El oficialismo avanzó este miércoles con el dictamen de la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, pero introdujo cambios para conseguir el respaldo de sus aliados. El principal fue excluir de los beneficios del régimen simplificado de Ganancias a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos durante los últimos cinco años. También incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que conducen los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. Acompañaron la UCR, Pro, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Gisela Scaglia (Provincias Unidas) firmó en disidencia, mientras que los diputados de Elijo Catamarca no participaron.

El oficialismo en Diputados buscará darle media sanción el próximo 26 de agosto.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizarlo para incorporar ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.

Uno de los principales cambios respecto del régimen actual es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos para ingresar: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

A pedido de los bloques aliados, sin embargo, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen. Desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.

Los funcionarios alcanzados podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero ya no tendrán los beneficios que el régimen concede al resto de los contribuyentes: no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

Tampoco estarán alcanzados por la protección de la llamada “discrepancia significativa”, que fija el margen a partir del cual una diferencia detectada por el fisco hace caer los beneficios del régimen. Para el resto de los contribuyentes, esto ocurre cuando la diferencia implica un aumento superior al 15% del impuesto declarado o supera el piso del 5% establecido por la norma; actualmente, $5 millones-. Por debajo de esos límites, mantienen las protecciones del sistema. Para los funcionarios, en cambio, ese margen ya no se aplicará y ARCA podrá revisar su situación ante cualquier diferencia detectada.

Se trata de cambios que buscaron evitar casos como el del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni y José Luis Espert. En plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo el exdiputado naiconal, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

El dictamen busca, además, aliviar las sanciones para las pymes. Establece una reducción permanente del 25% de las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% ya prevista para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que el contribuyente regularice el incumplimiento.

La iniciativa introduce otros cambios: limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el organismo recaudador y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.

La defensa de la UIF

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Ruiz, defendió la reforma frente a las críticas de que podría debilitar los controles contra el lavado. Su argumento fue que el principal riesgo no está en la tenencia de efectivo, sino en el elevado nivel de informalidad de la economía, que mantiene una parte importante del dinero fuera de cualquier monitoreo.

“El riesgo no es la existencia del efectivo, no es el ahorro por parte de las personas que han trabajado o que tienen emprendimientos. El riesgo es el funcionamiento de esta economía informal”, afirmó. Según explicó, incorporar esos fondos al circuito formal permitiría que queden sometidos a los controles de bancos y otros sujetos obligados por la legislación antilavado.

Ruiz se detuvo especialmente en otro cambio del proyecto: la adhesión al régimen simplificado será considerada un “antecedente favorable” cuando las entidades financieras evalúen el riesgo de un cliente. Aclaró que eso no significa eliminar controles ni impide reportar una operación sospechosa.

Las críticas de la oposición

La oposición insistió en calificar la iniciativa como una nueva forma de blanqueo y puso el foco particularmente en la decisión del oficialismo de excluir ahora a los funcionarios, después de haber defendido la semana pasada una versión que no establecía esa restricción.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, reclamó que el oficialismo explicara qué motivó el cambio. “¿Quién nos va a contar cuáles fueron los fundamentos por los cuales han tomado la decisión de modificar este punto tan importante?”, preguntó.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, interpretó la exclusión como una marcha atrás del Gobierno y cuestionó además la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio. “¿Cómo se va a modificar esta situación de permanente elusión y evasión de impuestos si se premia a los evasores con moratorias, blanqueos y regímenes como este?”, planteó.