POLITICA
Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta de Pilar atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana

El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Así lo indicaron a fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.
Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.
Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.
Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.
Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.
Tal como conto , antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.
Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que figuró a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.
La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.
Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.
El camino
El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.
Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.
Los últimos movimientos del juez fueron dos. Por un lado, ordenó a expertos de la Corte realizar una pericia contable sobre tres ejes distintos: la tarjeta de crédito de Pantano, con la que se pagaron algunos gastos de la flota de autos; los movimientos de su sociedad, Real Central, propietaria de la quinta, y el flujo de dinero de TourProdEnter LLC, la firma vinculada a Javier Faroni que explota los derechos comerciales de la AFA en el mundo y que habría desviado más de 40 millones de dólares.
La otra medida del juez en el último tiempo fue pedir la inhibitoria a los magistrados que entienden en otras dos causas del universo AFA, que también tramitan bajo la hipótesis de lavado de dinero. Uno de esos expedientes es impulsado por Guillermo Tofoni -quien usufructuaba antes que Faroni los derechos de la AFA- y encierra otra disputa por la competencia que debe resolver la Corte Suprema.
En el recorrido del expediente que investiga la quinta de Pilar ya intervinieron la Cámara Federal, la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y, ahora, nuevamente la Cámara Penal Económico.
Antes que Pérez Barberá, ya se habían pronunciado en contra de que el caso quedara en Campana el fiscal Sebastián Bringas y el fiscal de Cámara Carlos Cearras, que fue quien llevó la discusión hasta la Casación.
El destino del expediente quedará ahora en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa de competencia.
Adrián González Charvay,empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos,estuvo acompañado de un auto,la publicación de este medio que dio a conocer que,habría desviado más de 40 millones de dólares,Federico González del Solar,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Ministro español en Buenos Aires. Ángel Víctor Torres: “Creemos en el Estado de bienestar, y nos ha funcionado”,AFA,,Le atribuyen gestos racistas. Sancionan a un jugador de la sub-17 por gestos racistas hacia brasileños en un partido,,“Gracias, Chiqui”. Calamaro cerró su show en Buenos Aires con un mensaje para Claudio Tapia,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
El documento del Parlamento británico que detalla la estrategia de Londres ante la ofensiva de la Argentina por el petróleo de Malvinas

El Parlamento británico publicó hace 10 días un informe técnico en el que sistematiza la estrategia del gobierno del primer ministro Andy Burnham para defender el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas frente a la ofensiva legal y económica de la Argentina, que incluye la expectativa por el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que se conocerá el próximo 28 de noviembre.
El documento, elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes bajo el título UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, no es una declaración política del gobierno de Burnham sino un análisis técnico cuya función es orientar a los legisladores con información imparcial.
El texto detalla cuatro frentes desde los que el gobierno argentino avanzó este año para asfixiar la viabilidad comercial de Sea Lion antes de que comience a operar: la reafirmación de la soberanía ante la Asamblea General de la ONU, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas a la exploración, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la demanda judicial ante el Tribunal del Mar. Frente a cada uno de esos movimientos, describe una respuesta específica del gobierno británico.

El frente legal en Hamburgo
La Argentina formalizó su solicitud de medidas cautelares ante el TIDM el 13 de octubre de 2026, dos semanas después de que el presidente Javier Milei fijara un ultimátum público al Reino Unido. El litigio encierra además una disputa procesal de fondo: el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para resolver disputas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que Argentina seleccionó el Tribunal del Mar. Esa divergencia complica la constitución del tribunal arbitral definitivo y explica por qué, en esta etapa, es el TIDM quien evalúa las medidas cautelares de urgencia.
En su presentación, la Cancillería argentina requirió que el tribunal ordenara cuatro medidas: la paralización total de los trabajos de explotación e infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas; que el Reino Unido se abstuviera de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que se garantizara a Buenos Aires la capacidad de proteger el medio marino en la zona disputada; y que Londres no otorgara ninguna nueva licencia de explotación en la plataforma continental en litigio.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es operado en consorcio por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las reservas estimadas alcanzan 1.700 millones de barriles de crudo y el inicio de la extracción está previsto para 2028, con perforaciones que comenzarían en enero de 2027.
Según los datos presentados por la delegación argentina en las audiencias del TIDM, el proyecto contempla hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles. Para los 3.500 habitantes de las Malvinas, el proyecto representa la base de un fondo soberano y el financiamiento de infraestructura crítica, entre ella un nuevo puerto comercial. Y para un sector de la política argentina, esta renta petrolera representa el sostenimiento financiero de la ocupación ilegal de las islas.
La respuesta británica no se limitó a las audiencias en Hamburgo, donde la delegación estuvo encabezada por la fiscal general británica, Ellie Reeves. El informe parlamentario documenta que, en paralelo al litigio, el gobierno avanzó en dos líneas de protección. La primera fue diplomática: en septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, publicó una guía oficial de negocios con las Malvinas en la que sostuvo que los isleños “tienen el derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente” y que el gobierno “respalda plenamente” a las empresas involucradas.
La segunda fue regulatoria. En octubre, el gobierno anunció que implementaría medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para blindar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas. Según consta en un documento oficial publicado por el Foreign Office y recogido por Butchard, Curtis y Loft en su análisis, las medidas buscan garantizar que “las personas y compañías del Reino Unido que realizan actividades lícitas en torno a las Islas Malvinas puedan continuar tomando decisiones comerciales conforme a la legislación británica”.
En Hamburgo, Reeves argumentó que las medidas cautelares solicitadas por Argentina “tendrían consecuencias devastadoras para el pueblo” de las Islas, que arriesga perder “miles de millones de libras esenciales para el desarrollo económico”. La funcionaria sostuvo, además, que la pretensión de Buenos Aires buscaba, en los hechos, “tomar el control de esos recursos para sí misma”.
El portavoz de Downing Street fijó la postura oficial en términos precisos el 10 de noviembre: “La audiencia no versa sobre la soberanía; la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica lícita”. Este es un punto crucial: el Reino Unido buscó enmarcar el reclamo argentina en la soberanía de las Islas, una competencia que excede al TIDM. Por ello, pidió que se rechacen todas las medidas solicitadas por la delegación argentina y sostiene que la presentación de la demanda no obliga a cesar una actividad económica que Londres considera lícita.
Butchard, Curtis y Loft lo recogen en esos términos: “El gobierno del Reino Unido ha señalado que impugnará el caso legal e introducirá protecciones para las empresas que operan” en las Malvinas.

El canciller argentino Pablo Quirno se refirió a esta cuestión ayer, miércoles, en el encuentro Marval Legal Forecast 2027. “Este arbitraje se centra en la explotación de los recursos naturales mientras el tema de fondo no está decidido”, señaló. Lo que Argentina plantea ante el TIDM, precisó, es qué obligaciones impone la CONVEMAR a ambos Estados en los espacios marítimos en disputa, no quién tiene soberanía sobre las islas.
Para justificar la urgencia de las medidas cautelares, Quirno sintetizó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”. A su vez, señaló que “por primera vez en la historia” la Argentina lleva “al Reino Unido a un arbitraje por un tema relacionado con Malvinas”, y anticipó que, cualquiera sea el fallo del 28 de noviembre, la estrategia no se detiene: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue”. planteó.
Para el Gobierno, este arbitraje representa una pieza dentro de un esquema más amplio, que incluye a las sanciones y la denominada Ley de Soberanía.
El rol de Donald Trump
El informe parlamentario dedica un apartado específico al rol de Estados Unidos en la disputa. En agosto, el presidente Donald Trump señaló que Washington estaba “revisando” su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. En septiembre, ante una pregunta sobre el conflicto, dijo que había “dos países que no están contentos” y que probablemente lo llamarían a intervenir en ese “potencial desastre”.
Milei -según el documento- capitalizó esas declaraciones para escalar su ofensiva, argumentando ante organismos internacionales que Estados Unidos consideraba un “cambio de posición” favorable a Argentina por tratarse de un “socio confiable, alineado con los valores occidentales”. Burnham, por su parte, habló con Trump para advertirle sobre las consecuencias económicas de las sanciones argentinas tanto para intereses británicos como estadounidenses.
Butchard, Curtis y Loft mencionan otro comunicado oficial de Downing Street, donde se asegura que el primer ministro “planteó las consecuencias económicas de las medidas coercitivas argentinas para el Reino Unido y Estados Unidos, y reiteró la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales.”
El análisis parlamentario también consigna, citando medios argentinos, la preocupación de EEUU por eventuales sanciones a sus empresas en el marco de la Ley de Soberanía y sostiene que este planteo “habría resultado en que el gobierno ralentice el avance de la legislación”.
Precisamente, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir este miércoles el proyecto, pero la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum: La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria lograron reunir 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El texto contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos involucrados en actividades consideradas irregulares por Buenos Aires. Tras negociaciones con bloques aliados -y las recomendaciones de Estados Unidos-, el oficialismo aceptó excluir a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.
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POLITICA
El Senado debate hoy las leyes de discapacidad, propiedad privada y el tratado de patentes

El Senado comenzará este jueves a cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso con una sesión en la que buscará sancionar la nueva ley de Discapacidad y restituir la vigencia de la Ley de Tierras. El debate comenzará a las 11, según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La Libertad Avanza necesitará reunir el quórum reglamentario de 37 senadores para abrir la sesión. El oficialismo cuenta con 21 legisladores y espera sumar el acompañamiento del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales que habitualmente respaldan sus iniciativas.
La reunión de Labor Parlamentaria fue presidida por Villarruel y contó con la participación de Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y Agustín Coto, por La Libertad Avanza; Carlos Arce, del Movimiento por Misiones; José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, del justicialismo; Eduardo Vischi y Mariana Juri, de la UCR; Natalia Gadano, de Moveré Santa Cruz; Carlos Espínola, de Provincias Unidas; Flavia Royón, de Primero los Salteños; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Carolina Moisés, de Convicción Federal; y Beatriz Ávila, de Independencia.
El Senado buscará convertir en ley el nuevo régimen de Discapacidad
Uno de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad. También establece mecanismos de control sobre los recursos destinados al sector y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
Durante el plenario de comisiones que emitió dictamen favorable, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios políticos.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo.
POLITICA
El Deutsche Bank detectó movimientos sospechosos del empresario De Achával vinculados a una misteriosa sociedad

Sentado en su oficina de Hamburgo, un empleado del Deutsche Bank se encontró en febrero de 2013 con una transferencia por US$4,3 millones que le llamó la atención. El dinero había salido de la cuenta de Gidory SA, una sociedad uruguaya que no aparecía en Google ni en los sistemas de búsqueda del Departamento de Compliance del banco. El empleado anotó entonces el apellido de la persona que recibió esos fondos junto a una advertencia: “Burgeois, alto volumen de dinero”.
Esa fue apenas la primera de una larga cadena de alertas que acumuló el Deutsche Bank sobre el entramado societario alrededor de Federico de Achával, el empresario argentino que controla el Hipódromo de Palermo (HAPSA). Val de Loire LLC, la enigmática sociedad registrada en Nevada, Estados Unidos, quedó en el centro de esa trama que motivó tres Reportes de Operación Sospechosa (ROS) del banco ante las autoridades alemanas, por movimientos de decenas de millones de dólares que sus empleados calificaron como “poco transparentes”.
Esta información secreta forma parte de los archivos del banco alemán que ahora salen a la luz dentro de la filtración global Inside Deutsche Bank, coordinada por la organización Barracuda Media. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y revisaron estos informes internos que permiten reconstruir, transacción por transacción, los movimientos cruzados entre sociedades y personas del entorno de De Achával, como Silvia Burgeois. Los documentos registran operaciones vinculadas con la compra de campos en Uruguay y con la adquisición de un casino en Miami junto al empresario kirchnerista Cristóbal López. También revelan que, desde 2013, el banco había identificado vínculos entre De Achával y su entorno con la misteriosa Val de Loire, cuya propiedad el empresario siempre negó.
La justicia investigó a De Achával con la hipótesis de que Val de Loire era una “empresa pantalla” de HAPSA utilizada para fugar decenas de millones de dólares al exterior y no pagar impuestos en la Argentina, tal como lo había reconstruido en 2016 después de analizar los documentos que formaban parte de los Panama Papers. En esa filtración, por ejemplo, constan correos electrónicos internos del estudio Mossack Fonseca, que participó en el montaje de esa sociedad, en los que se precisa que el beneficiario final de Val de Loire era, en efecto, De Achaval.
La investigación judicial argentina se centró en determinar quién era el dueño de esa sociedad, pero De Achával lo negó y la causa terminó con su sobreseimiento. Consultados para este artículo, voceros del empresario y de HAPSA no respondieron las preguntas enviadas por escrito. Se limitaron a recordar que “la Justicia argentina ya desarrolló una investigación y sobreseyó a De Achával tras no encontrar evidencias de que sea el dueño de esa sociedad”, en alusión a Val de Loire.
Pero mientras los tribunales argentinos cerraron la pesquisa, documentos bancarios que salen ahora a la luz dentro de la filtración Inside Deutsche Bank, aportan nuevos elementos sobre los movimientos financieros y los vínculos societarios que habían despertado sospechas en Alemania. Los empleados del Deutsche Bank identificaron a De Achával desde 2013 como un cliente con poderes de firma sobre numerosas sociedades vinculadas entre sí. También registraron que esas compañías compartían apoderados y se transferían dinero entre sí, sin que el banco pudiera establecer con claridad el propósito económico de todas esas transacciones.
El primer ROS del Deutsche Bank se emitió con el número de registro 009943-13, y fue el disparador de una escalada que terminó, dos años más tarde, con el cierre de todas las cuentas del “conglomerado de activos de HAPSA” dentro del Deutsche Bank. Alertado por la transferencia que recibió Silvia Burgeois, el ejecutivo alemán informó a sus jefes que esta mujer formaba parte del entramado de cuentas de su cliente De Achával, que había iniciado la relación con el banco en 2009.
“Nuestro cliente tiene poderes de firma para numerosas empresas (que mantienen cuentas en Deutsche Bank, entre otros). El 26 de febrero de 2013 se abonó en la cuenta mencionada una transferencia internacional entrante por valor de US$4.299.848,96 procedente de Gidory SA. No es posible localizar esta empresa ni en LexisNexis ni en Google. El 21 de marzo de 2013, se realizó una transferencia internacional saliente por valor de US$ 1.600.100. Según el gestor de la relación, nuestro cliente es accionista de Gidory SA. En consecuencia, el Sr. De Achával recibió la devolución de su excedente de capital (la parte no requerida para la inversión inmobiliaria). Según el cliente, la operación por importe de US$ 1.600.100 se llevó a cabo con el fin de realizar una adquisición inmobiliaria. El Sr. de Achával no está dispuesto a presentar documentación relativa a estas operaciones”, precisó el empleado.
Desde la sede de Hamburgo, el ejecutivo detalló que el concepto de la transferencia era “devolución por compra de Estancia La Castellana”, que se hizo en favor de otras dos personas del entorno de De Achával. Ante la negativa del empresario a entregar documentación respaldatoria, elevó el caso a sus superiores, que luego lo remitieron a la fiscalía de Hamburgo. La operación quedó registrada en el ROS 009943-13.
Transferencias cruzadas
Los informes internos del Deutsche Bank también identificaron a las personas y sociedades que orbitaban alrededor de las cuentas de HAPSA. Los oficiales de cumplimiento antilavado detallaron que las firmas se transferían dinero entre sí, pero advirtieron que no podían identificar un motivo económico claro para algunas de las operaciones.
Una maniobra similar había quedado expuesta en los Panama Papers. publicó que HAPSA había otorgado 61 préstamos a Val de Loire por un total de US$69,2 millones entre febrero de 2007 y junio de 2013. ¿Cómo era el circuito? Los documentos de esa filtración permitieron reconstruir que el director ejecutivo de HAPSA, Enrique Vienni, le remitía una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a HAPSA. Días después, Edmund Ward (por Val de Loire) y De Achával (por HAPSA) firmaban un contrato mutuo para transferir el dinero, que así lograba salir de la Argentina y viajar hasta terminar en cuentas bancarias de Deutsche Bank, en Alemania, y del PKB Privatebank, en Suiza.
Para devolver esos préstamos, se había establecido que Val de Loire, en su condición de accionista de HAPSA, dejaría de percibir los dividendos que le correspondían hasta cancelar la deuda. De esa manera, la propia sociedad del hipódromo financiaba a su accionista extranjero, que depositaba los fondos en bancos europeos.
Vienni no era un personaje menor en esa trama. Mientras se desempeñaba como director ejecutivo de HAPSA, firmó como representante de una cuenta a nombre de Val de Loire en el mismo Deutsche Bank, en junio de 2012, según documentos judiciales. Durante ese período, HAPSA ya había sellado una unión transitoria de empresas (UTE) con Casino Club, de Cristóbal López, para explotar las tragamonedas del hipódromo. La documentación bancaria sumó así otro vínculo entre la sociedad offshore y los principales ejecutivos de HAPSA: Vienni no solo participaba de la operación del hipódromo, sino que también aparecía asociado al manejo de una cuenta de Val de Loire.
El casino de Miami
Deutsche Bank elaboró un reporte complementario en mayo de 2013 por transferencias cruzadas que sus empleados no lograban comprender. El informe –que aparece en la filtración- relata que Carlos Alberto Pechieu, vicepresidente de HAPSA y cliente del banco, y Burgeois hicieron transferencias en favor de Compañía Gerenciadora de Inversiones SA y Da Silvano SA para “la compra de un casino en Miami”. Las transferencias vinculadas con esa operación superaban los US$ 27 millones.
De Achával y Cristóbal López se quedaron en 2013 con el casino Dania & Jai Alai, en Hollywood Beach, Florida, con una inversión de US$50 millones. Los documentos bancarios permiten reconstruir parte del financiamiento de esa operación y los movimientos de dinero entre sociedades y personas del entorno de ambos empresarios. Durante esos años, De Achával negaba que la misteriosa Val de Loire, que controlaba parte del hipódromo, entre otros negocios, fuera suya. Junto a López ya estaban siendo investigados en la Argentina, Estados Unidos y Alemania por los movimientos financieros de la compañía, según documentos judiciales de esos tres países.
Un año después de los Panama Papers, Val de Loire fue adquirida por el ciudadano chino Zhu Zhingang, según documentos internos del estudio Mossack Fonseca. Una vez en control de la compañía, Zhu le otorgó un poder de representación en Alemania a un abogado para que contactara a las autoridades de ese país. Luego, resolvió disolver Val de Loire en Nevada y cedió todos los derechos económicos a la compañía Torsby Trading SA.
Años después, en diciembre de 2021, Deutsche Bank envió documentación al juez federal Sebastián Casanello que confirmaba la vinculación de Val de Loire con directivos de HAPSA. Los documentos indicaban que el titular de la cuenta bancaria de la compañía era Enrique Tomás Vienni, uno de los directores del hipódromo. Además, en el legajo bancario de la compañía había copias de los pasaportes de dos ejecutivos del hipódromo.
Ante la consulta de Casanello, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró que tanto De Achával como los otros dos ejecutivos de HAPSA no habían informado la cuenta abierta en el Deutsche Bank a nombre de Val de Loire en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2017, según el informe que consta en el expediente judicial.
El informe bancario enviado desde Alemania también identificó otras transferencias realizadas por Val de Loire a Wheaton Corporation SA, firma que utilizó el empresario kirchnerista Lázaro Báez en su operación de blanqueo de dinero que fue investigada por el propio Casanello en la causa conocida como La Ruta del Dinero K.
El sobreseimiento
Los documentos internos del banco alemán revelados ahora por Inside Deutsche Bank contenían información que ya estaba bajo sospecha desde 2013. Mientras los movimientos de Val de Loire eran observados por el banco por los vínculos de De Achával y su socio Cristóbal López con el entorno del gobierno kirchnerista, los ROS advertían sobre operaciones que la entidad no podía justificar. Sin embargo, la documentación bancaria recién llegó a la Justicia argentina en 2021, ocho años después de las primeras alertas.
El juez Casanello citó a declarar a empleados del estudio de abogados uruguayo Damiani, representante de Val de Loire, porque una empleada había enviado un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca de Panamá en el que identificó a De Achával como el beneficiario final de la compañía. Pero la empleada negó que el empresario argentino fuera el titular de la compañía, señaló a Zhu y entregó documentación de respaldo.
El ciudadano chino envió una carta al estudio Damiani que decía: “Desde julio de 2003 y hasta la fecha del presente, he sido ininterrumpidamente el único beneficiario de Val de Loire, a pesar de que por motivos personales he optado por mantener la confidencialidad de dicha inversión”. Y agregó que fue él quien había contratado a Edmund Ward para que apareciera “formalmente” como el “único socio” de la sociedad. Y después defendió a De Achával: “Su afirmación de que el beneficiario final y propietario de Val de Loire LLC sería el Sr. Federico Miguel de Achával es errónea”.
La explicación de Zhu planteaba, sin embargo, una inconsistencia cronológica: sostuvo que era beneficiario de Val de Loire desde julio de 2003, aunque la sociedad fue constituida en Nevada el 26 de octubre de 2005. La carta tampoco detalló el origen del dinero que manejó la empresa ni explicó por qué el directivo de HAPSA, Enrique Vienni, figuraba como firmante autorizado de una cuenta de Val de Loire en el Deutsche Bank.
De allí en adelante, la hipótesis acusatoria de la fiscalía, que tenía a De Achával en el centro, perdió fuerza. La documentación sobre los vínculos entre el entorno del empresario y Val de Loire no se tradujo en una reconstrucción judicial completa del circuito de los fondos ni del presunto lavado de activos. Casanello había declarado su incompetencia al calificar el caso como uno de posible evasión impositiva, aunque no descartaba que, de comprobarse, ese fuera el delito precedente del lavado de activos.
“Aquí sólo se ha podido probar una simulación y el fin que esta tuvo fue la de fugar dinero, que se encontraba bancarizado e incorporado al patrimonio de HAPSA, para ocultarlo”, firmó Casanello en abril de 2022 para que el expediente pasara al fuero penal económico e investigara, desde su inicio, una evasión tributaria. Pero la solicitud fue rechazada por la Cámara Federal.
Casanello en ese mismo fallo fue muy duro en contra de la Unidad de Información Financiera (UIF). Señaló que “en reiteradas oportunidades, durante más de un año” le reclamó información proveniente de Alemania y su análisis “a fin de poder reconstruir el circuito del dinero y corroborar y/o desechar la hipótesis criminal sostenida por los acusadores”. La UIF, que dependía del entonces presidente Alberto Fernández, le respondió que le había enviado todo a la Justicia.
Dos meses después, en junio de 2022, el Ministerio Público Fiscal valoró la carta de Zhu incorporada a la causa y solicitó darle la razón a la defensa de De Achával. La UIF, por su parte, desistió de su rol de querellante. Allegados al empresario y a HAPSA insistieron en ese punto: “Más allá de todo lo que se pueda afirmar y los supuestos documentos que aparezcan, De Achával ya fue sobreseído”.
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