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POLITICA

Descoordinaciones, gobernadores rebeldes y el “factor Tini”: por qué Milei sufrió un calvario en el Congreso

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La Casa Rosada era un hervidero: reuniones no programadas para encauzar lo que ya parecía insolucionable, llamados telefónicos cargados de tensión a distintos puntos del país y discusiones internas que no disimulaban la bronca contenida. Ese clima tenía una justificación política válida: 130 días, 4 sesiones y 17 borradores después de la presentación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo empezaba a aceptar la caída del tan famoso como malogrado Capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas del extranjero. Sin embargo, cuando todavía algunos ministros se negaban a digerir esa realidad, el grito de un funcionario de primerísimo nivel presagió el peor final.

-¡Cerramos la grieta! ¡No se puede creer, esto es una cosa de locos! Listo, cerremos todo…

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La queja retumbó tan fuerte entre las paredes de la planta baja de Balcarce 50 que varios curiosos se acercaron y rodearon al hombre que permanecía con el celular en la mano. Miraba fijo la pantalla. Estaba indignado. “Abatido”, definiría él mismo más tarde. No era para menos: acababa de toparse con una publicación de Tini Stoessel en Instagram que podría haber sido posteada por Cristina Kirchner. Uno de los tantos bellos paisajes de Argentina, con picos montañosos nevados y verdes pinos en la línea del horizonte, servían de telón de fondo a una frase que no admitía segundas lecturas: “La Patria no se vende”. Cinco palabras para 22 millones de seguidores. “Game over, muchachos. Nos ganaron”, sentenció el colaborador de Javier Milei que, un poco en broma y un poco en serio, empezó a hablar del “efecto Tini”.

Mientras en el Senado debatían la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, hubo incidentes fuera del Congreso (RS Fotos)

La Libertad Avanza se esperaba las críticas de Lali Espósito, Ca7riel, Dillom, La Joaqui y Nicky Nicole, pero le costó procesar que figuras como la reconocida cantante y ex protagonista de Violetta o la estrella teen Emilia Mernes se plegaran al rechazo de un proyecto legislativo tan plagado de complejidades. “No hay que darle demasiadas vueltas: nosotros, que nos la damos de genios de la batalla cultural, perdimos la guerra comunicacional. Si hasta se nos plantó Lisandro Martínez. La única que nos faltaba era que se plegara Leo Messi”, evaluaba, con evidente sorna, uno de los miembros de la Mesa Política que estuvo más activo en las negociaciones en busca de votos con las provincias. Otro integrante coincidió y abrió una arista “a tener en cuenta”: “El timing fue pésimo porque después del Mundial nos hicimos los nacionalistas, nos abrazamos a Malvinas, criticamos la campaña en contra de Argentina y prometimos expulsar a extranjeros que nos agredan. Y en el medio quedamos como rifando la Patagonia. Es raro”. El senador Luis Juez lo resumió ante los micrófonos con su verborragia tradicional: “Defendimos mal el debate sobre Tierras. Nos faltó inteligencia y picardía. Los campeones del relato instalaron un título horrible y nos terminan acorralando a todos”. Los datos duros lo respaldan: un informe de la consultora Reputación Digital descubrió que las redes sociales, la pecera donde LLA dice nadar como pez en el agua, se llenaron con 69% de mensajes negativos sobre la iniciativa que se debatía en la Cámara alta.

Pese a todo, y con el naufragio de la modificación de la Ley de Tierras ya consumado, la Rosada probó manotazos de ahogado para no entregarse tan fácilmente a la aceptación del golpe: por ejemplo, dirigió duros señalamientos a la organización Amnistía Internacional, una de las convocantes a la marcha antiextranjerización. “Viene una ONG británica y te dice que Milei quiere vender el glaciar perito moreno y vos le crees jajaj disculpame hermano no sabia que eras retrasado mental”, escribió en X el caputista Agustín Romo en la previa de una movilización de la que participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA y el PJ en sus múltiples vertientes, incluidos La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof. Afuera del Congreso hubo balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes después de que un grupo de encapuchados le tirara proyectiles a los agentes de seguridad.

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El Senado sesionó este miércoles por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Foto: Juan Carlos Cardenas / ComunicaciÓn Senado)

El resto de la historia es conocida: aunque la Inviolabilidad consiguió la media sanción en el Senado, quedó renga y plagada de dificultades varias. Fue una sesión larga, con 39 oradores anotados. “Todos querían su discursito para el reel porque el proyecto se transformó en algo mega trending topic”, analizaba un operador libertario mientras esperaba el sufragio de los distintos capítulos. La jornada dejó un rosario de movimientos políticos para el recuerdo: en primer lugar, la ausencia de Victoria Villarruel, presidenta en ejercicio por el viaje de Milei a Ecuador y Colombia, que se adelantó a propósito para que la vice no tuviera que desempatar en el caso de ser necesario dado lo justo del “poroteo”; en segundo lugar, el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para votar de manera remota se giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales sin el menor pataleo del propio kirchnerismo que se había enrolado en la defensa de la digitalidad; por último, el intento del peronismo de vaciar el recinto y que el texto volviera a discutirse en comisiones fue rechazado por 38 legisladores, entre ellos Maximiliano Abad, Carlos Arce, Julieta Corroza, Sonia Rojas Decut y Daniel Kroneberger, cinco que se oponían a acompañar el capítulo vinculado a la venta de tierras.

Un paréntesis obligado: el mileísta Joaquín Benegas Lynch pidió la palabra para intentar explicar que ser el dueño y director de una compañía que gestiona ventas de parcelas en Argentina y a la vez apoyar la parte del proyecto que fue extirpado por Patricia Bullrich no implicaba un conflicto de intereses. “Con este criterio no podría votar nadie”, se excusó. Mientras subía la temperatura del palacio legislativo haciendo referencia a “la presión de la izquierda más rabiosa” y “la ignorancia de los tibios del medio”, el hermano de “Bertie” atacó a la oposición dejando asentado en la versión taquigráfica que “la ley que supuestamente defendía la soberanía nacional permite comprar tierra a los Estados extranjeros”.

La Ley de Propiedad Privada encendió un mensaje de alerta para un ecosistema libertario que tiene en carpeta reformas trascendentales para su futuro: las modificaciones al Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI, el régimen de Zona Fría y, con la mira puesta en el objetivo de la reelección 2027, la eliminación o suspensión de las PASO.

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El problema es que, apenas empezó la búsqueda de responsables, la interna volvió a comerse al oficialismo. Durante buena parte de esta semana, en los despachos violetas hubo una suerte de todos contra todos en versión parlamentaria. Los reproches circularon de oficina en oficina y, como suele pasar cuando algo sale mal, cada tribu encontró rápidamente la explicación en la impericia ajena. “Santilli no aceleró con los gobernadores”, cuestionaron los que creen que el jefe de Gabinete y ex ministro del Interior debió haber advertido antes que algunos de sus interlocutores habituales estaban abandonando el barco. “Patricia no hizo bien los números finos”, respondieron quienes consideran que Bullrich se quedó encerrada en su propio esquema de conducción del Senado. “Sturzenegger no explicó”, completaron quienes apuntan contra el autor intelectual de buena parte de las reformas que Milei quiere convertir en leyes.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

“El Coloso” aparece otra vez en el centro del vendaval por ser uno de los menos dispuestos a ceder cuando la matemática del Congreso exige abandonar la pureza ideológica. “Mandamos reformas demasiado grandes y ambiciosas”, se quejaba un miembro del bloque todavía caliente por el desenlace. Otro, bastante menos diplomático, se despachó sin metáforas: “Vive en una nube de pedo”. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aguanta embates internos no sólo porque defendió hasta último momento la necesidad de modificar el régimen vigente sino porque se resistió con especial énfasis a las concesiones que “Pato” negoció con bloques dialoguistas para intentar salvar la iniciativa. Los cortocircuitos llegaron a su punto máximo el 19 de julio, cuando la sesión terminó pasando a cuarto intermedio porque no aparecían los votos; en aquellas horas, el propio Sturzenegger llamó personalmente a varios legisladores para transmitirles su rechazo a una cláusula que reafirmaba la facultad constitucional de las provincias para imponer restricciones propias sobre la compra de tierras. La jefa del bloque intentaba ceder para sumar voluntades; por atrás, el funcionario pedía endurecer posiciones.

Si bien sus íntimos lo describen incómodo con el “fuego amigo” y por eso bajó la perilla de sus apariciones mediáticas, nada indica que esté dispuesto a modificar su interpretación de este y otros episodios políticamente conflictivos. De hecho, después de que Marcelo Orrego anunciara en San Juan un acuerdo con Vicuña por U$S 250 millones, eligió utilizar el caso como ejemplo de lo que, a su juicio, perdió la Argentina con el naufragio del capítulo cuestionado. “Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, agitó en redes.

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Sturzenegger no monopolizó los pases de factura en Casa Rosada. Cerca de Santiago Caputo, aunque cautos en sus movimientos, aprovecharon el traspié para cuestionar otra vez la estrategia electoral de Karina Milei y los primos Menem. El argumento de este sector plantea una pregunta en apariencia sencilla: si los acuerdos políticos con los gobernadores van a ser fundamentales para aprobar reformas y, más adelante, asegurar las condiciones para la reelección de Milei, ¿por qué todavía no están definidos con claridad los entendimientos territoriales para 2027? Es otra variante de una vieja disputa libertaria: construir La Libertad Avanza hasta el último rincón del país y competir contra todos, o resignar posiciones propias para mantener asociados a dirigentes que después tienen senadores y diputados capaces de inclinar una votación.

El presidente Javier Milei con los gobernadores considerados aliados

La rebelión de esta semana le dio combustible a ese interrogante que circula en los pasillos del poder, especialmente cuando los colaboracionistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén fueron de los primeros en desmarcarse del tsunami que se estaba gestando en el Senado.

Y es ahí donde aparece uno de los datos políticos más trascendentes para comprender por qué el Gobierno terminó bajando una de sus banderas: en la Cámara alta, La Libertad Avanza consiguió consolidar un universo de 44 senadores propios y aliados que ya le permitió aprobar iniciativas trascendentes y que funciona como un cordón sanitario frente al peronismo. Desarmarlo por la Ley de Tierras podía ser mucho más costoso que aceptar una derrota parcial. Bullrich lo dejó prácticamente escrito en el comunicado que difundió su equipo para explicar el repliegue: “El consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos. La decisión refleja el compromiso con una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y responsable”. Destacable: un mensaje de paz y de amor impropio de los liberales libertarios.

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¿El comportamiento de Jaldo, Sáenz, Figueroa y otros senadores que responden a diversos gobernadores anticipa entonces una rebelión generalizada de los territorios del interior contra Milei? En el Gobierno están convencidos de que no. También en las provincias. “No va a cambiar nada. Esta era una ley que, paradójicamente, les daba más poder a los mandatarios pero que fue comunicada pésimo”, analiza un dirigente que conversa habitualmente con varios caciques. Y completa con un diagnóstico más incómodo para Balcarce 50: “El Gobierno tiene menos coordinación política que antes. Patricia está muy sola y muy celosa de su coordinación en el Senado. Y tienen que frenar algunas ideas de Sturze para entrar en un círculo más virtuoso. Hay que elegir las balas que quedan, sacar el Presupuesto y después ya arranca la rosca por las elecciones”.

El preisdente Javier Milei, junto a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

La Quinta de Olivos necesita comprender esa lógica porque, según admiten los pocos que visitan con frecuencia ese lugar, la pelea verdaderamente disruptiva todavía no ocurrió: el proyecto que desvela a Karina Milei es la reforma electoral y la necesidad de que el año que viene no haya primarias. La hermana presidencial está convencida de que las PASO constituyen un problema para la pretensión de quedarse en el poder un segundo mandato: permiten ordenar oposiciones fragmentadas, facilitan la construcción de coaliciones y agregan una instancia electoral que puede funcionar como una gran encuesta nacional antes de la contienda definitiva. Por eso, el Gobierno está dispuesto a negociar casi todo alrededor de esas cuatro letras. Como anticipó Infobae, en las conversaciones con los líderes provinciales ya circularon desde eventuales acuerdos electorales en formato clásico hasta promesas de menor competencia libertaria en los distritos donde los gobernadores busquen retener el poder.

Así las cosas, los mismos que esta semana obligaron a mutilar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada son los que mañana deberán aportar voluntades para modificar las reglas de juego de 2027. Y, como si faltaran complejidades, esa discusión encuentra a Milei atravesando una etapa bastante menos cómoda en la opinión pública que la que siguió al triunfo legislativo de 2025.

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La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich (RSFotos)

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos sobre cinco. Un relevamiento nacional de Poliarquía reveló que el 66% de la población prefiere un cambio respecto de la situación económica actual. Hugo Haime & Asociados encuentra algo parecido cuando pregunta por el clima emocional: 34% identifica la bronca como sentimiento predominante y 39% habla de tristeza frente a sólo 20% de esperanza. Y Management & Fit agrega, en un informe publicado hace pocas horas, una arista particularmente delicada: 43,2% piensa que el país estará peor dentro de un año y 58,6% desaprueba la gestión violeta. Apenas un puñado de los últimos estudios que llegaron a las manos del gabinete. Y todo eso sin contar que el Banco Central registra 20,9 millones de personas que tienen algún tipo de deuda financiera y 5,8 millones que acumulan al menos una obligación con más de 90 días de atraso; en apenas doce meses se agregaron casi dos millones y medio de morosos.

El calvario que La Libertad Avanza sufrió en el Congreso tiene una importancia que excede largamente a las hectáreas que un extranjero podrá o no comprar en Argentina: la derrota del Capítulo III expuso una administración con problemas para coordinar a quienes redactan las reformas, quienes las defienden, quienes buscan los votos y quienes tienen que comunicar para qué sirven. Por eso en Balcarce 50 todavía recuerdan con fastidio aquella historia de Instagram que decidió colgar online Tini; no porque crean que una cantante pueda definir por sí sola el destino de una ley, sino porque su frase funcionó como una síntesis brutal de todos sus errores. Y, en paralelo, como un recordatorio: con tantas penurias económicas en el horizonte, no pueden permitirse demasiados traspiés más antes de que empiece la campaña.

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Allanamiento a la casa de Cristina Kirchner: por qué la puerta blindada del placard sería una prueba clave en la causa Cuadernos

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La declaración del policía que encabezó el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018 puso el foco sobre un detalle que puede resultar relevante para la causa Cuadernos: dentro de la propiedad había más de una puerta blindada y una de ellas protegía el acceso a un vestidor ubicado detrás de la cama del dormitorio.

El dato surgió durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal, mientras se exhibían por primera vez los videos del procedimiento realizado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio.

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“Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la expresidenta y de Néstor Kirchner”, contó Barrales durante su declaración.

La fiscal Fabiana León le preguntó entonces si había más de una puerta blindada en el departamento. El testigo respondió: “Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta la volvió abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó”.

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Los artículos del proyecto de ley por Malvinas que chocan con la Constitución

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El proyecto de ley que promueve el Gobierno para sancionar a las empresas que explotan ilegalmente el petróleo de Malvinas esconde iniciativas que chocan con la Constitución Nacional, que restringen la libertad de expresión y derechos civiles con la declamada intención de actuar en defensa de la seguridad nacional.

Así crea el delito de desinformación, una figura difusa que permite encarcelar a quienes publiquen informaciones críticas, considera terroristas a ciudadanos ante la simple sospecha, prevé la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad y dota de superpoderes al Poder Ejecutivo para decomisar bienes.

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Al amparo del loable objetivo de defender la soberanía nacional, el proyecto de ley choca con la Constitución Nacional.

El mensaje que acompaña al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.

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Amenaza a la libertad de prensa

El artículo 111 del proyecto incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Castiga con prisión 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Una descripción difusa y amplia que hace que un periodista pueda ser detenido ante una información que el Gobierno considere falsa, cuando su programa o medio sea auspiciado, por ejemplo, por un ente de promoción turística de un país vecino.

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Ya la Corte Interamericana condenó en el pasado a la Argentina porque los tipos penales de calumnias e injurias, tal como estaban redactados, eran imprecisos para aplicarse a un periodista sin afectar su libertad de expresión, y ordenó reformar la legislación.

Javier Milei, durante el último homenaje a los caídos en MalvinasLUIS ROBAYO – AFP

Ahora las figuras de “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” son igual de vagas y ambiguas, agravadas porque ahora la pena es mayor y no exige probar que el autor supiera que la información era falsa.

Además, la Constitución Nacional prevé en el artículo 32 que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y el artículo 14 incluye el derecho de los ciudadanos de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

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El artículo 88 del título IV del proyecto sanciona administrativamente “interferir mediante medios engañosos” en el “proceso decisorio de las autoridades constituidas” cuando hay financiamiento extranjero.

Así redactados, plantean una figura amplia que puede abarcar la manera en que determinados medios cubren un asunto. Por ejemplo, periodistas de un consorcio internacional dedicado a la investigación, con financiamiento externo, que publiquen una información que el Gobierno considere falsa, pueden ser acusados de incurrir en este delito y terminar presos con penas graves.

Cuando castiga a quien “procure” alterar procesos electorales, pareciera que castiga la tentativa; no exige que el proceso electoral se haya alterado ni que la opinión pública se haya “manipulado” efectivamente.

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La idea de “manipular” o “desinformación” no está definida ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Es un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad. Una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión sobre el mismo tema o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, pueden considerarse así como parte de una campaña de “manipulación”.

Cualquier cobertura periodística coordinada entre varias redacciones, como ocurrió con los Panama Papers, cumple ese requisito y los periodistas podrían ser encarcelados.

El título IV crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo, que abre el sumario, congela fondos, restringe operaciones y decide la sanción.

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La justicia no interviene sino de manera posterior, pero ese recurso de apelación no suspende las sanciones y las medidas urgentes pueden renovarse indefinidamente. La afectación patrimonial ocurre y se sostiene en el tiempo antes de que un juez la revise.

Javier Milei utilizó la cadena nacional para anuncia el proyecto por Malvinas Presidencia

El secretario de Inteligencia de Estado es miembro permanente del Consejo y sus integrantes quedan sujetos al régimen de confidencialidad. El organismo que sanciona puede operar bajo secreto de inteligencia. Así, este organismo a cargo del Presidente puede investigar, sancionar y actuar sin dar cuentas, ni informar.

Lo componen el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No hay integrantes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la oposición.

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El mismo órgano legisla, ejecuta, investiga y sanciona, pues en la práctica es juez y parte y actúa en secreto. Antes incluso de abrir el sumario, el Consejo puede congelar fondos, restringir operaciones de cambio, bloquear permisos y habilitaciones.

La ley, además, incorpora el juicio en ausencia a delitos de recursos naturales cuando hasta ahora está reservado para los supuestos excepcionales de delitos de lesa humanidad o terrorismo, como en la causa AMIA. El uso de esta figura busca alcanzar a las empresas petroleras radicadas en el extranjero, inalcanzables para la justicia local.

El rol de las FFAA y la delegación de superpoderes

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La ley hace desaparecer la división entre asuntos de defensa nacional y seguridad interior; los primeros, referidos a las amenazas de agresores extranjeros, y los otros, a las situaciones domésticas. Esa división se realizó luego de la dictadura militar con la llegada de la democracia y colocó a las Fuerzas Armadas lejos de intervenir en problemas de seguridad interna.

Ahora el título V reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas “de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”.

Establece la norma que basta para incluir en un registro de actividades terroristas a un ciudadano ante la “sospecha razonable” de estar incurso en esas actividades, y aplicar una inmovilización patrimonial, su exclusión del sistema económico y financiero, la exposición pública como “vinculado al terrorismo”.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de defensa, Carlos Presti, en el predio donde se construirá la Base Naval en Tierra del Fuego

No es necesaria una sospecha judicial ni una causa penal. Así se avanza sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, donde dice que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.

Es decir que bastan “motivos razonables para sospechar”; no es necesaria una imputación formal, no un procesamiento, ni una condena, y la norma aclara que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”.

El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo materias ajenas a la administración o a la emergencia pública, y exige que el Congreso fije las bases de cualquier delegación. Así redactada, la norma prevé la delegación de superpoderes al Poder Ejecutivo, al contrario de lo que dice la Constitución Nacional.

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Un exsecretario de Energía instó a YPF a explorar en la zona aledaña a las Malvinas: “Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”

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“Si dejás el mar vacío, lo ocupa otro”, afirmó Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la presidencia de Raúl Alfonsín. El actual presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi instó a la petrolera de bandera YPF a que retome la exploración offshore y ejerza la soberanía sobre la plataforma continental argentina y el Atlántico Sur, incluida la zona aledaña a las Islas Malvinas donde se explota el yacimiento Sea Lion.

El exfuncionario disertó sobre producción, empleo, matriz energética e industria en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR), durante un encuentro del Foro Encuentro Reformista.

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En materia energética, el especialista recordó el Plan Houston −impulsado durante la presidencia de Alfonsín− y la construcción de la red de gasoductos que permitió alcanzar el autoabastecimiento por tres décadas. Contrapuso ese modelo con las privatizaciones de los años noventa (como la venta de YPF y Gas del Estado) y reclamó que la petrolera de bandera retome la exploración offshore, en consonancia con el legado de Enrique Mosconi.

Lapeña cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sugirió evaluar la rentabilidad real de las empresas beneficiadas de manera previa al otorgamiento de beneficios fiscales extraordinarios.

Jorge LapeñaHernán Zenteno

La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente de la UCR Capital, Hernán Rossi, quien remarcó que las dificultades del presente exigen fortalecer la militancia, la planificación y la organización partidaria para construir una alternativa nacional competitiva. Del encuentro también participó la vicepresidenta la UCR, Inés Parry.

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Durante su exposición, Lapeña partió de un diagnóstico institucional: citó el artículo 38 de la Constitución Nacional −que define a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”− y advirtió sobre el debilitamiento de estas estructuras frente al auge de liderazgos personalistas. Cuestionó el riesgo de que la UCR se reduzca a “una federación de partidos provinciales” sin un proyecto común, y criticó la ausencia de políticas de Estado en un escenario signado por un Poder Ejecutivo que se autodefine anarcocapitalista y delega la regulación económica.

Asimismo, Lapeña señaló la falta de políticas públicas en otros sectores estratégicos. Mencionó la crisis de la industria láctea −graficada en el declive de SanCor− a pesar del potencial productivo nacional, y la pérdida de competitividad de cuencas tradicionales como Comodoro Rivadavia, desde donde se registró la emigración de decenas de miles de trabajadores hacia yacimientos como Vaca Muerta ante lo que señaló como la falta de una política hidrocarburífera integral.

Frente a este escenario, Lapeña remarcó que el primer paso requiere de la voluntad política para redactar un programa de desarrollo nacional sujeto a continuas correcciones. Propuso relanzar la exploración en el Atlántico Sur con YPF como eje articulador, fomentar la industrialización de los hidrocarburos (combustibles, fertilizantes y petroquímica con valor agregado) en lugar de reprimarizar las exportaciones y consolidar acuerdos políticos duraderos entre fuerzas afines, en línea con la tradición institucional del alfonsinismo, para dar continuidad a las políticas de Estado.

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Al referirse al contexto internacional, citó el crecimiento económico de China para destacar la efectividad de la planificación estatal a largo plazo y la integración entre educación e industria. Aclaró que la enseñanza no radica en replicar un modelo político no democrático, sino en comprender que el desarrollo sostenible exige planificación, programas claros y dirigencia comprometida a sostenerlos en el tiempo.




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