POLITICA
Denuncian que una empresa petrolera sancionada por operar en Malvinas fue beneficiada con el RIGI

Una empresa que fue sancionada por violar la ley que pena la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina fue beneficiada por el Gobierno con la adhesión a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La situación generó críticas en la oposición, con un pedido de explicaciones a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno que efectivizó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
La firma en cuestión es Southern Energy, que en un 15% está integrada por Harbour Energy, una empresa que cambió de denominación (su nombre anterior era Premier Oil). Con su denominación primitiva, en 2013 fue inhabilitada hasta 2028 por violar la ley 26.659, que establece “condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”.
“Según constaría en los registros societarios del Reino Unido, Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían dos empresas distintas, serían la misma persona jurídica, inscripta bajo un único número de registro, con un cambio de denominación social operado en 2021. Todos sabemos que un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior. De ser así, la inhabilitación dispuesta en 2013 sobre Premier Oil PLC, vigente hasta 2028, alcanzaría a la sociedad hoy denominada Harbour Energy PLC”, escribió Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, en su cuenta de la red social X.
Según informó a principios de mayo de 2025, cuando la firma accedió al RIGI (a través de la resolución 559/2025 del Ministerio de Economía), Southern Energy invertiría US$2825 millones en los próximos diez años para para exportar gas natural licuado. Para ello, deberá construir infraestructura para la llegada de dos buques de licuefacción que amarrarán en Río Negro, para convertir el gas a estado líquido. Además de Harbour Energy, integran Southern Energy las empresas Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Golar LNG (10%).
“En 2013, la Resolución 481 de la Secretaría de Energía inhabilitó por 15 años a Premier Oil PLC para desarrollar actividades en la República Argentina, por operar en la plataforma continental cerca de Malvinas sin habilitación argentina. El fundamento fue la Ley 26.659. Esa inhabilitación sigue vigente hasta 2028″, subrayó Ferraro.
El primer buque para el proyecto de Southern Energy llegaría a principios de 2027; el segundo, arribaría en 2028. Con la primera embarcación, la firma que accedió al RIGI podría operar 11,5 millones de metros cúbicos por día de gas; con la segunda, 16 millones de metros cúbicos.
“Ningún acto administrativo puede pasar por encima de una inhabilitación vigente. Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación”, afirmó Ferraro en su mensaje, destinado a Caputo (Economía) y Quirno (Relaciones Exteriores).
El jueves, en una cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno sancionará a las empresas extranjeras que operen en las Islas Malvinas. Las petroleras Navitas y Rockhopper, que operan en la zona con en el proyecto Sea Lion, anunciaron que no frenarán sus tareas. Otras tres empresas (SLB, Baker Hughes y Halliburton, con intereses en Vaca Muerta), por el contrario, adelantaron que no participarán de proyectos en el archipiélago.
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Los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires acordaron 6% de aumento bimestral

Después de una semana en la que hubo un paro de 24 horas, la mayoría de los sindicatos docentes finalmente resolvieron acordar con la gestión de Axel Kicillof una recomposición salarial del 6%, a pagarse en dos tramos, sobre los sueldos de septiembre.
Así lo definió el plenario de secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) que sometió la última oferta paritaria a consideración y se aprobó por mayoría. El único gremio que aún resta que acompañe la propuesta es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que en los próximos días someterá a consulta el incremento.
Las organizaciones gremiales realizaron reuniones para analizar la oferta presentada en la mesa paritaria del viernes 16 de octubre. De forma atípica, los sindicatos —de perfil peronista— habían tensionado la relación con la gestión de Kicillof para conseguir una mejora salarial, ante la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del sector.
El jueves 15 de octubre, el Frente de Unidad Docente Bonaerense se plegó a la marcha federal universitaria con un paro de 24 para reclamar la restitución del FONID a Javier Milei, pero también aprovecharon para impulsar el reclamo paritario en el distrito bonaerense. En septiembre, ya habían convocado a un paro sorpresivo por la violencia en las aulas que sufrieron los maestros.
La medida de fuerza conllevó incluso la intervención de un proceso sancionatorio del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, porque no garantizaron el 75% del servicio educativo, considerado como esencial por la Ley de Modernización Laboral. El Gobierno nacional verificó con un operativo de inspección que el ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad.
Tras el acuerdo, el primer tramo del incremento se aplicará en octubre y el segundo, en noviembre. La aceptación se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones, por lo que la actualización se percibirá el quinto día hábil de noviembre, de acuerdo con el cronograma de pagos.
Como parte de la propuesta, las cuatro organizaciones gremiales aceptaron otras mejoras no salariales que tendrán impacto en las condiciones de trabajo: la implementación del Boletín Digital para los niveles primario y secundario, una ampliación de las licencias parentales, modificaciones al régimen académico de secundaria y avances para concluir el Convenio Colectivo de Trabajo. El acta incluye una cláusula de reapertura de las negociaciones para diciembre de 2026.

De esta forma, para el mes de noviembre de 2026, los salarios del personal educativo de la Provincia de Buenos Aires se actualizará del siguiente modo:
- Preceptor: el salario de bolsillo pasa a $842.670,89 sin antigüedad y a $939.044,83 con 10 años de antigüedad, alcanzando un básico de $370.675,00.
- Maestro de Grado: el salario de bolsillo sube a $973.521,59 sin antigüedad y a $1.079.689,60 con 10 años de antigüedad, con un básico de $407.742,50.
- Maestro de Grado 5ta. hora: el salario de bolsillo se fija en $1.212.124,34 sin antigüedad y en $1.344.934,25 con 10 años de antigüedad, con un básico de $509.678,13.
- Profesor 20 módulos: el salario de bolsillo asciende a $1.269.184,95 sin antigüedad y a $1.462.944,18 con 10 años de antigüedad, con un básico de $741.350,00.
- Jornada Completa: el salario de bolsillo llega a $1.947.043,17 sin antigüedad y a $2.159.379,20 con 10 años de antigüedad, con un básico de $815.485,00.
La paritaria de los estatales
El otro frente de reclamo salarial que enfrentaba Kicillof también está resuelto. Es que el gobierno bonaerense obtuvo el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de los sindicatos agrupados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) para la misma propuesta salarial del 6% en dos cuotas.
El nucleamiento gremial consideró que los aumentos otorgados durante el año alcanzarán un acumulado del 26%, sujeto al impacto de las recategorizaciones previstas en un acuerdo paritario anterior.
Con el nuevo acuerdo, la organización también reclamó avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se encuentran en condiciones de precarización laboral.
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La oposición revisa su estrategia parlamentaria tras la falta de quórum para derogar el DNU de Milei

La sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para derogar el DNU de Milei sobre desregulación económica fracasó el jueves por falta de quórum y dejó al descubierto las dificultades de los bloques para garantizar la presencia de sus legisladores. Tras el levantamiento de la convocatoria, los espacios revisaron sus ausencias, mientras que referentes de Unión por la Patria (UxP) y otros sectores impulsaron iniciativas para exigir explicaciones por el operativo de seguridad durante la movilización universitaria.
Entre las faltas que generaron sorpresa estuvieron las de la diputada radical de Provincias Unidas por Jujuy, María Inés Zigarán, y la del fueguino de UxP Agustín Tita. Zigarán había firmado la convocatoria a sesionar y mantenido una participación activa en el tratamiento de los temas previstos, principalmente los vinculados con la discapacidad y el desendeudamiento de las familias.
En el caso de Tita, su ausencia llamó la atención porque, hasta el día anterior, los integrantes de la mesa de conducción del bloque peronista, que lidera Germán Martínez, lo daban por confirmado en el recinto. “Hubo un llamado desde la jefatura de Gabinete de la Nación al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella”, fue la explicación que encontró un diputado de UxP.
Tita llegó al Congreso en diciembre del año pasado, luego de desempeñarse como jefe de Gabinete del mandatario fueguino.
Otra de las ausentes fue la diputada santiagueña Estela Mary Neder, quien había avisado semanas atrás que no estaría en Buenos Aires durante esta semana. En términos políticos, mantiene una relación directa con el actual senador y exgobernador provincial Gerardo Zamora.
En UxP buscan preservar la unidad del bloque
Pese a las ausencias, no hubo una reunión de bloque después de que se levantara la sesión. Parte de los diputados participó de la marcha en defensa de la universidad pública, pero también existen, dentro del espacio, ciertas licencias para faltar vinculadas con las necesidades políticas de los gobernadores en sus territorios.
“Fingimos demencia y seguimos para adelante”, le dijo un diputado a TN para graficar la importancia de mantener unido al bloque de UxP bajo la conducción de Germán Martínez.
En declaraciones periodísticas, el jefe de la bancada reconoció las dificultades para reunir el quórum. “Todos los organizadores de la sesión sabíamos que iba a costar llegar al quórum. Con el segundo fallo de la Corte, lo que venía creciendo se estanca, porque muchos sectores políticos encontraron un motivo para no acompañar la sesión”.
Sin embargo, Martínez destacó que la convocatoria y la movilización permitieron introducir cambios en el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada. Según sostuvo, ambas iniciativas lograron que se incorporara la defensa de las tierras argentinas.
El dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados prevé dejar sin efecto los alcances del artículo 154 del DNU 70/23, que establecía la derogación original de la ley.
La principal autocrítica opositora llegó de la mano del diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto, quien advirtió durante las intervenciones en minoría sobre la necesidad de revisar los números antes de avanzar con una convocatoria. “La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, señaló.
Un diputado pidió citar a la ministra de Seguridad por el operativo
En paralelo a las discusiones por el fracaso de la sesión, el diputado socialista Esteban Paulón solicitó la citación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que explique el accionar de las fuerzas federales durante la nueva marcha universitaria del jueves.
“Queremos que la ministra venga a Diputados a explicar los gases lacrimógenos en el Palacio y este nuevo operativo totalmente desquiciado”, afirmó.
El pedido incluye consultas sobre los fundamentos del despliegue policial, la presunta “represión injustificada” y la posible apertura de una investigación interna por los hechos registrados durante la jornada.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al lanzamiento de cartuchos de gases lacrimógenos que, según la denuncia, impactaron dentro del Palacio Legislativo y en el edificio Anexo A. La iniciativa advierte que la situación puso en riesgo a legisladores, trabajadores parlamentarios y otras personas que se encontraban en el lugar.
Paulón también reclamó que se identifique a los agentes que habrían efectuado disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes.
UxP exigió información sobre las granadas de gas utilizadas
Por su parte, el diputado de UxP Ramiro Gutiérrez presentó, junto con Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca, un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Seguridad detalle el material utilizado por las fuerzas de seguridad durante la manifestación universitaria.
Gutiérrez señaló que durante la protesta frente al Congreso se utilizaron granadas de gas “Candela”, fabricadas por Fabricaciones Militares. Por ese motivo, solicitó información sobre su trazabilidad, el arsenal del que salieron, su vigencia y la capacitación recibida por los efectivos para utilizarlas.
El legislador también cuestionó el posible rol de las Fuerzas Armadas en el entrenamiento para el uso de estos elementos durante manifestaciones. “La Resolución 704/2024, (del ministerio de Seguridad) exige entrenamiento especializado supervisado por Seguridad, para el uso de material disuasivo. Si las Fuerzas Armadas enseñaron a utilizarlas en manifestaciones y fijaron su criterio operativo, habrían asumido una función propia de la seguridad interior, contrariando el artículo 4.º de la Ley de Defensa Nacional”, sostuvo.
En los fundamentos del pedido de informes, los legisladores describieron el despliegue de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, que utilizaron gases irritantes, proyectiles menos letales y camiones hidrantes.
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La bazuca de Milei y su alianza de cristal

La mejor y la peor noticia de la semana para Javier Milei ocurrieron en el mismo instante. A las 14.31 del jueves, Martín Menem anunció el fracaso por falta de quorum de la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/2023, columna vertebral del programa libertario. Había 121 diputados sentados, apenas 8 menos de los necesarios para abrir el debate. El alivio y los festejos oficialistas se mezclaban con el susto de comprobar lo cerca que puede estar el Gobierno de una crisis mayúscula.
La coreografía de ese acto parlamentario anticipa la dinámica del juego político en los 12 meses que restan hasta las elecciones: un presidente a la defensiva, un peronismo sin liderazgo ni programa reconocible pero que sabe cómo esmerilar a su rival de turno y un conjunto de gobernadores que se crecen en la incertidumbre, entrenados para monetizar su poder de desempate.
Una sucesión de hechos y gestiones permitió salvar el decreto fundacional del mileísmo. Primero, una intervención exprés de la Corte Suprema que repuso de manera cautelar la vigencia de la ley que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros. Después, la firma de un dictamen presentado por el radicalismo para revalidar la ley de tierras en otro proyecto, el de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Y, en el medio, la trama de negociaciones y giros discrecionales a provincias aliadas y no tanto que se tradujo en un goteo de ausencias en el recinto de la Cámara de Diputados.
Otra vez se apagó la mecha sin desactivar la bomba. La sesión fallida no blindó el decreto sobre el que descansa gran parte del andamiaje legal de las reformas libertarias. ¿Cuánto costará volver a convencer a los que no bajaron al recinto la próxima vez que el peronismo y los bloques duros intenten rechazarlo?
Esa inestabilidad es consecuencia de la alianza de cristal en la que se apoya La Libertad Avanza (LLA). Desde sus inicios el Gobierno construye mayorías sobre la base de acuerdos circunstanciales con socios en los que no confía porque sospecha que no comparten de verdad sus ideales. Los seduce y a la vez los amenaza con desbancarlos en la próxima elección. Ese esquema depende de la popularidad de Milei: cuando está firme en la opinión pública, las reformas fluyen; en la mala hora cada concesión demanda ingentes dosis de paciencia, persuasión y recursos.
La ansiedad de Luis Caputo por formalizar una coalición oficialista sólida expresa la duda que recoge en los mercados respecto del futuro de la Argentina. Un semestre de crecimiento escuálido y pérdida de empleo golpeó la imagen de Milei y reavivó el temor entre los inversores extranjeros a que se revierta el rumbo aperturista y promercado de la actual administración.
Karina Milei y sus principales ejecutores políticos, los primos Menem, se resistieron a constituir una alianza con el Pro y los gobernadores amigables por razones tácticas. Pensaron durante mucho tiempo que la decisión debía tomarse más cerca de las elecciones, cuando supieran en qué provincias podían ganar con candidatos leales que garantizaran un apoyo consistente al Presidente en un segundo mandato.
Pero hoy no está todo en sus manos. Los gobernadores miden sus opciones. Se acercan y se alejan según cómo sienten el viento cada día. Actúan guiados por necesidades mutuas: a ninguno le sirve una crisis, ni siquiera a los más opositores.
Milei celebró desde Estados Unidos lo que pasó en el Congreso. No solo la sesión frustrada, sino también el desenlace de la marcha de protesta universitaria, que terminó opacada por la violencia de un grupo de encapuchados, repelidos con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad. Las escenas de la represión se difundieron en cámara lenta y con música épica desde cuentas oficiales, incluida la de la ministra Alejandra Monteoliva, como si fueran un símbolo de la resistencia a la que se entrega el Gobierno.
A Milei le resulta cómodo el papel del héroe trágico. Se piensa como un presidente bajo asedio, sometido a intentos reiterados de golpe de Estado y conjuras terroristas. Promete “morir con las botas puestas” antes que revisar su plan económico. A quienes temen una corrida en el año electoral les avisa que tiene una “bazuca de dólares” para evitarla.
Es una imagen potente, pero también una invitación a que el mercado le cuente las balas. Hace 10 días dijo que tenía US$75.000 millones para enfrentar una estampida cambiaria por el temor electoral. Sumó allí los swaps con China y Estados Unidos, compras de reservas todavía no concretadas y eventuales operaciones de futuros. El lunes agrandó la artillería: se arrogó un poder de fuego de US$125.000 millones. Añadió el superávit comercial previsto para el año próximo (como si ingresara automáticamente a las arcas del Banco Central) y fondos que entrarían por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
El riesgo país cerró el viernes en 648 puntos, 10% más que al inicio de la semana. La incógnita que se dibuja es si la obsesión de Milei por hablar de la potencial corrida ayuda o no a la confianza de los inversores y de los políticos con los que debe lidiar. ¿Realmente es tranquilizador mostrar un plan B para afrontar el apetito de dólares cuando todavía falta un año para votar?
Milei tuvo que confirmar en el cargo a Caputo mientras este viajaba al sudeste asiático para la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hay un equipo que se encarga de la estrategia política. De la economía me encargo yo”, dijo, tras definir como “simbiótica” su relación con el ministro. Fue un mensaje para la interna, en momentos en que armadores electorales libertarios demandan medidas para acelerar la recuperación de la actividad económica. También, una admisión del ruido que generó el propio Presidente, en apariencia sin querer, cuando invitó a la reunión de Gabinete al economista Alberto Ades, que había criticado aspectos del programa y el método de comunicación de Caputo.
Las palabras de Milei ordenan. “Él está convencido de que las políticas que aplica van a llevar al crecimiento y le van a permitir ganar. Hay que dejarse de joder con los reclamos internos”, dice uno de los cerebros de la campaña oficialista.
Los gestores políticos tienen que trabajar con esa arcilla. El discurso presidencial asume que el crecimiento llegará después de la reelección, cuando se despejen las sospechas de una regresión estatista y antiliberal. Es una apuesta a la paciencia y una respuesta a los que opinan, como Patricia Bullrich, que es perentorio crecer para ganar, y no al revés.
“Leyes desestabilizadoras”
El modo supervivencia requiere una negociación constante y resignarse a entregar algunas banderas. Milei quería derogar desde el día uno la ley de tierras sancionada en pleno auge kirchnerista; ahora tiene que maniobrar para ratificarla en un proyecto que asume como propio para que no se le vuelva en contra la agitación nacionalista a la que él mismo se subió cuando se hizo malvinero. Con el ajuste en Discapacidad pasa algo parecido: sus diputados acuerdan un proyecto que contiene a los aliados, pero que contraría al equipo económico. “La directiva es evitar derrotas en el Congreso. No podemos volver a la espiral negativa de leyes desestabilizadoras que vivimos en 2025. Van a intentarlo otra vez”, explica un legislador de la primera línea libertaria.
El ímpetu reformista cede ante las urgencias. Al Gobierno le está costando blindar los votos para los cambios electorales que persigue obsesivamente, sobre todo la suspensión de las PASO. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dice que ya tiene el número en el Senado, pero cerca de Bullrich -cabeza del bloque libertario- lo ponen en duda.
“Suspender las PASO es darle la lapicera de las listas a Karina. No nos conviene”, susurra una fuente del Pro, el partido que ha sido más fiel a todas las necesidades parlamentarias de Milei. Algo parecido sugieren los gobernadores radicales cercanos al oficialismo. A los peronistas amigables los corren el kirchnerismo y el massismo: les pueden perdonar cualquier doblez menos entregarle a la Casa Rosada las llaves del sistema electoral.
Lo engorroso que fue salvar el DNU 70 anticipa la dificultad de esa maniobra contrarreloj: la Cámara Electoral exigió que cualquier cambio de reglas se sancione con al menos un año de anticipación a la votación.
La coalición que evitó el quorum por ocho votos incluyó a una diputada de Jujuy, María Inés Zigarán, que había firmado la convocatoria a la sesión. Su gobernador, el radical Carlos Sadir, acordó finalmente con el Gobierno. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe), muchas veces crítico de Milei, aportó dos ausencias. El peronista tucumano Osvaldo Jaldo, que hizo campaña en 2025 con la promesa de “cortarle el pelo al león”, ofrendó a sus tres diputados.
Dos miembros del bloque kirchnerista faltaron sin dar explicaciones. Uno de ellos, el fueguino Agustín Tita, responde al gobernador Gustavo Melella, que abrió un fluido canal de diálogo con Santilli. Tierra del Fuego es una provincia en emergencia financiera que recibió en las últimas semanas $40.000 millones de fondos nacionales discrecionales.
¿Resistirá el dique de contención a los humores electorales? El Gobierno viene de perder el auxilio habitual de los legisladores misioneros, desde que el gobernador Hugo Passalacqua rompió con su mentor Carlos Rovira. También se esfuma el apoyo de los catamarqueños que respondían al jefe provincial, Raúl Jalil, que pierde influencia desde que confirmó que no buscará la reelección. El salteño Gustavo Sáenz pasa del aplauso al enojo y mueve sus piezas ley por ley: el jueves uno de sus diputados se sentó, otro estaba de pie en el pasillo y una tercera faltó con parte médico.
Encuestas y esperanza
El desafío para Milei consiste en recuperar las expectativas dañadas por el freno de la actividad económica. Se aferra como bandera a la estabilidad del dólar y la menor inflación, pero necesita hacer creíble que en 2028 los argentinos llegarán a una tierra prometida.
La última encuesta de la consultora brasileña Atlas Intel muestra cómo se deterioró esa fe. El 32% cree que su situación familiar mejorará en los próximos seis meses y el 48% que empeorará; en noviembre de 2025 la relación era 41 a 44. Sobre la economía nacional, los optimistas cayeron del 36% al 31% y los pesimistas saltaron del 38% al 55%. El sondeo le otorga al Presidente una imagen positiva estabilizada en el 38%. Son números que permiten soñar con la reelección, pero están lejos de asegurarla.
Milei se pone otra vez el traje de luchador: las denuncias contra las castas reaccionarias, la agresión al periodismo y una apuesta a encontrar el lado positivo de las cosas frente a cada dato adverso de la economía.
Aplica una suerte de morenismo retórico. Si la actividad cae, exige ignorar los índices desestacionalizados porque “dan cualquier cosa”. Si baja la inflación mayorista, anuncia que es anticipo de un derrumbe de los precios minoristas. Si el mismo índice sube mucho -como pasó en septiembre- calla o culpa al petróleo. Esta semana llegó a decir que el riesgo país baja día a día, cuando el índice iba en dirección contraria. Calculó un valor especial, de 100 puntos y no de 600, para los bonos que vencen dentro de su mandato. Lo curioso es que lo hizo en el mismo discurso en el que se burló de economistas que advierten que, sin contar el petróleo, la minería y el agro, la economía argentina estaría en una brutal recesión. Para él, tampoco cae el empleo, aunque las cifras indican un declive constante del trabajo registrado (unos 266.000 puestos asalariados registrados menos desde noviembre de 2023). Celebra, en cambio, la suba de puestos informales y del cuentapropismo.
Juega con la lógica del agitador de redes: el que gana es el que sabe decir que va ganando. En caso de emergencia, siempre tendrá la bazuca y las botas puestas.
fracaso por falta de quorum,una intervención exprés de la Corte Suprema,marcha de protesta universitaria,pic.twitter.com/yxmI5sMcu9,October 15, 2026,Martín Rodríguez Yebra,Conforme a



















