POLITICA
De la máquina de hacer pochoclos de un diputado a los carteles «Fuera corruptos»: las perlitas de la sesión con Adorni como protagonista
El informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados se transformó en un verdadero espectáculo político. El jefe de Gabinete, envuelto en la investigación judicial por su patrimonio, ingresó al recinto pasadas las 10.40, pero la atención ya estaba puesta en los palcos: Javier Milei y su hermana Karina encabezaron la presencia de la plana mayor del Gobierno, acompañados por Luis Caputo, Sandra Pettovello y Pablo Quirno, entre otros funcionarios clave.
El clima se encendió desde el inicio. Milei entró mientras sonaba el himno nacional y fue ovacionado por la militancia libertaria y los diputados de La Libertad Avanza. “¡Presidente, presidente!”, corearon desde los balcones del segundo piso, marcando territorio en el Congreso.
Unos minutos antes, el Presidente ya había protagonizado un cruce: al subir por la escalera hacia los palcos, una persona lo increpó preguntando si Adorni era corrupto. Milei no dudó en responder: “¡Corruptos son ustedes!”, lanzó, rodeado de un fuerte operativo de seguridad.
Ironías, pochoclos y bancas divididas
La oposición recibió a Milei con frialdad. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, aprovechó la entrada del mandatario para exigirle a los gritos que cumpla con la ley de financiamiento universitario, pero los libertarios hicieron oídos sordos.
Cuando Adorni fue invitado a tomar la palabra, Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, y provocó risas y aplausos.
Pero el toque de color lo puso sin duda el socialista Esteban Paulón, que se sentó en su banca con una pochoclera y repartió pochoclos.
“Si vienen con el balde de pochoclos, yo voy con la pochoclera”, había anticipado días atrás, en respuesta al presidente de la Cámara, que había anticipado una sesión “picante” y recomendó “comprar pochoclos”. Martín Menem se los rechazó y los terminó comiendo el kirchnerista Agustín Rossi.
Irónico, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro posteó la foto de un antialérgico antes de entrar al Congreso. “Más que pochoclos, les compré antialérgico. Para Toto, Karina, Lugones y los ministros que siempre tuvieron alergia al Congreso… y nunca vinieron a brindar informes y respuestas”, escribió.
Bregman contó por su parte que le pidieron que saque un cartel que pegó delante de su banca, con la imagen de Adorni en una conferencia de prensa donde afirmó que habían presentado una foto de un perro para cobrar un subsidio de discapacidad. “El que nos metiste el perro fuiste vos” decía. “Me dicen que saque el cartel porque ‘se puede dañar en mármol’. No se si el de la pared o el de la cara de Adorni”, disparó la diputada de izquierda.
Mientras tanto, la mayoría de los diputados opositores optó por el silencio, conversando entre ellos o mirando el celular. El PRO y la UCR mantuvieron un perfil bajo y evitaron aplaudir los logros económicos que Adorni intentó destacar.
En los palcos, el respaldo oficialista fue total: a la derecha de Milei se ubicaron Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Santiago Caputo; a la izquierda, Alejandra Monteoliva y Juan Bautista Mahiques. También estuvieron presentes María Ibarzabal Murphy, Mario Lugones y Lule Menem. Entre los invitados, se vio al hermano de Adorni, Francisco, junto a Oscar Liberman.
Chicanas, carteles y el momento más tenso
Durante su exposición, Adorni evitó referirse a las denuncias sobre su patrimonio y los viajes al exterior. Prefirió enfocarse en la baja de la inflación, la estabilidad del dólar y las inversiones en minería y energía.
El aplauso más fuerte llegó cuando Adorni recordó que Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la causa Vialidad. El peronismo mantuvo el silencio y, fiel al acuerdo previo, evitó “entrar en el juego del Gobierno”. “Nosotros queremos que responda”, resumieron desde Unión por la Patria.
El diputado Aldo Leiva no pudo resistir la tentación y se acercó al estrado para entregarle a Adorni un volante con la frase “Todo muy claro, menos las explicaciones”. La libertaria Lilia Lemoine intervino rápidamente y echó al legislador peronista.
Milei, entre gestos y respuestas a los gritos
El Presidente volvió a ser protagonista cuando Adorni mencionó el conflicto en Gaza. “Cómplice del genocidio”, le gritó Romina del Pla desde el Frente de Izquierda. Milei respondió con una sonrisa y hasta saludó haciendo un corazón con las manos, en un gesto desafiante.
Y luego, respondió a los gritos: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.
La jornada dejó en claro que el Congreso se convirtió en un escenario de tensiones, mientras el oficialismo intenta blindar a Adorni.
Manuel Adorni, Congreso
POLITICA
Propiedades en la mira: los 20 bienes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner que busca decomisar la Justicia
La confirmación de la Corte Suprema del monto que deberá decomisar la Justicia a los condenados en la causa Vialidad implica que la familia Kirchner deberá aportar 20 bienes de su posesión para cubrir su cuota del millonario monto de compensación global, establecido en 685.000 millones de pesos.
Según consta en los expedientes, la gran mayoría de esos bienes (19) fueron heredados por Máximo y Florencia tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011, mientras que uno solo permanece a nombre de la jefa del PJ nacional, un terreno de 6000 metros cuadrados en El Calafate, Santa Cruz.
En cambio, el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, no se encuentra en la lista de bienes a decomisar producto de la sentencia en la causa Vialidad. En sentido contrario se ubica la histórica casona familiar en El Calafate.
Esa propiedad fue transferida a Máximo y Florencia Kirchner tras el deceso de su padre, como parte de la herencia, pero igualmente sería parte de la nómina de 19 bienes que podrían perder los hermanos si la Justicia finalmente avanza con el decomiso. Eso depende de que la Corte Suprema emita un fallo de fondo.
El decomiso total abarca 111 inmuebles: 84 son de Lázaro Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública; 19 de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, el terreno adquirido en 2007. Los restantes son de otros condenados.
En medio del litigio, Cristina Kirchner intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, la capital santacruceña, y una serie de terrenos en el Lago Argentino, también en la provincia patagónica, propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.
En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. De hecho, parte de los argumentos de la familia Kirchner es que hay propiedades adquiridas antes de que Néstor y Cristina fueran presidentes.
Pero hay otra lista de 10 departamentos ubicados sobre la calle Mitre al 500 en Río Gallegos, que fueron adquiridos en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada al patrimonio familiar en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, de 2006.
Antes del delito
El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky se había hecho eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito -la corrupción en Vialidad- y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner.
El camarista Borinsky destacó que la medida alcanza a bienes adquiridos con anterioridad al 23 de abril de 2004, fecha fijada por el tribunal para comenzar a evaluar bienes decomisables. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto de 2025, pero las partes apelaron y aún no se ejecutó.
Conforme a
La disputa por el uso del nombre de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados volvió a exponer la profunda crisis interna que atraviesa el partido. La controversia, sumada a la fragmentación de los bloques radicales y a un video viral en el que varios jóvenes no lograban identificar a Raúl Alfonsín, sirvió como disparador de un debate sobre la identidad y el presente de la fuerza durante Infobae a la Tarde, que culminó con una entrevista a Ricardo Alfonsín.
La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.
Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.
La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.
El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.
El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.
Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.
En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.
Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.
Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.
Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.
Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.
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POLITICA
Cuadernos: una contadora de la exAFIP ratificó irregularidades en el manejo de fondos de empresas investigadas en el juicio
Una contadora de la ARCA -exAFIP- que analizó por orden de la Justicia a empresas investigadas en la causa Cuadernos declaró este jueves en el juicio oral y repasó las irregularidades que detectó en reportes elevados años atrás a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Durante la audiencia, a pedido de la fiscalía, se le exhibieron algunos de esos informes a la mujer, Diana Guterman, que fue directora del organismo recaudador dentro del área de Investigación Financiera. Uno de ellos apuntaba a Servicios Vertúa S.A., la empresa de Raúl Víctor Vertúa que participó en la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.
Entre 2014 y 2015, la empresa recibió de ENARSA transferencias por $565 millones. Parte de esos fondos, según el reporte que confeccionó la profesional, fue usada para comprar títulos públicos que luego fueron vendidos en el exterior mediante operaciones de contado con liquidación. Los dólares obtenidos fueron depositados en cuentas bancarias y después retirados en efectivo.
“Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas”, dijo la mujer sobre su trabajo. “Nosotros hicimos un rastreo en las bases de AFIP de cuáles eran las entidades con las que había operado”, definió. Luego, esa información fue girada a la DGI.
Otro de los casos detectados en su momento por la contadora, y expuestos hoy en el juicio de los Cuadernos, fue el de la empresa Fainser, del extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, dedicada a la fabricación de calderas y equipos termodinámicos.
Fainser firmó con la Municipalidad de Río Turbio, en Santa Cruz, un contrato por casi $500 millones en 2015 para ejecutar una obra vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Según un reporte de 2018, a fines de 2015 la empresa cobró anticipos por $50 millones, distribuidos en tres pagos. Pero la profesional advirtió que esas tareas no formaban parte de la actividad habitual de la firma y que, para septiembre de 2017, la obra todavía no había comenzado.
La mujer explicó que esa información surgía de un informe de fiscalización, en el que intervenían un inspector, un supervisor, un jefe de división, un jefe de región, un subdirector del área operativa y un director general de la DGI, antes de ser elevado a la UIF.
La contadora integra un bloque de testigos pedido por la fiscalía para intentar evidenciar en el juicio manejos irregulares de dinero por parte de las empresas que firmaron contratos de obra pública con el Estado.
Las defensas de los imputados remarcan que, como esas fiscalizaciones eran internas y se hacían sin solicitar nueva información, las empresas no tuvieron oportunidad de explicar los movimientos.
El testimonio abrió además una discusión entre la fiscalía, la querella de la UIF y las defensas sobre el alcance de las medidas contables que todavía pueden producirse en el juicio.
La abogada del empresario Angelo Calcaterra, María Valeria Onetto, insistió hoy ante el tribunal con la realización de un informe pericial contable que dé cuenta del flujo y la aplicación de los fondos percibidos por los contratos de obra pública que otorgó Vialidad.
Entre 2003 y 2015 -el período investigado en la causa-, Vialidad le adjudicó a IECSA S.A., la empresa de Calcaterra, un total de 23 obras por más de $2800 millones. Como imputado colaborador, Calcaterra reconoció haberle ordenado a uno de los directivos de la empresa, Héctor Javier Sánchez Caballero -que también está imputado en el expediente-, la entrega de sumas de dinero en efectivo que, en general, rondaban entre los US$100.000 y los US$200.000.
La pericia que solicitó la abogada Onetto ya había sido rechazada por el tribunal que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La fiscal Fabiana León se opuso hoy a su realización, al igual que el representante de la UIF, Mariano Galpern, que es querellante. “No se advierte de qué manera perjudica el derecho de la parte volver a traer una medida que ya ha sido abordada”, sostuvo la fiscal. “Si cada uno de los imputados en esta causa va a pedir una pericia específica de cada obra que se está viendo, sería una cantidad de prueba interminable, inabarcable e inoficiosa”, dijo León.
Juan Carlos Lascurain,Federico González del Solar,Conforme a
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