Sebastián Nuner Uner, ejecutivo clave de la droguería Suizo Argentina, fue indagado este martes en la tercera ronda de citaciones a acusados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El empresario presentó un escrito de descargo y no contestó preguntas, según indicaron fuentes al tanto de la declaración.

Director de asuntos corporativos de la compañía, Nuner Uner está señalado por la fiscalía como uno de los presuntos jefes de la asociación ilícita investigada. Según la hipótesis fiscal Franco Picardi, fue un nexo clave; con sus gestiones, la Suizo habría podido implementar la supuesta “cooptación” de la agencia estatal para manipular precios y dirigir compras. Chats recabados en la investigación señalan que habría tenido injerencia, por ejemplo, en la contratación y en el despido de personal del organismo estatal.

En su descargo, Nuner Uner negó las acusaciones y el presunto vínculo con la agencia de Discapacidad, y pidió su sobreseimiento, indicaron fuentes de la empresa que lo acompañaron hasta los tribunales.

Esta tercera ronda de indagatorias pone el foco sobre la Suizo y sus principales ejecutivos. Según el fiscal, la compañía no se habría limitado a beneficiarse de las irregularidades, sino que habría tenido un papel central en la organización de las maniobras.

Estaba previsto que esta tanda de declaraciones comenzara la semana pasada, con la indagatoria de los dueños de la empresa, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de droguería, pero la cita finalmente fue reprogramada para esta semana y tendrá lugar mañana.

Nuner Uner y los Kovalivker son representados por el mismo abogado, Martin Magram.

Otros dos ejecutivos de la empresa, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Daniel Domínguez, estaban citados para hoy, pero fuentes judiciales informaron que sus declaraciones también fueron postergadas.

La maniobra

El fiscal Picardi lleva las riendas de la investigación que busca echar luz sobre una presunta trama de corrupción en la agencia de Discapacidad. En su pedido de citación a indagatorias, sostuvo que existió un presunto esquema de cartelización, sobreprecios y retornos a funcionarios públicos. Sustentó esa mirada en chats, facturas de pago y la comparación de licitaciones realizadas en la Agencia de Discapacidad.

Un ejemplo de eso es la secuencia atribuida a representantes del área comercial de la Suizo. “Chicos, entraron eurit a 92 mil de costo. Necesito que roten”, envió al grupo “Comercial Coordinadores” de la Suizo Argentina Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería, según el fiscal. Eurit, se trata del nombre comercial de la droga cladribina, que produce el Laboratorio Richmond, aclara el pedido de indagatoria. Seis minutos después del mensaje de Zarbo, Tomás Medina, identificado como responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales de la Suizo, contestó: “Precio de venta? O nos manejamos como nosotros querramos”. La respuesta la obtuvo tan solo un minuto más tarde: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, escribió Zarbo, según la prueba recolectada por la Justicia.

Fuentes de la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las líderes de la supuesta cartelización, alegaron que los chats están sacados de contexto. “Al fiscal le falta agregar qué decían antes y después de los mensajes que incluyó”, sostuvieron. Además, le recriminan a Picardi que entienda que una bandera de Suiza haga referencia a la droguería Suizo Argentina. Indicaron que también podría aludir a otras empresas con sede en ese país. Mientras todavía se desconoce la explicación técnica sobre los sobreprecios que el fiscal describió en sus dictámenes, dijeron que pudieron haber influido cuestiones de oferta y demanda.

La causa, que cuenta ya con una treintena de procesados, nació tras la difusión de audios de origen desconocido atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo, en los que se hablaba de corrupción y se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario.

Un peritaje sobre esas grabaciones transita su fase final. Más allá del resultado, el lugar que ocupan los audios en el desarrollo del caso es todavía objeto de tironeos. Para el fiscal Picardi, la causa tiene un sustento propio e independiente de ese material (que la fiscalía no usó como prueba); algunas de las defensas, en cambio, sostienen que esa es la piedra angular del caso y pujan por removerla para hacer caer toda la causa.

Una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico lanzó una campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial.

La iniciativa promueve reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.

El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.

Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.

La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.

En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes.

La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.

También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanus, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.