A menos de 24 horas de ser agredida durante una sesión en el Concejo Deliberante de Villa Gesell, la concejala Clarisa Armando, presidenta del bloque local de Pro, habló sobre las marcas físicas que le dejó el violento momento ocurrido en la tarde de este lunes en el recinto legislativo. “Estoy bien, pero me pegaron varios golpes de atrás. Tengo moretones en la cola y en la espalda”, denunció en diálogo telefónico con . La mujer, que responsabilizó al intendente local por lo sucedido, se alistaba para ampliar la denuncia ante la Justicia e identificar a los agresores.

Tanto para la oposición como para el oficialismo era una sesión importante ya que estaba en juego el proyecto del presupuesto local para 2026, pero no hubo consenso al respecto. “Sabíamos que el encuentro iba a estar marcado por la tensión, pero no que sería de este tipo de violencia”, afirmó Armando, que añadió que ella “no respondería nunca a los agravios”.

Cuando la mayoría votó en contra del presupuesto, los ánimos se caldearon. Un grupo de funcionarios de la oposición decidió levantarse para dar por finalizada la sesión y allí comenzaron a lanzar botellas por el aire. Una de ellas fue directo al rostro de Armando, que permanecía inmóvil mientras una joven la amedrentaba cara a cara.

“Eso no fue nada. Cuando salí del recinto junto a una compañera del bloque que se había descompensado nos comenzaron a pegar patadas. En medio del tumulto, y con pocos policías presentes, no solo me golpearon a mí sino que también al ambulanciero y a la enfermera”, contó la edil de 51 años que responde al diputado nacional Cristian Ritondo.

Según su testimonio, las agresiones fueron protagonizadas por afiliados al sindicato municipal de Villa Gesell y a la seccional Camioneros de esa ciudad. En uno de los videos que se hizo viral, se ve a Armando salir del edificio del Concejo acompañada de un efectivo policial en medio de empujones y una catarata de insultos.

“El intendente [Gustavo Barrera] recortó el servicio de recolección de residuos y nos echó la culpa a los concejales, dijo que lo hacía porque no aprobábamos el presupuesto, por eso es que los sindicatos se movilizaron. Pero se trata de un problema por un acuerdo político”, añadió Armando.

Tanto este martes como mañana, miércoles, debería haber reuniones de comisión en el recinto legislativo, pero la concejala agredida no sabe si asistirá porque entiende que no están dadas las condiciones de seguridad.

“Voy a ir a la fiscalía a ampliar la denuncia que hicieron los otros concejales de la oposición mientras yo estaba en el hospital y dejar constancia para que se tomen las medidas necesarias. Incluso, nos amenazaron y solicitaron nuestros domicilios. Nunca pensé en vivir una situación similar”, cerró la legisladora.

El Gobierno dio otro paso para ponerle fin al turismo social que fue un emblema del peronismo. Este martes, la Administración Nacional de Bienes del Estado (AABE) habilitó la venta y/o transferencia de la Unidad Turística de Embalse, ubicada en el valle de Calamuchita, Córdoba. La gestión libertaria ya había hecho una maniobra similar con el otro hotel, en la localidad bonaerense de Chapadmalal, en el que se avanza con una concesión a 30 años.

A través del Decreto 322/2026 publicado en el Boletín Oficial, se habilita a la AABE a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional (distribuidos en distintos puntos del país) para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”.

Uno de esos 10 inmuebles detallados en el anexo es la Unidad Turística de Embalse, construida durante el gobierno de Juan Domingo Perón que hasta la gestión Milei ofrecía bajas tarifas de alojamiento. Después de este decreto vendrá una subasta para estas 315 hectáreas.

Según detallaron fuentes oficiales a , durante el año se llamará a la subasta. Se espera que por estas 10 propiedades el Estado recaude como “mínimo US$40 millones”, es decir, aproximadamente US$4 millones por cada inmueble.

El pasado miércoles, en el informe de gestión, la Jefatura de Gabinete había respondido varias preguntas sobre el destino del hotel cordobés e informó que el complejo se “encuentra en proceso de enajenación”.

La decisión se sustenta en una resolución de mediados del año pasado de la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, en la que se trasladaron los hoteles de Chapadmalal y Embalse a la AABE, encargada de definir su destino final, luego de que fracasara una prueba piloto para que el Turismo Social sea “autosuficiente” con tarifas más altas.

En ese entonces, Scioli declaró la “innecesaridad” de las unidades e hizo hincapié en la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera. Como ambas unidades turísticas se ubican en tierras expropiadas y declaradas patrimonio histórico cultural, la venta es sólo posible si está en manos de la agencia, la única habilitada para vender propiedades estatales.

Por ahora, el destino de las unidades turísticas es incierto. Sí siempre circulan algunas alternativas y una que en particular parece posicionarse: que empresas hoteleras manejen los complejos (si AABE aprueba la propuesta) a su gusto, sobre todo porque ya no es obligatorio que se mantengan las tarifas sociales. Además, los hoteles de Chapadmalal y Embalse tienen una ubicación estratégica, próximas al mar y al lago y en zonas de alto valor inmobiliario.

La unidad de Embalse fue inaugurada en 1951 y brindó alojamiento a jubilados, pensionados y personas de bajos recursos bajo el concepto del Turismo Social. Entre las sierras cordobesas, contiene siete edificios bajos y 50 casas con una capacidad cercana a las 3000 plazas. Cuenta con edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, pabellones para el personal, un polideportivo, piletas, paradores en la playa, confitería y museo.

Hace dos semanas, tal como informó , empleados y familiares que habitan el establecimiento de Chapadmalal fueron intimados a dejar las propiedades.

Se trata de 50 personas que viven en las inmediaciones hace dos décadas: 30 empleados y 20 personas sin un vínculo laboral con el complejo. El motivo detrás de la intimación habría sido la ocupación irregular de las propiedades de parte de los familiares de los empleados.

A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró en conferencia de prensa que el Gobierno avanzó con una concesión a 30 años del complejo para “atraer inversión privada que restaure y eleve su calidad”. El objetivo era que “pase finalmente a estar al servicio de la gente y que se reduzca la carga de su mantenimiento para el Estado”.

Ese llamado a concesión, indicaron fuentes de AABE, también se publicará este año.