POLITICA
Cuenta regresiva para Víctor Pesino, el juez que salvó la reforma laboral de Milei

Con el reloj como amenaza, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encarará este mediodía el desafío de convencer a sus pares de la oposición dialoguista para que la Cámara alta sesione el próximo jueves 16, antes que el receso invernal convierta en un páramo el Congreso.
Luego de dar vuelta la página del caso Adorni, el oficialismo intenta reforzar su agenda legislativa y Bullrich más de un objetivo, pero también una urgencia. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley “hojarasca” y una nueva tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales son las metas que la exministra busca encauzar este mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado. La urgencia es la situación del camarista Víctor Arturo Pesino: el juez que salvó la reforma laboral del Gobierno.
Pesino integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló en favor de la administración de Javier Milei y suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El 23 de abril, Pesino, en un fallo conjunto con María Dora González, resolvió dejar en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda, quien el 30 de marzo pasado había hecho lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dictado una medida cautelar para suspender 81 artículos de la ley 27.802, llamada de “modernización laboral”.
Horas después del fallo favorable, el Ministerio de Justicia comunicó en el Boletín Oficial que iniciaba el trámite para que Pesino continúe como vocal de la Cámara una vez que cumpla 75 años. La Constitución establece que a esa edad, los jueces deben jubilarse, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino cumple 75 años el próximo 27 de julio. Es decir, tiene por delante apenas 19 días para que el Senado sesione y apruebe la continuidad en su cargo. O 18, si se toma el antecedente que fijó la Corte Suprema en el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa.
Esa es la urgencia de Bullrich. Cerca de la exministra creen que el jueves 16 habrá sesión y que el pliego de Pesino será tratado. Pero el calendario les aporta otra dificultad: hay senadores aliados que provienen de provincias donde ya comenzaron las vacaciones de invierno.
Los camaristas Pesino y González gozan de buena reputación en la Casa Rosada, donde prima la idea de que el peronismo y la CGT moldearon y tienen una amplia influencia sobre el fuero laboral.
En ese fuero, la Sala VIII es calificada como “la más patronal”, según fuentes del sector consultadas por . De hecho, Pesino y González se desmarcaron de las nueve salas restantes al implementar un esquema a la baja para calcular los intereses en los casos de indemnización. “En vez de aplicar el IPC más el 3%, como hacíamos todos, él le restaba el 30 por ciento a los créditos”, expuso un abogado laboralista de reconocida trayectoria. En su historial, Pesino tuvo otros fallos de repercusión pública: uno de ellos fue cuando en 2020 rechazó un amparo para la reinstalación de una trabajadora de la agencia de noticias estatal Télam; el otro, en 2018, cuando suspendió las elecciones del Sindicato de Comercio, a cargo de Armando Cavalieri, por irregularidades en los padrones del gremio más numeroso del país.
El 9 de junio, Pesino acudió al Senado para defender el pliego que busca extender su magistratura y quedó en el centro de los cuestionamientos del PJ por dos decisiones: el fallo que reinstaló la reforma laboral y la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Su exposición derivó en un extenso interrogatorio, principalmente de los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro, y terminó con una encendida defensa de Bullrich.
El camarista llegó a la audiencia con cuatro observaciones ciudadanas en su contra, presentadas por la UOM, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y abogados laboralistas. Entre otras cuestiones, los planteos cuestionaron su actuación en causas sindicales, las demoras de la Sala VIII y una sentencia que posteriormente debió ser anulada por inconsistencias en su redacción.
Las preguntas más incómodas llegaron cuando Recalde y De Pedro pusieron el foco en los contactos que el magistrado mantuvo con funcionarios del Gobierno antes de que avanzara el trámite de su renovación. Pesino confirmó que el 3 de marzo se reunió con un asesor del entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Y que el 7 de abril lo hizo con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando conversaron durante algunos minutos sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En respuesta a los planteos sobre un eventual conflicto de intereses, recordó que había solicitado la prórroga en agosto de 2025 y que recién el 13 de abril fue notificado formalmente del inicio del procedimiento. También negó haber recibido garantías sobre el envío de su pliego. “El ministro no me informó que el Presidente iba a enviar mi pliego”, sostuvo.
El antecedente Figueroa
La Corte Suprema fijó un claro precedente para los jueces que alcanzan los 75 años al tratar el caso de la excamarista de la Casación Ana María Figueroa, una magistrada que intentó conservar su cargo más allá de la edad límite y tuvo un fuerte apoyo del kirchnerismo, que pretendía mantenerla en el máximo tribunal penal.
Figueroa cumplió 75 años el 9 de agosto de 2023. Para entonces, Alberto Fernández ya había solicitado un nuevo acuerdo y la jueza pasó la instancia de las entrevistas personales. Pero el Senado nunca consiguió reunirse para votar su pliego.
El 10 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal se reunió con la magistrada, quien le comunicó a sus colegas que se iba a quedar en el cargo, pero sin firmar sentencias, por si eran nulificadas, a la espera del acuerdo del Senado.
Pero los jueces de la Casación, presidentes de cada sala, a la semana, se reunieron y al ver que el tiempo pasaba y la jueza no obtenía un nuevo acuerdo, enviaron a la Corte una nota, en la que le señalaron que la magistrada, “habría cesado” en sus funciones, dado que no tenía una nueva convalidación del Senado.
La Corte dictó una resolución en la que señaló que la doctora Figueroa “ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”. La decisión fue unánime. Lleva la firma de los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En la misma resolución, la Corte reglamentó la manera en que se aplica el art. 99, inciso 3, de la Constitución nacional, que establece los 75 años como tope para los jueces. Allí, al dejar en plena vigencia el precedente del camarista Leopoldo Schiffrin, de 2017, decidieron que el magistrado debe pedir el acuerdo y obtenerlo, al menos, un día antes de cumplir 75 años e incluso debe haber para esa fecha un decreto presidencial con un nuevo nombramiento.
Resistencia del kirchnerismo
El fallo de la Corte que dejó cesante a Figueroa no fue suficiente para el kirchnerismo. En el Senado, desoyó la decisión del máximo tribunal y logró aprobar un nuevo acuerdo el 26 de septiembre de 2023, a pesar del plazo vencido. La jueza pretendió, así, revalidar sus títulos.
El martes 3 de octubre, Alberto Fernández nombró por decreto a la jueza por cinco año más. Lo hizo de manera retroactiva al 9 de agosto, la fecha en que Figueroa cumplió 75 años y la Corte la había dejado cesante.
En el medio, el Consejo de la Magistratura dejó de considerarla como jurado para los concursos en los que se deben corregir exámenes a los aspirantes a jueces. Sus colegas, en tanto, cubrieron su vacante y todas las que había en el tribunal, con jueces suplentes.
Con estos nuevos elementos, Figueroa esperó. Mantuvo el suspenso ante sus colegas de la Cámara de Casación, que temían que la jueza se presentara en los tribunales para reclamar su sueldo, su escritorio, su auto, su chofer y fundamentalmente su firma digital que es lo que restituye el poder.
Eso no ocurrió. Pero sí la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei en las elecciones presidenciales. El 25 de noviembre de 2023, Figueroa finalmente pidió jubilarse.
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POLITICA
La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner para ser candidata y se posterga para 2027

Por el momento, Cristina Kirchner no consiguió lo que esperaba del Comité de la ONU al que recurrió para que se revierta su condena. Es que el organismo cerró a principios de noviembre sus sesiones ordinarias, sin tratar la presentación de la ex mandataria para que pueda volver a ser candidata.
De esta forma, la presentación ante las Naciones Unidas se postergará, al menos, hasta marzo de 2027 cuando se reanude el período de sesiones de la entidad multilateral, lo que complica su estrategia electoral ante las próximas elecciones presidenciales.
La defensa de CFK buscaba una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de que suspenda los efectos de la condena a inhabilitación perpetua de la ex mandataria a presentarse a cargos públicos.
Este organismo supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. El procedimiento requiere trasladar la denuncia al Estado involucrado, recibir sus observaciones sobre admisibilidad y fondo y permitir una respuesta de la defensa, un trámite que suele extenderse entre dos y tres años.
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron el reclamo ante ese comité. La defensa denunció presuntas vulneraciones al tratado, acreditó el agotamiento de las vías judiciales argentinas y solicitó medidas urgentes.

La asesoría letrada considera que las tres medidas cautelares presentadas junto con el reclamo pueden ser evaluadas en cualquier momento por ese comité.
El planteo central apunta la restricción al derecho a votar y ser elegida, y que la inhabilitación perpetua es una limitación ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.
Los abogados de CFK plantean también que se afectó el derecho a un juicio justo. Argumentaron que se le atribuyó responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional”, lo que, según la presentación, habría impedido una defensa técnica adecuada.
También exige la intervención de un “tribunal competente, independiente e imparcial”. Para la defensa, hubo maniobras de asignación irregular de expedientes, conocidas como forum shopping, y vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes opositores que habrían afectado la imparcialidad de los tribunales. Otro argumento fue que la Corte Suprema intervino con una integración reducida de tres ministros y que un magistrado recusado resolviera su propia recusación.
La diplomacia, la última opción que le queda a CFK

La condena en la causa Vialidad dejó a Kirchner inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y fijó una pena de seis años de prisión. También fue excluida del padrón electoral en cumplimiento de la sentencia y cumple arresto domiciliario en San José 1111.
Los cuestionamientos sobre el proceso fueron examinados durante las sucesivas instancias de revisión. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia confirmó que la ex presidenta fue responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Por eso, quedaron clausuradas todas las opciones para que la Justicia argentina revea su decisión. La única alternativa que quedaba era intentar con una jurisdicción internacional, como la ONU. Lo cierto es que sistema jurídico argentino no prevé una cuarta instancia una vez que se pronuncia la Corte Suprema. El Comité de Derechos Humanos de la ONU puede emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo, pero no revocar una decisión del Poder Judicial.

La expectativa de una medida cautelar favorable de la ONU se inserta también en la disputa interna que Kirchner mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Su objetivo es recuperar la posibilidad de competir en elecciones pese a la restricción impuesta por el fallo o, al menos, retener el poder de negociación de las listas ante una futura oferta electoral opositora.
En medio del revés provisorio en la ONU, una comitiva de dirigentes kirchneristas viajó a Washington para reunirse con los representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata. La delegación internacional, autodenominada “Cristina Libre”, está integrada por los diputados nacionales Jorge Taiana y Vanesa Siley, la economista Delfina Rossi y el parlamentario por el Mercosur, Franco Metaza.

En ese marco, los congresistas estadounidenses escucharon con atención la situación judicial que atraviesa CFK.
Mientras intenta revertir los efectos por la condena en Vialidad, CFK enfrenta los juicios por el caso “Cuadernos” y por Hotesur-Los Sauces. Si recibe nuevas sentencias por estos procesos judiciales, las penas se sumarán cuando queden confirmadas por la Corte Suprema.
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POLITICA
El Gobierno asegura que Patricia Bullrich no es una amenaza electoral, mientras la senadora busca reforzar sus apoyos

Mientras Patricia Bullrich continúa con sus gestos de autonomía y sus mensajes dirigidos a la Casa Rosada, en el Gobierno descartan que la senadora pueda convertirse en una amenaza electoral para Javier Milei en 2027 y mantienen su estrategia de evitar un enfrentamiento abierto.
La lectura del oficialismo se apoya en un diagnóstico claro, que las próximas elecciones tendrán lugar en un escenario de máxima polarización donde no habrá lugar para alternativas más moderadas. “Esto va a ser River o Boca, peronismo o La Libertad Avanza, no hay lugar para ofertas del medio”, sintetizó a este medio una alta fuente del Ejecutivo.
En ese contexto, afirmó el funcionario, las versiones sobre un eventual lanzamiento de Bullrich por fuera de La Libertad Avanza -o por dentro, si el Gobierno no logra suspender las PASO- no representan un riesgo para la Casa Rosada. “Si Patricia se lanza sola se desploma”, sentenció.
En Balcarce 50 reconocieron el malestar que generaron los recientes desmarques de la legisladora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población y además plantea discrepancias en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente. Sin embargo, siguiendo la línea oficial, ironizaron con que el Gobierno se encuentra en “una etapa papal” y subrayaron que no habrá una escalada pública.
Hasta ahora, las respuestas oficiales han sido indirectas. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem afirmó en un evento partidario que “el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que “cualquiera cree que puede ser presidente porque Javier llegó a presidente”. En el oficialismo aseguraron que el destinatario de ambos mensajes era Bullrich. En paralelo, Karina Milei y Menem buscaron en las últimas semanas darle un mayor protagonismo a una senadora de su máxima confianza, la neuquina Nadia Márquez, aunque descartaron los rumores de un desplazamiento.
Por su parte, cerca de Patricia Bullrich aclararon que la opción de considerar una PASO entre Javier Milei y la expresidenciable de Juntos por el Cambio nunca estuvo sobre la mesa, desmintiendo cualquier intento por parte de la senadora de boicotear el avance de la reforma electoral en la Cámara alta.
Sin embargo, avisaron que, fiel a sus principios, Bullrich “va a seguir hablándole a su electorado”. Este jueves, la jefa de la bancada oficialista aseguró que estaba todo listo para tratar la nueva ley de Discapacidad en la Cámara alta y remarcó que “el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. Días atrás, también llamó a tratar la ley para la prevención de la ludopatía, una causa muy promovida por la Iglesia, pero que no estaba entre las prioridades legislativas del Gobierno.
POLITICA
Melconian explicó por qué será candidato y remarcó la importancia de aplicar una reforma tributaria

El economista Carlos Melconian explicó por qué será candidato a presidente en las próximas elecciones y planteó la necesidad de impulsar un “proceso de crecimiento” con foco en la gente. Además, el expresidente del Banco Nación, que integraba la propuesta de Patricia Bullrich en 2023 como elegido para el Ministerio de Economía, remarcó la importancia de aplicar una reforma tributaria.
“Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, respondió en una entrevista con José Del Rio para Comunidad de Negocios, en LN+, donde cuestionó los resultados de la transición que atraviesa el país. En ese marco, sostuvo que está en marcha “una transición que no ha generado resultados en la gente”.
Melconian afirmó que la Argentina lleva “muchísimos años sin moneda” y contrastó el protagonismo que tuvo la dolarización durante la campaña electoral con las dudas que, según planteó, persisten sobre el esquema vigente. “Hoy no sabemos cuál es el régimen cambiario”, señaló.
Para el economista, quien aspira a la presidencia debe buscar restablecer la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. En ese sentido, consideró que la estabilidad no constituye un fin en sí mismo, sino el “puntapié inicial”, y vinculó ese objetivo con la inflación, la moneda, el régimen cambiario y la acumulación de reservas.
Con ese diagnóstico, explicó que su primera interpretación de este período fue la de una transición orientada a alcanzar la estabilidad fiscal. Según sostuvo, después debería llegar una etapa de crecimiento y, luego, la continuidad de ese proceso, dentro de un esquema de respeto a la propiedad privada y de libre mercado.
Cuando Del Rio le preguntó por su coincidencia con el Gobierno en la defensa de la propiedad privada, Melconian respondió: “Es lo que costó no ser ministro del presidente Macri”. A continuación, vinculó aquella situación con su planteo de combinar equilibrio fiscal, reformas liberales y crecimiento económico.
Noticia en desarrollo.
Carlos Melconian,LN+,Carlos Melconian,,Conforme a
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