POLITICA
El Gobierno acató el pedido judicial y transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.
Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.
La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.
Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.
Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.
Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.
Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.
Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.
Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.
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POLITICA
Karina Milei recordó que su familia vivió en Devoto y celebró el traslado de la cárcel

El Gobierno oficializó este lunes por la mañana la finalización de la Fase 1 del traslado de presos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario N°.8 de Marcos Paz. En este marco, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, celebró que el procedimiento se haya realizado sin inconvenientes y destacó el operativo impulsado por el gobierno de su hermano, el presidente Javier Milei.
“Quiero agradecer a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a todos los efectivos de la Policía Federal que hicieron posible un traslado efectivo que no se veía desde hacía décadas. Ahora viene una parte muy importante: la de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel”, señaló Karina.
Acompañada por la titular de la cartera de Seguridad, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora Pilar Ramírez, la secretaria de la Presidencia recordó sus años en el barrio junto a su familia: “Yo viví acá en Devoto y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos, por eso este cambio significa tanto para todos los que viven cerca de este lugar”.
“Muchas gracias a todos; es un día de celebración. Esta era una propuesta de hace muchos años y este Gobierno pudo hacerla realidad y en muy pocos meses”, cerró.
En este marco, la ministra Monteoliva destacó que el operativo se realizó sin incidentes y anunció que sólo quedan 75 internos en el penal de Devoto. “Aguardan, como todos los argentinos, la definición sobre la posibilidad de la visita papal. Una vez que tengamos esa confirmación, se procederá al traslado de estas personas que son las que van a participar en caso de que se concrete la bendición en el marco de la visita de Su Santidad”, aclaró en el marco de la llegada del papa León XIV.
“Hoy finaliza la parte 1 de este plan de Ley y Orden que planificamos y ensayamos durante meses”, afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa, en la que resaltó el trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF), las Fuerzas Federales de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes del operativo, el penal alojaba alrededor de 1500 personas. La primera fase comprendió el traslado de más del 90% de esa población, en el marco de un plan que, según Monteoliva, requirió meses de planificación y ensayos previos.
Monteoliva elogió el procedimiento en materia de infraestructura penitenciaria y aseguró que se trató de una obra sin precedentes en la Argentina y Latinoamérica, concretada en un plazo reducido y con un importante despliegue de seguridad.
“Es un hito que hoy estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad”, sostuvo. Además, señaló que la reubicación de los internos permitirá mejorar tanto las condiciones laborales del personal penitenciario como las condiciones sanitarias de las personas alojadas.
“Hace más de 30 años que lucho por esto”
En la puerta del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un vecino irradiaba felicidad mientras expandía una pequeña bandera. Era Don Manuel Fandiño, vecino de Devoto, que celebraba la concreción de esta mudanza histórica.
“Tengo 82 años y desde hace más de 30 que vengo luchando por esto. Y no soy yo solo, sino todos los que integramos la Asociación Vecinal ‘Valoricemos Devoto’, de la cual soy su presidente. Todos me decían ‘Sí, sí, sí’, pero nadie hacía nada”, le comenta, con una amplia sonrisa, a .
Manolo nació en España y cuando se le pregunta a qué se dedicaba responde: “Menos robar, todo. Trabajar es la única forma. Un gallego muy difícil que robe. El gallego es trabajador. Por eso te digo, trabajar a mí no me molesta. Ahora lo que sí me molesta es que tengo que estar con este cosito en la mano (señala un bastón) para no caerme. Y voy con mi compañera a todos lados”.
Su “compañera” es una bandera que hizo para exponer su lucha. En ella se lee la frase “Devoto sin 44″. El 44 en la jerga quinielera es, justamente, “La cárcel”, que también se puede observar en una fotografía. Y también aparece la Asociación Vecinal que Manolo preside.
“En el barrio estamos muy contentos porque esta decisión revaloriza las propiedades en un 50%”, destaca Manuel, que este domingo celebró el día de la madre de su hija Paula, junto a sus dos nietas Ámbar y Aimé. Y amplía: “Es un gran paso, pero todavía falta mucho. Jorge Macri nos había dicho que esto va a ir pausadamente”.
Sobre lo que a él le gustaría ver en el predio que durante décadas ocupó el Complejo Penitenciario Federal, Manolo no duda: “Ayer estuvimos justamente hablando del tema. Yo no quiero hablar más nada porque todavía estamos en una etapa inicial. Pero por ejemplo el Club Lamadrid es un club de barrio, como por ejemplo All Boys. Y puede crecer un poco, crear un polideportivo. El deporte siempre saca a los chicos de la calle. Y otra cosa: a mí me gustaría que los feriantes de la Plaza Ricchieri, que tengo amigos ahí, puedan tener un espacio prolijo y ordenado aquí. Pero acá, viste, nadie habla, todo parece que tuviera miedo. ¿Miedo a qué…? De a poquito. Para mí es un gran paso el que hicieron ahora. Ya sin los presos. Y el resto se irá haciendo de a poquito».
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El Gobierno busca profundizar el recorte de empleo estatal con un nuevo plan de retiros voluntarios

El Gobierno aprobó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública nacional centralizada. Lo hizo mediante el decreto 1203, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Los estatales podrán anotarse en el plan de desvinculación voluntaria entre el 1 y el 30 de noviembre. La norma estableció la posibilidad de una prórroga en el proceso de inscripción de 30 días.
El régimen establece compensaciones económicas diferenciadas por edad, años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. Según cálculos oficiales, son 20.000 los estatales en condiciones de solicitar el retiro.
De acuerdo con el texto, quien adhiera a la iniciativa y según su edad, aportes y antigüedad, puede llegar a cobrar hasta 25 sueldos o el 60% del salario mensual bruto por tres años desde la desvinculación.
El decreto estableció, además, que quienes acuerden dejar su puesto en el Estado, donde no podrá volver a trabajar por ocho años, indica el decreto.
La medida, que forma parte del plan “motosierra” para achicar el Estado que impulsan Javier Milei y particularmente su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a los empleados de planta permanente bajo la Ley 25.164 y a quienes tengan contratos por tiempo indeterminado bajo los términos de la Ley 20.744.
“Los cargos en los que presta servicios el personal que adhiera al presente Régimen de Retiro Voluntario, serán suprimidos, lo que redundará en una mejor gestión de los recursos del Estado”, se indicó en los considerandos del decreto firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Una vez pedido el retiro, las autoridades de cada jurisdicción (ministerio, secretaria, etc.) correspondiente tendrá 40 días para expedirse. Si no hay respuesta expresa en ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.
Nuevos retiros voluntarios en el Estado: quiénes podrán acceder
El régimen de retiro voluntario está dirigido exclusivamente a empleados de la administración pública nacional centralizada, es decir, quienes se desempeñan en las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156.
Es decir, para solicitar el retiro deben trabajar en Presidencia de la Nación; Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios y secretarías; El Congreso (las cámaras de Diputados y Senado); Poder Judicial de la Nación (Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores); o en el Ministerio Público (tanto el fiscal y como el de defensa).
En el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Estado quedan excluidos todos quienes revisten contratos transitorios o los empleados de los organismos descentralizados, como la ANSES; las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
Para poder pedir el retiro voluntario, el empleado público de la administración central deberá ser planta permanente; no tener procesos penales ni sumarios administrativos graves pendientes. Tampoco pueden ingresar quienes estén en el cuarto año de licencia por afecciones de largo tratamiento, ni quienes hayan presentado una renuncia pendiente de aceptación.
Ademas, los empleados con demandas judiciales o administrativas deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse; y no deben estar en disponibilidad al momento de la inscripción.
Nuevos retiros voluntarios en el Estado: a qué grupos apunta y cómo serán las compensaciones
El decreto 1203 estableció las modalidades de compensación diferenciada según la edad, los aportes y la antigüedad de los agentes:
- Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán hasta 18 sueldos de gratificación más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según tengan menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
En todos los casos, la adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
estatales, Javier Milei, Federico Sturzenegger
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La Iglesia presiona al Senado para que avance con la ley contra la ludopatía

CÓRDOBA.- La Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó que se reactive el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario en noviembre y volvió a poner el foco en el impacto del juego digital sobre niños y adolescentes.
En una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado, pidió que se retome de inmediato el debate y que se alcancen los acuerdos políticos necesarios para convertir la iniciativa en ley.
“Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, plantea el organismo en el texto, donde sostiene que el problema ya excede el reconocimiento de los riesgos y requiere una “respuesta institucional”. La preocupación central está puesta en los menores de edad, “expuestos a plataformas de apuestas accesibles desde teléfonos celulares” y a un entorno digital en el que el juego “puede incorporarse a la vida cotidiana”.
La carta se suma a una serie de pronunciamientos que la Iglesia viene realizando desde 2024. En julio de ese año, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la consigna “Apostar no es un juego”. En noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó a Diputados que tratara el proyecto, y en febrero de 2025 volvió a dirigirse al Senado. En octubre de ese año, los obispos advirtieron que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y alertaron sobre el riesgo de que cada celular se convierta en un “casino”.
El reclamo llega en medio de una discusión legislativa que lleva más de dos años y que se trabó. El 27 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La iniciativa fue girada al Senado, donde quedó pendiente de tratamiento. En octubre de 2025, el tema volvió a figurar en la agenda de un plenario de comisiones de la Cámara alta, pero quedó frenado.
En paralelo, en mayo pasado el Ejecutivo nacional presentó otra iniciativa con el objetivo de “ordenar el mercado virtual, limitar la publicidad” y reforzar la protección de niños y adolescentes.
En su nueva presentación, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advierte que las consecuencias del juego compulsivo no se limitan a quienes apuestan. También alcanzan a sus familias, a las instituciones educativas y a las comunidades que deben afrontar sus efectos. Menciona investigaciones y materiales de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre las apuestas online y la adolescencia.
El planteo de la Iglesia apunta, además, a la responsabilidad económica y social que implica la expansión del negocio: “Los costos de los daños que produce la ludopatía -humanos, familiares, sociales y sanitarios- no serán asumidos por quienes hoy se benefician de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general”.
La carta episcopal concentra su pedido en la urgencia de avanzar con el tratamiento parlamentario. Cita al papa León XIV y su advertencia contra “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. También sostiene que la falta de intervención estatal puede profundizar daños difíciles de reparar en el tejido social.
“‘No hacer nada’ también es una decisión”, afirma la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que les fue confiada y eviten que la iniciativa quede relegada por la falta de acuerdos o de tratamiento legislativo.
la iniciativa,Gabriela Origlia,Senado de la Nación,Conforme a
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