A pesar de los cuestionamientos a la redacción de la iniciativa de algunos bloques de la oposición y en medio de duras críticas a la política del gobierno de Javier Milei por su manejo del área, el proyecto de ley de fortalecimiento de la atención a la discapacidad obtuvo esta tarde dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.

La iniciativa fue despachada por una inédita mayoría que reunió a un mosaico integrado por senadores libertarios, radicales, de Pro, peronistas disidentes, fuerzas provinciales y hasta kirchneristas. El dictamen avala el texto aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto quedó habilitada para convertirse en cuando vuelva a sesionar la Cámara alta, lo que podría ocurrir dentro de dos semanas.

Aunque se especulaba con que en el debate podían salir a la superficie las resistencias al interior del oficialismo que genera el proyecto, impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se opone la iniciativa; la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), estableció desde el inicio el apoyo de su bloque al texto tal cual lo aprobó la Cámara baja.

“Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó Bullrich.

Aunque con críticas al proyecto, al Gobierno y a su política en materia de discapacidad, el kirchnerismo sumó su apoyo para evitar más demoras y, sobre todo, para no dejar al sector, tanto pacientes como prestadores, sin una ley que reemplace la emergencia votada por el Congreso el año pasado y cuyo vencimiento operará el 31 de diciembre próximo.

“Vamos a acompañar el dictamen para que haya certeza de que el 31 de diciembre la emergencia no se cae”, aseguró Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires), quien coincidió con las críticas y propuestas de modificación que, momentos antes, había formulado al proyecto la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

El texto aprobado por la Cámara baja, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y de orden público. Su objetivo es dar continuidad a los beneficios y las prestaciones destinados a las personas con discapacidad.

En materia de pensiones, mantiene las prestaciones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. También conserva su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Respecto de la cobertura sanitaria, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad el acceso a un programa médico que asegure las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. De esta manera, contempla la continuidad de la atención brindada a través de Incluir Salud.

Otro de los ejes es el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones y de la homogeneidad de los aranceles. La iniciativa ratifica su actualización automática y periódica mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El tema del nomenclador y de la actualización de las prestaciones fue uno de los cuestionamientos de la cordobesa Vigo, quien pidió introducir cuatro cambios en el proyecto, a pesar de que hacerlo implicaría que el texto volviera en segunda revisión a la Cámara de Diputados casi sobre el cierre del período ordinario de sesiones del próximo 30 de noviembre.

Al respecto, Vigo aseguró que el texto aprobado por Diputados deja a la actualización de los valores de las prestaciones un 30% por debajo de la inflación registrada. Lo mismo dijo sobre el nomenclador, del cual sostuvo que se encuentra en un 43% retrasado en relación a los valores que tenía en 2017. Los pedidos de cambios de la senadora no fueron tenidos en cuenta.

Para sostener el sistema, el proyecto prevé partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones con recursos del Tesoro cuando resulten insuficientes. Además, establece que la asignación presupuestaria no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.

La propuesta también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como la Anses, ARCA y el Registro Nacional de la Personas (Renaper). Los controles deberán respetar un debido proceso inclusivo: ante eventuales suspensiones, se prevé una notificación fehaciente y un plazo de 60 días para que las personas afectadas presenten su descargo y soliciten la revisión de su caso,

Por último, el texto fija plazos para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.

En un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, la Cámara de Diputados de Mendoza expulsó a una legisladora luego de que fuera sentenciada a tres años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción.

Se trata de Janina Ortiz, quien asumió su banca a fines de 2023 por la Unión Mendocina (UM), pero que desde marzo de 2024 se hallaba suspendida sin goce de sueldo por las investigaciones en su contra. “Cerramos una etapa oscura”, declaró durante el debate el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, de la Unión Cívica Radical (UCR).

La expulsión de Ortiz contó con 46 votos a favor y una sola ausencia y significó el fin de un extenso proceso que comenzó con su suspensión después de que se iniciara una causa en su contra por presunto desvío de fondos.

A la legisladora se la acusaba de haber participado en una maniobra delictiva mientras se desarrollaba como secretaria de Gobierno del exintendente Daniel Orozco, su esposo, en la municipalidad de Las Heras.

De acuerdo con la investigación, Orozco y Ortiz desviaron fondos de la municipalidad entre 2021 y 2023 mediante la Cooperativa de Trabajo “Manos a la Obra Limitada”, una organización que presuntamente prestaba servicios de limpieza, según consignó Los Andes.

Meses después de iniciadas las pesquisas, la Cámara de Diputados resolvió suspender a la legisladora sin goce de sueldo hasta que se definiera su situación.

Finalmente, y luego de admitir los cargos en su contra en un juicio abreviado el pasado 20 de octubre, a Ortiz se la sentenció a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

A pesar de su situación, la exfuncionaria municipal evitó renunciar a su cargo como diputada e incluso inició un reclamo para el pago de su salario por el tiempo que estuvo suspendida. Ante la negativa de apartarse de la Cámara, los legisladores acordaron su expulsión.

“Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión, es la primera. Y no es un tema menor. Es una decisión que esta Cámara tiene que tomar por el significado que tiene para la historia y por el mensaje que pretende transmitir a la ciudadanía”, manifestó Lombardi durante el debate.

El legislador de la UCR aseguró que la sentencia judicial que recibió Ortiz “es la base” del por qué se procedió con la expulsión y aseguró que le hubiera gustado “que como una persona de bien hubiera traído la renuncia y no quedar como la primera persona expulsada de la Legislatura en la historia de Mendoza”.

“Hoy cerramos una etapa oscura. Esta es una Legislatura que trabaja firmemente por mejorar la calidad de la democracia y por hacer de Mendoza la provincia más institucional de todas. Las instituciones están por encima de las personas y tenemos la obligación de defender la transparencia y respetar las instituciones de nuestra provincia”, agregó.

Por su parte, Julio Villafañe, del Partido Justicialista (PJ), le apuntó a la legisladora por la exigencia de sus salarios e indicó que sería “muy gravoso” que avanzara el reclamo.

“Cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia y del país que cumple una tarea laboral o un trabajo, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario. Y más en este caso, que es por hechos de corrupción. Sería vergonzoso, y es vergonzoso para todos”, señaló.