POLITICA
Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la emisión sin respaldo
El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar su independencia del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria. Los libertarios festejaron la victoria legislativa porque -aseguran- representa una señal positiva para los mercados que permitirá bajar el riesgo país.
Pasadas las 18, el tablero del recinto arrojó 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz.
El diputado Santiago Pauli fue el encargado de presentar el proyecto del Poder Ejecutivo y comenzó por explicar que el objetivo principal de la reforma es “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”.
Según el presidente de la Comisión de Finanzas, la entidad fue utilizada “durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política” porque “cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central”. “La consecuencia de esto ha sido y es la inflación y el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada”, resumió.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca garantizar su independencia del Poder Ejecutivo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.
La iniciativa de los libertarios apunta a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el kirchnerismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno logra la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo será preservar el valor de la moneda.
Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Finalmente, también dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.
Por el lado de la oposición, las críticas giraron en torno al intento del oficialismo de perpetuar sus principios económicos incluso después de dejar el gobierno. “Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo. Tarea ausente hoy en el Banco Central y en este diseño que se ha planteado”, dijo Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).
En la misma línea, el diputados Itai Hagman (UxP) planteó que el Congreso “debería estar discutiendo cómo hacer para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas”.
Entre las reformas también se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y la Cámara de Diputados.
“El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”, denunció Agustín Rossi (UxP).
Desde el peronismo también instaron a los bloques aliados a que rechacen el artículo 13, que permite poner las reservas como garantía del endeudamiento externo. Incluso pidieron la votación en particular del artículo en cuestión. Pero el oficialismo avanzó, tras una votación a mano alzada, con la votación por títulos (que incluyen varios artículos).
El artículo en cuestión dice: “Los bienes que integran las reservas son inembargables. El Banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.
Finalmente, la votación se realizó por títulos: el primero, que contiene el artículo 13, fue aprobado por 138 votos positivos.
CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.
La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.
El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.
La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.
Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.
La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.
Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.
De larga data
La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.
El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.
La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaEn ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.
Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.
La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
pelea,https://t.co/ub5O5Fek7R,September 14, 2026,Gabriela Origlia,La Pampa,Conforme a
POLITICA
En medio del debate por el avance de la IA, el embajador argentino en EE.UU. defendió su desregulación para impulsar la economía
Mientras los líderes de los gigantes tecnológicos debaten sobre la necesidad de que los Estados controlen el desarrollo de la Inteligencia Artificial, el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford, respaldó este martes la postura desreguladora que impulsa Donald Trump y sostuvo que esa mirada, compartida por Javier Milei, representa una oportunidad para potenciar la economía argentina.
A través de un posteo en la red social X, el diplomático argumentó que Trump “ha insistido de manera constante en que Estados Unidos debe liderar la revolución de la inteligencia artificial, no temerle ni regularla hasta asfixiarla”.
Según el funcionario, esa visión implica que los países que adopten la tecnología y compitan “definirán el futuro”, mientras que los que duden “corren el riesgo de quedar rezagados”. El mensaje incluyó entre sus destinatarios al propio Milei, al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo, al asesor presidencial Federico Sturzenegger y a funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, incluido el secretario Marco Rubio.
En ese sentido, Oxenford enmarcó la postura oficial como parte de una línea que Milei “impulsa desde el comienzo” y describió su mirada como “fundamentalmente optimista”. La tecnología, sostuvo, es “una oportunidad extraordinaria para potenciar la productividad, saltear etapas de desarrollo y acelerar la convergencia de la Argentina con las economías más avanzadas del mundo”.
Menos regulación, más productividad
El eje central del posteo apuntó a la relación entre la falta de restricciones normativas y la posibilidad de expansión económica. El embajador remarcó que “la respuesta a la disrupción tecnológica no es frenar la innovación, sino desatarla, liderarla y gestionar sus riesgos sin que el temor paralice el progreso”.
En esa línea, calificó a la inteligencia artificial como “mucho más que algoritmos” y la describió como un ecosistema que integra minerales críticos, energía, semiconductores, talento, centros de datos, poder de cómputo y procesamiento de datos. Afirmó que la Argentina “tiene los recursos y las capacidades para competir en prácticamente todos los eslabones de esa cadena de valor”.
El diplomático también retomó conceptos que Milei viene instalando en foros internacionales, como el de las “sociedades no humanas”, que actualmente el Gobierno debate en el Senado, y enfatizó que estos corren el eje de la discusión más allá de la simple defensa de las estructuras vigentes y obligan a pensar “qué instituciones serán necesarias para el mundo que la tecnología está creando”.
A esa lectura sumó una dimensión de valores: sostuvo que el proceso “debe ser liderado por las democracias occidentales” y desarrollado bajo principios de “libertad, apertura, dignidad humana y estado de derecho”, ya que la tecnología “no es geopolíticamente neutral”.
POLITICA
Las claves del fallo por Sueños Compartidos: uno de los jueces votó por absolver a todos y los dirigentes políticos que evitaron el juicio
El fallo por el escándalo del plan de viviendas sociales Sueños Compartidos que construyeron las Madres de Plaza de Mayo se explica porque uno de los jueces del tribunal votó por absolver a todos los acusados con el argumento de que la causa estuvo mal instruida, pero también por el sobreseimiento prematuro de gobernadores e intendentes que recibieron un presupuesto de 700 millones de pesos hace 15 años y porque la responsabilidad política no siempre se convierte en responsabilidad penal.
La sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos.
Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el 11 de noviembre, estas son las claves del fallo:
La disidencia: el juez Adrián Grunberg votó por absolver a todos los acusados, incluidos los funcionarios. Solo los votos de la jueza Paliotti y del juez Obligado permitieron las condenas a López, Fatala y a los hermanos Schoklender. Grunberg es el mismo juez que decidió en este tribunal absolver a Cristina Kirchner sin juzgarla en el caso Hotesur y Los Sauces.
La absolución de De Vido: todos los jueces del tribunal optaron por absolver a Julio de Vido. Las razones pasaron porque la responsabilidad política no se convierte automáticamente en responsabilidad penal. Si bien era el ministro, el responsable del programa no aparece firmando nada. La responsabilidad que valoró el tribunal es la penal. Imputar a De Vido por su rol institucional es un caso de responsabilidad objetiva que está vedado para nuestro sistema penal. De seguir esa idea, se podría haber llegado a Cristina Kirchner. En este caso nadie mencionó a De Vido, ni firmó nada. Es la misma situación que ocurrió con la causa Vialidad, donde fue absuelto.
Zafaron intendentes y gobernadores: el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los gobernadores e intendentes que recibieron los más de 700 millones de pesos de hace 15 años para construir viviendas sociales. Firmó los sobreseimientos el 23 de diciembre de 2019. Desvinculó además a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini.
Concluyó que gobernadores e intendentes no habían cometido delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas. En total alcanzó a 25 imputados. Entre los beneficiados estuvieron Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez, además de Julio Zamora, intendente de Tigre.
El argumento fue que los fondos provenían del Estado nacional y que desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa lectura, ni los municipios ni las provincias tuvieron injerencia real, porque la Nación solo giraba el dinero si la contratada para hacer las viviendas era la Fundación.
Esto fue clave para que la causa quedara tabicada, al igual que la instrucción inicial que hizo el juez Norberto Oyarbide, ya fallecido, que tuvo que ser apartado del caso por la Cámara Federal.
fallo,Hernán Cappiello,Sueños compartidos,Conforme a
La Pampa apeló a la Corte Suprema por un decreto de Milei que le recorta fondos
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