POLITICA
Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta de Pilar atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana
El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Así lo indicaron a fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.
Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.
Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.
Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.
Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.
Tal como conto , antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.
Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que figuró a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.
La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.
Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.
El camino
El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.
Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.
Los últimos movimientos del juez fueron dos. Por un lado, ordenó a expertos de la Corte realizar una pericia contable sobre tres ejes distintos: la tarjeta de crédito de Pantano, con la que se pagaron algunos gastos de la flota de autos; los movimientos de su sociedad, Real Central, propietaria de la quinta, y el flujo de dinero de TourProdEnter LLC, la firma vinculada a Javier Faroni que explota los derechos comerciales de la AFA en el mundo y que habría desviado más de 40 millones de dólares.
La otra medida del juez en el último tiempo fue pedir la inhibitoria a los magistrados que entienden en otras dos causas del universo AFA, que también tramitan bajo la hipótesis de lavado de dinero. Uno de esos expedientes es impulsado por Guillermo Tofoni -quien usufructuaba antes que Faroni los derechos de la AFA- y encierra otra disputa por la competencia que debe resolver la Corte Suprema.
En el recorrido del expediente que investiga la quinta de Pilar ya intervinieron la Cámara Federal, la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y, ahora, nuevamente la Cámara Penal Económico.
Antes que Pérez Barberá, ya se habían pronunciado en contra de que el caso quedara en Campana el fiscal Sebastián Bringas y el fiscal de Cámara Carlos Cearras, que fue quien llevó la discusión hasta la Casación.
El destino del expediente quedará ahora en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa de competencia.
Adrián González Charvay,empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos,estuvo acompañado de un auto,la publicación de este medio que dio a conocer que,habría desviado más de 40 millones de dólares,Federico González del Solar,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Ministro español en Buenos Aires. Ángel Víctor Torres: “Creemos en el Estado de bienestar, y nos ha funcionado”,AFA,,Le atribuyen gestos racistas. Sancionan a un jugador de la sub-17 por gestos racistas hacia brasileños en un partido,,“Gracias, Chiqui”. Calamaro cerró su show en Buenos Aires con un mensaje para Claudio Tapia,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
Tensa discusión con insultos entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch: “No te hagas el canchero”
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se convirtió en escenario de una discusión cargada de tensión entre los diputados Juan Grabois (Fuerza Patria) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), durante el debate sobre los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.
Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.
El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.
La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.
Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela… Pero si querés que me apure…”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.
La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.
El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts
Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.
Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.
Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.
Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.
El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.
El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.
Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos».
En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.
La agenda legislativa y el caso Adorni
El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.
El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.
En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
el apartamiento de los inversores afectados,otro informe,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,,Análisis. Milagros posibles e imposibles para Messi,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,,Nuevas medidas del fiscal. Indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones,Escándalo cripto,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Gestiones de Burlando. Un nuevo intento por cerrar la causa de $LIBRA choca con desconfianzas y límites legales,,Caso $LIBRA. Un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobra
La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede a Pilar. La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
La AFA se había presentado en la Justicia en rechazo a la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La institución consideró que la designación de funcionarios ajenos a su estructura es una medida “ilegítima”, tomada con una “finalidad política ajena a la ley”.
Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y determinó que los controles de la institución pasan a estar bajo la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Fue a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en jurisdicción bonaerense.
Para el tribunal “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en relación a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que depende del gobierno de Axel Kicillof.
El tribunal admitió las quejas de la AFA, declaró “la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – ‘Asociación del Fútbol Argentino’ del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
La cámara consideró que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras, sobre su par, organismo que goza de las mismas facultades de control y fiscalización dentro del ámbito de su jurisdicción en la cual no tenía competencia la Inspección General de Justicia».
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