Con la asistencia de sus aliados de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y diputados alineados con gobernadores dialoguistas, el Gobierno logró este mediodía bloquear el intento opositor de activar en Diputados una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo crecimiento patrimonial es investigado por la Justicia.

Los bloques críticos habían solicitado una sesión especial para hoy a las 11 con un temario incómodo para la Casa Rosada. Incluyeron pedidos de interpelación a Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. También incorporaron proyectos vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.

Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen de comisión, por lo que el objetivo opositor no era aprobarlos en el recinto -algo que requería mayorías especiales difíciles de reunir- sino forzar su tratamiento en las comisiones a las que fueron girados.

Las interpelaciones suelen discutirse en Asuntos Constitucionales y en Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por el oficialismo, que hasta ahora se niega a habilitar allí el debate.

Para neutralizar esa jugada, el oficialismo convocó una sesión una hora antes, a las 10, con un temario propio: el proyecto “Hojarasca”, tratados internacionales y la reforma del esquema de subsidios al gas en las “zonas frías”. La sesión oficialista terminó superponiéndose con la pedida por la oposición.

En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió interrumpir la sesión en curso para habilitar el tratamiento del temario opositor. Tras una extensa discusión reglamentaria, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 rechazos contra 111 votos afirmativos.

Además de La Libertad Avanza, votaron en contra la UCR, Pro, el MID y buena parte de los diputados alineados con gobernadores que mantienen una relación de cooperación parlamentaria con la Casa Rosada, entre ellos los referenciados con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

En cambio, sorprendieron los votos afirmativos de diputados ligados a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba), mandatarios que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso. Los legisladores referenciados con Carlos Sadir (Jujuy), en tanto, se abstuvieron.

La oposición cuestionó además el manejo reglamentario de la sesión y acusó al oficialismo de dilatar deliberadamente la discusión para dejar sin efecto práctico la convocatoria opositora de las 11.

“En la palabra de la diputada Giudici quedó claro por qué hicieron todo lo que hicieron en esta hora. El pedido de moción de orden tenía que votarse inmediatamente. Hicieron todo este show para estirar el debate y evitar que la otra sesión estuviera en tiempo reglamentario. El intérprete último del reglamento es el cuerpo, no el presidente”, sostuvo Martínez. Y advirtió: “Dejan un pésimo antecedente. Uno no es eternamente oficialismo; esto se les va a volver en contra”.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, afirmó Cecilia Moreau.

Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el reclamo. “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”, sostuvo. Luego, mientras exhibía un contador gráfico, agregó: “Van 13 días desde que el Presidente dijo que Adorni iba a presentar su declaración jurada. Está esperando ver qué aparece en la causa judicial para no meter la pata”.

El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió hoy dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó un paso más cerca de su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, que el oficialismo pretende convocar dentro de dos semanas.

Sin embargo, el proyecto sufrió severos cambios con relación al texto redactado y defendido en la Cámara alta por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue el costo que debió pagar el oficialismo para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista.

Entre las modificaciones más importantes se destaca la desaparición completa del capítulo que buscaba eliminar el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia que está en manos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este fue un planteado por la Iglesia Católica y en el que coincidieron todo los bloques de oposición.

La bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich (Capital) también debió ceder en las pretensiones de la administración de Javier Milei de aplicar el proceso sumarísimo de desalojo en tres días de viviendas y terrenos, tal cual lo había planteado Stuzenegger en su proyecto.

El dictamen firmado por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General establece diferencias entre intrusos y usurpadores y locatarios y tenedores u ocupantes precarios.

Por lo pronto, los plazos de intimación se amplían a 10 días corridos en aquellos casos que el locatario haya caído en situación de mora en relación a los términos establecidos en el contrato de alquiler. La entrega inmediata del bien sólo se mantiene para los “usurpadores”.

El último cambio de peso está relacionado con los cambios en el régimen de tierras rurales. El dictamen le entrega a las provincias las facultad de aprobar las ventas a capitales extranjeros.

El proyecto mantiene la prohibición absoluta en la adquisición de tierras en zona de fronteras y, también, por parte de otras naciones o de personas físicas o jurídicas que tengan participación de otros países. En este último caso, la autorización queda en manos de la Nación.

“Hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestos por expositores como por los senadores de todos los bloques”, destacó Bullrich en el inicio del debate, antes de pasar a explicar los cambios introducidos en el proyecto remitido al Senado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo último.

El kirchnerismo duro rechazó la propuesta del oficialismo con el argumento de que no habían sido consultados con el tiempo suficiente. “Están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, se quejó Florencia López (Justicialista-La Rioja), que pidió suspender la reunión.

No hubo caso, el encuentro continuó y cuando estaba por terminarse la oficialista Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció que el dictamen pasaba para la firma tal cual lo había leído Bullrich. No obstante, la jefa de la bancada oficialista dejó abierta la posibilidad a sumar cambios antes de que se discuta en el recinto.

Desde el peronismo díscolo también se pidió más tiempo para discutir, pero la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) destacó que su bancada “hizo los deberes” y planteó una serie de cambios al proyecto que, adelantó, se convertirán en un dictamen de minoría si el oficialismo no aceptaba incorporarlos.

Entre los cambios más destacados que planteó Moisés está el de fijar en 180 días el plazo para el desalojo y propuso incluir una autorización por ley provincial de la autorización de la venta de tierras a compradores extranjeros o asociados con otras naciones.

Como ocurrió con la ley de Glaciares, el kirchnerismo duro también se jugó la baza de reclamar el llamado a audiencia pública, aduciendo que la iniciativa regula cuestiones que afectan el medio ambiente.

“Estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar territorios que tiene recursos naturales y ahora lo dejan en manos de las provincias. Lejos está esto de ser federal, esto es un federalismo de fragmentación, antisoberano, eliminan restricciones para vender tierras en zonas de fronteras”, afirmó Ana Marks (Justicialista-Río Negro).

Según explicó Bullrich, también se incluyeron cambios en el capítulo que regula el proceso de expropiaciones, restringiendo las condiciones para que el Estado pueda quedarse, ley del Congreso mediante, con un bien privado. No obstante, se le introdujo un límite del 30% del valor del daño emergente como pago en concepto de lucro cesante.

Además, se fija de manera taxativa que la tasa de interés que se aplicará para las expropiaciones surgirá de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa activa del Nación para operaciones de descuento a 30 días.