POLITICA
Después del Mundial, el Gobierno apurará sus reformas para evitar que se trabe su agenda en el Congreso
Mientras el Mundial entra en su recta final, el Gobierno diseña un segundo semestre alrededor de su cargada agenda reformista en el Congreso. Sin embargo, en el seno del oficialismo advierten que la cantidad de iniciativas y la demora en torno a la reforma electoral -un punto considerado prioritario por la Casa Rosada- podrían obstaculizar el tratamiento de las leyes en el recinto.
“El Gobierno tiene una mirada reformista de la política y las reformas se hacen en el Congreso a fuerza de leyes. Probablemente haya temas que tienen que ver con otros aspectos de la gestión, pero la principal gestión son las reformas que impulsa en el Congreso”, sintetizaron a TN en Balcarce 50.
Esa mirada que defiende el oficialismo se ve reflejada en la cantidad de proyectos que ha enviado -o se prepara para enviar- en el último año. La lista va desde iniciativas con media sanción como el super-RIGI, la Ley Hojarasca, los cambios al régimen de Zona Fría, hasta proyectos que todavía están bajo revisión (algunos más listos que otros), como la reforma del Banco Central, los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, el “shutdown” del Estado, la reforma del Código Penal o el paquete de desregulación en el que trabaja el Ministerio de Federico Sturzenegger, que alcanza al mercado inmobiliario, a la ley de cabotaje y al mercado de capitales.
En el medio, hay otra larga lista de proyectos que ya fueron presentados, pero que aún no llegaron a discutirse en el recinto. Ahí entra la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la reforma a la Ley de Salud Mental, la Ley de Sociedades, la Ley de Lobby, el proyecto para prevenir la ludopatía, y la Adhesión al Tratado de Patentes (PCT), entre otros.
“Es un Gobierno con tantos proyectos y reformas que a veces las cosas se demoran un poco”, admitió un funcionario a cargo de la redacción de una de las iniciativas retrasadas. Y agregó: “Ya se va a agilizar (el Congreso). No hay que preocuparse”.
Aun así, en el Ejecutivo también hay quienes miran con inquietud los tiempos del Parlamento y las restricciones políticas del calendario. “Aún no se sabe el timing. Va a depender de qué pasa con la reforma política en el Senado para ver el tráfico”, aseguró a TN una fuente al tanto de las tratativas legislativas. Y advirtió: “Si no se destraba, capaz se ralentice el resto, pero todo cuesta”.
Según planteó la propia Karina Milei a sus legisladores en Casa Rosada la semana pasada, la reforma electoral, junto con Zona Fría y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, son las tres prioridades del oficialismo en el Congreso. Los últimos dos proyectos tienen que ver con aliviar las arcas del Estado y reactivar la actividad económica, pero la reforma política —y su eje central, la eliminación de las PASO— es considerada fundamental por su rol en el proyecto de reelección de Javier Milei.
Además de sus argumentos de eliminar costos para la ciudadanía e instancias extra de votación, la estrategia de la Casa Rosada es eliminar una herramienta que permitiría a la oposición agruparse contra Milei bajo el paraguas de una primaria. Sin embargo, la resistencia de los aliados a desprenderse de las PASO ha impedido que el proyecto avance.
Para destrabar la iniciativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, redobló sus contactos con los gobernadores mientras Patricia Bullrich encabeza las conversaciones con los bloques aliados en el Senado. Ahora, la jefa de la bancada oficialista planteó un interín para que los bloques discutan internamente la posibilidad de incorporar listas colectoras. Sin embargo, en bloques como el PRO sostienen no estar abordando aún el tema. “Zona fría por ahora es el apuro (del Gobierno)”, afirmaron.
En ese contexto, mientras el freno en la reforma electoral podría complejizar el avance de otras leyes, en el Gobierno observan otro obstáculo político en el calendario: la discusión por el Presupuesto nacional.
Leé también: El Gobierno volvió a reunir a la mesa política y definió enviar la reforma del Banco Central al Congreso en agosto
La Casa Rosada prevé el envío de la Ley de leyes antes del 15 de septiembre, una virtual fecha límite para tratar otras iniciativas antes de que la discusión parlamentaria se vea envuelta en tironeos por fondos entre el Gobierno, las provincias y los diferentes sectores del Estado.
Ese debate dará lugar a otro cuello de botella para el Gobierno: la proximidad con el año electoral. Se trata de un escenario que tensa las alianzas construidas en el Congreso, sin las cuales el oficialismo no tiene las mayorías necesarias para avanzar. En ese sentido, el Ejecutivo es consciente de que deberá avanzar cuanto antes con sus reformas antes de que los tiempos de la política impongan un bloqueo.
Congreso, reforma electoral, Gobierno
POLITICA
Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”
La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.
Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.
Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.
Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión
El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.
Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.
El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.
Cambios en la ley de expropiaciones
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.
La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.
Objetivos oficiales y efectos esperados
Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
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POLITICA
“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro
El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.
“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.
Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.
“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.
También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.
“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.
Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.
Su anuncio y la reacción del Gobierno
El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.
Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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