La incursión de Javier Faroni en el fútbol italiano llegó a su fin. El club Peruggia, que milita en la serie C, informó hoy a través de un comunicado que el empresario argentino vendió el 100 por ciento de las acciones, que pasaron a manos de un grupo inversor local.

Javier Faroni está en el centro de la tormenta que desataron las revelaciones de millonarios desvíos de fondos del fútbol argentino a través de su empresas.

Faroni había comprado el club en 2024. reveló en enero que el empresario transfirió US$5,7 millones desde una cuenta de TourProdEnter a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integró el grupo empresario que adquirió el club. Fueron 25 transferencias, entre enero y septiembre de 2025. La operación se completó con dos transferencias de US$250.000 a Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas involucradas en la operación.

La operación quedó en la mira de la Justicia de Estados Unidos. Los fiscales a cargo de la pesquisa sobre TourProdEnter contactaron a esa sociedad, propiedad del empresario Juan Martín Molinari, para que aporte información ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami. El abogado de Molinari, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad”. “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.

La compra del Perugia comenzó a gestarse en marzo de 2024, en las oficinas de Molinari. “Tengo el comprador”, soltó el empresario delante de dos intermediarios. Y al cabo de dos semanas, en el mismo lugar, apareció Faroni. “Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con (la ticketeadora) Deportick”, reveló a el empresario italiano Simone Chiarella, uno de los protagonistas de la trama.

La operación se concretó el 7 de septiembre de 2024, en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia. Luego, Faroni recorrió las instalaciones del club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, rememoró Chiarella.

Pero no fue todo. Al día siguiente, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de un agente FIFA, Pierpaolo Triulzi, y el vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.

Fundado en 1905, el Perugia conoció mejores épocas. Durante 13 temporadas jugó en la “Serie A” del fútbol italiano, llegó a salir subcampeón en la temporada 1978–1979, y campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2003, para luego padecer un ocaso paulatino que lo llevó hasta la tercera categoría.

El Perugia afrontó, incluso, su disolución institucional en 2005 y 2010. Pero la llegada de Faroni y los demás inversores alimentó la ilusión de sus “tifosi”, que sueñan con volver a ver al equipo de camiseta roja y pantalón blanco en la primera división, enfrentando a la Juventus, al Inter o a la Roma.

Tras el escándalo con los fondos de la AFA, Faroni comenzó a negociar su salida del club y viajó varias veces a Italia. Finalmente arregló la venta a Arenacuri, un grupo empresario local que ya había pugnado en 2024. “Los nuevos propietarios del Perugia Calcio desean expresar su sincero agradecimiento a Javier por su compromiso durante los últimos dos años al frente del club, y le desean lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales”, dice el comunicado oficial.

A pesar de los cuestionamientos a la redacción de la iniciativa de algunos bloques de la oposición y en medio de duras críticas a la política del gobierno de Javier Milei por su manejo del área, el proyecto de ley de fortalecimiento de la atención a la discapacidad obtuvo esta tarde dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.

La iniciativa fue despachada por una inédita mayoría que reunió a un mosaico integrado por senadores libertarios, radicales, de Pro, peronistas disidentes, fuerzas provinciales y hasta kirchneristas. El dictamen avala el texto aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto quedó habilitada para convertirse en cuando vuelva a sesionar la Cámara alta, lo que podría ocurrir dentro de dos semanas.

Aunque se especulaba con que en el debate podían salir a la superficie las resistencias al interior del oficialismo que genera el proyecto, impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que se opone la iniciativa; la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich (Capital), estableció desde el inicio el apoyo de su bloque al texto tal cual lo aprobó la Cámara baja.

“Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó Bullrich.

Aunque con críticas al proyecto, al Gobierno y a su política en materia de discapacidad, el kirchnerismo sumó su apoyo para evitar más demoras y, sobre todo, para no dejar al sector, tanto pacientes como prestadores, sin una ley que reemplace la emergencia votada por el Congreso el año pasado y cuyo vencimiento operará el 31 de diciembre próximo.

“Vamos a acompañar el dictamen para que haya certeza de que el 31 de diciembre la emergencia no se cae”, aseguró Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires), quien coincidió con las críticas y propuestas de modificación que, momentos antes, había formulado al proyecto la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

El texto aprobado por la Cámara baja, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y de orden público. Su objetivo es dar continuidad a los beneficios y las prestaciones destinados a las personas con discapacidad.

En materia de pensiones, mantiene las prestaciones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. También conserva su compatibilidad con el empleo formal o el monotributo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Respecto de la cobertura sanitaria, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad el acceso a un programa médico que asegure las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. De esta manera, contempla la continuidad de la atención brindada a través de Incluir Salud.

Otro de los ejes es el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones y de la homogeneidad de los aranceles. La iniciativa ratifica su actualización automática y periódica mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El tema del nomenclador y de la actualización de las prestaciones fue uno de los cuestionamientos de la cordobesa Vigo, quien pidió introducir cuatro cambios en el proyecto, a pesar de que hacerlo implicaría que el texto volviera en segunda revisión a la Cámara de Diputados casi sobre el cierre del período ordinario de sesiones del próximo 30 de noviembre.

Al respecto, Vigo aseguró que el texto aprobado por Diputados deja a la actualización de los valores de las prestaciones un 30% por debajo de la inflación registrada. Lo mismo dijo sobre el nomenclador, del cual sostuvo que se encuentra en un 43% retrasado en relación a los valores que tenía en 2017. Los pedidos de cambios de la senadora no fueron tenidos en cuenta.

Para sostener el sistema, el proyecto prevé partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones con recursos del Tesoro cuando resulten insuficientes. Además, establece que la asignación presupuestaria no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior.

La propuesta también incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos como la Anses, ARCA y el Registro Nacional de la Personas (Renaper). Los controles deberán respetar un debido proceso inclusivo: ante eventuales suspensiones, se prevé una notificación fehaciente y un plazo de 60 días para que las personas afectadas presenten su descargo y soliciten la revisión de su caso,

Por último, el texto fija plazos para regularizar las compensaciones pendientes a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.