El Gobierno prepara anuncios para la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial y alista las reformas de Desregulación. El nuevo portavoz confirmó que tendrá su presentación oficial este viernes a las 11 y que el próximo martes, también a las 11, encabezará su primera conferencia abierta a los periodistas acreditados.

En el Ejecutivo quieren que el debut del nuevo portavoz sea “contundente” y trabajan en una agenda de gestión enfocada en lo económico para desplazar el eje del caso Manuel Adorni y de sus derivaciones judiciales. Los equipos de comunicación del oficialismo preparan un esquema de respaldo y difusión para las intervenciones públicas y digitales de Ravier, similar al que se usó en los primeros meses de gestión de Adorni al frente de la comunicación oficial.

En la Casa Rosada buscan construir el perfil del economista pampeano a partir de sus primeras conferencias, las repercusiones de sus anuncios, la defensa de sus intervenciones y el tono que intentarán instalar. En varios despachos oficiales sostienen que el impacto inicial de Adorni como vocero fue también producto de una maquinaria política y digital que ordenaba, recortaba y amplificaba sus intervenciones.

En Balcarce 50 creen que pueden volver a construir ese efecto con Ravier, pero con un tono más sobrio, técnico y menos orientado al choque con la prensa. La diferencia, sostienen en sus filas, será el estilo. El nuevo vocero apunta a un perfil más sobrio, técnico y económico, lejos de la lógica confrontativa que caracterizó a Adorni en buena parte de sus conferencias.

En el entorno del jefe de Estado creen que ese cambio es necesario para recuperar credibilidad comunicacional después de semanas en las que cada aparición del jefe de Gabinete terminó atravesada por su situación patrimonial, sus declaraciones juradas y las causas judiciales. El objetivo es que el nuevo vocero sea presentado como una voz de defensa del programa económico y de la gestión.

En el Gobierno siguen trabajando sobre la estructura que tendrá Ravier como vocero, junto con su designación formal y la del nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández. El economista participará de las reuniones de Gabinete para estar al tanto de la agenda de gestión, pero no se sumará a la mesa política que encabeza Karina Milei para definir envíos legislativos y poroteos en el Congreso.

Uno de los puntos que está en estudio para integrar la primera presentación es el paquete de desregulación que trabaja Federico Sturzenegger. En el Ejecutivo aseguran que el texto ya está en la Secretaría de Legal y Técnica y que es una prioridad para el oficialismo. “Lo están revisando, pero se va a mandar en el corto plazo”, expresan en Nación.

Leé también: El Gobierno define el rol del nuevo vocero: participará de las reuniones de Gabinete, pero no se sumará a la mesa política

En la Casa Rosada reconocen que es probable que ese paquete sea incluido entre los anuncios que preparan para Ravier. La iniciativa reúne cambios sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como una nueva etapa de la agenda de desregulación, con foco en reducir costos, ampliar competencia y eliminar barreras de entrada en sectores que consideran “sobrerregulados”.

El capítulo de seguros es uno de los más relevantes para Milei. El Presidente viene hablando de la “revolución de los seguros”, una idea que presentó como parte de su visión sobre el achicamiento del Estado: desarrollar mercados privados de cobertura más competitivos, profundos y completos para reducir la necesidad de que el sector público actúe como prestador de última instancia.

Ese enfoque conecta con el evento de la Fundación Faro, donde Milei se mostró con Ravier y con David Friedman, hijo de Milton Friedman. El economista estadounidense impulsa el pensamiento libertario y anarcocapitalista, con una obra centrada en la provisión privada de servicios que tradicionalmente se asocian al Estado. En su entorno ven un marco doctrinario compatible con el discurso presidencial.

La reforma sobre seguros todavía no está explicitada en su letra fina. En despachos oficiales hablan de ampliar la oferta, habilitar más competencia y reducir costos, pero evitan precisar si el texto modificará directamente la Ley 20.091, que regula a las entidades aseguradoras, o si avanzará sobre normas complementarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El paquete también incluye el capítulo de cabotaje. El Gobierno quiere modificar el régimen que reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. En el Ejecutivo sostienen que la apertura permitiría reducir costos logísticos para cargas del litoral, mejorar la competitividad exportadora y facilitar el transporte fluvial interno.

Leé también: El Gobierno baja la tensión con Bullrich pese a los cortocircuitos con Adorni y prepara el debut de Ravier como vocero

Otro frente es el mercado inmobiliario. El borrador apunta a eliminar requisitos como la matrícula obligatoria y el título universitario para la intermediación inmobiliaria, además de liberalizar honorarios, quitar restricciones geográficas y limitar el poder sancionatorio de los colegios profesionales. Ese capítulo puede abrir una discusión con provincias y colegios profesionales, que defienden la regulación local de la actividad.

El cuarto eje es el mercado de capitales. En la Casa Rosada lo vinculan con la necesidad de ampliar instrumentos de financiamiento privado, facilitar operaciones y reducir trabas regulatorias. Buscan que esa agenda se combine con el Súper RIGI, la flexibilización del crédito en dólares y la autorización para tomar deuda por hasta US$5000 millones, en la previa de vencimientos relevantes de julio.

El resto de los proyectos que estaban en carpeta quedó más demorado. En Balcarce 50 reconocen que la prioridad ahora es ordenar la comunicación, sostener los proyectos que ya están en tratamiento y elegir con cuidado los próximos envíos al Congreso. El caso Adorni, las tensiones con Patricia Bullrich y las negociaciones con aliados obligaron a recalcular tiempos legislativos.

Gobierno, Adrián Ravier, reforma

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.

En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.

La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.

El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.

La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear».

“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.

Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.

En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.

Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.

Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.

Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.

¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?

Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.