. Dicho de otro modo: en caso de acordar, exigirán una competencia interna.
En el macrismo también evaluaron esquemas alternativos ante la chance de que se frustre un entendimiento con los Milei. Por un lado, surgió la posibilidad de seducir a Horacio Rodríguez Larreta para que se sume a una interna. Daniel Angelici intentó acercar posiciones. Pero el tema se enfrió. Jorge Macri, dicen en Uspallata, descarta de plano un acercamiento con su antecesor, quien intensificó las críticas a la actual gestión.
Otra opción que analizaron en el macrismo es armar una interna atractiva con la UCR, como ocurrió en 2023, cuando Jorge Macri superó a Martín Lousteau. “Si no acordamos con LLA, hay que potenciar el espacio de alguna forma”, estiman.
La principal meta de Macri en 2027 es retener el control de la Capital, pero también querrá incrementar su presencia en la Cámara de Diputados y el Senado. Por eso, busca liderar la posible negociación con los Milei.
En Pro evitaron por ahora fijar un posicionamiento institucional en torno al intento del Gobierno para eliminar las PASO en 2027. La última discusión en la mesa de conducción del partido se produjo en la previa del Mundial de fútbol. Macri se inclinó por no modificar las reglas electorales.
“En política nadie cambia presente por futuro sobre todo con quienes son incumplidores seriales”, advierten en Pro.
En el macrismo saben que el oficialismo aún no consiguió el apoyo de los gobernadores peronistas aliados a la Casa Rosada. Por eso, no piensan mover sus fichas. “Nos hacemos los boludos con las PASO, porque necesitamos garantías”, dice uno de los popes de Pro.
En ese contexto, Jorge Macri deberá tomar una decisión de alto voltaje en los próximos meses: debe resolver si unifica los comicios porteños o desdobla. “Es muy pronto para definir el escenario electoral. Aún resta saber si a nivel nacional va a haber PASO o no. Hay que esperar para esas definiciones”, dicen en la sede gubernamental de Parque Patricios. Hasta ahora, el jefe porteño repite que no contempla suprimir las primarias porteñas, como procuran los representantes de Karina Milei.
la disputa de poder,ratificó su intención,Matías Moreno,Conforme a
El presidente Javier Milei presentará por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Será el jueves a las 20.00, anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa en Casa Rosada. Se trata de una de las principales iniciativas económicas que impulsará la Casa Rosada en el Congreso.
Desde la Vocería presidencial destacaron que el mandatario explicará “los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que dio la ciudadanía es bajar la inflación».
Como anticipó TN el Ejecutivo ubica el proyecto dentro del paquete de reformas con el que Milei planea hacer campaña. La Casa Rosada quiere instalar la idea de que la baja de la inflación depende no solo del programa económico actual, sino también de un cambio legal que impida volver a financiar al Tesoro con emisión. La Casa Rosada presenta la iniciativa como una señal institucional para blindar el equilibrio fiscal y la política monetaria.
La Casa Rosada analiza incorporar además una discusión sobre la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La idea surgió en la reunión de Milei con legisladores libertarios y apunta a reforzar la credibilidad de los datos oficiales, en especial si la reforma del Banco Central incluye reglas atadas al comportamiento de la inflación.
En el Ejecutivo saben que el proyecto tendrá tensión técnica y política. Una prohibición absoluta de emisión podría quitarle margen operativo al Banco Central para comprar reservas, administrar liquidez o actuar ante escenarios de estrés financiero. Por eso, en los equipos económicos trabajan en una redacción que limite el financiamiento monetario del Tesoro sin bloquear herramientas monetarias ordinarias.
El Ejecutivo combina esa agenda con otros proyectos del segundo semestre, como Inocencia Fiscal, la regla fiscal, la reforma presupuestaria inspirada en el “shutdown”, los códigos Penal, Civil y Aduanero, y el paquete de seguridad y defensa. La diferencia es que la reforma del BCRA aparece como una de las iniciativas más personales del Presidente.
Las claves del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA
- Establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, como único objeto y mandato.
- Prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional y la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.
- Fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, darles mayor independencia y estabilidad a sus autoridades, y elevar los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.
- Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley como escenarios de deflación.
- Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, usen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.
Javier Milei, Banco Central
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