POLITICA
El Gobierno acató el pedido judicial y transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.
Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.
La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.
Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.
Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.
Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.
Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.
Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.
Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.
https://t.co/okE9IXbsvA,pic.twitter.com/7qNx474q17,May 14, 2026,Javier Milei,Derechos Humanos,Conforme a,,»Manos de manteca». La tropa digital de Santiago Caputo denunció un pacto con el kirchnerismo en La Matanza y apuntó a Pareja,,Revés para Toviggino. Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,Javier Milei,,Oficialismo sin filtros. El pudor, una institución informal,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: reorganización del oficialismo y repercusiones del tedeum,,»Las reformas están funcionando». Delegados de Trump elogiaron al Gobierno y dieron nuevas señales de sintonía en un evento en Washington
POLITICA
De “financian estructuras políticas” a “quieren arancelarla”: los cruces por la situación de las universidades

El debate por las tomas de colegios porteños y la ley de financiamiento universitario sumó este miércoles un nuevo capítulo en el programa A Dos Voces por TN, donde se enfrentaron la estudiante libertaria Rocío Gómez, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola y Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires.
Durante el intercambio hubo acusaciones cruzadas sobre el estado de la educación pública, los salarios docentes y el incumplimiento de la ley votada por el Congreso.
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El debate por las tomas y el financiamiento universitario
Rocío Gómez relativizó el impacto de las protestas estudiantiles y cuestionó que representen un fenómeno nacional. “Son dos colegios, hay 24 provincias, no es una representatividad real en todo el país”, sostuvo. Además, describió problemas de infraestructura y falta de insumos en escuelas bonaerenses y del interior del país.
La estudiante libertaria aseguró que el problema educativo excede las tomas en la Ciudad y apuntó contra la estructura del sistema universitario. “Lo que la sociedad está financiando hace años son estructuras políticas que viven a costa de los impuestos de los argentinos”, afirmó. También cuestionó la relación entre cantidad de docentes y estudiantes en algunas universidades nacionales y sostuvo que “el sistema universitario argentino tiene que resolver los problemas desde adentro”.
Del otro lado, Néstor Pitrola denunció un “vaciamiento” de la universidad pública y lanzó una de las frases más fuertes del debate: “No cumplir la ley de financiamiento es de un presidente golpista”.
El legislador sostuvo que los salarios docentes atraviesan una situación crítica. “Un cargo simple de un docente con 10 años de antigüedad gana 224 mil pesos por 10 horas”, indicó. Además, remarcó que “el 92% del presupuesto universitario se paga en salarios”. “¡De qué negocio de casta me hablan!“, exclamó.
La discusión por los salarios y el futuro de la universidad pública
Francisco Pitrola, nieto del diputado y dirigente estudiantil del Colegio Nacional Buenos Aires, defendió las tomas y vinculó las protestas con el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios.
“Hoy en día los docentes para llegar a fin de mes tienen que recurrir a hacer Didi a la noche”, afirmó.
El dirigente estudiantil insistió en que el conflicto no se limita al reclamo presupuestario. “No solamente se está discutiendo la ley, sino que se está discutiendo la democracia”, sostuvo al recordar que la norma fue aprobada en el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por el Poder Legislativo.
Gómez, por su parte, respondió con críticas al funcionamiento interno de las universidades y cuestionó los bajos niveles de graduación. “Solamente dos de cada diez estudiantes que entran a la universidad se reciben”, señaló. También apuntó contra los rectores y decanos al sostener que “se rotan entre ellos los lugares”.
Leé también: Video: el cruce entre Eduardo Feinmann y el nieto de un dirigente de izquierda por las tomas de los colegios
Sobre el final del debate, Francisco Pitrola reivindicó el rol histórico de la universidad pública argentina. “La UBA es un orgullo para la Nación”, afirmó, y aseguró que el sistema universitario “es un canal de ascenso social importantísimo”.
“El Gobierno está dejando de lado a las universidades porque no cree en el sistema universitario argentino y no cree en el ascenso social. Milei quiere deteriorar la universidad pública hasta arancelarla”, consideró.
debate, A dos voces, universidades, educación pública
POLITICA
Un fiscal pidió que la causa que investiga la quinta de Pilar atribuida a la AFA deje el juzgado de Campana

El fiscal de la Cámara Penal Económico Gabriel Pérez Barberá dictaminó que el expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, pase de la Justicia de Campana a su fuero, en la Capital Federal. En el caso se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
Así lo indicaron a fuentes judiciales. El fiscal sostuvo en su dictamen que todavía es prematuro definir la competencia del caso solo por la ubicación de la casa y que al tratarse de un caso de lavado de activos, corresponde que se tramite en un fuero especializado.
Así, todos los fiscales que debieron pronunciarse respecto a dónde debe tramitar el expediente, incluido el de la Casación, Mario Villar, opinaron que el expediente debe salir de la Justicia de Campana, su sede actual.
Llegó allí luego de que los dueños formales de la quinta, el monotributista Luciano Pantano, y su madre, Ana Conte, investigados como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA, presentaran un escrito pidiéndole al juez Adrián González Charvay que se amparara en un argumento territorial y reclamara para su juzgado la investigación.
Charvay hizo lugar al planteo y el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, respaldó la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el 15 de mayo que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso. Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay, un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA.
Mucha de la prueba recabada en el expediente -que fue y vino por distintas sedes judiciales- apunta contra el tesorero Toviggino. De la casa, la Justicia secuestró una colección de autos de lujo, cuyos costos mensuales se pagaban con una tarjeta de la AFA; un bolso y una placa homenaje con su nombre y un karting como los que usa su hijo, entre otras.
Tal como conto , antes del allanamiento, empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos que lo vinculaban todavía más directamente con la quinta, como una pintura de él junto con su padre, que colgaba en el quincho.
Además, durante su indagatoria en la causa por presunta evasión impositiva, Toviggino estuvo acompañado de un auto que figuró a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte que en los papeles es dueña de la casaquinta, que cuenta con un haras de caballo y helipuerto.
La polémica se amplió con la publicación de este medio que dio a conocer que un juez del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, festejó allí uno de sus cumpleaños, un hecho que él y su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, niegan.
Sin embargo, tras la publicación, el camarista renunció a la subrogancia que ejercía en la sala que debía intervenir en el caso, luego de que se trabara la disputa por la competencia.
El camino
El expediente nació en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente, pero puso en marcha las primeras medidas. Luego pasó al fuero Penal Económico, bajo el ala de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron con su escrito desviar el camino del expediente hacia Campana.
Allí, el expediente quedó bajo la órbita de González Charvay. El juez ordenó nuevas medidas, pero el expediente perdió el ritmo frenético que le imprimieron los otros dos jueces durante los primeros meses.
Los últimos movimientos del juez fueron dos. Por un lado, ordenó a expertos de la Corte realizar una pericia contable sobre tres ejes distintos: la tarjeta de crédito de Pantano, con la que se pagaron algunos gastos de la flota de autos; los movimientos de su sociedad, Real Central, propietaria de la quinta, y el flujo de dinero de TourProdEnter LLC, la firma vinculada a Javier Faroni que explota los derechos comerciales de la AFA en el mundo y que habría desviado más de 40 millones de dólares.
La otra medida del juez en el último tiempo fue pedir la inhibitoria a los magistrados que entienden en otras dos causas del universo AFA, que también tramitan bajo la hipótesis de lavado de dinero. Uno de esos expedientes es impulsado por Guillermo Tofoni -quien usufructuaba antes que Faroni los derechos de la AFA- y encierra otra disputa por la competencia que debe resolver la Corte Suprema.
En el recorrido del expediente que investiga la quinta de Pilar ya intervinieron la Cámara Federal, la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y, ahora, nuevamente la Cámara Penal Económico.
Antes que Pérez Barberá, ya se habían pronunciado en contra de que el caso quedara en Campana el fiscal Sebastián Bringas y el fiscal de Cámara Carlos Cearras, que fue quien llevó la discusión hasta la Casación.
El destino del expediente quedará ahora en manos de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que deberán poner fin a la disputa de competencia.
Adrián González Charvay,empleados que trabajaron en el lugar alcanzaron a retirar elementos,estuvo acompañado de un auto,la publicación de este medio que dio a conocer que,habría desviado más de 40 millones de dólares,Federico González del Solar,AFA,Pablo Toviggino,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,,En el juicio. Schoklender declaró que Aníbal Fernández financió una “usina de denuncias contra Pro” y que Chávez aportó fondos a las Madres,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Ministro español en Buenos Aires. Ángel Víctor Torres: “Creemos en el Estado de bienestar, y nos ha funcionado”,AFA,,Le atribuyen gestos racistas. Sancionan a un jugador de la sub-17 por gestos racistas hacia brasileños en un partido,,“Gracias, Chiqui”. Calamaro cerró su show en Buenos Aires con un mensaje para Claudio Tapia,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
Primeros indicios de desabastecimiento en la distribución de bebidas por medidas de fuerza de Camioneros

Un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y empresas de aguas y gaseosas empezó a impactar en el abastecimiento de bebidas en Capital y el Gran Buenos Aires, con entregas incompletas y demoras en la distribución, según indicaron fuentes del sector.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
CADIBSA agregó que la situación “ajena a la voluntad de las empresas” puede provocar demoras en las entregas y “eventuales faltantes” para clientes y consumidores.
Otras fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que ya genera faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones están realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera sale del depósito, lo que reduce el volumen efectivamente distribuido en los comercios.

La situación afecta de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde ya se registran quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que está interrumpiendo el abastecimiento de estos productos.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.

En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
En 2005 se produjo un conflicto similar, con medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros en demanda de aumentos salariales y pago de horas extra, que generó síntomas de desabastecimiento de bebidas gaseosas y cervezas en pequeños comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires y también generó un inesperado aumento del 10 por ciento en algunos precios.
CADIBSA denunció que el gremio no acató la conciliación obligatoria ni tampoco cumple con el trabajo a reglamento. “El flujo de entrega de mercadería ha disminuido fuertemente”, consideró la entidad. Sin embargo, Pablo Moyano dijo que el sindicato “decidió acatar la conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la tarea”, aunque reconoció que “se está trabajando como marca el convenio”. “Los trabajadores están cumpliendo un horario de ocho horas, y si quieren que se amplíe el horario que paguen horas extras”, dijo.
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