En la antesala de que se conozcan esta tarde los datos oficiales del INDEC sobre la pobreza e indigencia en el país, puertas adentro del gobierno nacional ya admiten que los números mostrarán un repunte respecto del período anterior, aunque confían en que irá a la baja hacia fin de año.

Sobre los datos oficiales que se conocerán este jueves a las 16 con la difusión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en el Gobierno estiman que podría mostrar un incremento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en pobreza e indigencia respecto del segundo semestre de 2025, con lo que la pobreza podría superar el 30%.

En la administración libertaria apuntan a que el incremento está relacionado con “la aceleración inflacionaria registrada durante algunos meses del período” anterior, lo que, completan, “impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares”. Apuntan a que los datos deben ser analizados en ese contexto.

En tanto que, señalan que, tras el aumento de la inflación de marzo y abril, “el ritmo de incremento de los precios volvió a desacelerarse”. Y es por eso que creen que, “de sostenerse esa tendencia, acompañada por la evolución de los ingresos, la expectativa es que los indicadores sociales vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre”.

Proyecciones privadas calcularon que hubo 1,7 millones de nuevos pobres en el país en los primeros seis meses del año.

El crecimiento de la cifra de pobres e indigentes representaría el primer retroceso de ese indicador desde que se inició la gestión libertaria. Si bien en el Gobierno lo explican exclusivamente en relación con la inflación, consultoras privadas también lo vinculan con la baja en la actividad económica y el incremento que exhibió el desempleo, que según números que el Indec difundió la semana pasada aumentó del 7,6% al 7,9%.

En las filas oficiales hacen hincapié en que desde “el inicio de la gestión se produjo una reducción significativa de la pobreza y la indigencia”. Y aluden a los datos que muestran que en el primer semestre de 2024 esos indicadores llegaron al 52,9% y al 18,1%, respectivamente “para luego iniciar una trayectoria descendente hasta ubicarse en 28,2% y 6,3% en el segundo semestre de 2025″.

En esa misma línea mencionan que, en cuanto a la pobreza infantil, el sector más vulnerable de la sociedad, “la pobreza alcanzaba al 67,1% de los menores de 17 años y la indigencia al 27,3% en el primer semestre de 2024. Mostraron también una trayectoria descendente hasta ubicarse en el 42,3% de pobreza y 9,4% de indigencia para el segundo semestre de 2025″.

Para la administración libertaria esa evolución está estrechamente vinculada “con el ordenamiento macroeconómico y, fundamentalmente, con la reducción de la inflación, que tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y sobre el valor de las canastas básicas”.

Además, destacan que en paralelo, “se sostuvo y reforzó la asistencia directa a los sectores más vulnerables, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar”, en la que se priorizó las transferencias directas a las familias y “eliminando intermediaciones”, dos de las principales cruzadas de la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El diputado de la provincia de Buenos Aires Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas provincial e incorporar penas contra el abandono y el maltrato animal. La propuesta establece multas, arrestos de hasta 60 días y el retiro preventivo de mascotas que estén en peligro.

La iniciativa, impulsada por el legislador bonaerense de Hechos, contempla penalizar la falta de cuidados básicos, la permanencia en espacios inadecuados o encerrados en vehículos sin ventilación, y el abandono deliberado.

Según explicó Passaglia a , el proyecto busca cubrir un vacío legal en el Decreto-Ley 8031/73, la normativa contravencional vigente en la materia: “El Código de Faltas bonaerense no prevé ninguna sanción por maltrato animal, sólo menciona a los animales cuando representan un peligro para las personas o la propiedad, nunca para protegerlos”.

Frente a situaciones de riesgo manifiesto para la salud o la vida de las mascotas, la iniciativa faculta a los Juzgados de Faltas y a los agentes de control a ordenar el retiro preventivo con el auxilio de la fuerza pública. Los animales rescatados quedarán bajo el cuidado de “un profesional idóneo, una entidad pública competente, o una institución de protección animal (hasta tanto se resuelva la situación definitiva”.

Al ser consultado por este medio sobre la duración de la inhabilitación a los infractores a tener mascotas que establece el documento, el legislador detalló: “Es temporal, de 1 a 2 años, y solo se aplica como sanción por el menoscabo de la integridad de animales de compañía y el abandono”.

El texto también agrega un apartado al régimen contravencional para sancionar acciones como pintarles el pelo, aplicarles sustancias tóxicas o provocarles sufrimiento y estrés.

A su vez, el proyecto crea un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal dentro del sistema provincial y permite a los jueces cambiar las multas económicas por donaciones o tareas comunitarias en entidades de protección.

Respecto a la aplicación de la norma y el presupuesto necesario en las comunas, Passaglia remarcó: “La Provincia no necesita adherir presupuesto para implementar el proyecto. Serán los Municipios, a través de sus Juzgados de Faltas, lo que tendrán los gastos ejecutivos de las inspecciones y traslados”.

En el mismo sentido, sobre la articulación con las organizaciones protectoras y los costos del sistema, el diputado sostuvo: “Para la ejecución del procedimiento es necesario la articulación con las ONG´s que ya hacen este trabajo, muchas veces sin el apoyo del Estado provincial porque hay situaciones que la actual ley no contempla».

“El financiamiento surge del propio proceso, mediante las sanciones. Nuestro proyecto incrementa las penas y los casos considerados de explotación y maltrato animal. Pero no crea ninguna nueva dependencia estatal ni requiere incorporación de personal”, detalla al respecto.

Sobre el trámite parlamentario en las comisiones y el alcance de la propuesta, Passaglia señaló: “Estamos iniciando las conversaciones, aún está en comisión tanto en diputados como en senadores”.

Asimismo, ante la pregunta por una posible proyección nacional agregó: “Si funciona en la Provincia de Buenos Aires, puede servir como modelo para que otras provincias incorporen sanciones y medidas de protección similares. Cada jurisdicción tendría que adaptar su propio Código de Faltas, pero la experiencia puede impulsar una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la protección animal en todo el país”.

El ejemplo de la gestión en San Nicolás

El legislador citó la experiencia previa desarrollada en el municipio de San Nicolás —fue intendente de allí—, donde y realizaron más de 50.000 castraciones gratuitas y articularon denuncias, inspecciones y rescates. Al respecto, indicó: “En San Nicolás tuvimos una gran respuesta de parte de la comunidad en general y con el apoyo de las organizaciones protectoras de animales logramos intervenir en casos muy diversos siempre con buen resultado.

El Municipio realiza el procedimiento de inspección, rescate y sanción, mientras que son las ONG las que determinan el hogar final de la mascota rescatada. Las sanciones sirven para financiar el proyecto y mantener los animales a salvo de los malos tratos”.

Finalmente, el diputado concluyó sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio nacional: “si el sistema funciona en la provincia de Buenos Aires, se sumaría al antecedente de la Ciudad y daría más fuerza al pedido de reformar la Ley Nacional 14.346. La ley fue sancionada hace más de 70 años y no contempla expresamente todas las situaciones de maltrato que hoy se denuncian”.