La presión de la Casa Rosada para acelerar el tratamiento de la reforma política profundizó la disputa entre Patricia Bullrich y los armadores de Karina Milei por el control de la negociación parlamentaria y, sobre todo, por quién deberá pagar el costo político de una eventual derrota.

En Balcarce 50 están convencidos de que sale. Pero cerca de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguran que aún desconfía de que el oficialismo tenga los votos para conseguir la media sanción y describen una maniobra que consideran deliberada: “Quieren tirarle un muerto”, dicen, en referencia a la posibilidad de apurar una convocatoria, exponerla a un fracaso legislativo y después responsabilizarla por no haber conseguido los respaldos.

En alerta, Bullrich analiza publicar una comunicación a su estilo, sugerente pero directa, para anticiparse a un eventual traspié y dejar en claro que la búsqueda de los votos no es responsabilidad suya (algo que viene planteando desde hace semanas).

La tensión se profundizó en las últimas 24 horas, cuando el Gobierno insistió en acelerar el debate de una iniciativa que los Milei consideran harto prioritaria, pese a las advertencias de la senadora sobre la falta de acuerdos. Fue ayer por la mañana, cuando Martín Menem confirmó en Radio Mitre que el Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias y anticipara que pretende conseguir la media sanción de la reforma en el Senado en un plazo de 15 días.

El presidente de la Cámara de Diputados ubicó la iniciativa, que contempla la eliminación de las PASO, junto con el Presupuesto 2027, entre las prioridades de la agenda legislativa de fin de año. En sus declaraciones también quedó expuesta la confianza del oficialismo en que podrá reunir los respaldos necesarios. Esa expectativa contrasta con las advertencias que Bullrich viene haciendo en distintas conversaciones. En particular, según reconstruyó una fuente de su entorno, anteayer, en un diálogo con Diego Santilli por el tema de la convocatoria, Bullrich volvió a plantearle a su ex colega de PRO sus reparos sobre la disponibilidad de los votos.

Santilli, encargado de los diálogos con los gobernadores, transmite insistentemente a los propios que las voluntades están.

Ayer, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convocó a una reunión para el próximo martes 17, a las 15, con el objetivo de retomar el debate de la reforma electoral. Bullrich estaba al tanto de la convocatoria, aunque no estaba convencida de que existieran los respaldos necesarios para avanzar en esas condiciones. El llamado, después de dos meses de silencio de la comisión, volvió a poner en evidencia las diferencias sobre los tiempos y la estrategia legislativa.

El movimiento expuso, además, las dificultades para reunir los respaldos necesarios. Desde los bloques dialoguistas del PRO y la UCR plantean que el acompañamiento a la reforma electoral está condicionado a que el oficialismo avance con Ficha Limpia. «Sin Ficha Limpia, no hay nada de lo demás», es la advertencia que transmiten desde esos sectores. De esa manera, el oficialismo no solo debe conseguir las firmas para dictaminar la reforma electoral, sino también resolver una negociación paralela que puede complicar los plazos que pretende imponer la Casa Rosada.

En otra época desde la Casa Rosada le atribuían a la vicepresidenta Victoria Villarruel la responsabilidad por los fracasos políticos del oficialismo. Antes de que la ruptura total se concretara, en Balcarce 50 la acusaban de conspirar contra la voluntad del Presidente y buscaban responsabilizarla por las dificultades para llevar adelante distintas iniciativas. Cerca de Bullrich temen que se intente repetir ese mecanismo con ella. El escenario, sin embargo, tiene diferencias: la senadora conserva un bloque que conduce, una agenda propia y un margen de acción parlamentario que Villarruel no tenía.

La tensión está directamente relacionada con las versiones sobre las aspiraciones de Bullrich para 2027. Ayer, en su círculo aseguraban que “cada día tiene menos interés en ocupar la vicepresidencia” y que “no se siente cómoda con la dinámica interna del oficialismo”. “Su mandato en el Senado se extiende por cinco años más y su prioridad actual es concentrarse en su trabajo parlamentario y en sacar leyes”, deslizaron.

El acelere de la discusión por las PASO amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de la disputa entre el sector que responde a Karina Milei y la senadora que conduce el bloque oficialista en la Cámara alta. La pulseada excede el calendario legislativo: involucra quién fija las condiciones de la negociación, quién conduce la estrategia parlamentaria y quién deberá responder si el resultado no es el que espera el Gobierno.

Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a

Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.

Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.

Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.

“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.

“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.

Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales

Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).

Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.