El juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está acusado de un supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en momentos en que regía el cepo cambiario y de haber omitido información de su currículum, se defendió ante un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura.

Fue después de que la fiscalía integrada por el senador Luis Juez, la abogada Jimena De la Torre y el juez Diego Barroetaveña pidiera su destitución por mal desempeño.

“No soy lo que dice la acusación”, sostuvo Salmain, luego de los alegatos de sus abogados defensores.

El jury de enjuiciamiento, que deberá dictar si continúa con el cargo de juez, analizó hoy los dos casos que enfrenta Salmain. Uno de ellos se relaciona a la investigación en su contra por presuntamente recibir coimas para garantizar medidas judiciales que permitieron a un fideicomiso acceder a US$10 millones cuando el cepo lo prohibía. En este expediente se encuentra procesado y con prisión preventiva. Si fuera destituido, perdería fueros que hoy impiden su detención.

El segundo, se retrotrae en el pasado y analiza la omisión de sus antecedentes en la declaración que presentó cuando concursaba para juez. “Yo me caí, pero me levanté y camino. Lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, pronunció Salmain frente al jury del Consejo de las Magistratura en sus últimas palabras.

Hace más de veinte años, Salmain se desempeñó como auxiliar del juzgado N°8 de la Seguridad Social. En ese contexto, fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado donde trabajaba.

Según el senador Luis Juez, que formó parte de la acusación durante el jury, Salmain “pretendía darle trámite especial” a determinados expedientes. Finalmente, Salmain renunció y la Corte Suprema lo cesanteó. Luego, enfrentó una causa penal que derivó en una probation, por lo que debió hacer trabajo comunitario en el Jardín Botánico.

La fiscalía cuestionó que Salmain no haya informado sobre esa causa que derivó en una cesantía en el Poder Judicial cuando concursó para ser juez federal de Rosario. “Gran evasor de cumplimientos legales”, dijo el cordobés Juez.

La defensa de Salmain, que fue ejercida por los abogados Yamil Castro Bianchi y Juan Manuel Ubeira, planteó que Salmain no estaba obligado a incluir ese antecedente en su declaración jurada para concursar a juez. Incluso, Castro Bianchi redobló la apuesta. Mostró un video en el que Juez, en calidad de senador, habría votado afirmativamente la designación de Salmain. “Lo hiciste vos, levantaste la mano”, lanzó.

Castro Bianchi, además, expuso otro video en el que supuestamente Salmain pronunció ante preguntas de miembros del Consejo de la Magistratura, antes de ser designado juez, que él trabajó “hace muchos años, pero como auxiliar” en el Poder Judicial. Más allá de la disputa sobre sus antecedentes, su defensa habló de “errores saldados” y cuestionaron si la normativa señala que es obligatorio o deseable que los concursantes aclaren por escrito antecedentes como tal.

El otro de los hechos que el jury de enjuiciamiento consideró es la investigación sobre el supuesto cobro de sobornos al financista Fernando Whpei para facilitar acceso al mercado de cambios a través de medidas judiciales. El caso federal encuentra a Salmain en calidad de procesado y con prisión preventiva. No está en la cárcel porque, por su calidad de juez, posee fueros.

Por la parte acusadora, el juez de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, sostuvo que “Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación”. Es decir, pidió su remoción.

Barroetaveña cuestionó las decisiones de Salmain en el caso conocido como Attila. Este es un fideicomiso que reclamaba al Banco Central el acceso al mercado oficial de cambios para obtener US$10 millones, en época de cepo. Luego de una cautelar firmada por Salmain, Attila pudo realizar seis operaciones que sumadas daban esos dólares que, según el juez de Casación, “fueron transferidos al exterior”.

El magistrado cuestionó la cautelar así como otros aspectos de la decisión de Salmain como una “caución juratoria”, pero también trajo a colación la declaración como imputado colaborador o arrepentido del financisWhpei. “Según su relato (el de Whpei), fue Santiago Busaniche quien le explicó que el costo sería un 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue”, afirmó Barroetaveña. A su vez, mencionó impactos de antena de celulares que ubicaban en cercanías a Salmain y al financista Whpei, ya sea en adyacencias de su juzgado, en las de un hotel y las de un bar.

En este sentido, la defensa de Salmain respondió que eso no significa que se hayan reunido y negaron que el juez de Rosario conozca a Whpei. Lo tildaron de “arrepentido mentiroso”. El abogado Ubeira, defensor de Salmain, pidió: “Dejenlo en paz, rechacen los cargos, mándenlo a su juzgado”.

El jury de enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulliy la abogada Ana Beatriz Fernández. Ellos decidirán si Salmain conserva el cargo de juez.

El oficialismo anunció esta tarde en el Senado una serie de modificaciones al proyecto de reforma de la ley de salud mental y aseguró que cuenta con el consenso necesario para que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo pueda obtener dictamen este jueves y, de lograrlo, ser discutida en el recinto de la Cámara alta la semana próxima.

Entre los cambios más importantes figuran la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones o especializadas para la internación de casos psiquiátricos que proponía el texto enviado por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.

A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios de los ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), se mantendrá la prohibición de los manicomios que estableció la ley de salud mental sancionada en 2010.

También extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, no sólo a las de consumos de estupefacientes, como la ludopatía. Además, se permiten las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario en un plazo perentorio, en ocasión en el que el paciente no se encuentre capacitado para tomar esa decisión.

El anuncio fue formulado en una conferencia de prensa que encabezaron esta tarde las senadoras libertarias Patricia Bullrich (Capital), jefe de la bancada oficialista de la Cámara alta; Nadia Márquez (Neuquén) e Ivanna Arrascaeta (San Luis), presidentas de las comisiones de Legislación General y de Salud, respectivamente.

Ambas comisiones están convocadas a reunión plenaria para este jueves, a las 15, con el objetivo de tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En ese encuentro se pondría a consideración el texto y, según afirmó Bullrich, tendría dictamen.

“Estamos trabajando para que haya quorum (en la reunión plenaria) y creemos que va a haber. Si hay quorum, vamos a tener dictamen y lo vamos a querer tratar la semana próxima en el recinto”, respondió la jefa de la bancada oficialista ante una consulta de .

En la conferencia de prensa, que se celebró en el despacho de Bullrich, en el primer piso del palacio legislativo, las legisladoras explicaron en diez puntos los cambios sustanciales que se le introducirán al proyecto antes de llegar al recinto para su tratamiento por el pleno de la Cámara alta.

Uno de los puntos más destacados es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o de adicciones.

En ese sentido, se permite que la evaluación de internación la realice un médico psiquiatra o con formación en salud mental, pero junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y concesión del alta del paciente.

Como se dijo, se mantiene la prohibición de manicomios o de realizar prácticas relacionadas con los viejos hospitales neuropisquiátricos.

Como parte de la negociación para obtener consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. El Estado Nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.

En el caso de internaciones e urgencia se establece un plazo de revalidación para internaciones de urgencia dispuesta por un solo médico ante riesgo grave, ya que se amplía el plazo de revalidación interdisciplinaria de 24 a 48 horas.

Por otra parte, se acepta el concepto de directivas anticipadas, por el cual se reconoce el derecho de las personas a declarar por anticipado su consentimiento o rechazo a tratamientos de salud mental y a designar representantes para el momento en que no puedan expresar su voluntad.

También se establece un régimen especial para niños y adolescentes con adicciones con equipos infanto-juvenil especializados.

Por otra parte, se establece la obligación de trazar un plan de egreso e internaciones prolongadas, por el cual se tendrá que establecer una hoja de ruta desde el diagnóstico inicial y se exige la intervención de oficio del Órgano de Revisión para internaciones que superen los 180 días.