Javier Milei sostiene a Manuel Adorni en el cargo, pero en distintos sectores de la Casa Rosada ya trabajan bajo la hipótesis de una eventual salida del jefe de Gabinete. En Balcarce 50 aseguran que el Presidente no tiene previsto echarlo y que la definición dependerá, en todo caso, de una decisión personal del ministro coordinador. Sin embargo, primeras y segundas líneas del oficialismo reconocen que el caso paraliza la agenda de reformas y obliga a preparar escenarios alternativos.

“Milei no te pide la renuncia si sos cercano. A lo sumo lo hacen Santiago y Karina, pero capaz no te la toma. Lo acepta si anímicamente la persona no puede funcionar”, dijeron a TN en despachos oficiales. La frase muestra cómo leen cerca del oficialismo el vínculo personal del Presidente con Adorni y su resistencia a entregar a un funcionario propio bajo presión opositora, judicial o mediática.

Cerca del funcionario sostienen que sigue en funciones, que prepara su informe ante el Senado y que no analiza renunciar ni aceptar una salida lateral. En el oficialismo, sin embargo, reconocen que “las alarmas están prendidas”.

El primer objetivo del Gobierno fue ganar tiempo en el Senado. Bullrich logró un acuerdo con la oposición dialoguista para postergar una semana la sesión que estaba prevista para este jueves y evitar que el recinto quedara abierto a un pedido inmediato de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo. La Cámara alta volverá a sesionar el 25 de junio, pero como parte del entendimiento se aprobaría una citación a Adorni para el 2 de julio.

Ese punto modifica la estrategia original de la Casa Rosada. La Jefatura de Gabinete había informado que Adorni concurriría el 2 de julio para brindar su informe de gestión, pero el acuerdo parlamentario lo llevaría a presentarse bajo el formato de una interpelación. En los hechos, ya no se trataría solo de exponer datos sobre la marcha del Gobierno, sino de responder preguntas de los senadores sobre su crecimiento patrimonial, sus declaraciones juradas y las contradicciones de sus explicaciones públicas.

En las últimas horas, la mesa política activó movimientos para desmentir los rumores de salida que circularon con fuerza el miércoles por la mañana. El oficialismo intenta sostener una línea común: Adorni sigue, Milei lo respalda y cualquier definición dependerá de una decisión personal del jefe de Gabinete. Pero en privado, varios funcionarios hablan de un desgaste irreversible. “Adorni ya no tiene utilidad como jefe de Gabinete. Eso se rompió”, deslizó un funcionario muy cercano al Presidente.

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El vínculo con Karina Milei también aparece bajo revisión. En Balcarce 50 sostienen que Milei no lo va a soltar, pero en varios despachos advierten que la secretaria general ya no tolera la situación con el mismo respaldo que mostraba semanas atrás. La crisis golpea además a su propio sector: Adorni fue impulsado por el karinismo y su salida sería leída como una derrota interna, en momentos en que la secretaria general busca ordenar el armado partidario, la estrategia electoral y las áreas de gestión.

El gabinete se verá las caras el sábado en Rosario, durante el acto por el Día de la Bandera, donde Milei busca una foto de unidad con Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y el resto del gabinete ampliado. En el Gobierno aseguran que Adorni estará presente, aunque algunos funcionarios especulan con que podría no llegar al acto en funciones si la situación se acelera. En Balcarce 50 admiten que una aparición pública puede funcionar como respaldo, pero también como riesgo si recibe una reacción adversa.

En paralelo, el oficialismo puso en marcha un operativo de contención en el Congreso. Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt quedaron involucrados en las conversaciones para frenar o postergar pedidos de interpelación y moción de censura. La prioridad es evitar que el Senado o Diputados se conviertan en el escenario de una derrota política que obligue a Milei a tomar una decisión bajo presión.

La tensión con los aliados es el punto más delicado. En el Gobierno reconocen que PRO, UCR y bloques provinciales no quieren quedar como defensores de Adorni, pero tampoco necesariamente quieren aparecer alineados con una maniobra impulsada por el kirchnerismo. El acuerdo de Bullrich con la oposición dialoguista le dio aire al jefe de Gabinete, pero también dejó en claro que los aliados exigirán una instancia formal de rendición de cuentas.

El impacto también se siente en la comunicación oficial. En la Casa Rosada apostaban a que el inicio del Mundial desplazara el caso del centro de la conversación pública, pero en distintos despachos admiten que el efecto no fue el esperado. La lógica interna es que la explicación de Adorni pudo haber estado pensada para su estrategia judicial, pero no resolvió el problema político ni mediático.

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Adorni, mientras tanto, mantiene reuniones con su círculo íntimo para preparar las líneas discursivas de su reaparición. Todo indica que será directamente el 2 de julio en el Senado. En su entorno quieren que retome las conferencias de prensa y que recupere parte del perfil confrontativo que tuvo como vocero presidencial, pero en otros sectores del Ejecutivo creen que ese esquema ya no es viable. “La gente ya no lo tolera. Hay que bajar el perfil”, agregan en Nación.

La discusión sobre su futuro ocurre además en medio de nombres que empiezan a circular como posibles reemplazantes. En distintos despachos mencionan a Sandra Pettovello y Pablo Quirno, aunque en la Casa Rosada insisten en que no hay una conversación formal ni una decisión tomada. Hay movimientos internos que indican que ya trabajan sobre escenarios posteriores, aun mientras la línea oficial repite que Adorni sigue.

El Gobierno quedó así atrapado entre dos estrategias. Hacia afuera, sostiene al jefe de Gabinete, busca mostrar unidad en Rosario y prepara una contraofensiva para el informe del Senado. Hacia adentro, admite que el caso paraliza la agenda, enciende alarmas con los aliados y obliga a prever un reemplazo si la presión escala. La decisión final sigue en manos de Milei, pero en Balcarce 50 ya nadie trata el caso Adorni como una crisis administrable solo con silencio, Mundial y respaldo presidencial.

Javier Milei, Manuel Adorni

El peronismo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar en un proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por Leandro Santoro, y que respaldan también la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, busca refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a tasas más bajas y plazos más extensos. Según supo Infobae, LLA se opondrá, aunque se comprometió a habilitar el tratamiento sobre tablas, y se prevé que se apruebe en la sesión de este jueves en la Legislatura.

La iniciativa establece que el Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran podrán otorgar créditos de refinanciación con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de 24 meses. El beneficio está dirigido a familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales, con foco en quienes acumulen atrasos de entre 60 y 180 días. Quedan excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión de la banca privada, el texto prevé una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Según las proyecciones de la iniciativa, una familia con ingresos de $3,68 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar alrededor de $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses frente a una refinanciación a tasas de mercado.

El proyecto de Santoro, pero sobre todo el aval de casi todo el espectro político porteño, replica la tendencia que se repite en varias provincias del país, impulsada por el avance sostenido de la morosidad, uno de los puntos débiles del programa económico del gobierno nacional de Javier Milei. La mora de las familias marcó un nuevo récord en abril y ya hay 5,3 millones de personas con problemas para pagar sus deudas.

Y responde, además, a la necesidad de los principales espacios políticos de mostrar capacidad de gestión y sensibilidad ante demandas urgentes de la sociedad. Eso acercó posiciones entre bloques con posiciones históricamente enfrentadas. “Los libertarios estaban furiosos por ese acuerdo con el PRO”, sostuvo un dirigente peronista ante la consulta de Infobae. Desde la bancada oficialista, a su vez, ironizaron: “Todo lo que es desendeudamiento, los libertarios deberían bancarlo, salvo que para ellos sea un gasto”. Desde LLA aseguran que el proyecto responde al acuerdo político entre Jorge Macri y Juan Manuel Olmos, peronista todo terreno, histórico del PJ porteño.

En Córdoba, el Banco de Córdoba (Bancor) puso en marcha un plan de alivio financiero que unifica deudas en una sola cuota mensual, con tasas de entre el 45% y el 70% según el plazo —de hasta 60 meses— y acceso tanto para empleados estatales como privados que cobren sus haberes en la entidad. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia (Bapro) ofrece refinanciación de consumo en mora temprana con plazos de hasta 72 meses, y el gobierno bonaerense anunció recientemente una línea adicional con tasas del 39% anual para deudas con hasta 90 días de atraso y del 31% para casos de sobreendeudamiento con mora superior a ese período.

En Corrientes, el gobierno del gobernador Gustavo Valdés lanzó «Corrientes Sostiene“, un plan con una asistencia financiera superior a los $130.000 millones que permite refinanciar deudas de tarjeta en 6 o 12 cuotas fijas con una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales, con alcance a unos 89.000 correntinos.

En Misiones, el gobernador Hugo Passalaqua prorrogó un esquema similar en conjunto con el Banco Macro, con tasas bonificadas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados con mora en tarjetas y préstamos.

A nivel legislativo, el senador peronista mendocino Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un “Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos”, con plazos de entre 36 y 60 cuotas, tasas subsidiadas y el mismo límite de acceso que la iniciativa porteña: ingresos familiares de hasta 10 salarios mínimos.

En Chubut, la diputada Norma Arbilla impulsó el proyecto PL014/2026, orientado a empleados públicos y clientes del Banco del Chubut, con un fondo de garantía para subsidiar tasas y facilitar el acceso al crédito de refinanciación.

Este tipo de discusiones se analizan en el Congreso desde hace varios meses. Se fueron acumulando en paralelo a la gestión económica. Hay proyectos del peronismo, de Provincias Unidas, del bloque Coherencia, y también del PRO, preocupado por el crecimiento de las deudas, y que viene con una estrategia política de diferenciarse del gobierno nacional en temas puntuales. Quizá, la situación de Manuel Adorni es el mejor ejemplo: el partido liderado por Mauricio Macri ya anticipó que acompañará una eventual interpelación o moción de censura contra el Jefe de Gabinete si continúa en el Gobierno.

El proyecto de desendeudamiento no será el único tema en la agenda legislativa porteña. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene prevista una sesión en la que se tratarán, además, el financiamiento de la Línea F de subte, la regulación de los vapeadores, modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el proyecto conocido como «Hojarasca» —ambos de La Libertad Avanza (LLA)—, y la regulación de los denominados «trapitos». La sesión también contempla el ingreso de pliegos para la designación del defensor del pueblo, el fiscal general y las autoridades del ente regulador de la Ciudad.

Continúa este jueves el juicio por la causa Cuadernos y declararán más testigos ligados a la flota presidencial de aviones que realizaron viajes durante las gestiones de Cristina y Néstor Kirchner.

Están citados para esta audiencia Ángel Alejandro Heit, Carlos Ramón Micolucci, Claudio Humberto Trerotola, Gabriel Omar Falaschi, Roberto Enrique Antonio Muller, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall y Héctor Molina.

En la última audiencia, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escuchó al expiloto del Tango 01, José Javier Videla, que aseguró que Daniel Muñoz trasladó solo en un viaje desde Aeroparque a Río Gallegos una valija de 23 kilos que no quiso despachar.

Videla fue piloto del Tango 010 desde 2000 hasta 2007 y en ese período hizo varios viajes a Santa Cruz. Declaró que los fines de semana solía trasladar a los Kirchner con sus sus secretarios personales e hizo foco en uno de esos traslados: “Recuerdo un vuelo que él (Muñoz) realizó exclusivamente desde Aeroparque a Río Gallegos; fue un vuelo con él solo. Viajó con una valija que la llevó adentro del avión porque no dejó que la pusiéramos en la bodega. Era una valija para ir a bodega, mediana de 23 kilos. Eso me llamó la atención”.

El expiloto mencionó: “El mecánico del avión le ofreció (a Muñoz) subir el equipaje, pero él no quiso. Lo colocó cerca de su asiento, no dejó que nadie toque el equipaje. Cuando llegamos a Río Gallegos, no bajó en el aeropuerto, sino en un extremo de la pista donde ingresaron dos o tres coches, lo buscaron, se fue y a la tarde volvimos a Buenos Aires”.

El testigo dijo que le llamó la atención el rechazo de Muñoz a que la valija fuera en la bodega, que “la tuvo al lado de él durante todo el vuelo” y que en ese viaje fue “el único pasajero”. El piloto declaró además que le extrañó que el entonces secretario de los Kirchner no hubiera bajado en la plataforma del aeropuerto y que le habilitaron una plataforma próxima a una de las cabeceras.

Ante la consulta sobre si los tripulantes tenían “alguna misión específica que cumplir en cuanto al control de equipaje”, Videla respondió que no, y que no se revisaba el equipaje de los secretarios presidenciales: “No que yo recuerde, si venían con el Presidente, no”.

La causa

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.

La acusación sostiene que Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

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“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

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