POLITICA
Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros
Un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y empresas de aguas y gaseosas empezó a impactar en el abastecimiento de bebidas en Capital y el Gran Buenos Aires, con entregas incompletas y demoras en la distribución, según indicaron fuentes del sector.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
CADIBSA agregó que la situación “ajena a la voluntad de las empresas” puede provocar demoras en las entregas y “eventuales faltantes” para clientes y consumidores.
Otras fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que ya genera faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones están realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera sale del depósito, lo que reduce el volumen efectivamente distribuido en los comercios.
La situación afecta de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde ya se registran quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que está interrumpiendo el abastecimiento de estos productos.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.
En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
En 2005 se produjo un conflicto similar, con medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros en demanda de aumentos salariales y pago de horas extra, que generó síntomas de desabastecimiento de bebidas gaseosas y cervezas en pequeños comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires y también generó un inesperado aumento del 10 por ciento en algunos precios.
CADIBSA denunció que el gremio no acató la conciliación obligatoria ni tampoco cumple con el trabajo a reglamento. “El flujo de entrega de mercadería ha disminuido fuertemente”, consideró la entidad. Sin embargo, Pablo Moyano dijo que el sindicato “decidió acatar la conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la tarea”, aunque reconoció que “se está trabajando como marca el convenio”. “Los trabajadores están cumpliendo un horario de ocho horas, y si quieren que se amplíe el horario que paguen horas extras”, dijo.
POLITICA
Llega a la Corte el caso de los exfuncionarios kirchneristas sobreseídos por el derrame en la mina de Barrick
La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de revisar los sobreseimientos de dos exfuncionarios del kirchnerismo que fueron acusados de no haber controlado debidamente a una subsidiaria de Barrick Gold que operaba en la mina Veladero, en San Juan, donde se produjo un derrame de cianuro hace once años.
Ahora, la causa contra el exsecretario de Minería de la Nación Jorge Omar Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Beatriz Domingorena, por la presunta omisión de controles donde operaba esta subsidiaria de Barrick Gold, puede reabrirse.
Los representantes de la empresa cumplieron una probation en San Juan y la compañía pagó 10 millones de dólares de multa por el caso que tramitó en los tribunales sanjuaninos.
Pero la causa que ahora llega a la Corte es otra. Se tramitó en Comodoro Py y fueron investigados funcionarios de las áreas ambientales y mineras de la gestión kirchnerista. Según documentos judiciales, fueron sobreseídos por “afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”.
La semana pasada, el caso escaló hasta el máximo tribunal después de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró admisible el recurso extraordinario del fiscal Mario Villar contra la prescripción que había cerrado el caso para el exsecretario de Minería Mayoral y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental Domingorena, según surge de la resolución del jueves 8 de octubre a la que accedió .
Los jueces de la Casación Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos coincidieron en que la fiscalía planteó “cuestiones de índole federal que pretenden dirimirse ante el más alto tribunal”.
El juzgado federal de María Servini había dictado la prescripción “por afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable”, lo que derivó en los sobreseimientos de los exfuncionarios.
Barrick Gold había informado a las autoridades de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, al cierre de 2023, que “las audiencias orales, previstas inicialmente para abril y mayo de 2020 en este asunto”, habían “sido aplazadas”, sin reprogramarse, debido a la pandemia de coronavirus, según el reporte presentado ante la SEC.
Las autoridades de Barrick Gold no formaban parte del caso que tramitó en Comodoro Py, pero dejaron sentado su seguimiento en los informes que presentaron ante el organismo estadounidense.
El expediente involucró a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner. El juez Sebastián Casanello los procesó, tras considerar que omitieron controles previos al derrame de cianuro. “La empresa se controlaba a sí misma”, firmó cuando elevó la causa a juicio.
Durante la etapa de instrucción, la defensa de Mayoral indicó que la acusación no describe la “obligación que pesaba” sobre él en cuanto a una posible omisión, “ni cuál era su relación con el derrame de septiembre de 2015″.
La defensa de Domingorena planteó que “no había elementos probatorios que dieran cuenta del nexo causal” entre el derrame y la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.
La historia del caso
Esta historia comenzó el 13 de septiembre de 2015, cuando se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula. Ante la falta de un muro de contención y dado que una compuerta estaba abierta, el líquido corrió hacia el río Potrerillo en lugar de terminar en una pileta de contención, según el expediente.
El juez señaló que, según testimonios obtenidos por el Juzgado Letrado de Jáchal, “se contaminaron los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal”.
Este es uno de los contrapuntos entre la Justicia y la empresa Barrick Gold. En sus informes, la compañía negó que el hecho haya significado un riesgo para “la salud humana en las comunidades ubicadas aguas abajo”.
Pese a esto, las autoridades de la compañía quedaron afuera de la investigación de Casanello, tras una disputa sobre la jurisdicción donde debían ser juzgados: Comodoro Py (en la Ciudad de Buenos Aires) o San Juan (donde ocurrieron los hechos).
Finalmente, lograron atravesar el proceso judicial en los juzgados sanjuaninos. Allí, según narró Barrick Gold, la empresa pagó una multa de diez millones de dólares y los directivos se comprometieron a hacer tareas comunitarias a cambio de suspender el juicio a prueba.
Del lado de los exfuncionarios, en 2018 el juez Casanello procesó a Mayoral y Domingorena al considerar que tenían un “poder de intervención”, con obligaciones de control que no ejercieron.
Ese mismo año, Casanello elevó la causa a juicio. “La investigación pudo determinar que desde el 10 de enero de 2012 Barrick estaba operando sin el Certificado Ambiental Anual”, escribió el juez.
Para el magistrado, ese documento hubiera permitido conocer “los residuos peligrosos que manipulaba la empresa y que debían someterse a fiscalización y control de la Dirección Nacional de Control Ambiental”.
Ante la ausencia del documento, el Gobierno no habría podido fiscalizar ni tener información sobre las sustancias derivadas del cianuro que utilizaba la minera.
Barrick Gold dio su versión de los hechos. En los reportes presentados a la SEC, explicó que “falló una válvula de una cañería del valle de lixiviación de la mina Veladero”.
En esas presentaciones ante la SEC, Barrick Gold informó que el 9 de octubre de 2015 la autoridad minera de San Juan inició un proceso de sanción administrativa contra la subsidiaria en Argentina por presuntas infracciones al Código de Minería.
“Se prevé que este proceso derive en una multa”, consideró en su reporte anual de ese año. Y finalmente pagó diez millones de dólares.
De vuelta en el fuero federal, en Comodoro Py, el expediente llegó a la etapa de juicio, en el juzgado N°1, a cargo de la jueza María Servini.
La resolución de la Cámara de Casación recuerda que dicho juzgado “resolvió declarar la prescripción de la acción penal”.
En 2020, Barrick incluyó por primera vez esta oración: “Debido a la respuesta argentina al Covid-19 y a una impugnación procesal presentada por uno de los exfuncionarios federales, las audiencias orales originalmente programadas para abril y mayo de 2020 en este asunto han sido aplazadas y aún no han sido reprogramadas”. Hasta por lo menos 2023, esa frase se repitió en sus informes.
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POLITICA
Cristina Kirchner recibió a Massa: la estrategia para definir candidaturas y la expectativa por una decisión de la ONU
Sergio Massa visitó el viernes a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, en una reunión que se mantuvo bajo un total hermetismo y se conoció después de que una cuenta de Instagram difundiera una fotografía del exministro de Economía cuando salía del edificio. El encuentro se produjo en la previa del Día de la Lealtad peronista y pocos días antes de que comience a sesionar el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), donde la expresidenta presentó su caso para intentar revertir su inhabilitación para ser candidata.
La visita se produjo cerca de un mes después del encuentro anterior y se inscribe en el contacto frecuente que mantiene Massa con Cristina y Máximo Kirchner. Los tres comparten una mirada sobre la estrategia que debe adoptar el peronismo para recuperar el poder en 2027 y coinciden en sostener las PASO como mecanismo para definir las candidaturas, una alternativa que también acepta Axel Kicillof.
Aunque la reunión se realizó un día antes del 17 de octubre, la sintonía política entre ambos sectores no se tradujo en una demostración conjunta de fuerza. Cada espacio organizó su propia celebración del Día de la Lealtad, una señal de que las coincidencias sobre la estrategia electoral conviven con fuertes diferencias dentro del peronismo.
La principal disputa se concentra en la definición del candidato presidencial. Mientras Kicillof ya se lanzó a la carrera para 2027, Massa y Cristina Kirchner coinciden en la necesidad de que quien encabece la boleta peronista debe ser la figura con mayor proyección. La discusión sigue abierta y ninguno de los dos tiene apuro por cerrar las alternativas electorales antes del año próximo.
El kirchnerismo, además, mantiene la intención de que la expresidenta vuelva a competir, una posibilidad que Máximo Kirchner reiteró este sábado en Chaco y que depende de una definición judicial. Massa, por su parte, deja circular versiones sobre una eventual candidatura presidencial o una postulación a gobernador bonaerense, pero no confirma ninguna de las dos opciones. Tanto él como Cristina Kirchner suelen reservar sus decisiones electorales hasta el último momento.
La expectativa de Cristina Kirchner por una decisión de la ONU
La posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a ser candidata tiene ahora una instancia clave en el plano internacional. Este lunes comenzará a sesionar el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que mantendrá sus sesiones hasta el 6 de noviembre y ante el cual la expresidenta presentó un reclamo para revisar su condena en la causa Vialidad, que incluye 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los abogados de la expresidenta incorporaron las nuevas pruebas que habían anunciado en conferencia de prensa. En el kirchnerismo consideran posible una resolución favorable por el antecedente del exmandatario brasileño Lula da Silva y esperan que un pronunciamiento internacional permita presionar a la Corte Suprema para que revise la sentencia o, al menos, suspenda la inhabilitación mientras analiza nuevamente el caso.
Esa alternativa abriría la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner en 2027, aunque una eventual decisión favorable de la ONU no dejaría automáticamente sin efecto la sentencia judicial argentina.
Las diferencias sobre cómo enfrentar a Milei en 2027
En el kirchnerismo tampoco descartan que el peronismo compita dividido si los sectores de ultraderecha presentan distintas candidaturas en 2027. En ese escenario de cuatro grandes espacios electorales, consideran que la unidad no necesariamente sería la única estrategia posible para recuperar competitividad y es uno de los análisis que suelen plantear al tigrense.
La discusión contrasta con la posición de dirigentes como Martín Lousteau, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, que vienen hablando de la necesidad de construir un amplio frente opositor contra Javier Milei ante lo que consideran un ataque a la democracia. Dentro del propio peronismo, en cambio, hay espacios que se cuestionan los resultados de la consigna de “unidad hasta que duela” que marcó las últimas experiencias electorales.
En paralelo, Massa sostiene sus vínculos con gobernadores peronistas y dirigentes del interior identificados con el peronismo federal, mientras continúa abierta la discusión sobre cómo organizar la oferta electoral de 2027 y qué lugar ocupará cada uno de los principales referentes del espacio.
cristina kirchner, Sergio Massa, Peronismo, PJ
CÓRDOBA.- La Libertad Avanza (LLA) empezó a delinear su estrategia para las elecciones provinciales del año que viene, siempre con el objetivo principal de garantizar la reelección de Javier Milei. Ese armado está presente en las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores por el presupuesto 2027 y la reforma electoral. La moneda de cambio que algunos mandatarios pretenden es que los libertarios impulsen candidatos de baja intensidad en sus distritos.
Con la foto de hoy, la lectura general es que LLA necesitará algo más que el color y la imagen de Milei para ganar gobernaciones. Si bien en algunas provincias tiene perfiles más fuertes, esa situación no se da en todas y es allí donde cobran fuerza las negociaciones electorales.
La distancia temporal entre las votaciones en el Congreso -que debe ser en los próximos meses— y el arranque de las campañas en las provincias le agrega complejidad a las conversaciones. La mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios provinciales de los nacionales.
El propio Martín Menem admitió que el armado político es un tema “muy complejo”. Reconoció que “sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”.
Distrito por distrito
En Córdoba, el segundo distrito electoral del país y donde los libertarios obtuvieron excelentes resultados tanto en las presidenciales del 2023 como en las legislativas del año pasado, hay chances de arrebatarle la provincia al peronismo, que gobierna desde 1999. Martín Llaryora, quien en los últimos días volvió a subir el tono de sus críticas a la Nación, irá por su reelección y es remota la posibilidad de avanzar con un pacto con la Casa Rosada.
El número puesto libertario para ser candidato es el jefe de la bancada de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien responde directamente a Karina Milei y tiene excelente relación con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. La incógnita que se abre es si acompañarán su postulación Luis Juez, quien insiste en que quiere competir otra vez, y el radicalismo de Rodrigo de Loredo. Ambos son aliados de LLA. La oposición dividida le daría al peronismo cordobés más chances de retener la provincia.
La Ciudad de Buenos Aires podría unificar la fecha de su elección con al si prospera la alianza electoral entre Pro y LLA. Pero en esta discusión también entran en juego las candidaturas en el interior. Jorge Macri quiere seguir gobernando, mientras que la legisladora y titular de LLA porteña, Pilar Ramírez, se mantiene expectante con críticas esporádicas a la gestión y recorridas barriales de campaña. Patricia Bullrich está también en los planes de la Casa Rosada, aunque es difícil que ella acepte, señalaron fuentes oficiales.
En Santa Fe, el objetivo de la Casa Rosada es acordar con Maximiliano Pullaro, quien irá en busca de un segundo período. Sus aliados provinciales son reticentes a esa posibilidad. Por el lado libertario, si no hay acuerdo, la opción es la diputada nacional Romina Diez, quien responde a Karina Milei.
En otra jurisdicción grande como Mendoza, la particularidad es que las negociaciones se dan entre aliados. El gobernador Alfredo Cornejo, quien lidera la coalición provincial, quiere ser quien impulse a su sucesor y no comparte que sea Luis Petri, también de raíz radical. El diputado nacional y exministro de Defensa busca consolidarse como el candidato libertario. Fuentes de la Casa Rosada aseguran que “no está nada dicho” y, de esa manera, ponen en duda el apoyo a Petri.
El salteño Gustavo Sáenz es de los peronistas más cercanos a la Nación y es de los que negocia los apoyos en el Congreso. En ese distrito, la mesa política nacional sigue de cerca a la senadora nacional Emilia Orozco, quien podría ser candidata en las provinciales. Muy crítica de Sáenz, en determinados momentos y en función de la necesidad de colaboración del gobernador en el Congreso, la senadora ha recibido sugerencias desde la Casa Rosada para que baje el tono de su discurso. Aunque todavía no lo oficializó, Sáenz buscará un tercer mandato y por eso la negociación electoral con LLA cobra interés.
En Neuquén, Rolando Figueroa tampoco confirmó que irá por otro mandato. En general, se muestra alineado con la Casa Rosada y hay en marcha conversaciones de cara a las provinciales. En ese distrito, LLA cuenta con la senadora nacional Nadia Márquez, quien es impulsada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). La apuesta de máxima del movimiento es que acompañe a Milei en la fórmula, pero no descartan una postulación provincial.
En Misiones, los libertarios tienen dos nombres “fuertes” para pelear la gobernación: el del diputado nacional libertario, Diego Hartfield, y el del presidente del partido en la provincia, Adrían Núñez.
Río Negro es particular porque un libertario ya dijo públicamente que quiere ser candidato a gobernador. Se trata del diputado nacional Aníbal Tortoriello, con trayectoria en Pro. Exintendente de Cipolletti, está convencido de que LLA tiene peso propio en el distrito para enfrentar a Alberto Weretilneck, quien buscará un nuevo mandato. La palabra final la tendrá la mesa política.
En La Pampa, donde el gobernador peronista Sergio Ziliotto no puede ir por otra gestión, el vocero presidencial Adrián Ravier aparece entre los posibles candidatos de LLA, aunque también están el diputado nacional Martín Matzkin (más cercano a Patricia Bullrich) y Marita Mac Allister (si hay acuerdo con el Pro).
Carlos Sadir buscará la reelección en Jujuy, donde el diputado nacional Manuel Quintar aparece entre las opciones libertarias si no hay acuerdo.
En Tucumán, Osvaldo Jaldo, otro de los peronistas afines a la gestión libertaria, buscará su reelección. Sin embargo, un sector de LLA impulsa la candidatura de Lisandro Catalán, el exvicejefe de Gabinete que tomó vuelo en la gestión a la sombra de Guillermo Francos y que fue ministro del Interior por 47 días. Catalán, que vive en Buenos Aires, viaja seguido a Tucumán para hacer campaña. Las elecciones provinciales serán en mayo.
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