POLITICA
Desconcierto por la demora del Gobierno en reglamentar la reforma laboral, que frena su aplicación integral
¿Por qué sigue sin salir a la luz el decreto reglamentario de la Ley 27.802 de Modernización Laboral? A fines del mes pasado, luego de fallos judiciales a favor de su vigencia, en el Gobierno dejaban trascender que era inminente la reglamentación para no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.
Casi 20 días después, el decreto aún no fue firmado ni publicado en el Boletín Oficial. En algunos círculos libertarios hay desconcierto por la demora y en algunos, preocupación: es que hay artículos de la reforma laboral que, por más que se considere vigente la ley, requieren de precisiones para ser aplicados de manera integral.
En las últimas horas, distintos funcionarios coinciden en que el texto está en manos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y en que allí se están tomando más tiempo del previsto con el fin de que no sea objeto de nuevas impugnaciones de la CGT y los gremios.
“Le pidieron a María (Ibarzábal Murphy) que revisara cada palabra y cada línea del decreto”, admitió un referente mileísta en alusión a la titular de aquella área, que se convirtió en una figura de confianza de los hermanos Milei desde la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, donde tuvo un papel decisivo en la redacción de la Ley Bases, entre otras normas.
Antes de llegar a la versión final del decreto, hubo varias áreas del Gobierno involucradas que no tuvieron el mismo ritmo de trabajo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, aseguraron a Infobae en la Casa Rosada.
En los despachos oficiales responsabilizaron de la tardanza en terminar el borrador al Ministerio de Economía, donde Luis Caputo ordenó la máxima rigurosidad para redactar la reglamentación de artículos en los que esa cartera tuvo un rol clave.
“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, explicó una fuente oficial al justificar la demora.
El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 27.802 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.
Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y en Economía no descartaban dejar ese artículo para más adelante y que fuera reglamentado mediante otro decreto.
Sin embargo, de manera sorpresiva, lo que sucedió fue que el 4 de este mes el Gobierno reglamentó mediante el decreto 315 otro capítulo crucial de la reforma laboral: es el que crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante 4 años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.
Ahora, en el oficialismo aseguraron a Infobae que el decreto reglamentario “ya está encaminado” para su oficialización y que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es uno de los que empuja con más énfasis para que no se demore más y se pueda poner en marcha la reforma laboral en cada uno de sus artículos.
“El Coloso”, como lo llama el Presidente, apunta a apurar, por ejemplo, el artículo que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa argentina ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral incentivará al facilitar el otorgamiento de la personería a esas entidades por encima de los gremios con representación en la actividad o en la zona.
Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión».
En la reforma laboral de Milei, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos 6 meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida.
Será, en la práctica, un fuerte golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa justamente en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.
En el Gobierno, mientras, interpretan que no depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, como prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses algunos funcionarios imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento de la protesta y exigir que se cumpla a rajatabla lo establecido en la Ley 27.802.
Otros artículos que son considerados válidos por la Casa Rosada sin necesidad de reglamentar son la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos y el tope del 2% para la cuotas solidarias en los convenios, que limita el financiamiento de los sindicatos.
Tampoco requiere del demorado decreto reglamentario la vigencia plena del artículo 137 de la Ley 27.802, que se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población».
Es una de las herramientas para que la Secretaría de Trabajo tenga más fundamento legal a la hora de frenar la homologación de las paritarias que superan la pauta oficial. Y, por ende, una de las cláusulas más resistidas por el sindicalismo que pugna por recuperar los salarios.
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“De recaudar, sabe”, dice en uno de los chats Jorge González, uno de los procesados en la causa “Securitas”. Está hablando de una persona que “se coló” en el despacho que Edgardo Kueider ocupaba en el Senado de la Nación en 2023. Faltaban siete meses para su arresto en Paraguay tras querer ingresar con USD 200 mil sin declarar.
El mensaje, al que accedió Infobae, forma parte de la prueba que se acumula en la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal de San Isidro.
La pesquisa se enfoca en el pago de sobornos que la multinacional de seguridad habría hecho a organismos y empresas públicas. El objetivo era quedarse con los contratos para prestar servicios de vigilancia en esos lugares. El expediente judicial se abrió luego de una auditoría de la firma y una autodenuncia presentada por la empresa que involucra a ex directivos. Se tramita en el juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
Entre los organismos públicos salpicados en la maniobra figuran Aysa, Senasa, Renaper y la Anmac. También está la estatal eléctrica entrerriana Enersa. Kueider fue representante de las acciones del Poder Ejecutivo en la firma mientras ocupó la secretaría general de la Gobernación (2015 – 2019).
Vínculos
La Justicia sospecha que el ex legislador fue uno de los que usó su posición de poder en el gobierno y en Enersa para obtener beneficios particulares. Jorge González, a quien se le secuestró el teléfono al momento de su detención el año pasado, fue presidente de la empresa eléctrica entre 2017 y 2021. En este período habrían ocurrido las irregularidades.
De las pericias realizadas en el aparato surgen los intercambios que comprometen más a Kueider en la trama.
Hasta ahora, la relación del ex senador con el expediente “Securitas” se circunscribía a un mensaje recuperado del celular de Claudio Tortul. Se trata de uno de los empresarios ligados a la multinacional de seguridad señalado como uno de los principales arquitectos de la maniobra en Entre Ríos. El otro es su hermano Marcelo.
En un intercambio entre ambos, Claudio indicó: “Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic). “Cuaider” es Kueider. El entonces secretario general de la Gobernación de Gustavo Bordet “sabe porque estaba de Concordia” (sic), agregó en un mensaje siguiente.
El ex senador intentó despegarse del caso con varios argumentos sucesivos. Primero, que no estaban hablando de él, sino de otra persona. Segundo, que el día en que se produjo ese chat (7 de junio de 2017) él se encontraba en Paraná y no en Concordia, a pesar de que el mensaje está en pasado y no en presente. Tercero, que su rol en la compañía era formal. Se circunscribía a representar al Ejecutivo en las asambleas anuales y no tenía poder de decisión sobre las contrataciones, alegó.
Los mensajes encontrados en el teléfono de González muestran otra realidad. Dos cosas dejan en claro. La primera es que Kueider tenía injerencia directa en los negocios de Enersa. La segunda, que esa influencia persistía más allá de que haya cambiado su despacho en la Gobernación por una oficina en el Congreso.
“De recaudar, sabe”
El más revelador de los intercambios es el que mantuvo con alguien registrado en su celular como “Andrea Sobrina Gchu”. La transcripción es la siguiente:
Chat con “Andrea sobrina Gchu (abreviatura de Gualeguaychú)”. 17 de mayo de 2023. Entre las 20:27 y las 21:01.
– (Andrea) Tío
(Es)Toy acá en el despacho de Kueider y se me coló Ramiro Caminos
Ese está en tu lugar?
– (González) Sí, sabe de energía como yo de francés
De recaudar sabe…
Ramiro Castillo fue presidente de Enersa tras la salida de González y hasta el fin del mandato de Bordet. Antes, había sido síndico de la empresa. Reemplazó en ese cargo a José Gervasio Laporte, alias “El Negro”, quien falleció.
Laporte está mencionado en la causa “Securitas”. Infobae reveló que el 28 enero de 2019, en un mail que surgió de las pericias, Claudio Tórtul hablaba de “pagar la parte de Bordet”.
“Después vamos a hacer el negocio, si le dije que la semana que viene tenemos que pagar la parte de Bordet, la del Negro está con el auto”, terminaba el correo enviado a Ramiro (el hijo de Claudio) y Marcelo Tórtul.
En efecto, Laporte recibió un auto por las gestiones. Se trataba de un Toyota Etios que se menciona en los chats de los teléfonos incautados a los hermanos Tortul.
El mismo día que mandó ese mail, Claudio le contó a Marcelo por WhatsApp que estaba almorzando con “El Negro” (Laporte) en su casa y acordaron una reunión para el día siguiente en su despacho. “Ahí cuando se iba (recién) el Negro me preguntó cuándo esta la plata de Bord …”, escribió el empresario a las 19:39.
En un intercambio anterior, del 13 de diciembre de 2016, se mencionan otros supuestos pagos de coimas y a más protagonistas. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa porque bajó epe. Untar a Christian y Bordet o el Negro. Porque es grande lo que vamos armar. Y que le den acuerdo entre él y el negro o Bordet” (sic), escribió Claudio Tórtul el 13 de diciembre de ese año, en horas de la tarde.
”Christian“ podría ser Jorge Christian Faía, ex presidente de Securitas Argentina. Otras fuentes aseguran que se refería a Cristian Mayor, ex directivo de Enersa y sindicalista de Luz y Fuerza.
Los otros mensajes
En febrero de 2020 hacía dos meses y días que Kueider había dejado la Secretaría General para asumir la senaduría por Entre Ríos. Sin embargo, se lo cita como factor decisivo en una conversación de González con una persona identificada como “Jorge Pérez 2″.
La transcripción es la siguiente:
Chat con “Jorge Pérez 2″. 20 de febrero de 2020. Entre las 13:45 y las 13:47.
– (Pérez) Hola Jorge querido, gracias por info, perfecto, ahora te encontrás con Claudio, si es así avisame como queres q opere. (sic)
– (González) A las 15hs vamos con Kueider, si te parece, una vez finalizada la reunión te comento para ver qué y cómo seguimos. (sic)
La sospecha es que la persona individualizada como “Claudio” es Claudio Tortul. En la Casa de Gobierno de Entre Ríos entienden que “Pérez 2″ podría ser un empresario local al que se le endilga ascendencia en designaciones importantes en Enersa.
El rol del entonces senador y su influencia sobre la empresa estatal entrerriana quedó demostrado en otro mensaje de González. En una conversación con alguien a quien llama “Juan Martín”, el presidente de la empresa invocó a Kueider para coordinar un encuentro. El textual es así:
Chat con “Juan Martín”. 23 de diciembre de 2020. Entre las 14:43 y las 14:46
– (González) Buen día Juan Martín, tu número me lo dío Edgardo Kueider, doy (soy) Jorge González de Enersa.
Si te parece dejamos ya para el martes 29 a las 11hs en Enersa, Bs. As. 87 de Paraná.
Jorge González fue detenido por orden de Arroyo Salgado el 12 de abril de 2025. Durante el allanamiento, Gendarmería secuestró 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos. Fue llevado al penal de Ezeiza. En una primera instancia se negó a declarar. Pero luego fue liberado, cambió de abogados y aceptó ser indagado. Según el sitio Análisis Digital, pidió a la magistrada que citen a otros funcionarios de Enersa, negó haber tenido relación con los Tortul y se despegó del contrato con Securitas.
El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los empleados estatales, que será abonado en tres cuotas de $800.000 entre octubre y diciembre. El gobernador Elías Suárez informó que la medida fue acordada en el marco de la mesa de diálogo que mantiene la administración provincial con los representantes gremiales.
El cronograma comenzará el viernes 9 de octubre, cuando se pagará la primera cuota. La segunda será depositada el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera llegará el jueves 10 de diciembre.
Suárez explicó que el esquema fue definido a partir de las conversaciones mantenidas con los sindicatos y señaló que el objetivo es otorgar previsibilidad a los trabajadores de cara a los últimos meses del año.
El bono extraordinario se sumará a los haberes habituales de los empleados públicos. Según precisó el gobernador, los salarios continuarán abonándose normalmente y también está previsto el pago del medio aguinaldo el martes 22 de diciembre.
POLITICA
La Justicia postergó hasta diciembre los comicios en la UTA por “impedimentos, anomalías y déficits” en el proceso electoral
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la suspensión de los comicios para renovar autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstos para el 7 y 8 de octubre, y dispuso reprogramarlas para el 17 y 18 de diciembre próximo debido a los “impedimentos, anomalías y déficits” que fueron detectados en el proceso electoral.
El fallo, firmado por los jueces Gabriela Vázquez y Enrique Catani, también designó un veedor judicial para supervisar todo el proceso electoral.
El tribunal detectó irregularidades graves en el padrón electoral, en la ubicación de las mesas de votación y en la exclusión de una de las agrupaciones participantes de 6 seccionales. Ante ese cuadro, los jueces concluyeron que celebrar los comicios en las condiciones actuales no sería una elección real sino —en sus propias palabras— un mero remedo del ejercicio democrático”.
La UTA es el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos de larga distancia y transporte automotor de pasajeros y del personal de subtes y está liderado por Roberto Fernández, de 82 años, que competirá por la reelección para el puesto que ejerce desde 2008.
En estos comicios, de manera inédita, Fernández se enfrentará a 3 candidatos opositores: Alberto Patiño, actual secretario de Organización del gremio, que se presenta al frente de la Lista Marrón; Maximiliano Escriba, postulante de la Lista Negra, apadrinada por Miguel Angel Bustinduy, ex opositor al jefe de la UTA, y Claudio Gómez, quien encabeza la Lista Bordó, auspiciada por el trotskista Rubén “Pollo” Sobrero.
Tras la suspensión electoral, Fernández difundió un comunicado en el que afirma: “Una vez más, como pasó en 2022, nos encontramos con piedras en el camino de quienes se dicen compañeros pero persiguen otros intereses ajenos a los de la UTA porque no quieren que se vote y judicializan la política gremial”.
“Somos respetuosos de los fallos judiciales, aunque no los compartamos, y como dirigentes serios no vamos a gastar energía quejándonos del obstáculo ya que está ahí -agregó-. Esta demora nos convoca a redoblar esfuerzos para que en diciembre llenemos de votos las urnas, que los afiliados de UTA elijan su destino y les digamos basta a quienes judicializan la política gremial, con apoyo empresario y pertenencia a otro gremio”.
El conflicto comenzó luego de que la Lista Negra presentó una denuncia judicial por irregularidades en el padrón y en el procedimiento de oficialización de sus candidatos.
El núcleo de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo está en una serie de irregularidades que el tribunal detectó al revisar los documentos que la propia Junta Electoral Central de la UTA aportó a la causa.
El padrón registra 2.870 bajas, todas procesadas entre junio y el 24 de agosto de 2026, período que coincide con el desarrollo del proceso electoral convocado el 14 de julio. La causal consignada en todos los casos es idéntica, cese laboral (por despido o renuncia), pero ningún registro indica la fecha exacta de finalización de la relación laboral, dato que la ley exige para verificar si el trabajador aún tenía derecho a votar. La normativa vigente protege la afiliación durante los 6 meses posteriores al despido o renuncia, lo que significa que un trabajador desvinculado sigue habilitado para sufragar en ese período.
Además, la documentación del padrón se interrumpe el 24 de agosto pasado. Los cambios posteriores a esa fecha carecen de respaldo documental verificable en la causa.
El padrón de la UTA comprende 494 mesas y 61.664 electores, con un promedio de 125 votantes por mesa. El problema es la distribución: 11 mesas superan los 600 electores, con picos de 1067, 1037 y 1000. El Código Electoral Nacional fija un máximo de 350 electores por mesa para los comicios políticos generales.
En el extremo opuesto, 4 mesas tienen un único elector empadronado y otras 11 no llegan a 4. La Cámara advirtió que esa configuración compromete el secreto del voto: en una mesa con un solo votante, el escrutinio revela inevitablemente el sentido de su sufragio.
También se detectaron mesas ubicadas en lugares que no figuraban en la convocatoria original, un problema que también fue denunciado de forma coincidente por otras dos de las nóminas opositoras a Fernández.
La Resolución 25/26 de la Junta Electoral, del 24 de septiembre, aprobó, mandó imprimir y ordenó distribuir las boletas, según afirma el fallo, pero el documento contiene un error que el tribunal consideró al menos revelador: consigna que las boletas se usarán en “los comicios previstos para el 7 y 8 de diciembre de 2026”, fecha que no corresponde a ninguna convocatoria vigente.
Más allá del error de fecha, la resolución reconoce que el modelo de las boletas “de todas las listas” fue confeccionado por la propia Junta Electoral y enviado a imprenta sin que cada agrupación diera su conformidad previa sobre su propio material electoral.
La misma resolución admite que sólo la lista oficialista quedó “oficializada en su totalidad”, mientras que la oficialización de las tres restantes “contiene excepciones de algunas Juntas Seccionales Locales”.
Según los camaristas, el documento denominado “Revisión de Reclamaciones”, del 22 de septiembre, reveló otro conjunto de problemas. La Junta Electoral admitió más de 500 incorporaciones al padrón solicitadas por la Lista Celeste y Blanca, del oficialismo, sobre la base de documentación que no fue exhibida a las demás agrupaciones ni sometida a ningún procedimiento de impugnación en sede electoral.
Al mismo tiempo, se dispusieron “más de 1.000 exclusiones adicionales”, todas sin la audiencia previa que el estatuto de la UTA impone para las tachas.
La Cámara de Apelaciones del Trabajo descartó explícitamente dos alternativas más drásticas: anular todo el proceso y reemplazar a la Junta Electoral por delegados designados por la Justicia. La primera opción habría cancelado candidaturas ya oficializadas; la segunda habría afectado la autonomía sindical. La Lista Marrón había pedido expresamente que no se anulara el proceso ni se perdieran las candidaturas ya aprobadas.
La solución adoptada es lo que el fallo denomina una “retrogradación parcial”: volver al estadio de presentación de listas y avales, con reapertura de ese período, pero manteniendo vigente la convocatoria del 14 de julio, la constitución de la Junta Electoral Central y todos los actos anteriores que no estuvieron viciados.
La Corte Suprema había descalificado en el pasado pronunciamientos que, en materia electoral sindical, dispusieron soluciones más gravosas que las peticionadas por las partes. El tribunal citó ese antecedente para justificar los límites de su intervención.
En su sentencia, los jueces establecieron una hoja de ruta detallada. La Junta Electoral tiene 3 días para depositar en la Cámara el padrón completo de electores activos y pasivos, con la totalidad de las altas y bajas y su documentación respaldatoria.
Desde ese depósito, se abre un período de 10 días hábiles para la presentación de listas. Las agrupaciones pueden reformular sus candidaturas o reiterar las anteriores. La oficialización definitiva de todas las listas deberá quedar resuelta a más tardar el 30 de octubre próximo.
Según establece el fallo, las mesas definitivas deben quedar designadas antes del 1° de diciembre, con un máximo de 600 electores cada una. Las boletas deben estar en poder de la Junta Electoral con al menos 10 días de anticipación a los comicios. El escrutinio y la proclamación deben concluir antes del 29 de diciembre, para permitir la entrega de cargos antes del vencimiento de los mandatos, el 3 de enero de 2027.
La Cámara incluso fijó reglas vinculantes para que el organismo electoral no pueda repetir las mismas irregularidades. Cada baja del padrón debe consignar la causa y la fecha exacta de extinción del vínculo. Ningún trabajador puede ser excluido si está dentro del período semestral de protección de su afiliación. Toda alta debe tener documentación respaldatoria exhibida a todas las agrupaciones. Y ninguna tacha puede resolverse sin audiencia previa del afiliado.
Además, las mesas de votación sólo pueden instalarse en los lugares que figuran en la convocatoria original. Ninguna puede superar los 600 electores. Los establecimientos con pocos trabajadores deben incorporarse a la mesa más próxima del mismo lugar de votación para preservar el secreto del sufragio.
La Cámara designó al abogado Matías Cremonte como veedor judicial, cuyas facultades incluyen presenciar todas las sesiones de la Junta Electoral —que deberá notificarle cada reunión con anticipación—, acceder de manera irrestricta a todos los registros y bases de datos, obtener copias de cualquier documento, presenciar el acto de votación y el escrutinio, y requerir el auxilio de la fuerza pública si alguien obstaculiza su tarea. También puede proponer la integración de un cuerpo de auxiliares para el despliegue territorial de la fiscalización.
Maximiliano Escriba
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