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Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes

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El gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.

Cómo había anticipado Infobae, la decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

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En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.

“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.

El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero. La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.

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En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

La presentación constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre. Aquel día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.

El presidente Milei había redobaldo los reclamos por la soberanía argentina en Malvinas frente a la Asamblea General de Naciones Unidas

Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas. Hoy, el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzabal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración libertaria.

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Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.

Los cuatro pedidos de la Argentina ante el Tribunal del Mar

Después de la difusión del comunicado presidencial, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos formulados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina, que comprende tanto las actividades petroleras como el uso de los datos obtenidos durante las exploraciones, las obligaciones ambientales y las decisiones administrativas que podría adoptar el Reino Unido.

La sede del Tribunal del Mar, en Hamburgo, Alemania

“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte.

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El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.

Es el objetivo inmediato de la presentación. El desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional.

El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.

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Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo. El planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.

El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia. El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.

El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.

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El canciller Pablo Quirno está a cargo de la gestión diplomática ante el Tribunal del Mar

El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. El artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.

La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa. El planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.

La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.

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El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional. Se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía.

Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial. Su presentación no implica que hayan sido concedidos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.

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Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias.

“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.

Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos

La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.

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El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.

En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.

La distinción entre ambos procedimientos resulta central. El arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.

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Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.

Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.

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El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.

La cúpula de la Convención de los Derechos del Mar

El antecedente de la Fragata Libertad

Como informó Infobae en sus anteriores publicaciones sobre el procedimiento, existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.

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La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.

Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. La decisión permitió obtener el resultado práctico buscado por el Estado antes de que concluyera el litigio de fondo.

Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, la arquitectura procesal resulta comparable: una controversia sometida a arbitraje y una solicitud urgente ante el Tribunal del Mar para preservar derechos mientras se desarrolla el procedimiento principal.

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Otro antecedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se adoptaron medidas provisionales en abril de 2015.

En ese caso, una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación estaba discutida, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones existentes. La diferencia principal es que aquel litigio involucraba una delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino está vinculado con una controversia territorial.

La plataforma de perforación semisumergible Ocean Guardian flota amarrada al fondo marino tan solo tres días después de iniciar su segundo pozo de exploración a poco más de 100 km de la costa de las islas Malvinas

El avance de Sea Lion y las empresas involucradas

El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35 por ciento restante.

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Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario.

A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.

El desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.

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Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.

El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.

Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.

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Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.

La continuidad de las inversiones constituye parte del contexto en el que la Argentina fundamenta la urgencia de su presentación. El Gobierno pretende conseguir una decisión internacional antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas de la explotación hidrocarburífera.

Los fundamentos argentinos y la controversia con el Reino Unido

El primer ministro británico, Andy Burnham, mantiene la posición histórica de defensa del derecho de autoderminación de los isleños

La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.

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La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.

La Cancillería vincula esos antecedentes con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar sobre la protección de los espacios marítimos, el lecho y el subsuelo, y los recursos naturales existentes en ellos.

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Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo: su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.

La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.

Por ese motivo, la Argentina plantea que el conflicto debe examinarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos marítimos y la necesidad de preservar los derechos discutidos, sin requerir una decisión sobre la soberanía de las islas.

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El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.

En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales.

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La primera definición podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La resolución determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.

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Cristina Kirchner festejó la derrota de Donald Trump con un guiño a Guillermo Francella: “Beautiful morning” – Nexofin

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Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos y celebró el resultado con un irónico “Beautiful morning!!!”, en un mensaje que también tuvo como destinatario al presidente Donald Trump.

La frase funcionó como un guiño a la cultura popular argentina: una referencia a la escena de Guillermo Francella en Los Extermineitors (1989), cuyo “¿Hermosa mañana, verdad?” trascendió la película y se convirtió en un meme habitual para celebrar triunfos y derrotas ajenas.

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La escena muestra al personaje de Francella caminando relajado entre soldados que realizan un entrenamiento militar. En medio de la disciplina y la seriedad del lugar, el actor rompe el clima con aquella pregunta que quedó instalada en la cultura popular.

Esta vez, el guiño fue utilizado para celebrar un resultado político de peso: los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, una derrota que complica el panorama para el líder norteamericano en la segunda mitad de su mandato.

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La nueva mayoría demócrata le dará a la oposición herramientas para condicionar la agenda de la Casa Blanca. Podrá bloquear proyectos de ley, frenar nombramientos de jueces y funcionarios de alto rango e impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana.

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Entre los temas que podrían quedar bajo revisión aparecen la política migratoria, la guerra contra Irán y las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del Gobierno.

El resultado también mostró dificultades para el oficialismo en territorios que tradicionalmente habían acompañado al Partido Republicano. El malestar por el costo de vida, los aranceles y el encarecimiento de los combustibles aparecen entre los factores que incidieron en el desempeño electoral.

Los resultados que golpearon al Partido Republicano

La derrota tuvo un alcance significativo en distintos estados. En el Senado, los demócratas consiguieron triunfos en Kansas, Iowa, Texas, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Ohio.

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Uno de los resultados más relevantes se produjo en Maine, donde Troy Jackson derrotó a la republicana Susan Collins y consiguió el séptimo escaño que necesitaba su partido para consolidar la mayoría.

Kansas también dejó un dato histórico: Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata elegido para el Senado por ese estado desde 1932. En Iowa, el partido consiguió una victoria que no alcanzaba desde 2008.

En Texas, James Talarico ganó la elección al Senado y Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, poniendo fin a décadas de predominio republicano en la gobernación. Los demócratas también retuvieron la banca de Jon Ossoff en Georgia y un escaño vacante en Nuevo Hampshire.

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En la Cámara de Representantes ampliaron su presencia en Pensilvania, Kentucky, Arizona, Carolina del Norte y Nueva Jersey. En Indiana, JD Ford derrotó a la republicana Victoria Spartz en un distrito que Trump había ganado por 17 puntos en las presidenciales de 2024.

Georgia aportó otro resultado destacado: Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra elegida para ese cargo.

Los republicanos, por su parte, conservaron algunas posiciones en Florida, donde Byron Donalds obtuvo la gobernación y Ashley Moody retuvo su banca en el Senado.

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Elecciones en Estados Unidos | El mensaje de Donald Trump: “Imaginen que estoy en la boleta”

Qué dijo Trump después de la derrota

El presidente estadounidense reconoció inicialmente el desempeño de los demócratas, aunque luego volvió a cuestionar el resultado. Trump aseguró que habría ganado “por goleada” si se hubiera presentado como candidato y anticipó que podría recurrir al veto presidencial para bloquear iniciativas del nuevo Congreso.

Con las dos cámaras bajo control opositor, la Casa Blanca tendrá un escenario legislativo más adverso durante los últimos dos años de gestión.

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Axel Kicillof recorrió Luján y buscó politizar la visita del Papa: “León continúa el mensaje de Francisco de la justicia social”

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LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy un mensaje de fuerte contenido político ante la visita del papa León XIV.

“En esta situación del país y del mundo, León XIV es una voz que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, a la crueldad. Que no podemos acostumbrarnos al abandono hacia los más débiles”, subrayó el mandatario provincial en una visita a Luján, la ciudad que será anfitriona del Papa el miércoles próximo.

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“León recoge y continúa el mensaje de Francisco. Un Papa que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes. En estos días sus luchas van a estar muy vivas”, opinó Kicillof. Y añadió, en una nueva comparación con el legado de Jorge Bergoglio: “León, al igual que Francisco, quiere una Iglesia en las calles, con los que sufren, dando pelea”.

Durante una recorrida por Luján, donde se celebrará la misa por la Caridad el miércoles próximo, se refirió también a la agenda del Sumo Pontífice por el Gran Buenos Aires.

Kicillof, hoy en la visita a Luján en la víspera a la visita del Papa
NICOLAS ABOAF

“Que León haya querido ir al Cottolengo Don Orione es un gesto de enorme significado: es una manera de expresar sus prioridades. El Papa decide abrazar a quienes suelen quedar al margen”, afirmó el gobernador.

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“En la provincia de Buenos Aires abrazamos su mensaje contra la indiferencia, el individualismo y cualquier forma de crueldad”, manifestó Kicillof.

“El Papa pone en el centro la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la violencia, pero también los desafíos del progreso tecnológico que no puede avanzar en base a deshumanizar a las personas”, dijo Kicillof, acompañado del arzobispo local, Jorge Eduardo Scheinig.

El Arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo ScheinigArchivo

“El progreso económico, científico y tecnológico sólo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas. Si deja millones afuera, concentra la riqueza y multiplica la exclusión, no es verdadero progreso”, dijo Kicillof, en lo que se intuyó como un tiro por elevación a la gestión de Javier Milei.

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“Ojalá esta visita sea una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos construir”, agregó el gobernador, que tiene intenciones de competir el año que viene para la Presidencia.

Durante la mañana, Kicillof supervisó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el operativo para recibir a León XIV, la semana que viene.

Javier Alonso en LujánNICOLAS ABOAF

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo recibir al Papa. La dimensión del evento es gigantesca. Nos propusimos estar a la altura del acontecimiento”, resaltó.

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El miércoles próximo el Papa llegará a las 9.45 a Luján y caminará por la plaza hasta arribar al altar que se colocará frente a la Basílica.

La Basílica de Luján a la espera de la llegada del PapaGuadalupe Faraj

Durante la misa habrá 30.000 servidores con pecheras que tendrán distintos roles, desde guiar hasta sacar dudas a los peregrinos.

En la ciudad se desplegarán 15 puestos sanitarios y cuatro hospitales de campaña. Los peregrinos podrán disponer de una aplicación, sin internet, y con GPS, para orientarse.

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María José Lucesole,Axel Kicillof,Papa León XIV en la Argentina,Conforme a

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El Gobierno define la delegación que defenderá ante el Tribunal del Mar el reclamo por el petróleo de Malvinas

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El Gobierno comenzó a definir la delegación que defenderá al país ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), donde la semana que viene, y en paralelo a la presencia histórica del papa León XIV en la Argentina, se celebrarán las primeras audiencias orales por el reclamo ante el Reino Unido por la explotación petrolera en aguas circundantes a Islas Malvinas.

Ante la consulta de Infobae, desde la Cancillería indicaron que “por cuestiones de estrategia y confidencialidad” se no darán conocer los detalles de la comitiva por el momento, aunque confirmaron que integrará, además, a funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, y la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.

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Lo que sí está formalmente establecido es la representación procesal. En el escrito presentado el 13 de octubre ante el organismo figuran el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, como agente del Estado, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, actualmente al frente de la misión argentina en Alemania, como coagente.

Oyarzábal es uno de los juristas internacionales más experimentados del Servicio Exterior argentino. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Derecho por la Universidad de Harvard, integra desde 2023 la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, donde cumple mandato hasta 2027. Es, además, miembro asociado del Institut de Droit International y fue agente y asesor jurídico del país en casos previos ante la Corte Internacional de Justicia y el propio Tribunal del Mar.

En una entrevista publicada por la Universidad de Buenos Aires en 2025, Oyarzábal sintetizó su visión sobre el valor estratégico del derecho internacional para un país como la Argentina: “El respeto del derecho internacional es nuestra mejor defensa y nuestra mayor fortaleza. El derecho internacional es la principal —cuando no la única— garantía de nuestra seguridad y de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de integración al mundo y de progreso social.”

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Fue también Oyarzábal quien lideró la elaboración del escrito con el que el Gobierno inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El 13 de octubre firmó en Hamburgo, en su carácter de agente de la Argentina, el pedido formal de medidas provisionales ante el TIDM, una vez que Londres rechazó los planteos argentinos.

La designación de Pasquali de Fonseca como coagente tiene una lógica geográfica e institucional clara. La embajadora se desempeña desde agosto de 2025 en Berlín, ciudad desde donde coordina los vínculos bilaterales con Alemania y donde fijó su dirección de notificaciones en el marco de la causa ante el TIDM, con sede en Hamburgo, a menos de 300 kilómetros de distancia.

Pasquali de Fonseca es la primera mujer en representar a la Argentina ante Alemania. Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) con medalla de oro y el Premio Elena Holmberg a la excelencia diplomática, y realizó estudios de posgrado en derecho penal económico en la Universidad de Freiburg. A lo largo de su carrera ocupó destinos en Canadá, Austria, El Salvador y Noruega, además de cargos en Cancillería como directora nacional de Ceremonial y directora de Europa.

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La delegación argentina defenderá el reclamo en una semana políticamente cargada para el Gobierno: las primeras audiencias, fijadas para el 10 y 11 de noviembre, coinciden con los últimos dos días de la visita de León XIV a la Argentina. Es por ello que la delegación estará integrada por cuadros técnicos, y no por funcionarios de primera línea.

Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuatro medidas que pide Argentina

El reclamo presentado ante el Tribunal Internacional del Mar busca obtener medidas provisionales de urgencia mientras continúa el proceso arbitral. Los cuatro pedidos centrales son: impedir que el Reino Unido autorice o permita el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de información obtenida durante la etapa de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; exigir la protección del medio marino; y prohibir el otorgamiento de nuevas licencias mientras dure la controversia.

Sea Lion es un proyecto hidrocarburífero impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé iniciar perforaciones de desarrollo en 2027 y producción comercial en 2028. La estrategia argentina no solicita al tribunal un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas —cuestión que se tramita por otras vías, en la ONU— sino que concentra el reclamo en los derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales establecidas por la Convemar.

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Según el cronograma fijado por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, el martes 10 de noviembre la delegación argentina expondrá entre las 10 y las 13 (hora de Hamburgo), mientras que la representación británica tomará la palabra por la tarde, entre las 15 y las 18. Al día siguiente, la Argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.

Ambas jornadas serán públicas y podrán seguirse en directo. La Argentina cuenta además con una representante propia entre los 21 magistrados del TIDM: la jueza Frida María Armas Pfirter, especialista en derecho internacional del mar, elegida vicepresidenta del organismo en octubre pasado. Una resolución sobre las medidas provisionales podría conocerse antes de fin de año, según indicaron fuentes diplomáticas.

El Reino Unido, por su parte, designó al profesor emérito Vaughan Lowe como juez ad hoc, en uso de la facultad que la Convemar otorga a los Estados partes en una controversia para incorporar un magistrado propio al panel cuando ninguno de los jueces permanentes posee su nacionalidad. Lowe, referente del derecho internacional del mar y del derecho de las inversiones, asumirá funciones antes del inicio de las audiencias y participará del proceso de deliberación junto a los 21 jueces permanentes del tribunal.

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El Reino Unido llega a las audiencias con una estrategia legal ya en marcha. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de interferir en las actividades comerciales en la zona, y el Gobierno británico confirmó que activará antes de fin de año su legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests Act) para blindar jurídicamente a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration de posibles sanciones. Se trata de un recurso que requiere aprobación parlamentaria.

Tribunal Internacional del Derecho del Mar,sala de audiencias,derecho del mar

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