POLITICA
Diputados: el oficialismo limitó Inocencia Fiscal para los funcionarios y avanzó con el dictamen
El oficialismo avanzó este miércoles con el dictamen de la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, pero introdujo cambios para conseguir el respaldo de sus aliados. El principal fue excluir de los beneficios del régimen simplificado de Ganancias a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos durante los últimos cinco años. También incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que conducen los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. Acompañaron la UCR, Pro, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Gisela Scaglia (Provincias Unidas) firmó en disidencia, mientras que los diputados de Elijo Catamarca no participaron.
El oficialismo en Diputados buscará darle media sanción el próximo 26 de agosto.
El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizarlo para incorporar ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.
Uno de los principales cambios respecto del régimen actual es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos para ingresar: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
A pedido de los bloques aliados, sin embargo, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen. Desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.
Los funcionarios alcanzados podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero ya no tendrán los beneficios que el régimen concede al resto de los contribuyentes: no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.
Tampoco estarán alcanzados por la protección de la llamada “discrepancia significativa”, que fija el margen a partir del cual una diferencia detectada por el fisco hace caer los beneficios del régimen. Para el resto de los contribuyentes, esto ocurre cuando la diferencia implica un aumento superior al 15% del impuesto declarado o supera el piso del 5% establecido por la norma; actualmente, $5 millones-. Por debajo de esos límites, mantienen las protecciones del sistema. Para los funcionarios, en cambio, ese margen ya no se aplicará y ARCA podrá revisar su situación ante cualquier diferencia detectada.
Se trata de cambios que buscaron evitar casos como el del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni y José Luis Espert. En plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo el exdiputado naiconal, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.
El dictamen busca, además, aliviar las sanciones para las pymes. Establece una reducción permanente del 25% de las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% ya prevista para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que el contribuyente regularice el incumplimiento.
La iniciativa introduce otros cambios: limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el organismo recaudador y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.
La defensa de la UIF
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Ruiz, defendió la reforma frente a las críticas de que podría debilitar los controles contra el lavado. Su argumento fue que el principal riesgo no está en la tenencia de efectivo, sino en el elevado nivel de informalidad de la economía, que mantiene una parte importante del dinero fuera de cualquier monitoreo.
“El riesgo no es la existencia del efectivo, no es el ahorro por parte de las personas que han trabajado o que tienen emprendimientos. El riesgo es el funcionamiento de esta economía informal”, afirmó. Según explicó, incorporar esos fondos al circuito formal permitiría que queden sometidos a los controles de bancos y otros sujetos obligados por la legislación antilavado.
Ruiz se detuvo especialmente en otro cambio del proyecto: la adhesión al régimen simplificado será considerada un “antecedente favorable” cuando las entidades financieras evalúen el riesgo de un cliente. Aclaró que eso no significa eliminar controles ni impide reportar una operación sospechosa.
Las críticas de la oposición
La oposición insistió en calificar la iniciativa como una nueva forma de blanqueo y puso el foco particularmente en la decisión del oficialismo de excluir ahora a los funcionarios, después de haber defendido la semana pasada una versión que no establecía esa restricción.
Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, reclamó que el oficialismo explicara qué motivó el cambio. “¿Quién nos va a contar cuáles fueron los fundamentos por los cuales han tomado la decisión de modificar este punto tan importante?”, preguntó.
Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, interpretó la exclusión como una marcha atrás del Gobierno y cuestionó además la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio. “¿Cómo se va a modificar esta situación de permanente elusión y evasión de impuestos si se premia a los evasores con moratorias, blanqueos y regímenes como este?”, planteó.
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POLITICA
El oficialismo logró activar en el Senado el debate por la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Tras el reciente triunfo que consiguió el oficialismo en el Senado, con la aprobación del régimen de Inocencia Fiscal II, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich obtuvo con lo justo el quorum para habilitar la sesión que busca convertir en ley el proyecto del régimen de Zonas Frías y tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Este último proyecto sufrirá modificaciones y, por lo tanto, deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.
Con 37 votos, el oficialismo logró abrir el recinto. Lo consiguió gracias al respaldo de los bloques de Pro, UCR y Convicción Federal. Los espacios provinciales también hicieron lo suyo. Beatriz Ávila (Tucumán), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y los dos misioneros también dieron su aval para comenzar el debate, de interés para la Casa Rosada.
Dentro de la UCR imperan las diferencias sobre estos temas y estuvieron ausentes cinco de los senadores, entre ellos, Maximiliano Abad y Carolina Losada.
Así, cerca del mediodía, la bancada que lidera Bullrich logró habilitar el debate para dos iniciativas que hasta ayer en el Gobierno dudaban de si estaban los números para aprobarlas. “Están atados con alambre”, decían en el oficialismo.
Noticia en desarrollo
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó hoy su “profunda preocupación y rechazo” ante la sentencia del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Formosa, que condenó a cinco días de arresto (sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno) a cuatro integrantes del equipo periodístico de “Hambre de Futuro”, de LN+, por haber realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José.
La sentencia consideró a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa exigible y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.
“ADEPA considera especialmente preocupante e inadmisible que una controversia vinculada con el ingreso y la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa”, dice la declaración dada a conocer hoy. “La libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística”, sostiene.
El documento de ADEPA advierte que en la Argentina no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, investigar, formular preguntas o difundir información. Recuerda asimismo que “la libertad de buscar, recibir y comunicar informaciones está reconocida por la Constitución Nacional a todas las personas” y que “no puede quedar condicionada al otorgamiento de una credencial por parte del Estado ni por organismo alguno”.
ADEPA destaca que la sentencia contradice lo garantizado por la propia Constitución Nacional cuando el juez formoseño sostiene que, sin esa acreditación, “cualquier persona podría arrogarse la condición de periodista”.
“Resulta especialmente grave que, en 2026, una sentencia emanada del Poder Judicial de una provincia argentina desconozca principios elementales de nuestra Constitución, la doctrina constitucional consolidada en materia de libertad de prensa y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos”, observa ADEPA, que recuerda que hace más de 40 años, mediante la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana estableció que el ejercicio del periodismo no puede quedar sujeto a colegiaciones, matrículas o habilitaciones obligatorias.
Además, ADEPA subraya que “el propio fallo reconoce que los periodistas fueron inicialmente autorizados a ingresar y a realizar entrevistas, y que se retiraron cuando se les pidió hacerlo”.
La declaración de ADEPA dice que “resulta cuestionable que la decisión judicial se funde exclusivamente en la declaración o denuncia del cacique Guillermo López”, quien dio una versión que contradice lo expresado por los periodistas en las audiencias y que “resulta desmentida por los registros audiovisuales de las notas periodísticas”, que dan cuenta de su disposición respetuosa y de la autorización otorgada.
“No se describe ingreso violento o clandestino, permanencia contra la voluntad de los miembros de la comunidad, agresión física ni una intromisión concreta en la intimidad de persona alguna”, advierte el documento.
“ADEPA considera indispensable que este criterio sea revisado -dice-. Convertir una credencial profesional en condición para ejercer el periodismo implica instalar un mecanismo de habilitación previa incompatible con nuestra sociedad democrática, con lo que ha sido una práctica habitual desde 1983 hasta la fecha y con una amplia jurisprudencia nacional en la materia.”
La Asociación de Entidades Periodísticas insiste en que “la exigencia de autorizaciones estatales para realizar tareas periodísticas no puede transformarse en un mecanismo que permita impedir, seleccionar o condicionar previamente qué periodistas pueden investigar determinados asuntos o acceder a información de interés público” y que “un precedente de estas características debe ser categóricamente rechazado, por sus implicancias para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a recibir información”.
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POLITICA
Tregua en la interna del Gobierno: las oscilaciones de Patricia Bullrich y los pronósticos del grupo de Karina Milei
La tensión parece haber bajado, pero continúa siendo materia de conversación en muchas de las conversaciones de dirigentes libertarios. Ayer por la tarde-noche, cuando comenzó a conocerse que Karina Milei había convocado a una cena con senadores de La Libertad Avanza, la pregunta de algunos legisladores y funcionarios era si iba a ir Patricia Bullrich o si, además, iba a estar Martín Menem -su hombre de mayor confianza- a su lado.
“Qué marcada de cancha…”, comentaba ayer a la noche uno de los diputados nacionales que se autodenomina “violeta puro”, al conocer que la composición final del encuentro incluía a ese trío compuesto por Karina, Bullrich y el menor de los primos Menem. Una vez finalizado, diferentes asistentes comentaron a Infobae que el clima que hubo durante esas dos horas y media fue más tranquilo y ameno del esperado. “Como cantaba Sergio Tomás, ‘no pasa nada’”, decían desde el bloque libertario.
Esta semana que se está terminando ha sido diametralmente opuesta a la anterior, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto para el 2027 y la jefa de bloque de La Libertad Avanza estalló en público porque hubo cambios que no le habían sido anoticiados y que rompían con ciertas negociaciones que venía encarando junto a otros negociadores políticos del Gobierno. Hubo críticas hacia funcionarios como Luis Caputo y Diego Santilli, pero el movimiento más resonante fue el video en el que canta un tema de Lali.
La tónica de estos días fue distinta. “Esto es un sube y baja. Siempre estamos a la espera de cuando se necesiten nuevos hits”, afirman, crípticos, en el entorno de la dirigente libertaria. Al ser abordada por los cronistas que se encontraban afuera del restaurante, afirmó que la reunión de Mesa Política se desarrolló con tranquilidad, minimizó las versiones de que aspira adelantar su candidatura presidencial y dijo que la cena había sido “muy amable”.
El cambio actitudinal de Bullrich fue percibido por la mesa chica de Karina Milei. No se les escapan las declaraciones que esbozó durante toda la semana pasada, pero afirman que su estrategia es “no seguirle el juego” para darle una excusa para romper o generar una situación de victimización por la dinámica propia que generan los karinistas. “Está buscando tironear y lo sabemos. A ella no le conviene romper y para nosotros es valiosa. Queda convivir aunque no nos llevemos del todo bien en ciertos momentos, no queda otra”, afirma a Infobae una fuente de primera línea del Gobierno.
La secretaria general de la Presidencia envió las invitaciones para la cena de este miércoles por la noche hacia el comienzo de la semana. Es decir, la jefa del bloque libertario sabía que debía comer con “El Jefe” incluso después de la reunión de Mesa Política que se iba a desarrollar el martes. Esa sensación de que iban a tener que seguir viéndose las caras hizo que, probablemente, desde más de un despacho se recomendara bajar el tenor de la discusión.
En ese primer encuentro en la Casa Rosada, la conversación se fue distendiendo con el paso de los minutos. Hubo un primer apartado donde no se pudo esquivar la cuestión de lo que había sucedido la semana anterior. Ahí fueron importantes las voces de Diego Santilli y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que ayudó a descomprimir el ambiente. Bullrich llegó a exponer su malestar ante ese grupo y se acordó canalizar las críticas puertas adentro.
Entre los estrategas políticos de la Casa Rosada persiste una cierta tranquilidad a partir del análisis de la conversación pública que generó la discusión de la senadora la semana pasada. Consideran que dio en el clavo al salir a decir que el Gobierno se había equivocado por los cambios en materia de discapacidad, pero que las formas que había utilizado en redes no tuvieron una conversación positiva. En el sector de Bullrich afirman lo contrario: que se instaló una conversación que le permitió desmarcarse en un asunto sensible y que ese hecho en sí configura la capacidad que tiene como figura política para hacer objeciones y no ser criticada por eso.
Lo que se marca en distintos despachos del Gobierno es que no se prevé una nueva escalada entre ambos sectores. Al menos no por ahora, pero siempre existen suspicacias alimentadas desde diferentes sectores que reavivan la conflictividad. Una de estas versiones es que la jefa de bloque no estaría muy convencida del proyecto para reformar los subsidios por Zonas Frías. Menos conspirativo y más concreto es lo que le han dicho dos senadores de La Libertad Avanza a Infobae: que no quieren votar ese proyecto. Pese a decirlo en privado, no está claro si se animarán a pronunciarse negativamente llegado el caso.
En tanto, el Senado sesiona hoy para tratar dos temas clave. El primero es una modificación a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya aprobada por Diputados. El Senado decidió retocar el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA: en lugar de requerir dos tercios de ambas Cámaras, quedará mayoría absoluta solo en el Senado. Por eso, el proyecto vuelve a Diputados en segunda revisión. Aunque resistido en primer término por los funcionarios del Palacio de Hacienda, desde el ala política del Gobierno les hicieron entender que si no, la reforma no iba a salir.
El segundo tema es el recorte de subsidios en zonas frías, que reduce los beneficios que amplió el kirchnerismo —limitándolos a casos sociales (familias bajo tres canastas básicas, discapacitados, veteranos de Malvinas)— y mantiene los subsidios para las zonas originales (Patagonia, Malargüe y la Puna), aunque con un esquema distinto que aplica el subsidio sobre la generación de gas y no sobre la distribución.
En cuanto a los apoyos, el escenario es frágil. Hay riesgo de quórum tanto al inicio como durante la sesión, especialmente para el tema de zonas frías, que está —según reconocen propios y ajenos— “atado con alambres”. El compromiso del Ejecutivo con algunos gobernadores norteños de incorporar “zonas cálidas” y subsidios eléctricos a futuro genera cierto clima de tensión interna y rompe la unidad de los bloques más grandes, complicando aún más los números.
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