POLITICA
De “enderezamos el rumbo” a “quebraron más de 23 mil empresas”: el debate entre oficialismo y oposición por la economía
El rumbo económico del Gobierno quedó en el centro del debate este miércoles en A Dos Voces, por TN, donde participaron Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Movimiento Evita y secretario de UTEP; Esteban Paulón, diputado santafesino del Partido Socialista; Manuel Quintar y Gino Visconti, diputados de La Libertad Avanza; y Karina Banfi, diputada de la UCR.
El oficialismo defendió que la gestión de Javier Milei “enderezó el rumbo”, mientras que la oposición cuestionó el impacto social del ajuste, la caída del poder adquisitivo y la situación de las empresas.
El oficialismo defendió el rumbo económico y apuntó contra la herencia recibida
El cruce comenzó con una crítica de Esteban Paulón al funcionamiento interno del Gobierno y al rol de Karina Milei. El diputado socialista sostuvo que sintió “la misma defraudación que sintió la sociedad argentina” con un jefe de Gabinete que, según planteó, utilizó el Congreso para un relanzamiento político que calificó como “fallido”.
“Había más de 200 funcionarios del Gobierno en ese acto. Se ven las imágenes y, aparte, con total desparpajo, nos mintió; nos dijo que no había ocultado bienes, que no había contratos de la Televisión Pública con su amigo Marcelo Grandío”, afirmó Paulón.
El legislador agregó: “Terminó la reunión y se supo de los seis contratos con la TV Pública. A las pocas semanas, él reconoce que, efectivamente, no sólo ocultó bienes, tuvo que hacer 30 rectificaciones de declaración jurada de bienes y, evidentemente, la situación no dio para más”.
En ese contexto, Paulón apuntó contra el peso político de la secretaria general de la Presidencia: “Ratifico mi posición de que Karina Milei es la jefa del Gabinete y la que toma las decisiones. A Adorni lo echaron el viernes cuando Milei estaba en Madrid; no hizo falta ni que el Presidente estuviera en la Argentina para que Adorni fuera dejado de lado como jefe”.
El diputado libertario Manuel Quintar salió al cruce y defendió la autoridad presidencial en la toma de decisiones. “La decisión la toma el Presidente de la Nación y creo que está más que claro”, respondió.
Además, remarcó el lugar de Karina Milei dentro del esquema oficial: “Karina Milei es la Secretaria General de la Presidencia, la persona de más confianza del presidente Javier Milei y, obviamente, una persona de consulta y escucha permanente, pero la decisión final la toma el Presidente”.
Luego, Quintar defendió el balance económico de la gestión libertaria. “Nosotros no decimos que andamos fenómeno; decimos que hemos enderezado el rumbo del país, que era un país donde Pérsico, que es el jefe del Movimiento Evita donde el amigo participa, milita, era parte del Gobierno y dejaron un país devastado”, afirmó.
En la misma línea, Gino Visconti, también diputado de La Libertad Avanza, responsabilizó al kirchnerismo por la situación heredada. “El kirchnerismo dejó un 50% de pobreza, una inflación galopante. Ahora estamos bajando todos esos números. Nosotros no decimos que estemos bien, falta un montón”, planteó.
Salarios, endeudamiento y empresas: las críticas de la oposición al ajuste
Desde la vereda opuesta, Alejandro “Peluca” Gramajo cuestionó la lectura del oficialismo y pidió “responsabilidad” frente a la situación social. “Nosotros somos autocríticos, sumamente críticos de lo que pasó, incluso, los 20 años anteriores, no solo en Argentina sino en América Latina, pero bajo ningún punto de vista lo que ustedes transmiten o intentan transmitir como la realidad es lo que está pasando”, sostuvo.
El dirigente del Movimiento Evita advirtió sobre el impacto del deterioro económico en los barrios. “A mí lo que me preocupa es que sean responsables porque acá estamos hablando de que las familias están endeudadas, familias que caen en las manos del narcotráfico; familias que tienen problemas de salud mental, familias que tienen problemas de consumo, de adicciones”, dijo.
Y agregó: “Saben por qué se endeudan con el narcotráfico: porque si no tienen que ir a vivir a la calle, porque no pueden pagar un alquiler informal. Hay que ser responsables y no mentirle a la sociedad”.
Gramajo también interpeló al oficialismo por el poder adquisitivo. “¿Vos sabés cuánto vale un litro de leche? Porque el salario a la gente no le alcanza; ustedes tienen que estar pensando cómo les van a resolver el salario a la gente”, lanzó.
Quintar respondió con un planteo sobre las competencias provinciales en materia de seguridad. “La policía y la seguridad dependen de las provincias. A ver si entendemos y estudiamos un poco la Constitución. A ver qué están haciendo los gobernadores”, señaló.
El diputado libertario sostuvo que “las tasas de inseguridad del país han bajado como nunca en la historia con este Gobierno” y pidió que los gobernadores “se sienten con todos los sectores a pensar en la Argentina”.
Karina Banfi, diputada de la UCR, cuestionó esa postura y marcó la responsabilidad del Gobierno nacional. “Ustedes tienen una gran responsabilidad como Gobierno porque si uno ve principalmente la opinión de la gente, la plata no le alcanza. Este es un dato, ustedes lo saben”, sostuvo.
La legisladora radical planteó que el problema salarial es central para reactivar la economía. “Debemos subir los salarios. Son muy bajos en la Argentina y eso también logra generar un estancamiento en el movimiento de la economía que ustedes están inyectando y están tratando de que se mueva”, dijo.
Banfi también cuestionó la mirada del oficialismo sobre los gobernadores. “Es una irresponsabilidad decir que los gobernadores, en términos generales, solo les interesa reelegir”, afirmó.
En ese sentido, recordó el respaldo legislativo de mandatarios provinciales a iniciativas del Gobierno: “Fijate la foto que se sacaron ustedes ayer (por el martes) con 14 gobernadores que le han dado el voto de sus diputados y sus senadores para que realmente la economía mueva”.
La diputada pidió “asumir con mucha seriedad” la responsabilidad de la gestión nacional y advirtió: “Si la gente encima tiene expectativas y ustedes se las van a tirar por el tacho, estamos en un grave problema todos, no solo ustedes”.
Visconti volvió a cargar contra las provincias y sostuvo que muchas dependen casi exclusivamente de los fondos nacionales. “Los ingresos con los que vive la provincia, el 86% son de la coparticipación. Nunca se encargaron absolutamente de atraer inversiones”, afirmó.
El diputado libertario describió ese esquema como “un sistema perverso” y cuestionó el funcionamiento de áreas sensibles: “La salud, las escuelas, son un desastre. Queremos llevar cosas de Nación y el gobierno provincial no te atiende el teléfono”.
Paulón rechazó esa mirada y defendió el rol de los gobiernos provinciales. “La mayoría de las provincias están haciendo un esfuerzo enorme por la situación de las familias, que no pueden llegar a fin de mes. Eso pasa en los territorios, no en Balcarce 50”, sostuvo.
Quintar respondió con un ejemplo de Jujuy y cuestionó el gasto público provincial. “La provincia de Jujuy compró el cuarto avión. Ninguno es sanitario; se gastó 14 millones de dólares”, afirmó.
“Imaginate lo que se podría hacer en una provincia pobre como Jujuy. Con 14 millones de dólares son 21 mil millones de pesos que se gastaron en el cuarto avión para que viaje el gobernador y los funcionarios públicos provinciales. Es una locura”, agregó.
En otro tramo del debate, Gramajo planteó una crítica más amplia al modelo económico. “Yo creo que el mercado, hoy hay una experiencia política que empuja que el mercado va a resolver todo. Ha fracasado porque está dejando tendales de heridos sociales por todos lados”, sostuvo.
El dirigente social también reconoció límites del modelo anterior: “La política estatista, tal cual se pensó en los últimos 20 años, también fracasó. El último gobierno terminó con 42% de pobreza, fracasó”.
Quintar lo cruzó: “¿Estás criticando algo que lo hiciste en 20 años y nosotros lo hicimos en dos años y medio?”.
Gramajo respondió con dureza: “No, mentira, hermano, no mientan. Yo estoy tratando de transmitir una realidad que la vemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque caminamos los territorios, porque hablamos con las fábricas, porque nos subimos al tren Sarmiento a ver la realidad”.
Luego lanzó una de las frases más fuertes del debate: “Esta Argentina quebró más de 23.000 empresas y fue por decisión política de este Gobierno”.
Quintar cerró con una defensa del acuerdo político impulsado por el oficialismo y mencionó una medida financiera reciente. “Me avisaron que salió una línea de crédito nueva del Banco Nación para refinanciamiento de deudas. Creo que eso va a ser un alivio y una medida en concreto al planteo que hicieron al principio del programa”, dijo.
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Además, vinculó el llamado a un pacto social con el respaldo electoral y político que recibió el Gobierno. “Este nuevo pacto social que venimos hablando fueron las elecciones del 2023, fueron las elecciones ratificadas en el 2025, pero por sobre todas las cosas fue el Pacto de Mayo, donde firmaron 19 gobernadores”, sostuvo.
Y cerró: “Necesitamos un trabajo en conjunto: Nación, provincia y municipio, en donde se ponga el foco de verdad. Dejemos de lado las mezquindades políticas provinciales y vamos hacia un país que la gran mayoría de los argentinos elegimos”.
debate, A dos voces
POLITICA
Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes
El gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
Cómo había anticipado Infobae, la decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.
El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero. La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La presentación constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre. Aquel día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.
Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas. Hoy, el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzabal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración libertaria.
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
Los cuatro pedidos de la Argentina ante el Tribunal del Mar
Después de la difusión del comunicado presidencial, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos formulados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina, que comprende tanto las actividades petroleras como el uso de los datos obtenidos durante las exploraciones, las obligaciones ambientales y las decisiones administrativas que podría adoptar el Reino Unido.
“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte.
El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.
Es el objetivo inmediato de la presentación. El desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional.
El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo. El planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.
El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia. El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.
El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.
El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. El artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.
La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa. El planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.
La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.
El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional. Se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía.
Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial. Su presentación no implica que hayan sido concedidos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.
Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.
Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos
La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.
El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.
La distinción entre ambos procedimientos resulta central. El arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.
Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
El antecedente de la Fragata Libertad
Como informó Infobae en sus anteriores publicaciones sobre el procedimiento, existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.
Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. La decisión permitió obtener el resultado práctico buscado por el Estado antes de que concluyera el litigio de fondo.
Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, la arquitectura procesal resulta comparable: una controversia sometida a arbitraje y una solicitud urgente ante el Tribunal del Mar para preservar derechos mientras se desarrolla el procedimiento principal.
Otro antecedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se adoptaron medidas provisionales en abril de 2015.
En ese caso, una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación estaba discutida, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones existentes. La diferencia principal es que aquel litigio involucraba una delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino está vinculado con una controversia territorial.
El avance de Sea Lion y las empresas involucradas
El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35 por ciento restante.
Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario.
A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
El desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.
Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.
La continuidad de las inversiones constituye parte del contexto en el que la Argentina fundamenta la urgencia de su presentación. El Gobierno pretende conseguir una decisión internacional antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas de la explotación hidrocarburífera.
Los fundamentos argentinos y la controversia con el Reino Unido
La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.
La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La Cancillería vincula esos antecedentes con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar sobre la protección de los espacios marítimos, el lecho y el subsuelo, y los recursos naturales existentes en ellos.
Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo: su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.
La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la Argentina plantea que el conflicto debe examinarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos marítimos y la necesidad de preservar los derechos discutidos, sin requerir una decisión sobre la soberanía de las islas.
El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales.
La primera definición podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La resolución determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.
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POLITICA
El Centro Islámico denunció al “Gordo Dan” por discriminación tras su posteo contra la religión
El Centro Islámico denunció penalmente al tuitero oficialista Daniel Parisini, alias el “Gordo Dan”, por un posteo que hizo hace algunos días en X, donde afirmaba que el Islam se caracteriza por crímenes como “violaciones”, “decapitaciones”, “pedofilia” y “esclavitud”, entre otros. El propio presidente Javier Milei había avalado el mensaje del propagandista.
La denuncia discriminación se realizó ante una fiscalía y el caso lo tomó el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Federal N°8, según pudo saber . El streamer y líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo (con afinidad al asesor presidencial Santiago Caputo), en las últimas semanas, asoció en redes sociales la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, los actos terroristas y la pedofilia.
“Ante la aparición de acusaciones y tergiversaciones a través de una campaña sistemática de desinformación, nos vemos en la obligación de aclarar algunos temas relacionados con nuestra fe. Como ciudadanos de esta Nación, donde habitan musulmanes de varias generaciones, somos respetuosos de nuestra Constitución”, señaló la entidad en un comunicado.
Además, expresó que la libertad de expresión es “un derecho indiscutible y central para la democracia” y que la intención “no es censurar” a aquellos que opinan sobre el islam. “Nos pone en alerta cuando la información que circula resulta falsa y su difusión contribuye a crear estigmatización o discriminación hacia las personas que simplemente profesan su fe. Si bien reconocemos que en el mundo existen personas o grupos que en nombre de la religión cometen delitos, la generalización que se presenta acerca del islam, su doctrina y sus valores resulta perversa, oscura, descontextualizada y también alejada de la realidad nacional”, agregó.
Hizo mención, en tanto, a que Parisini, entre otros usuarios, importan “conflictos de otras latitudes” hacia la Argentina, donde hay “armonía entre comunidades religiosas” y que en ese marco “se siembran semillas de odio que de ninguna manera contribuyen al bien del país”.
“Es fantasioso, absurdo y grotesco sostener que haya algún tipo de plan de inmigración o intento de proyectar una cultura distinta a nuestra cultura argentina. En nuestra historia centenaria jamás tuvimos la necesidad de enfrentar una situación de estas características”, insistió el Centro Islámico.
“Los delitos los cometen las personas, no las creencias religiosas. La inmensa mayoría de los musulmanes del mundo vive su día a día con los mismos anhelos que todos, vivir con fe, paz, bienestar, familia, trabajo y respeto. Y por supuesto los musulmanes que viven en este país también”, cerró.
Desde la entidad religiosa sostuvieron a este medio que la denuncia a Parisini (además hay otras dos ya hechas: contra Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como el youtuber “El Presto”, y contra el abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez por “expresiones estigmatizantes y discriminadoras”) fue realizada “en base a fallos que hubo a favor de otras minorías”.
En la Argentina, los actos de discriminación no se encuentran tipificados de manera directa en el Código Penal, sino en la Ley Antidiscriminatoria 23.592. Por incitación al odio y persecución se establece pena de prisión de un mes a tres años para quienes participen en organizaciones de superioridad racial/étnica o inciten al odio y la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Parisini, uno de los integrantes de las milicias digitales de La Libertad Avanza, ya había contado que fue denunciado por el Centro Islámico, aunque recién en las últimas horas se conocieron el juzgado y los detalles de la presentación.
“Quieren, a como dé lugar, censurar la batalla cultural de Occidente en contra del islam para dejarnos desarmados y que nos termine pasando lo mismo que a Europa”, escribió Parisini.
El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, planteó que se considera víctima de una persecución por haber criticado al islam. Anticipó que no pedirá disculpas y redobló la apuesta: dijo que está “dispuesto a ir preso” para defender a la Argentina “de la amenaza que representa hoy el islam para el mundo y para la humanidad entera”.
El propagandista del Gobierno comentó que había decidido hacer público que el Centro Islámico presentó una denuncia penal en su contra porque “los inmigrantes musulmanes están prendiendo fuego Francia” [en relación a las protestas estudiantiles] y ”volviendo a secuestrar aviones para estrellarlos y matar un montón de gente en el nombre de su religión”, en alusión al intento de secuestro del avión de Flydubai hace dos semanas, que según la investigación el atacante buscaba estrellar la aeronave en territorio israelí y replicar el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Poco diálogo
El vínculo entre las instituciones musulmanas argentinas y la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo, atraviesa un período de escaso diálogo, de acuerdo a fuentes de esa religión, una situación que, según referentes de esa comunidad, se profundizó en el contexto de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 al 11 de noviembre.
Mientras el Gobierno avanzó en la coordinación institucional con la Iglesia católica para organizar la llegada del Pontífice, desde la comunidad describen dificultades para sostener la interlocución clásica con el Gobierno.
Interna
Luego de que Parisini difundiera su mensaje, los principales exponentes de Las Fuerzas del Cielo salieron a respaldarlo con fuertes cuestionamientos al islam. Uno de los más duros fue el diputado bonaerense Agustín Romo. “¿Quiénes se creen que son los del Centro Islámico para denunciar a un ciudadano argentino por ejercer su derecho a la libertad de expresión?“, sostuvo.
Y Milei, quien se había mantenido al margen de los mensajes de los tuiteros libertarios contra el islam, avaló la semana pasada la respuesta de Parisini. No es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el islam y abren una grieta interna con la familia Menem, avalada por la hermana del Presidente, Karina Milei.
En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.
“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
avalado,Marcelo Martínez De Giorgi,https://t.co/zGt5MuPpaY,October 7, 2026,Agustín Caulo,visita del papa León XIV a la Argentina,Lucía Pereyra,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno presentó un reclamo en un tribunal internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.
El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
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