INTERNACIONAL
Decisión final sobre la mina de cobre debe basarse en la transparencia y en los intereses del país, señala la Cámara de Comercio panameña
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que un cierre del sitio minero de Donoso sin acuerdo previo podría costarle al Estado entre $2.600 y $3.400 millones a lo largo de 17 a 19 años.
El gremio empresarial difundió el cálculo tras conocer el informe final de la Comisión Interministerial que analizó el futuro del yacimiento.
A esa cifra se suman reclamaciones arbitrales por al menos $27.000 millones contra el país, todavía no reconocidas ni adjudicadas.
Remarcó que esos montos no determinan el camino a seguir, pero sí anticipan sus consecuencias para las finanzas públicas.
El documento llegó a manos del presidente de la República el 30 de septiembre, después de casi tres años de incertidumbre sobre el destino del sitio minero.
La recomendación central propone evaluar un acuerdo que resuelva los arbitrajes pendientes y habilite una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado.
Ese cierre debería ser autofinanciado, sin prórroga y conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia, según detalla el informe.
La propuesta no implica un regreso al esquema operativo anterior, pero tampoco ignora las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de dejar el sitio indefinidamente en su estado actual.
El gremio solicitó información independiente, transparencia total y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar los costos del cierre a la población panameña.
Esa postura se mantuvo desde que la Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia sobre el caso.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calificó la recomendación de la comisión como una ruta balanceada.
El organismo explicó que, si los costos del cierre terminan recayendo sobre el Estado, se comprometen recursos que también deberían destinarse a educación, salud e infraestructura.
Identificó beneficios concretos en la alternativa planteada: evitar que el cierre afecte las finanzas públicas, atender los arbitrajes en curso y ordenar la transición del sitio. Pero también señaló riesgos que exigen atención inmediata.
Entre esos riesgos, la Cámara mencionó la necesidad de una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos protegidos para esa etapa y una fiscalización rigurosa e independiente.
Por esas razones, consideró razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de la alternativa antes de que el país tome una decisión definitiva.
El propio informe deja varios puntos sin resolver. Entre ellos figuran la figura jurídica que adoptaría el acuerdo y su compatibilidad con el fallo judicial y con la Ley 407, además del régimen fiscal y el nivel de participación del Estado en una eventual operación.
También restan definir el alcance de cualquier operación futura, la fecha y las garantías del cierre, y los términos de la terminación de los arbitrajes. La fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas completan la lista de asuntos pendientes.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá exigió además que se garanticen oportunidades concretas para las comunidades directamente impactadas por la actividad minera, los trabajadores y las empresas panameñas.
Pidió fortalecer, en paralelo, las capacidades de los municipios de la zona.
Para la institución, la transparencia no puede tratarse como un requisito aislado. Debe sostenerse desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización posterior y el cumplimiento de cada etapa del proceso.
Los empresarios reafirmaron sus principios ante la decisión que se avecina: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico, protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre sin costo para el Estado ni para los panameños, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente afectadas.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cerró su posición con un llamado a la fiscalización ciudadana del proceso, sin renunciar al disenso ni al cuestionamiento.
El gremio sostuvo que la decisión final sobre Donoso debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, con capacidad de generar confianza y proteger los intereses del país.
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Voters in the battleground state of Pennsylvania tell Digital they are driven at the ballot box by a desire to rein in President Donald Trump and his administration’s agenda.
While many voting in next Tuesday’s midterm elections in the Keystone State don’t trust Democrats, they are willing to give them a chance to change the trajectory of the country on a myriad of issues — including affordability and rising prices, the Iran war and corruption in Washington, D.C.
«I didn’t say I trusted the Democrats,» Tomas from Doylestown, Pennsylvania, said when asked if he felt the opposition party would do better than the current one in power.
«I’m just gonna vote for them because [Trump] is just taking us down the tubes.»
LEAVITT SAYS TRUMP IS DEFYING MIDTERM HEADWINDS AS HE BARNSTORMS COUNTRY
Clay, another Pennsylvania voter, told Digital, «I don’t,» when asked why he trusts Democrats to tackle affordability better than Republicans.
«The party that we’re currently working with is so f—ed up, we might as well change it. I don’t trust the Democrats though,» he added.
Voters in Delaware County and Bucks County were pressed on the issue of affordability and whether Democrats would be better equipped to address bringing prices down, particularly after inflation surged during former President Joe Biden’s administration.
«Republicans have showed in the past two years that they really have made things worse,» Chris from Doylestown said when asked if he believes Democrats will bring down prices. «Gas is way up, the energy is way up, food’s way up. There’s nothing that’s cheaper, so they can’t argue that.»
«I mean, Donald Trump’s in office, how much worse can it get?» he went on. «Telling me that it can get worse than this? It’s the worst it’s ever been. You think that by having… Democrats in office… that somehow it’s gonna make things go even higher? I don’t think so.»
The results in Pennsylvania will play a key role in the battle for control of Congress, with Republicans fighting to maintain their majorities as Trump works to rally voters behind Republican candidates.
The outcome of the midterm elections, just eight days away, could have major implications for the remainder of Trump’s presidency, with a Democratic takeover of either chamber threatening to complicate his efforts to push his agenda through Congress.
POLL: SQUEEZED BY COSTS, FRUSTRATED VOTERS TURN TO THE DEMOCRATS
Many who spoke with Digital had broader reasons to vote Democrat in next week’s midterms.
«We have a mentally ill president,» Nancy from Newtown Square, Pennsylvania, said. «We have a ball-less GOP party who will not rein him in.»
«I am voting for the Democratic congressional slate,» Tom from Media, Pennsylvania, said. «I really think that Donald Trump has not been good for our country, and we sort of need to… slow down what he’s doing.»
«I am voting straight Democrat,» a voter Digital spoke with named Bill said. «And the reason why is because the Republican Party refuses to stand up to the fascist actions of Donald Trump.»
BERNIE SANDERS ADMITS DEMOCRATS FAILED WORKING-CLASS VOTERS ON ECONOMICS, DRIVING THEM TO DONALD TRUMP
Another voter shared that affordability was not one of his concerns heading into the elections, instead citing issues more important to him, such as handling immigration and the renaming of the Kennedy Center.
He continued, «I’m concerned about things like ICE (Immigrations and Customs Enforcement). I’m concerned about the Kennedy Center. I’m very concerned about Ukraine. Those are the things which make me want to vote for the Democrats.»
Some blamed COVID-19 for higher inflation during Biden’s presidency, citing the inflation rate trending downward toward the end of his term.
«No doubt about it Biden… overshot in trying to orchestrate the recovery from COVID,» said Tom.
But he doubled down that despite his perceived errors with a Democrat in office, he believes the Trump administration’s policies pose larger threats to the nation.
«I think that the Trump administration is doing more institutional changes in government that are going to be harder to overcome rather than just stopping spending money.»
Pennsylvania is home to several closely watched congressional races, including in Bucks County, where Digital interviewed voters.
Cook Political Report recently shifted Republican Rep. Brian Fitzpatrick’s race against Democratic challenger Bob Harvie in the 1st Congressional District from «Likely Republican» to «Lean Republican,» signaling a more competitive contest as Election Day approaches.
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INTERNACIONAL
Sancionan a empresas por presentar irregularidades en historial de crédito de los consumidores panameños
En Panamá las sanciones por irregularidades en el manejo de historiales de crédito de consumidores durante los primeros nueve meses de 2026 sumaron $65,200.00.
Las multas alcanzaron a empresas de cobranzas, bancos, cooperativas, financieras, distribuidoras e importadoras.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) indicó que la principal falta detectada fue la incorporación de referencias de personas que nunca tuvieron relación con el agente económico señalado.
Ese motivo concentró 10 sanciones y $19.000,00 del monto total aplicado en primera instancia.
La Acodeco informó que las medidas responden a infracciones contra la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores.
Precisó que las estadísticas corresponden al Departamento de Investigación y abarcan el período mencionado.
Las sanciones, dijo, se aplicaron por errores u omisiones que pueden afectar la información financiera de una persona.
Los registros crediticios inciden en las evaluaciones para acceder a financiamientos y a otros servicios, por lo que los datos deben reflejar la situación real de cada consumidor.
Además de los casos por referencias sin vínculo con el agente económico, la Acodeco registró cuatro multas por no eliminar referencias prescritas, sanciones que representaron $14,200.00.
La rectificación del historial por números originó otras cuatro sanciones, por un total de $9,000.00.
También se contabilizaron tres multas por no eliminar observaciones de cuentas contra reserva, que sumaron $6,000.00.
El listado incluyó una sanción de $2.000,00 por la eliminación de una referencia original asociada a una reestructuración. A ello se agregó una multa de $15,000.00 por no rectificar una referencia que debía pasar de activa a cancelada.
El sector de cobranzas recibió 12 multas por $24,000.00, según el desglose de actividades elaborado por el Departamento de Investigación.
Los bancos acumularon seis sanciones, con un monto conjunto de $15,100.00. Las cooperativas recibieron dos multas que sumaron $7,100.00.
Las financieras también fueron objeto de dos sanciones, por $4,000,00. En tanto, una distribuidora o importadora recibió una multa por $15,000.00.
La distribución muestra que las irregularidades alcanzaron a distintos sectores que administran o manejan información vinculada con obligaciones financieras de sus clientes.
Se indicó que la Ley 24 establece obligaciones para las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que desarrollan actividades económicas, financieras, bancarias, comerciales o industriales y conservan datos sobre el comportamiento crediticio de los consumidores.
La norma también alcanza a las agencias de información de datos que prestan servicios de almacenamiento, transmisión o consulta de historiales de crédito, ya sea mediante herramientas tecnológicas o sistemas manuales.
Durante los primeros nueve meses de 2026, la institución recibió 724 quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 24. Las reclamaciones incluyeron pedidos para eliminar referencias, corregir información y actualizar el estado de obligaciones crediticias.
El dato refleja que los consumidores pueden cuestionar información que consideren incorrecta, desactualizada o ajena a su situación financiera. La reclamación permite solicitar una revisión y, cuando corresponda, la rectificación del registro.
Las estadísticas comparativas del Departamento de Investigación consignaron 1.059 quejas durante 2025. La diferencia entre ambos registros no permite anticipar el resultado anual, dado que la cifra de 2026 abarca solo los primeros nueve meses.
Acodeco recordó que cada persona debe revisar periódicamente los datos que figuran en su historial de crédito. La recomendación cobra relevancia ante la posibilidad de que aparezcan referencias desconocidas o que una obligación mantenga una condición que ya no corresponde.
La Ley 24 exige datos veraces, actualizados y confiables. El propósito es proteger la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el manejo adecuado de los datos personales vinculados con el historial de crédito de consumidores y clientes.
La regulación comprende la información que ya forma parte de una agencia de datos autorizada y aquella que puede ser incorporada en el futuro. Busca ordenar la actividad de quienes administran esas agencias y de los agentes económicos que mantienen registros crediticios. De esa forma, establece parámetros para el uso de información que puede influir en decisiones sobre créditos y otros servicios.
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INTERNACIONAL
Israel vota por primera vez desde los ataques de Hamas: Netanyahu se juega su continuidad en el poder
Israel comenzó a votar este martes en las primeras elecciones desde los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, en una jornada que podría definir el futuro político del primer ministro Benjamin Netanyahu, después de tres años de guerras regionales y una creciente división interna.
Los comicios se desarrollan con la seguridad como principal preocupación y con encuestas que anticipan una disputa ajustada entre el actual mandatario y el centrista Gadi Eisenkot.
Los centros de votación abrieron a las 7 de la mañana (hora local) y permanecerán habilitados hasta las 22. Unos 7,3 millones de israelíes están habilitados para sufragar, entre ellos más de un millón de jóvenes que participarán por primera vez de una elección nacional.
La votación llega en un momento especialmente delicado para Israel, que enfrenta un creciente aislamiento internacional por su campaña militar en Gaza, la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.
Al mismo tiempo, el país experimentó un marcado giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso durante los últimos años.
“Creo que es una de las elecciones más importantes en la historia del Estado de Israel”, aseguró a la agencia AFP Uriel Brandler, un agente inmobiliario de 58 años, en Jerusalén.
“El país definitivamente necesita un cambio para mejor en todos los aspectos”, agregó.
Netanyahu enfrenta una elección decisiva después de 19 años en el poder
A sus 77 años, Benjamin Netanyahu busca prolongar su trayectoria como el primer ministro que más tiempo gobernó Israel, con 19 años no consecutivos al frente del Ejecutivo.
El mandatario centró su campaña en la seguridad nacional y destacó su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de sus principales activos políticos.
Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel desarrolló una serie de operaciones militares que devastaron Gaza, ocupó el sur del Líbano y bombardeó a Irán con apoyo estadounidense.
En paralelo, el territorio israelí fue blanco de ataques de Irán, Hamás, el movimiento libanés Hezbolá y los combatientes hutíes de Yemen.
Pese a las críticas, Netanyahu conserva el respaldo de una parte del electorado que valora su experiencia frente a las amenazas externas.
Zipporah Bennett, una jubilada de 85 años, explicó que votaría por el primer ministro “porque tiene la experiencia de conducir al país por momentos difíciles”.
“Tiene todo el apoyo del gobierno estadounidense”, sostuvo, y agregó: “Creo que es un hombre sin miedo de actuar”.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos contra Netanyahu es su negativa a asumir la responsabilidad política por las fallas de seguridad que permitieron los ataques de Hamás, considerados los más mortíferos de la historia de Israel.
También enfrenta críticas por la influencia de los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos dentro de la coalición que lo llevó nuevamente al poder en diciembre de 2022.
Entre los puntos de mayor tensión aparece la resistencia de los sectores religiosos a incorporar al servicio militar a los estudiantes judíos ultraortodoxos, en momentos en que las Fuerzas Armadas necesitan reforzar su personal.
Quién es Gadi Eisenkot, el principal rival de Netanyahu, y qué puede pasar después de las elecciones
El principal adversario del primer ministro es Gadi Eisenkot, un exjefe militar de 66 años que encabeza el partido Yashar y representa a un bloque informal de fuerzas políticas que van desde la derecha hasta la centroizquierda.
Aunque tiene una extensa trayectoria militar, Eisenkot es relativamente nuevo en la política partidaria y construyó su campaña sobre una imagen de moderación y un estilo distante del de Netanyahu.
Una de sus principales promesas es crear una comisión independiente que investigue los errores de seguridad que hicieron posibles los ataques del 7 de octubre de 2023, una iniciativa que el actual Gobierno evitó impulsar.
En política exterior, Eisenkot se opone a la creación de un Estado palestino y respalda los asentamientos israelíes, aunque prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.
Las últimas encuestas muestran una competencia muy ajustada entre ambos dirigentes, sin una ventaja clara que permita anticipar quién podrá formar el próximo Gobierno.
Un factor determinante podría ser el papel de los partidos de mayoría árabe, que representan a una población equivalente al 21% de los habitantes de Israel.
Ni Netanyahu ni Eisenkot manifestaron públicamente su intención de establecer alianzas con esas fuerzas, pero sus legisladores podrían resultar decisivos para alcanzar una mayoría parlamentaria.
El Parlamento israelí, conocido como Kneset, tiene 120 bancas. Para controlar la cámara y sostener un Gobierno se necesita una mayoría de al menos 61 escaños.
Como es poco probable que un solo partido alcance esa cifra, el resultado podría abrir un período de negociaciones para formar una coalición.
Los resultados definitivos podrían demorar varios días y las conversaciones entre los partidos podrían extenderse durante semanas o incluso meses.
Netanyahu
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