Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el AMBA, al dejar firme una medida cautelar que había pedido el Defensor del Pueblo de la provincia. Pero, tras tomar la decisión, el tribunal le envió la causa a la justicia federal.

El fallo es de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que confirmó la medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano, en momentos en que el gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo contrato de concesión atado al proceso de privatización dispuesto por la Ley Bases.

En el mismo fallo, el tribunal bonaerense confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal, no en la provincial.

El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar 450 millones de dólares.

El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.

La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, que denunció que AySA había avanzado en un nuevo contrato que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección al usuario en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera la empresa.

Ese contrato se inscribe en el proceso más amplio de privatización de la empresa dispuesto en Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y el Decreto 494, que autorizó el procedimiento para transferir a manos privadas el 90% del capital social de la empresa, hoy mayoritariamente estatal.

El nuevo convenio de mayo de 2026 es el instrumento que puso en marcha las nuevas condiciones de explotación del servicio bajo ese esquema

Frente a esa demanda, la jueza de primera instancia había hecho lugar a una cautelar y le ordenó a AySA abstenerse de realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produjera una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego.

Además había enviado el caso a los juzgados federales de La Plata.

AySA apeló la cautelar −después de que le rechazaran un pedido de reposición− y el Defensor del Pueblo, por su parte, apeló la decisión de enviar la causa a la Justicia federal, al insistir en que debía quedar en la órbita provincial.

La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión: mientras el caso no se resuelva en cuanto al fondo, la empresa no puede avanzar con cambios que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio.

Los jueces hablaron del derecho humano al agua, el principio precautorio y preventivo en materia ambiental y de la doctrina “in dubio pro natura” que utiliza la Corte Suprema, según la cual, ante la duda sobre el impacto ambiental de una medida, debe optarse por la alternativa menos perjudicial.

Para el tribunal, el eventual daño derivado de un debilitamiento de las garantías del servicio sería, además, de muy difícil o imposible reparación posterior, lo que justifica sostener la cautelar mientras dure el litigio.

En paralelo, la Cámara también confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal y no en la provincial, tal como había resuelto la instancia anterior.

El argumento central es que la discusión de fondo requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA es una empresa con participación estatal mayoritaria (90% en manos del Estado nacional), lo que la coloca bajo fuero federal.

El fallo no anula formalmente el proceso de privatización de AySA, pero frena la aplicación práctica de una de las piezas centrales de ese proceso, que es el nuevo contrato de concesión de mayo de 2026, en la medida en que implique bajar el piso de garantías que hoy tiene el servicio de agua y cloacas para los usuarios de los 26 municipios alcanzados.

Así, quedó congelada la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares más bajos que los actuales. La discusión de fondo, ahora, quedará en manos de un juzgado federal que todavía debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata.

adelantó en julio que la lista de interesados en AySA combinaba jugadores locales con peso político e internacionales. Entre los locales, dos nombres aparecían como los más firmes: Mauricio Filiberti, dueño de Transclor −proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA desde 2009− y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, que trabaja en una propuesta junto con Rowing, la constructora de Walter Román; y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, cuyo histórico líder, Aldo Roggio, está procesado y es arrepentido en la causa Cuadernos.

También JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, y se mencionaba, sin confirmación de presencia activa, al grupo de los hermanos Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, que ya se impuso en otras operaciones de la administración libertaria. Aún es una incógnita el interés real de la brasileña Sabesp, operadora de la red de San Pablo.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Axel Kicillof que la empresa provincial ABSA (Aguas Bonaerenses) compitiera por el 90% de AySA, y presentó un amparo judicial que fue clave para que el Gobierno postergara la apertura de sobres.

El problema es que el propio pliego prohíbe que empresas “bajo control estatal” oferten, lo que dejaría a ABSA afuera de entrada.

En medio de una semana en la que el oficialismo celebró haber recuperado la centralidad de la agenda pública con la cuestión Malvinas, la oposición en Diputados buscará este miércoles volver a marcarle la cancha a Javier Milei en el Congreso con dos asuntos sensibles para el Gobierno: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

La sesión está convocada para las 12 y tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos temas que los bloques críticos consideran “urgentes”. Es decir, no se buscará aprobar ninguno de los proyectos, sino imponer una hoja de ruta y obligar al oficialismo a cumplir, desde las comisiones que controla, con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.

Al cierre de esta nota, el quorum para habilitar la discusión estaba prácticamente asegurado. Los bloques críticos lograron apuntalar la sesión, sobre todo, a través del debate por la discapacidad, un tema sensible y transversal que también repercute sobre los sistemas de salud provinciales.

La oposición sumó así aliados que el Gobierno fue perdiendo en las últimas semanas. Varios gobernadores cercanos a la Casa Rosada, cuyos diputados suelen acompañar al oficialismo, anticiparon que esta vez le darán la espalda: entre ellos, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Raúl Jalil y los salteños de Gustavo Sáenz, con tres diputados cada uno.

Con esos respaldos, la oposición confía en superar las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión. La cuenta incluye a Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros monobloques.

Los libertarios intentaron desactivar la sesión la semana pasada al habilitar finalmente los debates en comisión. Tanto Finanzas, presidida por Santiago Pauli, como Discapacidad, encabezada por Gerardo Huesen, convocaron reuniones informativas y fijaron cronogramas de trabajo con el compromiso de dictaminar ambos asuntos antes de fin de mes.

Los bloques críticos, sin embargo, desconfían de la voluntad del oficialismo. Consideran que esos cronogramas buscan dilatar la discusión y pretenden imponer desde el recinto plazos concretos que garanticen el avance de los proyectos.

Endeudamiento y morosidad

En materia de endeudamiento, la oposición buscará unificar los giros de unos 50 proyectos para concentrar su tratamiento en dos comisiones: Finanzas y Defensa del Consumidor.

Las iniciativas son muy variadas: incluyen planes de refinanciación y quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech. También hay propuestas para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Los bloques críticos pretenden concentrarse en alternativas que no tengan costo fiscal. Buscan evitar que el Gobierno vuelva a encuadrar la discusión bajo el mote de los “degenerados fiscales” y que el impacto sobre las cuentas públicas termine desplazando el debate sobre el creciente endeudamiento de las familias.

Mientras la oposición habla de “aliviar” la situación “crítica” de más de seis millones de familias en mora, el oficialismo propone abordar el problema principalmente a través de la educación financiera y rechaza fijar topes a las tasas de interés.

Los libertarios argumentan que una regulación de ese tipo restringiría la oferta de crédito, porque llevaría a los bancos a dejar de prestar a los sectores considerados de mayor riesgo.

Discapacidad

El otro eje de la sesión será la emergencia en discapacidad. La oposición buscará emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que fijen una fecha de dictamen sobre el proyecto presentado por Juan Marino (UP), que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Marino y las organizaciones de discapacidad que participaron de la elaboración de la iniciativa sostienen que la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema.

Según esa interpretación, además, el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.

Los gobernadores fueron determinantes para apuntalar esta discusión. Sus referentes parlamentarios advierten que las personas que quedan fuera de la cobertura nacional terminan recurriendo a hospitales e institutos provinciales, que deben absorber una demanda creciente. El costo político, remarcan, también recae sobre las provincias.

Ese factor pesa especialmente entre mandatarios que buscarán renovar sus gobiernos: no están dispuestos a cargar en sus distritos con el costo de una política de ajuste que Milei reivindica como una de las banderas de su gestión.