POLITICA
El Gobierno acató el pedido judicial y transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó la medida cautelar que instaba a la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, a tomar medidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Lo hizo luego de que el gobierno de Javier Milei realizara la compensación presupuestaria requerida para subsanar la situación de emergencia del organismo.
Según consta en la resolución de Ramos Padilla, la administración nacional transfirió la semana pasada $590 millones al BNDG para garantizar la continuidad de sus actividades. La entidad cumple un rol clave en las causas por apropiación de menores durante la última dictadura militar.
Con el envío de fondos ejecutado, el juez federal levantó ayer la medida cautelar en la que ordenaba al jefe de gabinete -que tiene bajo su órbita al BNDG- arbitrar los medios necesarios para que no se interrumpiera su normal funcionamiento. Considera que el monto transferido es suficiente para “superar la situación de urgencia” que habían denunciado autoridades del organismo.
La cautelar había sido emitida el pasado 14 de mayo, a pedido de los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, especializados en apropiación de menores y violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Habían advertido -en línea con lo informado por la Directora General Técnica del BNDG- que la falta de fondos podía afectar el rol de auxiliar de la Justicia que hoy tiene la entidad.
Actualmente, el BNDG asiste a la Justicia en lo que refiere a “obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se encarga de realizar estudios genéticos y preservar muestras biológicas cruciales para tales procesos.
Según explicaron los fiscales, la ley de Presupuesto nacional aprobada contemplaba apenas el 55,96% del monto requerido para garantizar el normal funcionamiento del organismo público y resultaba insuficiente para cubrir la totalidad de servicios (de limpieza, vigilancia, mantenimiento general del edificio y tratamiento de residuos patológicos) necesarios para continuar operativos.
Las autoridades del BNDG explicaron que, en este escenario, los peritajes y tareas de laboratorio para 2026 podían verse interrumpidos por no contar con recursos ni condiciones ambientales y de higiene adecuadas.
Para los fiscales intervinientes, esta “eventual demora o paralización de los peritajes genéticos no solo afectaría la continuidad del trámite de expedientes penales, sino que comprometería la responsabilidad estatal ante órganos internacionales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos”.
Por este motivo, solicitaron a Ramos Padilla que dictara una medida cautelar. Así, a mediados de mayo, el juez federal ordenó a la Jefatura de Gabinete que dispusiera de manera inmediata “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el normal funcionamiento del BNDG.
Esto último incluía la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas y de adecuadas condiciones de higiene y seguridad de la entidad. Ahora, con los $590 millones transferidos, el juez consideró que tales obligaciones quedaban cubiertas.
La agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que había denunciado un “ahogo presupuestario” del BNDG, aún no se expidió respecto de la transferencia realizada por el gobierno de Milei ni el levantamiento de la cautelar. La organización había advertido por un “peligro de parálisis” de la entidad pública.
“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de los años de ampliación del derecho a la identidad”, habían señalado en la agrupación, antes de que Ramos Padilla dictara la cautelar. También habían solicitado la intervención del Poder Legislativo para que se revirtiera la crisis presupuestaria.
Según datos de Abuelas, el BNDG cuenta hoy en día con alrededor de 32.000 muestras genéticas ingresadas, entre los más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos, familiares de desaparecidos y hombres y mujeres que dudan de su identidad. “Se trata de una institución modelo en la identificación de personas desaparecidas y está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza”, cuestionaron en la organización de derechos humanos.
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POLITICA
La Justicia validó el cambio de domicilio de la AFA y anuló la designación de veedores que había dispuesto el Gobierno
La Cámara Nacional en lo Civil avaló hoy el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la ciudad a la provincia de Buenos Aires y anuló una resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, quien está actualmente en Estados Unidos por el Mundial de fútbol con una autorización judicial.
En 2024, mediante una asamblea de representantes, la AFA trasladó su sede social a Pilar y la inscribió en esa jurisdicción pese a que allí existe hoy solo un terreno.
“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, de acuerdo al fallo al que accedió .
La Cámara decidió “admitir” las quejas presentadas por la asociación deportiva y “declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026. Así, se dio por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – Asociación del Fútbol Argentino” del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
Además, declaró la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación”, Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
En el fallo, la Cámara argumentó que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, mediante la resolución 9000/2024 autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción. Además, advirtieron que la IGJ no tiene competencia para realizar inspecciones, ni cuestionar los cambios de sede social habilitados por esta entidad.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Tensa discusión con insultos entre Juan Grabois y Bertie Benegas Lynch: “No te hagas el canchero”
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se convirtió en escenario de una discusión cargada de tensión entre los diputados Juan Grabois (Fuerza Patria) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), durante el debate sobre los acuerdos de conciliación entre la Argentina y los holdouts Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund.
Todo surgió a partir del momento en que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió que Grabois pudiera intervenir, pero Benegas Lynch le replicó: “Me anotaste de prepo a Grabois, Germán. Me fijo y no está en la comisión. Yo administro la lista de oradores, déjamelo a mí”.
Desde uno de los sectores de la sala, Grabois irrumpió elevó el tono del pedido: “No te hagas el cancherito. Hablame bien”, exigió, lo que desató la respuesta cortante de Benegas Lynch: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.
El cruce escaló rápidamente entre interrupciones y reproches. Grabois redobló la apuesta: “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo”. La sala respondió con abucheos y Benegas Lynch replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.
La escena de pugilato verbal tuvo otro episodio durante la comisión, aunque más tarde Benegas Lynch le terminó cediendo la palabra a Grabois. La tensión, lejos de disiparse, se reavivó con ironías y descalificaciones. “Gracias, genio”, introdujo Grabois al tomar la palabra, a lo que Benegas Lynch respondió: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”.
Grabois lanzó: “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela… Pero si querés que me apure…”. El presidente de la comisión intentó retomar el control: “Hablá bien, con buenas formas”. Sin embargo, el dirigente del Patria Grande interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.
La confrontación personal se trasladó incluso al terreno informal. Benegas Lynch desafió: “Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”. Grabois respondió: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.
El acuerdo del Gobierno con los últimos holdouts
Pese a ese desliz anecdótico, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el dictamen para dos iniciativas clave: el acuerdo para pagar a los fondos Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que prevé incentivos para inversiones superiores a USD 1.000 millones.
Para el caso de los holdouts, a la sesión asistieron el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. En el inicio del encuentro, Benegas Lynch aclaró que la deuda que se estaba saldando era de poco más de 362 millones de dólares, con amenazas de embargos sobre acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En ese marco, apuntó que el acuerdo es con Bainbridge por USD 171 millones y USD 104 millones con Attestor, contra pago de desembolso. Hay urgencia para aprobar el tema, ya que la prórroga del plazo de implementación del acuerdo vence el 30 de junio.
Durante su intervención, Stampalija señaló que “estos acuerdos se relacionan con dos juicios de muchos años, con acreedores que no entraron en ninguno de los canjes que se hicieron”. “Son los últimos grandes grupos de holdouts que quedan. Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas”, amplió.
Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la falta de detalles sobre “la composición del pago” y solicitaron precisiones acerca de la fuente de financiamiento para cumplir con los acuerdos presentados en la Cámara Baja. Además, señalaron deficiencias en el funcionamiento de la Bicameral de Deuda y formalizaron un dictamen de minoría en rechazo al proyecto.
Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) respondió a una consulta de la oposición sobre las ganancias de los fondos buitre, y apuntó contra el pasado reciente. “¿Cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos? Por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y en las puertas de una hiperinflación”, dijo, en apoyo a la firma del dictamen.
El diputado Carlos Castagneto (Unión por la Patria) replicó que el relato de Giudici era incorrecto, subrayando que el conflicto con los holdouts se remonta a 2001, antes del kirchnerismo. En ese marco, añadió que, según declaraciones del ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, el país fue dejado desendeudado, y recordó que en 2016, ese gobierno realizó un pago a los fondos buitre y reinició el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese contexto fue que ocurrió el cruce picante entre Juan Grabois y Benegas Lynch. El legislador de UP enfatizó sobre el origen y cuestionó la responsabilidad de exfuncionarios de ese período. “¿Y quiénes eran importantes funcionarios en 2001 que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos? La fracasada de (Patricia) Bullrich y el fracasado de (Federico) Sturzenegger. Y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca y se convirtieron en libertarios, y ahora son parte de la casta que nos gobierna”, expresó.
El legislador Itai Hagman planteó que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acuerdo sería parte de una estrategia gubernamental más amplia para abordar otros litigios pendientes. Hagman consultó a los funcionarios si existió un pedido expreso del FMI para avanzar en este sentido, cuestionamiento que fue negado por el procurador del Tesoro.
Por otra parte, el diputado libertario Adrián Ravier defendió que el acuerdo representa “el cierre de un ciclo nefasto y un mensaje al mundo de que, a partir de ahora, con la presidencia de Javier Milei y su liderazgo, la Argentina paga; la Argentina va a pagar sus compromisos».
En cuanto a los cuestionamientos planteados durante el debate parlamentario, el Frente de Izquierda, representado por Néstor Pitrola, sostuvo: “No vemos ningún ahorro, vemos solo pérdida en esto. ¿Por qué este apuro y esta gran prioridad con este verso del 30% (de quita) y no tenemos el mismo apuro para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario?”.
La agenda legislativa y el caso Adorni
El dictamen sobre los acuerdos con los holdouts reunió 61 firmas y ya cuenta con la aprobación previa del Senado. El Gobierno busca su ratificación en la próxima semana. El “Súper RIGI” sumó 42 avales y comienza su recorrido parlamentario en Diputados.
El oficialismo pretendía controlar la agenda legislativa la semana próxima, priorizando este tipo de proyectos económicos. Sin embargo, la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenaza con modificar los planes. La oposición convocó una sesión especial para debatir su interpelación y analizar una posible moción de censura, que termine de eyectarlo en el cargo.
En respuesta a este escenario, los libertarios y sus aliados, entre ellos PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, ajustan su estrategia parlamentaria. El acompañamiento de estos espacios fue clave para el avance de los dictámenes.
Luis Caputo,José García Hamilton,Juan Ignacio Stampalija
POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
el apartamiento de los inversores afectados,otro informe,Hugo Alconada Mon,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,,Análisis. Milagros posibles e imposibles para Messi,,Senado. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo,,Nuevas medidas del fiscal. Indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones,Escándalo cripto,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Gestiones de Burlando. Un nuevo intento por cerrar la causa de $LIBRA choca con desconfianzas y límites legales,,Caso $LIBRA. Un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobra
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