POLITICA
Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.
En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.
La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.
El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.
La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear».
“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.
Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.
En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.
Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.
Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.
Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.
¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?
Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.
POLITICA
Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.
“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.
Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.
Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.
Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.
Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.
Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.
A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.
Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.
POLITICA
El Gobierno oficializó el ascenso judicial de Ana Juan, la esposa del juez del caso $LIBRA

Unas horas antes del partido entre la Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol, el Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como titular del juzgado federal de Hurlingham.
La decisión está marcada por dos circunstancias: Juan, de largo recorrido en la Justicia de Comodoro Py, es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que instruye el expediente $LIBRA, una causa de máxima sensibilidad para el Gobierno. La otra es que su nombramiento quiebra, además, la lógica del oficialismo de no designar magistrados para tribunales que todavía no están constituidos.
Ese fue el argumento utilizado para evitar el nombramiento como jueza de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que llevó adelante distintas investigaciones sobre el Gobierno.
Las suspicacias alrededor de su designación, sin embargo, encuentran una trayectoria de más de tres décadas en la Justicia federal y la obtención de un cómodo primer lugar en el orden de mérito del concurso en el Consejo de la Magistratura.
En los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeña, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, de carrera extensa y ascendente.
Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Juan es desde hace largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.
Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos salas que conforman la Cámara.
A su inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que, si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.
Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.
Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.
“Ella opera en el corazón del sistema”, la describía un funcionario judicial que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial. “Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py cuando su pliego había sido remitido al Congreso.
Camino a Hurlingham
Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan a Ana Juan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dan a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.
Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que aguarda para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023 se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.
El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar su designación es que la funcionaria fue convocada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para subrogar en los tribunales de Morón y Moreno que necesitan cubrir vacantes de manera urgente.
Su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019. En mayo de 2023, fue enviado una vez más por Fernández y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año. Y luego, remitido por última vez en abril de este año.
Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.
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POLITICA
Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya

“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.
Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.
Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.
La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.
El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.
Por qué Kueider seguirá con arresto domiciliario
La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.
Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.
A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.
Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.
La otra causa
En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.
Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.
En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.
La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.
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