POLITICA
Diputados: el Gobierno pone a prueba a sus aliados con el recorte de los subsidios al gas
El Gobierno llegará este miércoles al recinto de Diputados sin garantías de aprobar la reforma del régimen de subsidios al gas. El proyecto titulado “medidas energéticas” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso propone recortar el esquema de “zonas frías”, pero todavía no reúne una mayoría clara en la Cámara y su aprobación podría depender de que el oficialismo logre sostener el quorum hasta el final de la sesión.
La iniciativa se debatirá en la sesión convocada para este miércoles, a las 10. Será el último punto de un extenso temario que también incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.
El texto, que obtuvo dictamen la semana pasada en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, propone reemplazar el criterio actual de subsidios, basado principalmente en la ubicación geográfica, por un esquema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. En los hechos, busca desarmar la ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.
Con ese cambio, cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder automáticamente al subsidio y tendrían que acreditar vulnerabilidad económica para conservarlo. El distrito más afectado sería la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, advirtió la diputada de Unión por la Patria Jimena López.
La diputada libertaria Silvana Giudici defendió el nuevo esquema y sostuvo que el 60% de esos hogares podría ingresar al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio alcanzaría a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas -unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec-, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.
Sin embargo, la reforma ya genera resistencia entre gobernadores que hasta ahora habían acompañado al oficialismo en el Congreso. Uno de los primeros en cuestionarla fue el salteño Gustavo Sáenz. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.
En Córdoba también rechazan la propuesta. Martín Llaryora pidió a sus legisladores votar en contra y argumentó que el cambio “pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos”, es decir, a más de la mitad de la población provincial. Según planteó, el nuevo esquema podría implicar aumentos de entre 42% y 100% en las tarifas de gas durante el invierno.
Los diputados vinculados al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro todavía no definieron una postura, aunque en Santa Fe el impacto sería menor que en otras provincias.
La iniciativa elimina el subsidio automático del 30% en la denominada “zona ampliada”. En esas regiones -que abarcan amplias zonas del interior bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de recibir el beneficio.
En cambio, el proyecto mantiene el subsidio pleno, sin filtro de ingresos, para las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.
Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.
Según un relevamiento informal realizado por , el oficialismo cuenta con el respaldo de Pro, la UCR, los diputados alineados con los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los misioneros de Hugo Passalacqua y los dos legisladores del MID. Un sondeo informal elaborado por este medio ronda los 126 votos positivos para el oficialismo.
Entre los datos que llaman la atención aparece el cambio de postura de algunos gobernadores y dirigentes hoy aliados de Milei. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego habían votado a favor de la ampliación de zonas frías en 2021 cuando eran diputados. Ahora, como gobernadores cercanos al oficialismo, enviarán a sus legisladores a respaldar el recorte. Algo similar ocurre con Luis Petri, que acompañó aquella ampliación cuando integraba Juntos por el Cambio como diputado y hoy apoya la marcha atrás.
El principal desafío del oficialismo será sostener el quorum hasta el final de la sesión. Con 126 votos afirmativos, los libertarios podrían alcanzar la media sanción si la oposición se divide entre ausencias, abstenciones y rechazos. Pero incluso si logran avanzar en Diputados, el escenario en el Senado aparece más complejo, sobre todo por el peso político de las provincias afectadas.
La continuidad de la sesión también tiene otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva opositora para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición convocó a una segunda sesión para este miércoles a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.
El proyecto también modifica el circuito de pagos del sistema de gas. El Estado pasará a compensar directamente a productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo, según el oficialismo, es evitar atrasos y deudas en la cadena de pagos, un problema recurrente del esquema actual.
El régimen de zona fría seguirá financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido con un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país. Sin embargo, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a modificar ese porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, en hasta un 50%.
La iniciativa incluye además un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un mecanismo excepcional para que las distribuidoras con deudas con Cammesa -provinciales, municipales y, también, para Edenor y Edesur- puedan cancelarlas mediante compensaciones asociadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
En paralelo, incorpora nuevas pautas de transparencia en las facturas. Los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la incorporación de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios fiscales para energías renovables y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
En concreto, la iniciativa prorroga la ley 27.191 de energías renovables y elimina el decreto 929/2013, que creó un régimen especial para Vaca Muerta y permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de su producción una vez superado un umbral de inversión de US$250 millones.
De aprobarse, el nuevo esquema de zonas frías tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
“medidas energéticas”,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,#Córdoba,pic.twitter.com/THsz220Ihu,May 19, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Paoltroni vs. Villarruel. Escándalo en el Senado por el pedido de intervención federal a Formosa,,Rectificación. El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda,,En el Malba. El anfitrión de Milei es investigado en la causa del dólar blue,Cámara de Diputados,,“Restablecer el imperio de la ley”. Presentaron un proyecto de ley para castigar con hasta ocho años de prisión el vandalismo rural,,Un viaje insólito. El Tesla del diputado llegó de Miami en barco, visitó el Congreso sin patente y va a Jujuy en grúa,,Patentes, innovación y una señal necesaria
Un grupo de agrupaciones barriales que integran una de las vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se manifestó hoy frente a un country de la localidad de Paso del Rey, en Moreno, donde tiene una casa la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para reclamar por la continuidad y el aumento del monto del plan Volver al Trabajo.
Los manifestantes, del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores (la rama de la CTA que conduce el kirchnerista Hugo Yasky), se acercaron con banderas y carteles hasta el ingreso al country para presentar un petitorio que el personal de vigilancia del barrio privado no aceptó recibir.
“No nos quisieron recibir el petitorio, que plantea que no se baje el programa y que se suba el ingreso, que hoy es de $78.000″, dijo a Omar Muñoz, uno de los integrantes del Frente Barrial de la CTA que participó de la protesta.
Desde el ministerio, sostuvieron que “el plan está activo, porque la cautelar así lo marcó”, e indicaron que “el reclamo muestra lo que la sociedad no quiere más, los piquetes”.
A fines de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado el ministerio que conduce Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.
La eliminación del plan había generado protestas de los movimientos sociales. La intención del Gobierno era eliminarlo a partir del 9 de abril. Los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
“Nos plantearon que Pettovello se fue de ahí [por el country], pero sabemos que sigue viviendo allí”, agregó Muñoz. “Llamamos a la unidad del campo popular. Milei logró dividir las peleas, pero necesitamos unificar la lucha”, afirmó.
En la protesta, se vieron pancartas que criticaban “el chantaje de Pettovello”, mezcladas con banderas de agrupaciones como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).
Los manifestantes se ubicaron a un costado de la colectora de la autopista del Oeste, sin interrumpir el tránsito ni obstruir el ingreso y egreso al country.
La de este martes no fue la primera protesta en barrios privados donde residen funcionarios. El 31 de marzo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se manifestó frente al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde tiene una casa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese momento, agitaron el mismo reclamo por el plan Volver al Trabajo que este martes reeditaron los manifestantes que protestaron frente al barrio privado en el que tiene una propiedad la ministra de Capital Humano.
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POLITICA
El hermano de Adorni modificó su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda
Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, corrigió su declaración jurada donde incorporó una herencia de $21 millones. El presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF) modificó además el monto de sus deudas, que crecieron de $45 millones a $57 millones.
La presentación fue realizada el 14 de mayo ante la Oficina Anticorrupción bajo el carácter de “Rectificativa 1”, apenas meses después de haber asumido al frente del organismo previsional militar. Allí declaró un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, contra los $62,3 millones informados al inicio del año.
La corrección llegó un día después de que trascendieran las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan para avanzar sobre el patrimonio del funcionario. La información solicitada es bancaria, fiscal e impositiva, con especial atención en un crédito otorgado por el Banco Provincia, uno de los puntos cuestionados en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
En la versión original de la declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni había consignado que inició el año con una deuda hipotecaria de $130 millones y que logró reducirla a $57 millones al cierre del período. Esa diferencia de $73 millones era uno de los ejes sobre los que se apoyaba la denuncia por presunto incremento patrimonial injustificado.
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Ahora, en la declaración rectificativa el funcionario modificó esos números: ahora afirmó que la deuda inicial no era de $130 millones sino de $45 millones, mientras que el pasivo al cierre del año se mantuvo en $57 millones. Con ese cambio, ya no aparece un desendeudamiento sino un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
En cuanto a la herencia incorporada por Francisco Adorni en esta nueva declaración jurada, en la documentación presentada ante la OA no se detalló el origen ni quién fue la persona fallecida que dejó esos fondos.
La declaración también muestra modificaciones en su patrimonio personal. Durante 2025, Adorni dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Además, mantuvo la declaración del 50% de una vivienda ubicada en City Bell.
En el dictamen que dio impulso a la investigación, Marijuan sostuvo que la investigación apunta a determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni comenzó a ocupar cargos en el Ejecutivo nacional.
Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó a ARCA información sobre declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA desde 2020. También pidió al Banco Central datos sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad.
Francisco Adorni desembarcó en el Gobierno libertario como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue promovido al frente del IAF. Desde diciembre de 2025 es diputado bonaerense por La Libertad Avanza.
Manuel Adorni, investigacion, Justicia
POLITICA
“El trauma de las pasteras no se tiene que repetir”: Uruguay evalúa relocalizar la planta de hidrógeno verde tras los reclamos de Argentina
El gobierno uruguayo anunció que está evaluando alternativas para relocalizar la planta de hidrógeno verde de la empresa Hif Global en Paysandú, tras sostener un proceso de diálogo con autoridades argentinas que manifestaron inquietudes sobre el impacto visual del proyecto en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, detalló en declaraciones a Radio Mitre con Eduardo Feinmann que la gestión bilateral prioriza la transparencia y la cooperación para evitar la repetición de conflictos ambientales como el de las pasteras en los años 2000.
La decisión de incorporar las observaciones argentinas en el análisis ambiental y buscar nuevas ubicaciones para la planta marca un cambio de enfoque en las relaciones entre ambos países, en un contexto de inversión superior a los cinco mil trescientos millones de dólares.
Uruguay analiza relocalizar la planta de hidrógeno verde tras el reclamo argentino
El canciller uruguayo relató que el proceso de diálogo con Argentina comenzó en agosto del año pasado, cuando una delegación liderada por el canciller argentino Pablo Quirno, el gobernador de Entre Ríos y el intendente de Colón visitaron la Cancillería en Montevideo. Durante ese encuentro, las autoridades argentinas plantearon inquietudes sobre los posibles efectos ambientales y el impacto visual de la planta de hidrógeno verde que la empresa Hif Global proyecta instalar en Paysandú, frente a la costa de Colón.
Lubetkin explicó que Uruguay respondió abriendo un canal de comunicación directa y transparente. “Iniciamos un diálogo muy válido, como modelo para cualquier tipo de desencuentro futuro”, señaló. Entre las primeras medidas, el Ministerio de Ambiente uruguayo solicitó a la delegación argentina que enviara preguntas concretas sobre el proyecto, las cuales fueron incorporadas al cuestionario oficial dirigido a la empresa para su evaluación ambiental.
En la segunda reunión de seguimiento, realizada seis meses después, Uruguay presentó sin reservas el estado de avance del proyecto y las gestiones vinculadas a los cuestionamientos planteados por Argentina. El canciller subrayó que el proceso “va por buen camino” y que ambas partes trabajan para garantizar la mayor claridad posible en cada etapa.
Evitar un nuevo conflicto como el de las pasteras
Consultado sobre las diferencias con el caso de las pasteras, Lubetkin admitió que el recuerdo de ese conflicto sigue latente y funciona como advertencia para la gestión actual. “Ese trauma es el que no se tiene que repetir”, afirmó, remitiendo al impacto negativo que el litigio por la instalación de plantas papeleras tuvo en la relación bilateral en los años 2000.
Recordó que desde el primer día, tanto el canciller argentino Pablo Quirno como él mismo, y el presidente Yamandú Orsi en su encuentro con el gobernador de Entre Ríos, coincidieron en que “nunca más el tema del puente, nunca más”. Lubetkin reivindicó la capacidad de ambos países para encontrar soluciones consensuadas, evitar daños y dejar atrás los escenarios de enfrentamiento. “Generó heridas profundas que nunca más se tienen que repetir”, enfatizó.
El canciller evocó el clima social de tensión de aquel momento, cuando sectores de ambos países llegaron a temer una escalada mayor. “Algunos querían la guerra entre Argentina y Uruguay. Por suerte, parece el prepaleolítico”, ironizó, y pidió que el pasado sirva como lección aprendida.
El monto de la inversión y avances en la relocalización
Lubetkin detalló que la inversión estimada para la planta de hidrógeno verde supera los $5.300 millones y que el proceso de análisis contempla varias etapas. Actualmente, las autoridades uruguayas analizan “un par de áreas” alternativas para la relocalización, más allá de la propuesta inicial. Aunque el proceso no está concluido, se comprometió a seguir avanzando de manera coordinada con las autoridades argentinas y a priorizar la “serenidad y garantías” para los habitantes de ambos países.
“Estamos yendo por las etapas que tenemos que ir primero, consolidar y garantizar que en nuestra zona fronteriza va a haber tranquilidad y garantías de que la empresa y su instalación no es para afectar, sino para crecer”, indicó el canciller.
Clima político y cooperación binacional
El funcionario destacó el clima de confianza y madurez que predomina en la relación política actual entre Uruguay y Argentina. En la última reunión bilateral participaron, del lado uruguayo, dos ministros (Industria y Medio Ambiente) y el intendente de Paysandú, quien pertenece a un partido opositor, lo que, según Lubetkin, prueba que el tema se gestiona como política de Estado, no partidaria.
“Trabajamos para tener las mejores relaciones con Argentina y este tipo de hechos que pone a prueba dificultades, intereses hasta contrapuestos, es la prueba de fuego que nos demuestra cuán cerca estamos y cuán sólida es nuestra relación”, afirmó. Lubetkin insistió en la existencia de una “enorme confianza” entre ambos gobiernos y aseguró que aún ante eventuales desencuentros, “hay voluntad, madurez y confianza” para resolverlos rápidamente.
Consultado sobre un posible encuentro formal entre los presidentes Javier Milei y Yamandú Orsi, Lubetkin detalló que ambos mandatarios ya coincidieron en “tres o cuatro eventos internacionales”, aunque solo por minutos. “La visita formal depende únicamente de cuadrar las agendas”, aclaró, invitando públicamente a las autoridades argentinas a Uruguay.
Impacto internacional: la guerra Estados Unidos-Israel-Irán y el efecto en Uruguay
En la última parte de la entrevista, Lubetkin abordó el impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre Uruguay y la región. Señaló que el efecto inmediato se percibe en el ámbito económico, especialmente en los costos energéticos y en la preocupación por el abastecimiento de fertilizantes.
El canciller advirtió que “en el estrecho de Ormuz pasa el veinticinco por ciento de los fertilizantes y entre el veinticinco y el cuarenta por ciento de los productos alimentarios”. Consideró que la situación puede derivar en escenarios de desabastecimiento y suba de precios, aunque también implica una oportunidad para los países productores de alimentos como Argentina y Uruguay.
Lubetkin concluyó que el escenario internacional afecta tanto la estabilidad socioeconómica como la geopolítica, y remarcó la importancia de analizar estos desafíos de manera conjunta para maximizar la capacidad de respuesta de la región.
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