POLITICA
Renuncia de Manuel Adorni: una por una, las repercusiones que dejó su salida del gobierno de Javier Milei
La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete provocó una rápida ola de repercusiones políticas. Minutos después de que se confirmara su salida, dirigentes oficialistas y opositores utilizaron las redes sociales para fijar postura sobre el alejamiento del funcionario, quien dejó el cargo mientras avanza una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Las críticas más contundentes llegaron desde la oposición. La Unión Cívica Radical (UCR) difundió un comunicado en el que sostuvo que la salida del funcionario “debió producirse hace meses” y cuestionó que permaneciera al frente de la Jefatura de Gabinete pese a las sospechas sobre la evolución de su patrimonio.
Además, el radicalismo reclamó que la investigación judicial continúe “con un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo” para esclarecer cómo evolucionó el patrimonio del ahora exjefe de Gabinete.
El comunicado concluyó con una definición política: “La honestidad no se declama: se demuestra con ejemplaridad. Y la ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable”.
Entre las primeras reacciones también apareció la del expresidente Alberto Fernández, quien cuestionó con dureza el desempeño de Adorni durante los meses previos a su renuncia. El exmandatario sostuvo que Adorni “no pudo enfrentar a los diputados”, “no quiso informar a los senadores”, “no le contestó a la Justicia”, “les mintió a los periodistas” y “se burló de los argentinos”.
En rigor, Alberto Fernández cerró su mensaje con una referencia al desenlace político del funcionario: “Ojalá pueda estar en paz con su conciencia… la soberbia y el maltrato nunca son gratis”.
Desde Fuerza Patria hubo más reacciones. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz publicó un escueto mensaje en sus redes sociales en el que fijó su posición sobre la salida del exjefe de Gabinete. “Son corruptos. Fin.”, escribió, sin hacer más referencias al caso.
Una de las publicaciones que más repercusión generó fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin mencionar de manera directa a Adorni ni hacer referencia a su renuncia, escribió en su cuenta de X: “Solo entré para leer los comentarios”.
También se pronunció el presidente del bloque Democracia para Siempre en la Cámara de Diputados, Pablo Juliano, quien vinculó la salida de Adorni con una crisis institucional y cuestionó el respaldo que había recibido del presidente Javier Milei hasta pocas horas antes de su renuncia.
El legislador sostuvo que la dimisión llegó tarde y recordó que el Presidente había defendido públicamente al funcionario durante su gira por España. En ese contexto, volvió a poner el foco sobre el crecimiento patrimonial de Adorni y se preguntó por qué el Gobierno insistió en sostenerlo en el cargo mientras avanzaba la causa judicial.
“¿Por qué esa obstinación de sostenerlo? ¿Qué cosas sabe Adorni que preocupan a los hermanos Milei?”, escribió Juliano, quien definió al ahora exjefe de Gabinete como “el fusible que quemó todo el tablero” y afirmó que la renuncia representa apenas “el fin de un capítulo” de una historia que, según sostuvo, todavía continuará.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño también reaccionó con dureza. A través de un mensaje en X, rechazó que la salida de Adorni pueda interpretarse como un cierre del caso y aseguró que el exfuncionario no puede ser separado de la responsabilidad política del Gobierno.
“Adorni es Milei. Intentarán utilizarlo como fusible de un gobierno y un régimen político corrupto que quiere preservar a Milei”, escribió el legislador. Además, convocó a enfrentar al Gobierno “con los métodos de lucha de la clase trabajadora”.
Leé también: Uno por uno, los escándalos que complicaron a Manuel Adorni y derivaron en su renuncia
Mientras tanto, desde el oficialismo los mensajes tuvieron un tono muy diferente. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó una extensa despedida en la que agradeció el trabajo realizado por Adorni y aseguró que atravesó un momento “difícil e inmerecido” junto a su familia.
“Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió. También sostuvo que el ahora exfuncionario es “una persona íntegra, valiosa y muy querida” y afirmó que su aporte al Gobierno “dejó una marca enorme”.
Por su parte, Patricia Bullrich eligió un mensaje más breve y sin referencias directas a Adorni. “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, publicó en sus redes sociales y Javier Milei lo reposteó.
También reaccionó el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal–Partido Socialista), uno de los legisladores que impulsó en el Congreso la interpelación y posterior remoción de Adorni.
En un mensaje publicado tras la renuncia, aseguró que el Gobierno pasó “100 días tapando el sol con las manos” y sostuvo que Javier Milei terminó “quemado” por haber sostenido al funcionario. “Se terminó la farsa. Más de tres meses mintiéndole a la sociedad argentina y al Congreso. Que la Justicia avance”, escribió. Además, agregó: “Hacerse el distraído no te hace ingenuo, te hace cómplice”.
Otro de los dirigentes que se expresó fue el exministro de Educación Nicolás Trotta, quien sostuvo que la renuncia de Adorni no alcanza para cerrar el caso. En su publicación afirmó que el exjefe de Gabinete “encarnó la soberbia, la crueldad y la miseria política” del Gobierno y remarcó que Javier Milei “lo sostuvo hasta el final”.
Además, consideró que quienes respaldaron al funcionario desde el Congreso también deberán dar explicaciones y advirtió que otros integrantes del oficialismo podrían quedar involucrados en la investigación.
Noticia que está siendo actualizada.-
Manuel Adorni
POLITICA
Cambios en la quinta de Olivos: las dudas, la preocupación por la seguridad y la sorpresa del intendente
El rectángulo que encierra las más de 30 hectáreas de poder político en la residencia de Olivos vive horas de transformaciones. En ese ámbito, bajo una arboleda añeja, los efectivos de la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, vieron crecer ampliamente sus atribuciones sobre lo que ocurre entre los muros de la residencia. Y, a la vez, se echó a parte del personal por la convicción del Gobierno de que hubo “filtraciones” sobre la información interna.
Según comunicó el Gobierno, la Casa Militar tendrá a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”.
El objetivo expresado es “fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”. Sus atribuciones avanzan sobre áreas que antes tenía a cargo la Policía Federal.
En la quinta se distribuyen una serie de casas, pabellones y edificios anexos alrededor del chalet principal.
Históricamente trabajó en el predio una dotación de unas 90 personas con ingresos y egresos a diario, a raíz de su forma de trabajo temporal.
Los empleados se reparten con distintos turnos entre mozos, jardineros y personal de limpieza y administrativo, entre otros, según coincidieron en reconstruir dos fuentes consultadas por .
Además está el personal de la Casa Militar, que incluso ocupa una construcción de amplias dimensiones sobre el lateral de la avenida Maipú, donde descansan quienes cumplen sus turnos en el lugar.
El edificio, conocido como “la cuadra”, tiene un espacio para descansar y un amplio comedor.
Hasta ahora, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas. Hasta dónde llegarán las nuevas funciones es todavía un enigma, ya que las precisiones no fueron informadas.
Más allá de los miembros de la Casa Militar, en la quinta trabajan cuatro cocineros, cuatro o cinco mucamas, unos ocho mozos que van rotando por días y turnos, dos personas dedicadas a las tareas administrativas y una docena de empleados de mantenimiento, según estimó una fuente consultada. Jardinería y limpieza llevan tiempo tercerizadas.
En su comunicado, Balcarce 50 habló de 12 despidos, incluido el “intendente” del lugar, Osvaldo Javier Sosa.
Ante la consulta de , Rodolfo Aguiar, líder del gremio ATE, aseguró que “hasta ahora hay 14 cesantías” y que de ellas, diez son trabajadores contratados y cuatro pertenecen a planta permanente, las cuales están “con esperanza de reubicación, pero por ahora nos las dejan ingresar”.
Según describió, entre los cesanteados hay jardineros, administrativos, mozos, personal de limpieza y cocina, la los cuales ubicó, en sus respectivos trabajos, “sin contacto con el presidente”.
“Rechazamos cualquier tema de seguridad o acusaciones de espionaje, porque ni siquiera veían al presidente”, argumentó Aguiar.
Más allá de las filtraciones, en la Casa Rosada argumentaban que el “posicionamiento geopolítico” de la Argentina exigía reforzar las condiciones de seguridad y, en ese sentido, aludían a la información de que Hezbollah habría tenido como objetivo a Diego Kravetz, segundo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A las necesidades de seguridad sumaban la inminencia de la visita del Papa León XIV.
Las medidas
El Gobierno también disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo del intendente Sosa.
El cargo, conocido históricamente como “intendencia” de Olivos, siempre fue ocupado por personas de extrema confianza del Gobierno de turno.
Sosa llegó por ser cuñado de la subsecretaria de Planificación General Belén Agudez, del círculo más cercano de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con quien trabaja a diario en el primer piso de la Casa Rosada.
Esa cercanía y confianza hicieron que su separación fuera sorpresiva para gran parte de la administración libertaria.
“Históricamente fue la autoridad máxima del personal civil en el lugar”, la definió una fuente.
La importancia del papel del intendente dentro de Olivos tuvo una muestra unos dos años atrás. Fue cuando otro intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, fue citado a declarar en el marco de la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, al expresidente, Alberto Fernández.
Rodríguez, un polémico personaje que debió sortear excepciones para ser designado en el cargo, fue señalado por personal de la quinta como testigo de los hechos de violencia de Fernández contra Yañez. Ante la justicia, lo negó. Dijo que no le constaban hechos de violencia física del expresidente contra Yañez, pero sí aclaró que fue testigo de “agresiones verbales”.
La Casa Militar
La Casa Militar, creada en 1909, y en cabeza de Sebastián Ibáñez, desde 2024, por decisión de Karina Milei, depende de la Secretaría General de Presidencia.
Institucionalmente es definida como “el organismo de naturaleza militar encargado de garantizar la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente, de los exmandatarios y de sus familiares directos”.
“Casa Militar siempre se ocupó de la seguridad de los lugares y la Policía Federal de los traslados”, distinguió una voz conocedora de los distintos roles alrededor sobre el área.
El perímetro de la residencia de Olivos, delimitado por las calles Carlos Villate, Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver, es responsabilidad de la Policía Federal Argentina (PFA).
La PFA también tiene a su cargo la responsabilidad de los traslados de los mandatarios y todo lo que sucede entre las rejas de Casa Rosada y las puertas de madera del edificio, donde empieza la responsabilidad de la Casa Militar.
De las rejas para afuera, la seguridad está en manos de la Policía de la Ciudad. Así coexiste un entramado de responsabilidades que muchos definen como “insólito”.
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POLITICA
El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina
El Reino Unido declaró este jueves que las acusaciones y sanciones de Argentina contra empresas que operan en las Islas Malvinas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”, y comprometió el respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago. El comunicado oficial se publicó horas después de conocerse los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el gobierno argentino elevó al Congreso.
En su declaración, Kumaran reafirmó la posición histórica de Londres sobre las Islas: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”.
Y amplió: “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”. En esta línea, la funcionaria remarcó que los cargos “contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés).
Kumaran también recordó que Argentina ya recurrió en otras ocasiones a presiones económicas similares contra los isleños, “sin embargo la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”. “El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con Islas es ilegítimo. Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”, concluyó.
Esta postura oficial de gobierno británico se inscribe en una secuencia de movimientos que arrancó el 15 de septiembre, cuando publicaron conjuntamente el documento “titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía, dirigida a empresas que operen en el archipiélago o que suministren bienes y servicios de forma directa o indirecta, fijó la posición oficial de Londres ante las acciones legales que Buenos Aires viene ejecutando contra compañías del sector hidrocarburífero.
Ese documento apareció nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas ligadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte.
En el núcleo de esa guía, el gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí. Además, advierte que no ve base jurídica para que tribunales fuera de Argentina ejecuten las medidas que Buenos Aires adopte contra esas firmas.
El gobierno británico, además, ofreció intervención directa para respaldar a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países, y recomendó a quienes reciban comunicaciones de las autoridades argentinas que busquen asesoramiento legal independiente. El documento también recordó que sanciones impuestas por administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin frenar el crecimiento de la economía insular —Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda vuelta de sanciones para la compañía británica.
La reacción de Buenos Aires fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgico rechazo” al documento y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, una de las licenciatarias del proyecto Sea Lion— para entregarles notas de protesta formal. En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos “se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido” y acusó a Londres de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el gobierno.
En otro escalón de la tensión, ayer se conoció la Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por Javier Milei y también por los ministros de Economía, Luis Caputo, Defensa, Carlos Presti y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca reemplazar la Ley 26.659 de 2011 por un régimen más amplio que ya venía siendo aplicado a través del Decreto 868/2026.
A diferencia de la norma vigente, limitada a la actividad de hidrocarburos, el nuevo texto extendería las restricciones a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía. Las penas previstas podrían llegar a los 20 años de prisión para determinadas conductas, con multas, inhabilitaciones y prohibición de operar en el país para los sancionados.
Más allá del régimen sancionatorio, la iniciativa incorpora la creación de un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, más los titulares de las secretarías de Inteligencia y Legal y Técnica. El esquema apunta a articular de forma permanente las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado.
El pasado miércoles, en tanto, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
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POLITICA
Dejan firme el embargo del departamento de San José 1111 para ejecutar el decomiso de bienes de los Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible un recurso de Máximo y Florencia Kirchner contra el embargo preventivo sobre 13 inmuebles de las empresas familiares Los Sauces y Hotesur, incluido el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años de prisión.
El fallo deja firmes los embargos de esos bienes, incluido el domicilio del barrio de Constitución, porque están destinados a ser ejecutados para cubrir los 645 millones de dólares que se deben decomisar como parte de la condena por el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por el que está detenida.
La resolución de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deja firme lo resuelto por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2, que había dispuesto esa medida cautelar.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Los hijos de la expresidenta buscaban anular la decisión del tribunal oral que dispuso embargos preventivos sobre inmuebles pertenecientes a las empresas Los Sauces y Hotesur, en el marco de la ejecución patrimonial de la condena contra la expresidenta.
Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. Allí el Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso para el decomiso y actualizó el monto de los bienes a decomisar hasta la suma de 684.990.350.139 de pesos.
Entre los bienes embargados se encuentra el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La resolución de la Cámara Federal de Casación quedó conformada por la mayoría de los jueces Hornos y Barroetaveña, que señalaron que la decisión del tribunal oral no era recurrible.
El juez Borinsky sostuvo una posición distinta y propició que el recurso recibiera el trámite correspondiente.
En su voto, Borinsky señaló que correspondía analizar los agravios de los hijos de la expresidenta, vinculados con la relación temporal de la adquisición de los bienes y el delito.
Borinsky viene sosteniendo que hay que anular el decomiso de estos bienes en particular porque ingresaron al patrimonio antes del inicio de la maniobra delictiva, por la que fue condenada Cristina Kirchner, por lo que no podían ser considerados como “producto del delito”.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto pasado embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.
Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y en Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
La mayoría de la Sala IV señaló que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció.
Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.
Los jueces Hornos y Barroetaveña consideraron que la medida dispuesta es de carácter cautelar, patrimonial y provisional.
Añadieron que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a definitiva, los hijos de la expresidenta no demostraron la existencia de una cuestión federal suficientemente fundada que habilitara la intervención de la Cámara de Casación. Por esas razones, concluyeron que el recurso de casación era inadmisible.
Los jueces también destacaron que la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter restrictivo y que, para que una impugnación basada en ella prospere, deben demostrarse defectos que descalifiquen la decisión recurrida como acto jurisdiccional válido, extremo que no fue acreditado en el caso.
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