Tras haber conseguido la sanción de la ley de “Inocencia Fiscal II” y protagonizado una semana en la que tomó clara distancia de algunas políticas de la Casa Rosada, como la insistencia en los recortes presupuestarios a la atención a la discapacidad, la líder del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), buscará prolongar la buena racha y convertir en ley este jueves dos proyectos deseados por el Poder Ejecutivo.

Las iniciativas son la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), impulsada por el presidente Javier Milei, y la modificación del régimen de zonas frías. Ambos proyectos ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, cuentan con dictamen de comisión en el Senado y en el oficialismo confían en que tendrán los votos parta convertirlos en ley este jueves.

Sin embargo, son temas complejos y espinosos, ya que cuentan con fuertes disidencias. Una de ellas está centrada en la cláusula que obliga a reunir el voto de los dos tercios en ambas cámaras legislativas para destituir a un director del BCRA, una mayoría agravada igual a la que se exige para avanzar con un juicio político contra el Presidente o los jueces de la Corte.

El llamado a sesión se definirá este miércoles, a las 14, en una reunión de Labor Parlamentaria en la que los jefes de bloque definirán el temario y la hora de inicio de la reunión.

El temario se completaría con un proyecto que busca regular el mercado de carbono, un guiño a bloques provinciales para que aporten al quorum que permita abrir el recinto de la Cámara alta.

La convocatoria llega después de que Bullrich protagonizara este martes una reunión con algunos jefes de bloque dialoguistas en las oficinas de la bancada radical para tantear el terreno y contabilizar votos.

El gobierno considera la reforma de la carta orgánica del Banco Central como una iniciativa económico-financiera de carácter estratégico, ya que apunta a modificar el marco regulatorio de la autoridad monetaria para establecer como objetivo principal de la entidad preservar el valor de la moneda.

Con este cambio se eliminarían las metas incorporadas durante el kirchnerismo, como la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, objetivos que la administración libertaria considera un pecado.

El proyecto también busca restringir las vías de financiamiento del Banco Central al Tesoro. En ese punto se inscribe la prohibición de adelantos transitorios, la limitación para comprar títulos públicos en el mercado primario y la intención de impedir que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.

Para el oficialismo, se trata de una señal institucional destinada a consolidar el principio de emisión cero.

El aspecto que más discusión generó en el Senado es el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. La iniciativa procura endurecer las condiciones para desplazar al presidente y a los directores de la entidad, al exigir mayorías agravadas en el Congreso.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la reforma será ley. Si introduce cambios, el expediente deberá volver a Diputados en segunda revisión, alternativa que el oficialismo intenta evitar para no demorar una norma que exhibe como parte sustancial de su política monetaria.

El proyecto de zonas frías, en tanto, modifica el régimen de subsidios al gas que fue ampliado en 2021 por el kirchnerismo con una ley que el gobierno libertario califica de “electoralista” y que incorporó a localidades de numerosas provincias al beneficio tarifario.

La propuesta que llega al recinto busca reducir el alcance geográfico automático del esquema y reservar la cobertura general para las regiones de frío más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En lugar de un criterio principalmente territorial, el Gobierno promueve una focalización por nivel de ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

Los hogares alcanzados por los parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarían expuestos a una reducción o eliminación del descuento.

La iniciativa combina una discusión fiscal con otra de fuerte contenido federal. Para el oficialismo, el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente.

Desde el kirchnerismo se impugna la medida por considerar que se traducirá en aumentos de tarifas para hogares y pequeñas actividades económicas de zonas con inviernos rigurosos o consumos elevados de gas.

Por último, el temario de la sesión podría incluir un dictamen que apunta a regular el mercado voluntario de carbono. El eje del debate es establecer reglas para la generación, certificación, registro y comercialización de créditos derivados de proyectos que reduzcan, capturen o eviten emisiones de gases de efecto invernadero.

El dictamen busca brindar previsibilidad jurídica a un sector que involucra a productores agropecuarios, empresas energéticas, proyectos forestales, provincias y eventuales compradores de activos ambientales.

Aunque no aparece como el tema principal de la sesión, la regulación del mercado de carbono podría convertirse en una pieza de negociación con senadores del norte y de provincias productivas, interesados en darle marco legal a proyectos ambientales y de generación de créditos.

La jueza porteña Laura De Marinis, que quedó en medio de la polémica al considerar que era inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años, habló este martes y cuestionó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por querer impulsar su juicio político y aseguró que eso “debilita las instituciones democráticas”.

Mientras la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires defendía su fallo, apuntó contra aquellos que quieren impulsar su juicio político.

“No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que esta generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político, colocan en una situación de tensión institucional porque mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.

Tras ello, siguió: “El juicio político es para otro tipo de actuaciones y otros incumplimientos, que no es el caso. Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación. Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función a una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional. Coloca un manto de dudas sobre las instituciones”.

Y agregó: “Yo soy muy responsable con mis tareas, estoy de turno desde el 1 de septiembre. Anoche no dormí, tampoco mi secretaria, me llamaron para resolver la situación de los adolescentes. Que por el fundamento de mis decisiones digan que van a impulsar un juicio político, es debilitar las instituciones democráticas. Me parece de extrema gravedad que el jefe de Gobierno pida mi juicio político”.

En otro tramo de la entrevista, De Marinis insistió en que su fallo habla del caso en concreto -un intento de robo- y no sobre la aplicación de la ley en otras cuestiones. Y es que uno de los fundamentos principales que expuso la magistrada en su resolución judicial sobre la situación del adolescente imputado en una causa por tentativa de robo, identificado como M.I.A., fue, entre otros, que someter a un proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso institucional, un hecho “regresivo”, con respecto al estándar internacional previo, con lo que considera que se vulneran los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ [en referencia al tuit de Macri] me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, marcó.

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