El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) abrió este martes en Hamburgo las audiencias sobre la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, con argumentos enfrentados desde el primer momento: la delegación argentina sostuvo que la explotación unilateral de recursos en un área en disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que el Reino Unido rechazó la competencia del tribunal y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.

El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente de la República Argentina, encabezó la exposición de apertura. Ante los 21 miembros del tribunal, señaló que Buenos Aires no pide que el TIDM resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en un tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar.

En el Gobierno hay entusiasmo. Según supo Infobae, Javier Milei compartió en las últimas horas un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Más allá de la justa euforia por el Papa, la foto es descomunal. Estamos en este tribunal para frenar la explotación petrolera en Malvinas. Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. La imagen a la que se refiere el presidente es la que muestra a la delegación argentina completa que viajó a Alemania.

La arquitectura jurídica del Gobierno se apoya en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. “Cincuenta años después, aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”, afirmó Oyarzábal ante los jueces.

Milei presentó su solicitud el 13 de octubre al invocar el artículo 290 de la Convemar. El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.

Sobre el argumento británico de la autodeterminación de los isleños, Oyarzábal fue terminante: “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, señaló, y trazó una distinción precisa: Argentina reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a decidir a qué Estado pertenece el territorio. “Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General”, afirmó.

El embajador también alertó sobre los riesgos ambientales del proyecto. Recordó que en abril de 2015 falló un preventor de reventones en un pozo de exploración situado a unos 30 kilómetros al sur del yacimiento, y que el propio plan de contingencia de una de las licenciatarias estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo proveniente de un reventón en Sea Lion alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia”, advirtió.

Oyarzábal también cuestionó el vínculo financiero entre la explotación y la base militar. Citó documentos de 1991 en los que el entonces ministro de Hacienda británico indicaba que los ingresos fiscales del petróleo “deberían corresponder al Tesoro del Reino Unido”, y señaló que desde entonces el gobierno británico ha repetido que las autoridades de las Islas tienen la intención de compartir esos ingresos “para compensar el costo de los gastos de defensa en relación con las islas”, extremo confirmado en julio de 2026.

El Reino Unido rechazó la jurisdicción del tribunal

La fiscal general, Ellie Reeves, encabezó la réplica británica al frente de un equipo de seis abogados. En la sala, afirmó que las medidas provisionales solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras” e impedirían a la población de las islas Malvinas “explotar los recursos naturales de su territorio, como tiene derecho a hacerlo conforme a su derecho fundamental a la autodeterminación”. Advirtió que las islas correrían el riesgo de perder miles de millones de libras en ingresos esenciales para su desarrollo económico, y que el proyecto tampoco podría sobrevivir a una suspensión.

Reeves también marcó distancia respecto de la caracterización argentina del conflicto. “El Reino Unido rechaza categóricamente la reivindicación de Argentina (sobre la soberanía). No obstante, hemos buscado entablar un diálogo constructivo. El Reino Unido ha reiterado constantemente su voluntad de cooperar con Argentina en cuestiones de interés y preocupación comunes en el Atlántico Sur y más allá. Argentina, en cambio, ha optado por intensificar su retórica agresiva en las últimas semanas”, afirmó.

La fiscal cuestionó la coherencia de la posición argentina. Señaló que Buenos Aires autorizó y llevó a cabo la perforación de más de 400 pozos en el mar argentino, y que si su preocupación ambiental fuera sincera, el gobierno argentino habría podido participar en las consultas sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto en 2024. “Lo que Argentina desea es tomar ella misma el control de esos recursos”, sostuvo. También recordó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus británico de las islas, con una participación del 92%.

El “hecho irreversible” y la urgencia del plazo

Uno de los ejes centrales del planteo argentino fue la irreversibilidad. Oyarzábal subrayó que los hidrocarburos son recursos no renovables, que su extracción es definitiva y que ninguna indemnización podría restablecer el statu quo. “El petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto. Tampoco podrá jamás retirarse la información obtenida”, afirmó. El inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027, con la plataforma semisumergible Noble Endeavour ya contratada para el proyecto.

Reeves respondió que Argentina no demostró la urgencia requerida: el tribunal arbitral del Anexo VII, señaló, se constituirá antes de que comience cualquier perforación, sin hablar de cualquier extracción de material. También destacó que las perforaciones se realizan en el área desde 1998, y que Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente.

En la misma línea, Sir Michael Wood, quien también integró la delegación británica, precisó que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no se iniciará antes de marzo de 2028, un plazo que, según el abogado, es más que suficiente para que el tribunal arbitral quede constituido y en condiciones de actuar. Recordó además que ambas partes ya designaron a sus árbitros y que las consultas para nombrar a los tres miembros restantes estaban previstas para el 12 de noviembre, en Hamburgo.

Sobre el argumento económico, Oyarzábal no fue menos directo: si Sea Lion sobrevivió a seis años de estancamiento entre 2016 y 2022 y a una demora total de diez años, puede sobrevivir a una medida temporal. Además, el Informe Anual 2025 de Navitas revela que se había emitido una póliza de seguro contra riesgo político por 1.000 millones de libras a favor de los prestamistas del proyecto.

La ingeniería jurídica y tres escenarios posibles

La delegación argentina en Hamburgo estuvo encabezada por Oyarzábal como agente, junto a María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integraron el equipo Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y el asesor Agustín Giustiniani.

Del lado de la Procuración del Tesoro participaron Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, mientras que por Cancillería lo hicieron Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez. El asesor externo Marcelo Kohen tuvo un papel clave en la exposición. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque.

La delegación británica estuvo compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa. Un dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.

El procedimiento tiene una particularidad técnica que define el alcance de las audiencias. El Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para la resolución de controversias de la Convemar, mientras que Argentina optó por el TIDM. Como las elecciones no coinciden, el fondo del caso deberá resolverse mediante un arbitraje del Anexo VII. El TIDM solo puede intervenir para dictar medidas provisionales mientras ese tribunal se constituye.

El gobierno argentino analiza tres escenarios. En el primero, el tribunal acepta el planteo en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad. Londres ya se comprometió a acatar la eventual orden del TIDM, lo que paralizaría la explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral. En el segundo, el TIDM acoge de forma parcial los argumentos argentinos. El tercero, que los especialistas consideran altamente improbable, es que el tribunal rechace el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.

La decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse en torno al viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el tribunal difiera la resolución hasta la semana siguiente.

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