Connect with us

POLITICA

Discapacidad: cómo influyeron la Iglesia, las organizaciones y los gobernadores en el acuerdo que logró el oficialismo

Published

on


La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley para las personas con discapacidad, después de varios días de intensas negociaciones en las que participaron organizaciones del sector, representantes de la Pastoral Social y legisladores vinculados a gobernadores provinciales. El oficialismo debió modificar su propuesta original para conseguir los apoyos necesarios. Durante el tramo final del debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el Congreso.

El acuerdo tuvo como uno de sus principales protagonistas al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, cuyo bloque resultó clave en las conversaciones con La Libertad Avanza. Su intervención permitió incorporar reclamos vinculados al financiamiento, la cobertura médica y las deudas con los prestadores.

Advertisement

La participación de la Iglesia también fue relevante. La Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, encabezada por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con representantes de distintos espacios políticos y presentó una serie de pedidos que terminaron formando parte de la negociación parlamentaria.

La intervención de la Iglesia y el papel clave de los diputados vinculados a gobernadores

El proceso comenzó con la presión opositora para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria Juan Marino llevó a que el pleno de Diputados estableciera plazos para que las comisiones avanzaran con el tratamiento de la propuesta.

Advertisement

En septiembre, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, encabezadas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.

Las diferencias abrieron una negociación que se extendió durante varias semanas y en la que adquirió protagonismo la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social, conducida por monseñor Dante Braida.

Advertisement

Sus representantes mantuvieron encuentros con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.

En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de las reuniones fue compartir su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026.

El martes por la noche se produjo una reunión decisiva para acercar posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encontró con los libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, además de Herrera Ahuad y Oscar Zago, del MID.

Advertisement

Durante ese encuentro se discutieron diferencias con el dictamen oficialista y se avanzó sobre modificaciones vinculadas a los reclamos de las organizaciones y de la Iglesia.

La participación de Herrera Ahuad fue determinante. Argentina Federal cuenta con nueve diputados y mantiene vínculos políticos con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

El peso parlamentario de ese sector lo convirtió en un interlocutor importante para La Libertad Avanza, que necesitaba ampliar su base de apoyo.

Advertisement

Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones que representan a personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo para garantizar previsibilidad.

Entre ellas, mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para ordenar las deudas con los prestadores.

Martín Menem, presidente de Diputados, y Germán Martínez, de UxP. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).

Pedido de la Iglesia

La comisión de Discapacidad de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, que conduce Monseñor Dante Braida, mantuvo varias reuniones con legisladores de diferentes sectores: con Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, MID y La Libertad Avanza.

Advertisement

El martes por la noche el jefe de los Diputados, Martín Menem, junto a los legisladores Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoráz, y Gisell Castelnuovo de La Libertad Avanza; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal y Oscar Zago del MID, se reunieron y se plantearon varias diferencias con el dictamen del oficialismo, pero la participación del misionero Herrera Ahuad jugó a favor de varios puntos solicitados por la Iglesia argentina.

La razón fundamental fue que la bancada Argentina Federal, que conduce Herrera Ahuad y tiene terminales con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, está integrada por nueve legisladores, fundamentales para definir una elección polarizada en el recinto de la Cámara Baja.

El documento de la Pastoral Social definió que el objetivo de las reuniones en el Congreso fue:” Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.

Advertisement
Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional Argentina Federal, impulsó los cambios a la ley de Discapacidad. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino
Oscar Herrera Ahuad, diputado nacional Argentina Federal, impulsó los cambios a la ley de Discapacidad. Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino

Las concesiones del oficialismo y el financiamiento que deberá garantizar el Presupuesto 2027

El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que recoge buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero reemplaza el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.

La principal concesión de La Libertad Avanza estuvo vinculada al financiamiento. La norma establece que los gastos deberán afrontarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y dispone que los recursos no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.

Esa garantía fue uno de los puntos centrales para conseguir el acompañamiento de los distintos bloques.

También se incorporaron disposiciones sobre la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de las deudas con los prestadores.

Advertisement

Para estas últimas, el proyecto establece que deberá comunicarse el cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y prevé completar las compensaciones pendientes dentro de los 90 días para quienes hayan concluido los trámites administrativos.

Otro de los cambios garantiza la cobertura del programa Incluir Salud tanto para los titulares de pensiones por discapacidad como para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó ese punto: “La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.

Advertisement

El proyecto también contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, establece un plazo de 160 días para que las personas cuyas pensiones sean observadas durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión del beneficio.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la posición del oficialismo. “La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.

Advertisement

Por su parte, la diputada libertaria Lorena Villaverde afirmó: “No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.

El entendimiento no eliminó todas las diferencias políticas. Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra, mientras que Marcela Pagano, de Coherencia, acompañó la iniciativa.

Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Cámara de Diputados).
Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza. (Foto: Cámara de Diputados).

El próximo desafío del oficialismo será trasladar los compromisos asumidos al Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para la próxima semana.

El artículo que garantiza las partidas presupuestarias tendrá una incidencia directa en esa discusión, porque obliga a sostener los recursos destinados al sistema de discapacidad en términos reales.

Advertisement

Advertisement

POLITICA

La UBA no impedirá el homenaje a Santucho, pero la nueva conducción de Sociales podría “revisarlo” en marzo próximo

Published

on



La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.

Advertisement

“No nos vamos a meter, el que organiza el acto es un grupo marginal avalado por una decana que ya perdió la conducción de la Facultad y que se va en marzo”, afirmaron desde la actual minoría reformista (UCR y otros partidos) del consejo directivo de Sociales, que se opuso a la realización del evento y que en las próximas horas presentará ante el rectorado de la UBA una nota de repudio a la realización del homenaje a Santucho, que será tratado este miércoles en el Consejo Superior de la universidad estatal.

Ana Arias, decana de Sociales de la UBA

El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho.

El pasado 14 de agosto, el Consejo Directivo votó a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, para conducir la Facultad de Sociales, como decano y vicedecano respectivamente, con mandato entre marzo próximo y 2031. “A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.

Advertisement
Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBAHernán Zenteno

El 11 de diciembre, un día después del proyectado homenaje a Santucho, Yacobitti (ex diputado y dirigente de la UCR) asumirá como nuevo rector de la UBA, en plena guerra de las autoridades de la universidad y la comunidad educativa con el Gobierno por el financiamiento para las casas de estudio públicas.

El Consejo Directivo actual, que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”. Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.

Marcos Osatinski, de las FAR, Roberto Mario Santucho, del ERP, y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros en una imagen tomada en La Habana tras la fuga del penal de Rawson

Una vez conocida la convocatoria, distintas organizaciones expresaron su repudio.

Advertisement

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. “Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.



homenaje,plena guerra,Jaime Rosemberg,Universidad de Buenos Aires,Conforme a

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

La Cancillería exigió frenar el proyecto Sea Lion a una semana de que el Tribunal del Mar emita su fallo – Nexofin

Published

on


El canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, volvió a exigir este domingo el cese de actividades relacionadas al proyecto Sea Lion, en las adyacencias marítimas de las Islas Malvinas, territorio reclamado por la República Argentina y gobernado de facto por Reino Unido.

Las declaraciones del jefe de la política exterior libertaria, vertidas en el programa La Noche de Mirtha este sábado a la noche, tienen lugar cuando falta una semana para que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre el reclamo del Gobierno argentino.

Advertisement

Según Noticias Argentinas, el canciller reiteró que la demanda de Argentina ante dicho cuerpo judicial supranacional apunta a que se imponga un freno al proyecto que busca extraer petróleo de la plataforma marítima reclamada por el Estado sudamericano.

Una petrolera británica se despegó de Sea Lion: “Nuestro foco está puesto en la Argentina”

Quirno fue contundente: “Estamos hoy ante la intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó en declaraciones a medios televisivos, según Ambito.com.

Además del cese de actividades de Sea Lion, Argentina también reclama ante el Tribunal del Mar que no tengan lugar futuros proyectos de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Norte de las Malvinas.

Advertisement

Complicaciones en Sea Lion

El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones operativas luego de que dos contratistas desistieran de participar y un astillero de Singapur analizara cancelar trabajos vinculados con su principal buque de procesamiento de crudo.

Las dificultades se produjeron en el marco de las sanciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por el Gobierno argentino contra la exploración de hidrocarburos en el área disputada.

El Gobierno busca aprobar la Ley Malvinas antes del fallo internacional por la explotación petrolera

La empresa británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron el proyecto ante el riesgo de posibles represalias judiciales y comerciales. En paralelo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa rescindir el contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), necesaria para el procesamiento del petróleo.

Advertisement

El escenario se desarrolla a pocos días de una instancia clave: el 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, tiene previsto pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones.

Desde la Cancillería sostuvieron que las sanciones comenzaron a generar consecuencias en las operaciones del consorcio. Como respaldo, señalaron que las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí, Navitas Petroleum, retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.

 

Advertisement

En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a fortalecer el régimen de sanciones contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el debate en la Cámara de Diputados no pudo avanzar durante la última semana por falta de quórum.

Pese a las dificultades operativas, Rockhopper sostuvo ante sus inversores que Navitas Petroleum mantiene la previsión de avanzar con Sea Lion hacia 2027, en una primera etapa denominada NDA 1, y que buscará reemplazar a los contratistas que se retiraron.

Advertisement

La entrada La Cancillería exigió frenar el proyecto Sea Lion a una semana de que el Tribunal del Mar emita su fallo se publicó primero en Nexofin.

Argentina,Malvinas,PETROLERAS,Sea Lion

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

La UBA, Santucho y un homenaje contra la democracia

Published

on



Una facultad de la UBA ha decidido desafiar las reglas de la democracia.

Con el “homenaje institucional” que anuncia Ciencias Sociales al líder guerrillero Mario Roberto Santucho no solo se incurre en la provocación: se transgreden pactos tácitos de convivencia, se hace apología de la violencia política y se transmite a la sociedad un mensaje que genera perplejidad, pero también inquietud y temor.

Advertisement

Los hechos hablan por sí solos: el consejo directivo de esa facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, declaró “de interés institucional” un homenaje al fundador y máximo líder del ERP. Consistirá en la inauguración de una escultura dedicada a él, que será emplazada en el patio “Indio Solari” de la propia unidad académica. Se reivindica, así, al responsable de crímenes y atentados escalofriantes que marcaron la historia argentina.

La organización liderada por Santucho ejecutó, por ejemplo, el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, durante el último gobierno constitucional de Perón, o el asalto al batallón de Monte Chingolo, en diciembre del 75. Más de cincuenta años después, cuando la Argentina parecía haber superado aquella historia trágica, aparece una reivindicación institucional de esa maquinaria criminal nada menos que en el seno de la Universidad de Buenos Aires.

Para el homenaje se elige una fecha cargada de simbolismo: el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia en nuestro país. Podría parecer solo una ironía macabra, pero encierra un mensaje: hay un sector de la política que, en el día de la democracia, rinde homenaje a alguien que la despreciaba, y además la combatía. No es un sector inorgánico y marginal: maneja resortes institucionales, un presupuesto del Estado y un poder administrativo para avalar y consagrar audacias de esta naturaleza.

Advertisement

El hecho plantea una prueba para la universidad en su conjunto. El rectorado de la UBA, el consejo superior, la comunidad académica en general e incluso el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿avalarán en silencio o reivindicarán las reglas de la convivencia democrática? Tal vez sea necesario recordar lo obvio: defender la universidad pública es defender los valores del pluralismo y el Estado de derecho. ¿Se consentirá con indiferencia un acto que desafía esos principios elementales? Las primeras reacciones justifican la preocupación. Parece imponerse el mutismo, como si se esperara que el ruido se diluya en medio de una agenda pública siempre agitada y cambiante.

Por supuesto que una universidad es un mosaico de contrastes, y es muy sano que albergue ideas y posiciones antagónicas. La libertad de cátedra es un pilar fundamental, y habilita el debate y el estudio de las figuras y los movimientos históricos controvertidos, incluso los más tenebrosos, hasta desde posiciones que puedan ser condescendientes o expresar simpatías discutibles. Pero hay un límite ético y jurídico que no se puede transgredir: el de la apología y la reivindicación de la violencia. Un líder guerrillero puede ser objeto de estudio y de debate, pero no de homenaje ni de “canonización” institucional. El terrorismo de Estado -que tiene siempre una implicancia más peligrosa- no habilita, en ningún caso, a convertir en “héroes” a los partícipes de organizaciones guerrilleras, como estableció, en su momento, el consenso democrático de Alfonsín.

En un momento de efervescencia y debate sobre el sistema universitario, la decisión del consejo directivo de Ciencias Sociales plantea una oportunidad y una prueba. ¿Se defenderán los principios de una universidad plural y democrática o se avalará una concepción sectaria e ideologizada que concibe a las instituciones académicas como vehículos de militancia facciosa?

Advertisement

El episodio conecta con otros interrogantes: ¿Qué propone la universidad a la sociedad? ¿debates estimulantes e ideas innovadoras o visiones anacrónicas, en blanco y negro, con reivindicaciones dogmáticas de ideologías perimidas? ¿propicia el estudio crítico de nuestra propia historia o una exaltación panfletaria de ciertas corrientes ideológicas? ¿Todas sus cátedras son espacios de amplitud y diversidad o algunas se han convertido en trincheras de activismo y propaganda política?

Puede decirse, con razón, que Ciencias Sociales no representa al conjunto de la UBA, donde también germinan otras ideas y visiones. Pero ahí está “el test del silencio”. Se verá cuánto rechazo o cuánta aceptación tácita genera este “monumento a la violencia política”.

El hecho tal vez deba ser encuadrado en un contexto más amplio. Se enmarca en una Argentina donde los extremos se reivindican y se celebran a sí mismos. Se exaltan las posiciones radicalizadas, se desprecia el valor de la moderación, se estigmatiza “la tibieza” como una especie de debilidad moral. Es una atmósfera en la que las posiciones ultra, de izquierda o de derecha, se sienten habilitadas y hasta pierden los frenos inhibitorios.

Advertisement

El kirchnerismo inauguró, en sus años de apogeo, la romantización del setentismo. Estableció un lenguaje reivindicativo de “la juventud maravillosa” y propició una manipulación histórica que reabrió heridas y alentó los revanchismos. Eso no se disipó en el aire: se enquistó en estamentos institucionales y cooptó muchos espacios universitarios, convertidos en resortes de activismo militante, no ya de un partido sino de una facción. Aquel proceso político está en la base del homenaje a Santucho, pero quizá también incida la polarización de estos días, donde los fanatismos, la violencia verbal y la radicalización están “en temporada alta”.

Hay un amplio sector de la sociedad que mira con una mezcla de inquietud y estupor. Ve la violencia verbal, la polarización extrema, el resurgimiento de viejos antagonismos y, ahora, la agitación de un fantasma que representa la guerrilla armada. ¿Son solo fuegos de artificio o representan un peligro de retroceso democrático? La respuesta dependerá de cómo reaccionen las instituciones.



Luciano Román,LA NACION,Política

Advertisement
Continue Reading

Tendencias