Por segunda vez consecutiva, el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas tuvo una audiencia restringida. Antes de que iniciara la jornada, el auditorio cerró sus puertas y solo quedaron adentro los abogados de las partes y los testigos que prestarán declaración.

Fuentes al tanto del desarrollo del juicio indicaron a , que se encontraba en el lugar, que, al igual que la restricción del público, la transmisión en vivo que se suele hacer de las audiencias también iba a ser interrumpida. A diferencia de la última audiencia, no se conoció cuáles fueron los testigos que prestaron declaración durante la audiencia que finalizó después del mediodía.

El jueves pasado, el presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori aclaró, ni bien comenzó la jornada: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”.

Por este motivo, el Tribunal comunicó que se había resuelto “dejar de transmitir la audiencia”. El público presente en la sala, al momento de la declaración de esos testigos, también debió abandonar el lugar, con excepción de los abogados de las partes.

Según pudo saber , en dicha audiencia fueron abordados aspectos técnicos del informe elaborado sobre los teléfonos de los imputados en la causa. Uno de los aspectos que más interesaba era el cruce de llamadas entre ellos. En aquella oportunidad, y tal como informó la Policía Federal, declararon agentes que forman parte del cuerpo de Inteligencia de la fuerza.

En YouTube, por donde se transmiten las audiencias, ocurrió algo similar. “1 video no disponible está oculto”, se leía esta mañana debajo del listado de reproducciones de audiencias anteriores.

¿Qué fue lo último público en las audiencias del caso? El testimonio de Pablo Enríquez, quien había abierto el sumario sobre el entrecruzamiento de llamadas de las personas investigadas en la causa. Indicó que esa información suele llegar en un Excel o PDF con un listado. Especificó que él no realizó más tareas específicas sobre eso, sino que lo hicieron otros integrantes que prestan declaración en esta misma audiencia. “No recuerdo cómo llegó el material”, sostuvo Anriquez, subcomisario de la Policía Federal.

Después de eso, el público presente en el auditorio debió abandonar la sala para que el debate continuara con el personal de Inteligencia. El último jueves, cuando se desarrolló la anterior audiencia, el juicio transcurrió bajo una estricta reserva, que se mantiene en el comienzo de este martes. Puertas cerradas, seguridad que controla y adentro solamente las partes (personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, testigos y abogados defensores).

La reserva del caso ya había sido anticipada durante el juicio. En la audiencia pasada, las partes habían solicitado que se consideraran algunas medidas para preservar los números de teléfono y otros datos personales de los imputados o de terceros ajenos al proceso. Si bien finalmente no se mostró ningún elemento sobre el entrecruzamiento de las llamadas, existía consenso previo sobre la sensibilidad de la audiencia de este jueves.

“Me parece muy correcta la medida”, había considerado la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. Fue por esa razón que, en las declaraciones testimoniales de personal que no es de Inteligencia, la puerta del auditorio se abrió para el público.

El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible para la gestión de Javier Milei, en reemplazo de Pablo Di Liscia. Este último había sido nombrado en el cargo hace menos de un mes, pero un accidente de tránsito y su posterior internación le impidieron continuar en funciones.

“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, dice el comunicado oficial al que tuvo acceso .

El nombramiento se oficializaría mañana en el Boletín Oficial, según fuentes del Ministerio de Salud.

Desde julio de 2025, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Allí se hizo cargo de la “gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales”. Previamente, fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales en la misma cartera.

“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, agrega el comunicado.

En el mismo mensaje, el Gobierno “le desea una pronta recuperación” a Di Liscia, quien permanece en terapia intensiva e intubado luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.

A raíz de su ausencia, Lugones dejó la Secretaría de Discapacidad en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, de manera interina, en una resolución de la semana pasada.

Por su parte, Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, apenas una semana antes del siniestro vial, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios.

Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud), apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.