El Poder Ejecutivo dispuso la salida del territorio argentino de personal y medios nacionales para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026, una actividad militar conjunta que se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad brasileña de Rosario do Sul. El Decreto 1157/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, habilita el despliegue previsto ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados.

La actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la República Federativa del Brasil, y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército brasileño. El decreto señala que el objetivo central es profundizar la coordinación operativa, los vínculos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.

El gasto derivado de la misión será cubierto por las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa, dentro de la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército.

Arandú 2026 está incluido en el programa de ejercitaciones combinadas, previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese plan contempla tanto el ingreso de contingentes extranjeros a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales para entrenamientos en otros países.

El Gobierno informó que el proyecto de ley para autorizar esas operaciones fue remitido oportunamente al Congreso, aunque todavía no recibió tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar de manera específica la presencia argentina en la actividad programada para octubre.

Según los fundamentos del decreto, el adiestramiento tendrá como eje la creación de procedimientos y técnicas compartidas para el empleo integrado de unidades de ambos ejércitos. El texto plantea que esa práctica busca elevar la capacidad de coordinación de organizaciones militares con perfiles operativos distintos.

Las áreas mencionadas incluyen Fuerzas Aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, tropas blindadas y componentes de aviación. La finalidad es que los participantes conozcan los procedimientos de la otra fuerza, coordinen formas de empleo y pongan a prueba métodos de entrenamiento y ejecución táctica.

El Gobierno sostiene que la interoperabilidad resulta relevante para que fracciones militares de distintos países puedan actuar bajo pautas comunes. En este caso, la capacitación apunta a que las unidades argentinas y brasileñas desarrollen un marco compartido de planificación, comunicación y despliegue en operaciones combinadas.

La norma también menciona el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos como resultados esperados del ejercicio. Esos aspectos se vinculan con la preparación de las tropas y con la compatibilidad de sus capacidades operativas durante actividades conjuntas.

La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio del país y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. El Ejecutivo fundamentó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por la proximidad de la fecha fijada para Arandú 2026 y en la ausencia de una definición parlamentaria sobre el programa anual.

El texto oficial señala que la no participación argentina en Arandú 2026 limitaría la posibilidad de entrenamiento con el Ejército brasileño. Además, considera que la ausencia en el ejercicio afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.

De acuerdo a lo expresado en el anexo de esta medida, el Ejército Argentino tiene previsto movilizar hasta 405 efectivos, 99 vehículos y aeronaves para el Ejercicio Combinado Arandú 2026. La actividad incluye prácticas terrestres y aéreas, movimientos de tropas y empleo de munición de guerra.

El operativo contará con unidades argentinas de paracaidismo, asalto aéreo, operaciones especiales, blindados y aviación. Del lado brasileño, la planificación contempla la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, según el anexo oficial elaborado para autorizar el despliegue.

El costo estimado de la operación para Argentina asciende a $ 247.928.911, que serán financiados con el presupuesto asignado al Ejército Argentino. La delegación nacional cruzará a Brasil por vía terrestre, principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento.

Por parte de Argentina, intervendrán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.

Entre los recursos argentinos previstos figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y vehículos de apoyo.

El despliegue también prevé cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, brújulas, sistemas de observación, dispositivos de comunicaciones y un vehículo aéreo no tripulado. Además, la documentación menciona carpas de combate y una carpa destinada al puesto de comando.

La aviación del Ejército Argentino podrá operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 equipado con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aviones Caravan C-208 y un Cessna Citation. El anexo identifica estas aeronaves como las principales plataformas estimadas para la ejercitación.

El material previsto incluye armamento individual y de apoyo de fuego. La lista menciona pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. También se autorizó el traslado de munición para distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo y munición para los vehículos de combate.

Las fuerzas brasileñas desplegarán personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. El esquema incorpora unidades de maniobra de infantería y caballería, junto con elementos de artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y apoyo logístico.

El país anfitrión prevé movilizar aproximadamente 200 vehículos, entre ellos jeep Land Rover, vehículos Agrale Marruá, blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, ambulancias, ómnibus y camiones destinados al traslado de personal, combustible, agua, insumos y material de apoyo.

Brasil aportará asimismo hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. El anexo aclara que esa disponibilidad puede modificarse según las posibilidades del país sede.

Los paracaídas MC1-1C que se usarán para los lanzamientos desde aeronaves serán provistos por el Ejército brasileño para tropas de ambos países. Esta práctica será parte de un programa que contempla operaciones aerotransportadas y asaltos aéreos.

La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales acumulados desde 2022. Entre los antecedentes figuran las conferencias de Estado Mayor de ambos ejércitos, reuniones de coordinación realizadas entre 2024 y 2026 y un análisis posterior a la edición de Arandú de 2023.

El programa también reúne experiencias previas desarrolladas bajo las denominaciones Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende. Esas iniciativas quedaron concentradas en el ejercicio Arandú, de acuerdo con la documentación oficial.

El defensor de Ariel Fernando García Furfaro, el abogado Gastón Marano, presentó un planteo de nulidad contra lo que él entiende es uno de los principales elementos de pruebas que pesan sobre el propietario de los laboratorios HLB Pharma, los establecimientos que distribuyeron y elaboraron el fentanilo contaminado vinculado con, al menos 90 muertes de pacientes.

El escrito, al que accedió Infobae, apunta contra el ensayo de esterilidad realizado de forma conjunta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A., volcado en un documento de 991 páginas titulado “Informe ANMAT sobre resultados de muestras”.

La pericia cuestionada analizó “muestras de museo” (testigos que se deben guardar de manera obligatoria) de los lotes 31201, 31202, 31244 y 31245 de fentanilo producido por HLB Pharma, además de material remitido por el Hospital Italiano de La Plata, con el objetivo de aislar bacterias para su posterior secuenciación genética en el Instituto Malbrán.

En ese sanatorio privado, se registraron las primera víctimas fatales relacionadas con el potente anestésico de HLB Pharma. La dirección del Hospital Italiano fue quien realizó la denuncia ante la ANMAT y este organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, lo denunció ante la Justicia a través de la Policía Federal Argentina.

Según el escrito de Marano, ese estudio constituyó “la piedra basal” que llevó al juez federal Ernesto Kreplak a la convicción sobre la identidad genética entre las bacterias halladas en las muestras de museo y las detectadas en los organismos de las víctimas. La defensa sostiene que se trata de “la única vez en que se analizaron, en forma directa, las muestras de museo de HLB Pharma y Ramallo”, lo que a su criterio vuelve decisiva cualquier objeción sobre su validez.

El delito imputado y la ampliación a 90 muertes

García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y de Laboratorios Ramallo, fue procesado por primera vez el 25 de septiembre de 2025. En esa resolución, Kreplak lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”, en los términos de los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. El magistrado dispuso entonces la prisión preventiva del empresario, además de un embargo sobre sus bienes por un billón de pesos.

El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió esa acusación en una resolución de 382 páginas y elevó el número de víctimas fatales judicialmente confirmadas de 20 a 90 muertes, a las que sumó 44 pacientes no fallecidos con secuelas: dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y uno con lesiones leves. Para llegar a ese universo, el juzgado cruzó la cantidad de ampollas del lote 31202 que había adquirido cada hospital con las historias clínicas de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más durante el período de sospecha, criterio que la resolución fijó como umbral suficiente de exposición al medicamento contaminado. El propio fallo deja constancia de que la cifra podría ser mayor, dado que “las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados”. Estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias citadas en la causa elevan el total de víctimas en todo el país a un rango de entre 121 y 173.

Según la resolución judicial, a García Furfaro se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas que derivaron en la contaminación de los lotes 31202 y 31244 -elaborados en diciembre de 2024 en la planta de Ramallo-, la destrucción de prueba digital mediante el borrado de los servidores de la empresa el 6 de mayo de 2025, y la omisión del recupero farmacéutico de las partidas ya vendidas pese a conocer la situación.

El sustento central de la imputación es la coincidencia genómica confirmada por el Instituto Malbrán entre las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes infectados y las detectadas en las ampollas de fentanilo secuestradas, hallazgo que surge justamente del ensayo de esterilidad que ahora la defensa busca anular.

En el expediente también fueron procesados su hermano Diego Hernán García (detenido igual que su hermano Ariel), el director técnico José Antonio Maiorano (detenido) , el director general Javier Tchukrán (prisión domiciliaria), la directora técnica de Ramallo Carolina Ansaldi (prisión domiciliaria), y la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro (prisión domiciliaria), entre otros directivos y responsables de control de calidad de ambas firmas, en total suman 13. Las defensas apelaron la ampliación de los procesamientos el 24 de septiembre ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que todavía no resolvió los recursos.

En un segundo tramo de la investigación, el juzgado también procesó a las entonces máximas autoridades de los organismos de control involucrados en la pericia cuestionada: Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, ambas fueron detenidas pero recuperaron la libertad después de abonar una caución real de 75 millones de pesos cada una.

El reclamo de la defensa

El primer argumento del planteo de nulidad se asienta en el artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Marano explica que el juzgado no notificó a ninguna defensa del pedido de pericia ni habilitó el ofrecimiento de peritos de parte, “ni siquiera -como se estila- a cargo de una defensa oficial”. Según el escrito, para el momento en que se concretó el estudio ya existían sospechosos identificados: los laboratorios HLB y Ramallo habían sido allanados y sus directivos remitían información al juzgado “en un acto de defensa material”.

Desde la fiscalía y el juzgado afirman que se siguieron todos los pasos procesales dando a cada una de las defensas la posibilidad de supervisar cada uno de los pasos a lo largo de la compleja investigación judicial.

El documento agrega que, al no haberse formalizado el acto como pericia en sentido técnico, los profesionales intervinientes no prestaron juramento ni aceptación de cargo en los términos del artículo 257 del CPPN, “estando librado sólo a su conciencia su proceder”. Para la defensa del imputado que puede recibir una pena de prisión de 25 años: “Lo previo, entiendo, implica una inobservancia a lo previsto por el Art. 258 CPPN, la cual está explícitamente sancionada con pena de nulidad (cfr. Art. 166 CPPN), sin desmedro de que, asimismo, implica una afectación a la representación del imputado”.

Un competidor comercial, a cargo del análisis y la opinión de una querella

El escrito señala que el estudio de las “muestras museo” quedó en manos de “peritos que resultaban ser empleados de un laboratorio de la competencia de Ramallo y HLB Pharma, supervisados por peritos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, específicamente del INAME”. Para la defensa, esa combinación “representa la peor pesadilla imaginable para cualquier defensa”, ya que quienes debían establecer la responsabilidad penal del imputado “han sido seleccionados entre dependientes de la querella y dependientes de un competidor comercial”.

El planteo destaca que no existe documentación sobre el criterio técnico seguido para elegir al laboratorio Gobbi Novag S.A. entre otros laboratorios con sistemas validados de esterilidad, por lo que la designación “parece haber sido por completo discrecional”. Según Marano, el director técnico y otros directivos de esa firma estuvieron imputados en una causa de contrabando por connivencia con personal del INAME, de la que luego fueron sobreseídos, y la empresa registra antecedentes recientes de desvíos de calidad, incluida una prohibición dispuesta por la ANMAT el 8 de junio de 2024 sobre un lote de Clindanovag por presentar partículas en suspensión, y otra el 12 de junio de 2026 sobre lotes de Gobbifol/Propofol.

Una de las querellas consultadas por este medio sobre las objeciones que realizó la defensa de García Furfaro, y que aún no fue resuelta por el juez Kreplak opinó: “Es relativamente irrelevante porque igual el Instituto Malbrán detecta identidad genética y bacterias de pacientes de varios sanatorios, con bacterias de ampollas cerradas que quedaron en el Hospital Italiano de La Plata y también las que manda ANMAT son las muestras museo secuestradas en Ramallo, el laboratorio elaborador”.

Las sospechas sobre la ANMAT

La defensa dedica un extenso apartado a cuestionar la imparcialidad del personal del INAME, organismo de control que, junto a la ANMAT, depende del Ministerio de Salud.

El escrito recuerda que, mediante la resolución del 20 de agosto, el propio juzgado le había revocado el rol de querellante a la cartera de Saludal reconocer que “se ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control”.

Para el penalista Marano, esa misma sospecha “con mayor razón” debería extenderse a los dictámenes técnicos producidos por esas dependencias, más aún cuando la entonces administradora nacional de la ANMAT y la directora del INAME fueron luego imputadas en la causa.

El escrito cita declaraciones incorporadas al expediente, entre ellas la de la propia Mantecón Fumadó, quien habría afirmado que ningún informe del organismo podía emitirse “sin que fuese autorizada previamente y evaluada la respuesta y corregida por personal del Ministerio”. Según esa declaración, citada en el planteo, el ministro habría instruido en persona el cierre de los laboratorios de García: “Sí, cerrá, cerrá”.

La defensa de García Furfaro no lo dice pero, en la declaración también queda claro que el apuro por clausurar HLB Pharma y Ramallo se debía a las graves irregularidades que se habían detectado en las últimas auditorías y, sobre todo, en la anterior realizada semanas antes de la producción del fentanilo contaminado.

Contaminación en 15 áreas críticas del laboratorio

El segundo eje técnico del planteo se apoya en un informe del bioquímico Pablo César Ramírez (M.N. 10.700), aportado por la defensa, que según el escrito “releva tres aspectos metodológicos que no se ajustaron a los mandatos de la Farmacopea Argentina”. El primero refiere al incumplimiento de las condiciones ambientales exigidas para el ensayo de esterilidad, que según el protocolo vigente debía realizarse “en condiciones asépticas bajo Clase A o su denominación equivalente”.

El documento detalla que los propios controles ambientales de Gobbi Novag detectaron contaminación microbiológica en 15 áreas, entre ellas la mesada de flujo laminar y los guantes del operador, cuando la normativa exige menos de una unidad formadora de colonias en cada superficie analizada para validar el estudio.

A ese defecto se suman otras presuntas irregularidades: la Unidad de Aire de Microbiología (UMA11) presentaba fallas de calibración y su informe de calificación “quedó sin dictamen final: las casillas ‘APTA’ y ‘NO APTA’ no fueron marcadas y los recuadros de firma están en blanco”. El personal a cargo de la estufa de incubación, según consta en el expediente citado por la defensa, “no tenía capacitaciones realizadas” en su manejo, pese a lo cual el equipo fue declarado apto.

El informe pericial de parte también cuestiona el transporte del material. Señala que, en violación de la normativa de la ANMAT que exige una muestra por envase, se colocaron 16 placas juntas dentro de una misma caja reutilizada, identificada como N° OI 2025/963-INAME 169.

Según el escrito, el análisis de las fotografías reveló que ese recipiente pertenecía originalmente al laboratorio Bioartis, una firma que comercializa cultivos de referencia de Klebsiella pneumoniae, la misma bacteria que la pericia dijo haber encontrado en las muestras de museo. “¿Por qué usar uno de un laboratorio que los utiliza para enviar la misma bacteria que se estaba intentando encontrar?”, plantea el documento.

En este punto, vale recordar que las bacterias contaminantes ya habían sido detectadas por el laboratorio del Hospital Italiano de La Plata, motivo que llevó a realizar la denuncia ante la ANMAT.

La ausencia de cadena de custodia

El tercer pilar del planteo técnico refiere a la falta de cadena de custodia de las muestras. El escrito afirma que no existe “ningún instrumento -planilla, formulario o acta- que registre, tramo por tramo, quién entregó, quién recibió, en qué fecha y hora, en qué estado y bajo qué identificación el material, con firma de los intervinientes”. Según la defensa, tampoco se siguió el procedimiento previsto en el artículo 233 del CPPN ni se tuvo en cuenta la Resolución PGN 74/2024, que establece una guía de buenas prácticas para la preservación de pruebas en investigaciones penales.

El documento cita además una contradicción entre actas: mientras un informe habla de “14 (trece -sic-) ampollas en caja rotulada como muestra original” a fojas 9, el mismo dato se repite de manera idéntica a fojas 14, sin que quede claro si el remanente real fue de 13 o 14 unidades. Para la defensa, estas inconsistencias, sumadas a la falta de registro documentado, impiden garantizar que las ampollas analizadas en Gobbi Novag fueran efectivamente las mismas remitidas en origen por la ANMAT.

Con base en el conjunto de irregularidades descriptas, la defensa solicitó al juzgado que declare la nulidad de las actuaciones realizadas por el INAME y Gobbi Novag, y que, de manera subsidiaria, se repita la pericia “con profesionales de oficio imparciales y con la participación de peritos de parte”, con preferencia por la intervención de universidades públicas. El escrito sostiene que “cada uno de estos vicios, considerado de modo aislado, es suficiente para declarar la nulidad pedida” y que, “considerados conjuntamente, la misma se vuelve insoslayable”.

El documento introduce asimismo una reserva de caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, con invocación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y deja planteada la eventual intervención de organismos internacionales de derechos humanos en caso de que la prueba cuestionada continúe sosteniendo el procesamiento de Ariel García Furfaro.

Andrés Gil Domínguez,LA NACION,Política