Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, en marzo último, el entonces juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola no imaginaba que su destino cambiaría velozmente. Son amigos desde hace mucho tiempo y han protagonizado varias correrías juntos. Hace pocos días, Yadarola escaló hasta convertirse en miembro de la poderosa Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir su nuevo puesto, Yadarola cerró la causa que investigaba el ingreso al país, en febrero del año pasado, de diez bultos sin que fueran controlados por funcionarios de la Aduana. Los bultos llegaron al aeroparque de la Capital en un vuelo privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Argentina; él vive en Miami.

María Belén Arrieta, colaboradora muy cercana de Scatturice, fue la única pasajera de ese avión. Los registros de las cámaras del aeropuerto señalan que una funcionaria de la Aduana hizo un llamado telefónico para permitir el privilegiado ingreso al país de Arrieta. Yadarola solo tenía que seguir la cadena de llamados telefónicos hasta establecer qué autoridad del gobierno nacional dio la orden definitiva. No lo hizo. El premio de su amigo Mahiques fue un ascenso, rápido y asombroso, en la misma Cámara donde el gobierno nacional le negó la permanencia al juez Martín Irurzun, un impecable magistrado del fuero federal.

Esos son solo dos ejemplos, el de Yadarola y el de Irurzun, que suponen un drástico cambio en el manejo de la Justicia desde que Mahiques accedió al control de la cartera de Justicia. Yadarola había quedado en el puesto 16° en el examen escrito y anónimo del concurso para ser camarista. Tras la entrevista personal, ascendió al noveno lugar, aún lejos de los seis primeros puestos que conformarían la terna definitiva. Pero uno de los consejeros que representa a los jueces, Diego Barroetaveña, volvió a analizar las entrevistas personales, propuso modificar el orden de mérito y lo ascendió al quinto lugar. El Consejo de la Magistratura lo aprobó, Yadarola ingresó en una terna y fue propuesto por el gobierno para ocupar ese destacado cargo en la Cámara Federal. Su acuerdo en el Senado fue votado por mileístas y kirchneristas. Una extraña convergencia en un mundo sin acuerdos.

Juan Bautista Mahiques no solo es miembro de una familia judicial; cuenta también con una larga carrera que pasó por varias covachas del Poder Judicial. Tiene de igual modo un pasado muy emparentado con los cuestionados dueños del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Los dos están siendo investigados en siete causas judiciales y también por la Justicia de los Estados Unidos y por el FBI. Investigan si cometieron delitos de fraude y lavado de dinero por 400 millones de dólares. El caso más iridiscente, pero no el más importante, es el de la propiedad real de la mega mansión en Villa Rosa, en Pilar, que está a nombre de supuestos testaferros de Tapia y Toviggino. En esa majestuosa casa supuestamente propiedad de los caudillos de la AFA, donde se guardaban 54 autos de colección y de alta gama, celebró sus 74 años el juez Carlos Mahiques, miembro de la Cámara de Casación (la máxima instancia penal del país); este Mahiques es padre de Juan Bautista, el ministro.

Hay otro Mahiques en la Justicia, el exfiscal y actual juez de la Cámara de Apelaciones porteña Ignacio Mahiques, también hijo del mismo patriarca. Pero este nunca fue cuestionado y, por el contrario, recibió elogios cuando fue coautor, junto con el fiscal Gerardo Pollicita, del primer dictamen sobre los manejos corruptos del clan Kirchner y Lázaro Báez con la obra pública. Cristina Kirchner está presa por esa causa que tuvo como primeros impulsores a esos dos fiscales y al juez Julián Ercolini. En cambio, su hermano, el actual ministro Mahiques, fue vicerrector de la Universidad de la AFA, una creación ilusoria del inefable Tapia que no cuenta con habilitación legal. Peor: la incuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, intimó a la AFA para que cese con la promoción de carreras en esa ficcional universidad porque no tiene autorización para hacerlo.

Mahiques no se detiene en sus favores a los encartados Tapia y Toviggino. El juez Agustín Rubiero acaba de ser ascendido como miembro de la Cámara Nacional en lo Civil, una instancia que intervino en la causa de la AFA por la quinta de Pilar y que dictó la anulación de la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia a la más importante entidad del fútbol. Rubiero es amigo del ministro Mahiques desde la infancia. Fue su asesor cuando este fue representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura. En el concurso para cubrir ese cargo obtuvo el penúltimo lugar en el orden de mérito (terminó en el número 30 entre 31 postulantes). Luego pasó al lugar número 27 y finalmente al 22, tras un examen oral sospechoso. Esa posición le permitía integrar solo la “lista complementaria”, una suerte de banco de suplentes. Rubiero estuvo también vinculado a la AFA como miembro de su tribunal de apelaciones. ¿Será por eso que pasó de integrar la lista suplementaria a la terna definitiva y, ahora, a la designación como juez de la Cámara Nacional en lo Civil?

Es difícil suponer a Javier Milei entretenido con esos recovecos de los tribunales ni sosteniendo una política judicial de apoyo explícito a los investigados Tapia y Toviggino. El Presidente cuestionó siempre y públicamente a Tapia. La política con respecto de la AFA no cambió con Milei; cambió con el ministro Mahiques, quien cuenta con el madrinazgo de la poderosa hermana presidencial.

Otro caso significativo de esa modificación es la promoción de María Pérez Cárrega, que podría ser designada al frente del juzgado en lo Penal Económico número 10. Pérez Cárrega pasó de estar en el lugar 12 en el orden de mérito al número cuatro luego de unos minutos de examen oral; desplazó, así, a varios candidatos con mejores antecedentes. La maniobra fue perfecta: un juez que integraba la terna, Ignacio Labadens, fue designado en otro juzgado y Pérez Cárrega pasó en el acto a integrar la terna. Sobresale la información de que en ese juzgado en lo Penal Económico quedó radicada una de las denuncias más delicadas contra la conducción de la AFA, que es precisamente la que investiga la propiedad de la quinta de Pilar. Actualmente ese juzgado está siendo subrogado por la jueza Verónica Straccia, con fama de buena magistrada, pero podría ser reemplazada definitivamente por Pérez Cárrega.

¿Otro ejemplo? José Miguel Guerrero, amigo del ministro de Justicia y exfuncionario de Mahiques hijo cuando este ocupó anteriormente altos cargos en esa cartera, había quedado en el lugar 32 luego de la evaluación de antecedentes, la prueba de oposición y la etapa de impugnaciones. No tenía ninguna posibilidad de ser juez. Sin embargo, tras la entrevista personal ascendió al puesto 23 y logró incorporarse a una terna como posible juez. O saben hablar, pero no saben escribir, o la influencia de los amigos es lo único que importa en la designación de los jueces.

Ninguna de estas designaciones hubiera sido posible si estuviera vigente la acordada de la Corte Suprema de Justicia, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, no firmó, pero para esta clase de cuestiones se necesita solo la mayoría de los jueces que están para convertirla en una decisión de la Corte. Esa acordada propone restringir fuertemente la utilización de la “lista complementaria”, el banco de suplentes, para la designación de jueces; se prohíbe al Poder Ejecutivo que designe a dos postulantes de una misma terna, y, sobre todo, se elimina la discrecionalidad de las entrevistas personales. Estos exámenes orales son los hacedores de milagros para pasar del último a los primeros lugares después de una simple conversación.

Para estar vigente, esa acordada necesita hacerla suya una mayoría simple del Consejo de la Magistratura, integrada por 20 representantes de distintos estamentos políticos, judiciales y académicos. Se necesitan 11 votos. Los representantes políticos del Senado y de la Cámara de Diputados son ocho; hay uno que representa al Gobierno y otro eventual voto podría ser el de Rosatti, que también preside el Consejo. Pero es la política la que impide alcanzar ese número; prefiere quedarse con la arbitrariedad que predomina actualmente. Los políticos que están ahora no quieren perder la oportunidad de nombrar y destituir jueces, que es la función del Consejo, y los que están en la oposición imaginan que algún día accederán al poder y podrán hacer lo mismo. Es la política la que corrompe a la Justicia, y luego es la Justicia la que debe juzgar a los políticos. No nos sorprendamos después, cuando las causas que investigan a políticos duermen durante décadas en los despachos de los jueces, hasta que alguien en los tribunales dicta las prescripciones porque transcurrió el “tiempo razonable”.

Puede ser una casualidad, si es que las casualidades existen cuando se construye la política. Pero lo cierto es que la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia coincidió con una resolución de la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y el mismo Barroetaveña del Consejo de la Magistratura, por la que la investigación sobre la propiedad de Pilar, que sería de los dueños de la AFA, pase al juzgado federal de Campana, donde el juez Adrián González Charvay, la esperaba con los brazos abiertos. Tapia y Toviggino esperaban lo mismo. El fiscal de esa Cámara, Mario Villar, acaba de apelar tal despropósito con un duro dictamen sobre la decisiones de los dos jueces. Villar calificó de “arbitraria” la resolución de los magistrados y señaló que “puede sembrar dudas acerca de la imparcialidad” de Borinsky y Barroetaveña.

Borinsky es candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia, que deberá tener como primera firma, si fuera así, la del ministro Mahiques. Y Barroetaveña fue hasta fines del año pasado presidente del tribunal de ética de la AFA. Villar llegó al extremo de plantear la suspicacia de que detrás de tantas disputas por la competencia del caso podría esconderse una maniobra de “forum shopping”, que es la forma como los interesados logran acceder al juez que más les conviene. El fiscal sostuvo que no alcanza con mirar dónde están las bienes presuntamente comprados con dinero ilícito, sino que deben analizarse prácticas corruptas mucho más amplias. Y también los lugares donde se habrían tomado las decisiones y organizado las operaciones inmobiliarias. Villar sostiene que el lugar de la investigación es la Capital Federal y no Campana porque en la Capital, entre otras razones, está la sede histórica y real de la AFA, en la calle Viamonte.

No bien asumió Mahiques, Milei firmó un decreto por el que modificaba un decreto de Néstor Kirchner, obligado en sus primeros meses como presidente a portarse bien con la designación de jueces luego de los zafarranchos que había hecho con la justicia provincial como gobernador de Santa Cruz. La modificación del actual presidente encoge seriamente los márgenes de transparencia y de control ciudadano de los jueces postulados. Hasta hace poco, reinaba una virtual acefalía en casi la mitad de la Justicia; un 40 por ciento de los cargos de jueces estaba vacante. La obligación del Gobierno era cubrir esos despachos desérticos de los tribunales. Pero no cualquier decisión es buena. Una cosa es la necesidad de ocupar lo que está desocupado, y otra cosa es llenar los vacíos en el Estado con amigos y compinches.

Un tribunal bonaerense frenó la privatización de AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el AMBA, al dejar firme una medida cautelar que había pedido el Defensor del Pueblo de la provincia. Pero, tras tomar la decisión, el tribunal le envió la causa a la justicia federal.

El fallo es de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que confirmó la medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano, en momentos en que el gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo contrato de concesión atado al proceso de privatización dispuesto por la Ley Bases.

En el mismo fallo, el tribunal bonaerense confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal, no en la provincial.

El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar 450 millones de dólares.

El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.

La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, que denunció que AySA había avanzado en un nuevo contrato que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección al usuario en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera la empresa.

Ese contrato se inscribe en el proceso más amplio de privatización de la empresa dispuesto en Ley Bases, que declaró a AySA “sujeta a privatización”, y el Decreto 494, que autorizó el procedimiento para transferir a manos privadas el 90% del capital social de la empresa, hoy mayoritariamente estatal.

El nuevo convenio de mayo de 2026 es el instrumento que puso en marcha las nuevas condiciones de explotación del servicio bajo ese esquema

Frente a esa demanda, la jueza de primera instancia había hecho lugar a una cautelar y le ordenó a AySA abstenerse de realizar cualquier acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable, a la salud pública, a un ambiente sano y a la prestación adecuada de ese servicio público esencial, mientras no se produjera una evaluación integral de los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales en juego.

Además había enviado el caso a los juzgados federales de La Plata.

AySA apeló la cautelar −después de que le rechazaran un pedido de reposición− y el Defensor del Pueblo, por su parte, apeló la decisión de enviar la causa a la Justicia federal, al insistir en que debía quedar en la órbita provincial.

La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión: mientras el caso no se resuelva en cuanto al fondo, la empresa no puede avanzar con cambios que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio.

Los jueces hablaron del derecho humano al agua, el principio precautorio y preventivo en materia ambiental y de la doctrina “in dubio pro natura” que utiliza la Corte Suprema, según la cual, ante la duda sobre el impacto ambiental de una medida, debe optarse por la alternativa menos perjudicial.

Para el tribunal, el eventual daño derivado de un debilitamiento de las garantías del servicio sería, además, de muy difícil o imposible reparación posterior, lo que justifica sostener la cautelar mientras dure el litigio.

En paralelo, la Cámara también confirmó que la causa debe tramitar en la Justicia federal y no en la provincial, tal como había resuelto la instancia anterior.

El argumento central es que la discusión de fondo requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA es una empresa con participación estatal mayoritaria (90% en manos del Estado nacional), lo que la coloca bajo fuero federal.

El fallo no anula formalmente el proceso de privatización de AySA, pero frena la aplicación práctica de una de las piezas centrales de ese proceso, que es el nuevo contrato de concesión de mayo de 2026, en la medida en que implique bajar el piso de garantías que hoy tiene el servicio de agua y cloacas para los usuarios de los 26 municipios alcanzados.

Así, quedó congelada la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares más bajos que los actuales. La discusión de fondo, ahora, quedará en manos de un juzgado federal que todavía debe sortearse en la Cámara Federal de La Plata.

adelantó en julio que la lista de interesados en AySA combinaba jugadores locales con peso político e internacionales. Entre los locales, dos nombres aparecían como los más firmes: Mauricio Filiberti, dueño de Transclor −proveedor monopólico de policloruro de aluminio para AySA desde 2009− y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, que trabaja en una propuesta junto con Rowing, la constructora de Walter Román; y el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, cuyo histórico líder, Aldo Roggio, está procesado y es arrepentido en la causa Cuadernos.

También JCR, la constructora del fallecido Juan Carlos Relats, y se mencionaba, sin confirmación de presencia activa, al grupo de los hermanos Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, que ya se impuso en otras operaciones de la administración libertaria. Aún es una incógnita el interés real de la brasileña Sabesp, operadora de la red de San Pablo.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le pidió a Axel Kicillof que la empresa provincial ABSA (Aguas Bonaerenses) compitiera por el 90% de AySA, y presentó un amparo judicial que fue clave para que el Gobierno postergara la apertura de sobres.

El problema es que el propio pliego prohíbe que empresas “bajo control estatal” oferten, lo que dejaría a ABSA afuera de entrada.